Planifican atentados, secuestros y asesinatos de ciudadanos del país mediante supuestos oficiales de policía y mareros

Licenciado Oscar Arturo Álvarez Guerrero

Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaria de Seguridad.

Conscientes de la alta responsabilidad institucional y riesgos reales personales que asumimos con la respectiva denuncia pública hoy expuesta cumpliendo con nuestro deber de defensores de los Derechos Humanos, por este acto en representación del Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras del CLAI, comparecemos ante usted, como alto funcionario del Estado encargado de velar por la seguridad y protección de la vida, libertad y bienes de los ciudadanos, ciudadanas, instituciones y población hondureña en general, presentando formal denuncia, relacionada con un PLAN DE ATENTADOS, SECUESTROS Y ASESINATO de diversas personas, incluidos funcionarios públicos, a fin que se observen y establezcan las medidas preventivas policiales respectivas, para evitar la comisión de los mismos, realizando las investigaciones pertinentes y oportunas desde el Estado mismo, conforme los datos siguientes.

SEÑOR MINISTRO

Todas las instituciones públicas y privadas, religiosas y civiles, la comunidad internacional y los diversos gobiernos del mundo, reconocemos que Honduras estamos viviendo una GRAVE CRISIS INSTITUCIONAL relacionada con la ejecución del Golpe de Estado Militar del pasado 28 de junio de 2009, con la consecuente militarización de la sociedad y el descontrol estatal para controlar las acciones del Crimen Organizado, la narcoactividad y la persecución política de los opositores civiles al Régimen de Facto, por fuerzas públicas, cuerpos paramilitares y sicarios contratados por sectores empresariales, con la finalidad de sembrar el terror emocional y la desmovilización y desarticulación del movimiento social y popular aglutinado en el Frente Nacional de Resistencia Popular, tal como lo establecen en informes públicos de La organización de los Estados Americanos, La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Plataforma de Derechos Humanos, Parlamento Europeo, Centro Internacional por el Derecho y la Justicia, PAX CRISTY INTERNACIONAL, Sociedad Civil Europea y el informe anual del propio Departamento de Estado del gobierno estadounidense. Situación de alto nivel de violencia de 72 muertes por cada cien mil habitantes superando aún a los países en terribles guerras impuestas como Irak y Afganistán, con la consecuente victimización de las mujeres cuyo promedio de femicidios del 2008 de más de 100 paso a 315 en el 2010, así como la eliminación de periodistas y comunicadores sociales (11 en total en 8 meses) como nunca antes visto en la historia nacional, evidenciando la vulnerabilidad en que nos encontramos las hondureñas y hondureños por el estado de Indefensión e impunidad vigente.

ESFUERZOS ESTATALES DÉBILES, BUROCRATICOS Y ACADÉMICOS

Como Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras (OEDHHCLAI) reconocemos los esfuerzos de carácter nacional e internacional del actual gobierno de facto del Presidente Porfirio Lobo Sosa, por insertar a nuestro país en el concierto de los foros internacionales, creando nuevas instituciones y programas de Derechos Humanos para funcionarios públicos, espacios locales de diálogo, asumiendo compromisos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (audiencias del EPU en noviembre 2010), y otros foros, los cuales se desnaturalizan cuando en el país se continua persiguiendo, torturando, asesinando ciudadanos de la resistencia y la represión violenta de luchas reivindicadoras de derechos adquiridos y por conquistar como es el acceso a la tierra, la propiedad comunitaria, el derecho a la educación pública, salarios justos, la comunicación popular, restricción a la libertad de prensa y de libre expresión y la defensa y protección del ambiente y los recursos naturales entre otros, desconociendo la verdadera oposición que representa el pueblo organizado en resistencia, sin un pacto nacional para el reencuentro democrático de la sociedad.

PLAN CRIMINAL CONTRA CIUDADANOS Y CIUDADANAS

Conforme nuestro trabajo de investigación y de fuentes confidenciales, tenemos información,            que se ha constituido un equipo especializado entre policías y sicarios, probablemente vinculado con un plan de desestabilización política del gobierno de Porfirio Lobo Sosa a mediados del año 2011, orquestado diplomáticamente, creando una crisis de gobernabilidad para instalar una junta de militares, orientado hacia una transición constituyente y reorganización de las estructuras políticas de los dos partidos tradicionales ya derrotados ante la nueva coyuntura, con la finalidad de detener y obstruir el acceso al poder de las nuevas fuerzas políticas emergentes en oposición a la oligárquica golpista.

La información revela que en lista de personas a asesinar y secuestrar están unas 27 personas entre ellas las siguientes:

1. Comisionada de policía Mirna Suazo

2. Abogada Sandra Ponce, Fiscal Especial de los DDHH

3. Un hijo del Viceministro de Seguridad Armando Calidonio

4. Abogado Roy Urtecho Fiscal Adjunto del Ministerio Público

5. Una Comisionada de Policía que vive en la Residencial Centroamérica

6. Rosa Elena de Lobo, Primera Dama de la nación

7. Periodista Eduardo Maldonado, Director de Noticieros “Hable como Habla”

8. Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quién ya ha recibido llamadas anónimas

9. Un nieto de la señora Bertha Oliva, coordinadora General del COFADEH, de quién ya saben el lugar de la escuela donde estudia

10. Periodista Suyapa Núñez

11. Investigadora Criminal del Ministerio Público Fátima Ulloa

12. Señor Eliseo Castro, regidor municipal

13. Un jefe de una cooperativa de taxis

14. Dos Sacerdotes católicos de Tegucigalpa

Y otras más conforme una lista que anda circulando, entre ellos fiscales extorsionadores de supuestos delincuentes y policías acusados de abuso de autoridad, hasta por deudas personales, propietarios de medios de comunicación y dirigentes populares de alto nivel. Se plantea que las maras están extendiendo sus territorios y los policías vinculados al “Gato Negro” siguen actuando ilícitamente. Tienen un lugar especial donde llevan las motocicletas y agentes de la Unidad GOAN siguen haciendo operaciones encubiertas delictivas, utilizan un carro Toyota, doble cabina, color verde oscuro, otro color rojo placa PPI 5107, aplican torturas a los detenidos, irrumpen en las casas como es el caso de una señora de nombre Yojana, empleada del RNP que en la Residencial Plaza el viernes 7 de enero del 2011, a eso de las 8;00 p.m. llegaron a su casa y le asesinaron a su hijo de 45 balazos de AK 47 y antes de ejecutarlo le dijeron que le diera un beso a su bebe, delante de la madre y su esposa, estos agentes trabajan con una red de sicarios.

La información establece que se pago a un hombre que salió de la cárcel (Penitenciaria Nacional) de supuesto nombre Miguel Ángel Arita, alias “Blaqui”, quien esta conectado con agentes de la DNIC supuestamente Saúl Alfaro Bonilla y un grupo más de agentes de la Unidad Antimaras, coordinados supuestamente por el Inspector Roger Murillo, familiar del Ex Director Nacional de la DNIC Comisionado Francisco Murillo, quien se establece fue retirado por el caso de una operación encubierta relacionada con drogas en la Mosquitia Hondureña (Gracias Adiós) en la cual cayeron varios agentes de esa Dirección Nacional de Investigación Criminal con cargamento de cocaína, durante un enfrentamiento con otras fuerzas policiales y militares de la región en el 2009.

Supuestamente este individuo Miguel Ángel Arita contrata los sicarios en motocicletas del cual uno de ellos se llama OSCAR ARMANDO SMAR, alias “Pajas” y se establece que supuestamente coordinan intelectualmente las acciones los Inspectores de policía Fernando Álvarez y Nelson Morales, jefe y subjefe de la Unidad Antimaras.

Se atribuye que están siendo contratados jóvenes de la Mara Salvatruch, menores de edad, ya profesionales en este campo, expertos del sicariato para evitar las acciones penales en su contra por su inimputabilidad y disfrazar los hechos como delincuencia común, pero se establece que altos personajes de la política, oficiales militares y policiales  y la clase empresarial están detrás de esta operación en clandestinidad conspirando contra la seguridad y vida de estas personas, aun de instancias diplomáticas, molestos por las políticas conciliatorias del gobierno actual.

ACTOS CRIMINALES EVIDENTES

Considerando señor Ministro, que recientemente fue asesinado en Quimistan, Santa Bárbara el profesional de la medicina Doctor JOSÉ MARÍA TURCIOS, ex director del Instituto Regional de Seguridad Social (IHSS) durante el gobierno del Presidente Zelaya Rosales, luego de salir de una reunión organizativa de la Resistencia y lideres liberales, más el atentado criminal que sufriera el Director de la Penitenciaría Nacional “Dr. Marco Aurelio Soto”  Comisario de Policía Jonathan Espinoza Caballero y la Secretaria de dicha institución Suany Paola Torres Núñez el pasado viernes 4 de febrero a las 7:00 p.m. por supuestos cuatro sicarios en el Boulevard Suyapa, conduciéndose en dos motocicletas y las muertes de otras tantas personas.

PETICIÓN

Al Señor Ministro de Seguridad, en consideración de lo anterior, estimamos que es importante desarrollar una labor investigativa a profundidad, depurar y sanear las estructuras policiales, vigilar las actuaciones oficiales de sus miembros y desarrollar un plan para contrarrestar estas acciones criminales, decretando medidas cautelares de protección estatal para cada una de las personas señaladas, en función de protegerles su seguridad, libertad y la vida personal y familiar.

Tegucigalpa, MDC 07 de febrero de 2011.

Leonel Casco Gutiérrez

Procurador de los Derechos Humanos

Director Área Legal y Sociedad Civil

OEDHHCLAI.