Por Verenice Bengtsson 

”La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”
Corte IDH.Caso Velasquez Rodriguez contra Honduras.1988.

Han pasado más de veinte años desde que Honduras fuera el primer país, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte o Corte Interamericana) por violaciones a Derechos Humanos. Fueron precisamente los agentes del estado de Honduras, quienes le dieron al sistema interamericano los hechos bajo los cuales la Corte estableció la definición de desaparición forzada. Veintiun años despues, los hechos acontecidos en la década de los 80´s vuelven a ocupar las páginas de terror en nuestra historia. El golpe de estado del 28 de junio de 2009, ha revivido toda esa trágica vivencia, de la mano de los mismos personajes, que han vuelto bajo el escudo de la impunidad con el que han vivido por décadas.

Desde el 28 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) no ha cesado de condenar enérgicamente las actuaciones del gobierno de facto en detrimento de los derechos humanos, precisamente porque no ha cesado de recibir denuncias por violaciones graves. Según sus mismos informes existen 106 personas con medidas cautelares otorgadas por la CIDH para evitar daños irreparables. Es asi que en ese contexto y amparada en la Convención Americana sobre Derechos humanos ratificada por Honduras en 1977 (en adelante la Convención), la CIDH se desplazó, para realizar una visita in loco en Honduras. Del informe preliminar que se desprende de dicha visita, se puede deducir que las violaciones encontradas se ubican en cinco grupos: violaciones al derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de expresión, derecho a la democracia.

En el informe la CIDH revela que: ”Junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado que afecta el regular funcionamiento de las instituciones democráticas, la Comisión confirmó durante su visita un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención” En ese sentido la Comisión ha instado al Estado de Honduras para que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cumpla con su obligación internacional de respetar los derechos enunciados y prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables.”

Y es que el golpe de estado ha revelado precisamente lo que advierte la CIDH, la peor crisis de legitimidad institucional de la historia. La Corte Suprema carga con la responsabilidad de abrirle la jaula a los acuartelados, para que estos capturaran al presidente y que “por decisión propia” le expatriaran.

Es la Corte con su silencio de 56 días, responsable de devolverle poder a los militares para que se mantengan en las calles junto a los policías reprimiendo a la población. El Ministerio fiscal en una clara persecución por razones políticas, ha amenazado con procesar criminalmente al magisterio en huelga desde el rompimiento del orden constitucional. Asi mismo ha procesado por sedición y terrorismo incluso a manifestantes en resistencia golpeados y heridos durante las represiones militares y policiales. De esta manera, el Ministerio Público, ha perdido la poca credibilidad que le quedaba y lo más importante no es un lugar donde las víctimas puedan acudir buscando protección y justicia, pues temen represalias en su contra. A ello se suma que el Comisionado de los Derechos Humanos defensor de una sola cosa, el golpe, niegue los hechos “que hablan por sí mismos” y deje a las víctimas en completo estado de indefensión. Al respecto, la Corte Interamericana, en el caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia, ha determinado por ejemplo que: “la situación de absoluta indefensión, debió ocasionarles una inmensa angustia por lo previsible que para ellos debía ser el desenlace,[; a]ctos que son compatibles con tratos crueles, inhumanos y degradantes”. De lo anterior se deduce que esta situación no solo vulnera el derecho a la justicia y al derecho a un recurso sencillo que ampare a las victimas contra violaciones a sus derechos fundamentales, sino además, la angustia que produce el estado de indefensión, se constituye en una violación al derecho a la integridad personal.

En su informe, la CIDH ha hecho énfasis en el deber del estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos y asi también investigar las que se produzcan. En este sentido y en reiterados casos como Velásquez Rodríguez contra Honduras, la Corte ha determinado que : “El deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse”. Y ha establecido además como en el caso Paniagua Morales y otros contra Guatemala que: “En este sentido la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos"

Y es que la protección de los derechos humanos se pone en precario cuando los órganos responsables de hacer justicia, pese a existir formalmente (como se ha argumentado en defensa del golpe, al decir que las instituciones continúan formalmente vigentes) no transmiten credibilidad , objetividad, independencia e imparcialidad en sus actuaciones. De esta forma la ciudadanía , particularmente la perseguida por su oposición al golpe de estado , sufre menoscabo respecto de la obligación que le impone la convención al estado , de respetar y garantizar los derechos ahí establecidos a toda persona sujeta su jurisdicción.

Tal como he venido sosteniendo, la Corte Suprema ha mantenido una actitud permisiva y tolerante de las violaciones a los derechos humanos, desde el violento secuestro y expulsión del Presidente Manuel Zelaya y la Canciller Patricia Rodas, hasta las violentas y sistemáticas represiones contra la población en resistencia, que han dado como resultados, asesinatos, torturas, tratos crueles e inhumanos particularmente contra mujeres por su condición de género y detenciones arbitrarias . En este contexto, la actitud lenta y pasiva de los órganos judiciales, puede comprometer la responsabilidad internacional de Honduras. Múltiples recursos de amparo se mantienen formalmente admitidos sin mayor diligencia por parte del tribunal supremo que lleve a una pronta y efectiva resolución, aún frente a la gravedad y a la inconstitucionalidad de expatriar a un hondureño. Como lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Castillo Petruzzi y otros contra Perú, "no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces", es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. Así mismo, precisa señalarse, que la Corte Interamericana en el mencionado caso Velásquez Rodríguez, determinó que: "todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u Omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención".

Además, es válido recordar que, el deber de prevenir e investigar las violaciones a los ddhh no se agota con la puesta en marcha de procedimientos que lleven a esclarecer las violaciones , pues además el estado está en el deber de restablecer y reparar a la víctima como medios para obtener justicia. Así, la Corte ha determinado en el caso citado Valle Jaramillo contra Colombia que: “ La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Además, los Estados deben procurar, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por dichas violaciones”

Vale destacar, que los medios de información en general, que manipulan la información para justificar el golpe de estado, y , que no usan, sino que abusan del derecho a la libertad de expresión, son responsables de la construcción de una apología del odio, emprendiendo una campaña de desprestigio contra el presidente electo y su familia, (tal como lo advierte la CIDH en su informe). De esta campaña también son víctimas, miembros de su gabinete, así como las personas que se manifiestan públicamente en contra del gobierno de facto. Ciudadanos de a pie, han sido listados y exhibidos en los distintos medios, acusados como terroristas, vulnerando no solo el estado de inocencia, el derecho a la honra y a la dignidad, sino también la estabilidad física y emocional, de cada una de estas personas, por lo tanto el derecho a la integridad personal. Por lo que cual , tanto la Corte Suprema, como el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Gobernación y Justicia, tomen las medidas pertinentes para el cese de la difamación que bajo esa campaña de odio y discriminación, amenazan la integridad física y mental de los agraviados.

En el caso Kimel contra Argentina, la Corte dió un importante avance en materia del derecho a la libertad de expresión al establecer que: " este derecho no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho…por su parte, el artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Esto implica límites a las injerencias de los particulares y del Estado (...) La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Estos deben responder a un criterio de estricta proporcionalidad”

Para entender la magnitud del derecho a la honra, por ejemplo en el caso citado Valle Jaramillo contra Colombia, la Corte determinó que : “[l]a honra debe salvaguardarse en un sentido amplio, pues la agresión a uno de los miembros de la familia se extiende sobre todos los miembros de ella: La honra familiar es parte de la honra personal y la honra personal hace parte de la familiar […]. Por ello, cualquier ataque a la reputación de una persona se constituye en un ataque hacia su familia”.

Por otro lado, aún cuando las campañas de desprestigio no son conducidas directamente por el estado, si no por medios de comunicación en manos de particulares, esto no le exime al estado de responsabilidad. Por su parte, la Corte ha señalado en reiterados casos como lo hizo en Velasquez Rodriguez, que, "Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune (...) puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención”


Los hechos acontecidos en Honduras, en los 80s permanecen aún en la impunidad. No obstante de esa época al 2009, los Estados han realizado importantes avances en materia de justicia internacional. Las violaciones a los derechos humanos por incumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales, ya no es solo responsabilidad de estado. A partir de la creación del estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional es posible deducir responsabilidad penal individual por estas violaciones que se constituyen en los crímenes más graves en contra de la humanidad. La CPI fue ratificada por Honduras durante el gobierno de Ricardo Maduro, en el año 2002, fecha desde la cual tiene competencia sobre delitos imprescriptibles, de genocidio, lesa humanidad, guerra o agresión que ahí ocurran. Además este tribunal no reconoce eximentes de responsabilidad por altos cargos oficiales, inmunidades o actuaciones en el marco de la obediencia debida. La CPI envía un mensaje muy claro: la Corte Penal habrá de actuar como sistema de justicia complementario a los estados, cuando los sistemas de justicia nacionales no actúen. En términos sencillos la CPI actuará cuando el estado no pueda o no quiera juzgar. Un estado no puede juzgar, frente a un colapso, como el que produce una guerra. Un estado no quiere juzgar cuando trata de diversos medios de sustraer a los responsables de la justicia. De persistir la parsimonia, la tolerancia y la inefectividad de sus recursos y sus órganos judiciales, no hay duda que Honduras va camino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que se le deduzca responsabilidad de estado. Si no hay justicia nacional, las victimas en particular y la comunidad internacional en general, guardan la esperanza de que los hechos que están ocurriendo en Honduras no se repitan impunemente, porque los responsables, desde el presidente de facto hasta el último soldado, podrán ser perseguidos y juzgados por la Corte Penal Internacional.

Suecia , 24 de agosto de 2009.