Editorial Diario Tiempo 26 de julio de 2010

Las declaraciones públicas del doctor Enrique Ortez Colindres, quien fue secretario de facto en el Despacho de Relaciones Exteriores al comienzo de la dictadura de Micheletti, confirma lo que ya todo el mundo sabía: que lo sucedido el 28 de junio/09 fue un golpe de Estado militar. Esto es algo que no debería sorprender a nadie.

“Los militares son los que hacen que corra la cadena jurídica y lo ponen”, a Micheletti en el taburete presidencial, y eso es exactamente lo que sucedió ese nefasto día del rompimiento constitucional e institucional en que se creó la más profunda y corrosiva crisis política en la historia de Honduras.

Esas declaraciones del ex-canciller Ortez Colindres merecen la concentrada atención de la nación, de los organismos encargados de establecer la verdad sobre este golpe de Estado militar y de los historiadores, porque provienen de un protagonista importante en esos acontecimientos, y, también, porque contribuye a poner los hechos y sus consecuencias en su justo lugar.

TIEMPO, el Diario de Honduras, fue el primer medio de comunicación que, consciente de lo sucedido, calificó la asonada del 28 de junio de golpe de Estado militar, en el mismo momento en que los demás participantes y comparsas del atentado se afanaban en inventar la figura de “la sucesión constitucional” para disfrazar de legalidad el delito cometido de traición a la Patria.

La comunidad internacional, representada en este caso por el SICA a nivel centroamericano, por la OEA en el ámbito continental y por la ONU en la dimensión mundial, no dudó en proceder al aislamiento de Honduras bajo régimen golpista. Estados Unidos, sin embargo, tardó, unilateralmente, en calificar el golpe de Estado, y, por razones --que tampoco se ignoran--, nunca admitió la factoría militar del rompimiento del Estado de Derecho.

A los pocos días de haberse consumado el atropello a la constitucionalidad y de tomar cuerpo la resistencia popular al golpe de Estado, era evidente la sumisión del Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia al Poder Militar.

Una confabulación, además, respaldada por los sectores de la ultraderecha local –empresarios y capos religiosos—en connivencia con la ultraderecha norteamericana, cubano-norteamericana y venezolana que prácticamente elaboró, financió y dirigió la campaña mediática para formar una opinión pública favorable al golpe. Como resultado de esa campaña tenemos la exacerbada polarización política y social en la familia hondureña, con perspectiva de encarnizada lucha de clases.

Ante la contundencia de los hechos, y en función de la verdad histórica –que no siempre la escriben, como se dice, los vencedores--, sería peregrino considerar que las afirmaciones del ex-canciller del gobierno de facto de Micheletti no tienen carácter vinculante, como si se tratara de un juicio jurídico y no de un juicio político. ¡Claro que esas declaraciones tienen un valor vinculante en lo que importa, que es la verdad, a secas, y no la verdad jurídica acomodada a artificios procesales!

Dentro de esa verdad que a todos interesa, está el hecho infortunado y anti-histórico, de que Honduras, con el golpe de Estado del 28 de junio/09, fue sumergida en las oscuras profundidades de la re-militarización del Estado y de un sistema de comunicación social entregado a deformar el pensamiento colectivo de los hondureños en un modelo de sociedad autocrática y presa de la explotación oligárquica.

http://www.tiempo.hn/web2/editoriales.html