Crece amenaza a comunicadores que denunciaron golpe de Estado.

Red  Morazánica de Información

Tegucigalpa. 29 Noviembre 2010. El periodista, Luis Galdámez, mantuvo una cámara abierta  que transmitió, en directo, la vigilancia  de un grupo de hombres dentro de un vehículo doble cabina con vidrios polarizados, color caramelo dorado, sin placas, apostado por casi una hora en la calle frente al edificio de la Radio y TV Globo, mientras el comunicador hacía su programa “Tras la Verdad”.

Después  de numerosas  llamadas telefónicas que varios espectadores y el propio Galdámez dijeron haber hecho a la Policía, llegaron al lugar cuatro agentes uniformados que se transportaban en motocicletas,  quienes se acercaron parsimoniosos al auto que tenía tiempo estacionado.

Uno de los policías le habría pedido al conductor del vehículo hostigador que bajara el vidrio de la ventana, pero éste no hizo caso de inmediato y  apenas entreabrió un rato más tarde de que los policías estuvieron merodeando.

Los vigilantes ocultos no salieron del automóvil y, desde ahí, dijeron ser agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), sin mostrar ningún carnet a los policiales, quienes se retiraron del punto  luego después de que uno de éstos atravesó la calle y le informó quienes eran los   al periodista Julio Ernesto Alvarado.

Al marcharse los patrulleros, el carro con los supuestos agentes de la DGIC adentro  continuó más tiempo aparcado en el mismo lugar. Cuando estos se fueron, se detuvieron en el semáforo próximo,  otro automóvil los chocó y  entonces sólo el conductor se bajó a hacer los arreglos, quedando oculto el resto del grupo.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, se presentó al programa televisivo y dio a conocer que se había comunicado con un alto oficial de la Policía quien envió a los agentes motorizados, después de casi unas cuarenta y cinco llamadas del público.

Y aseguró que el vehículo hostigador está registrado  en el Codeh por otros actos intimidatorios similares.  Pavón cuestionó que si en vez de hostigadores se tratara de gente común, los policías “los hubieran bajado del carro y obligado a acostarse de bruces en el pavimento, en tanto les apuntarían con el arma a la cabeza”.

Según Galdámez,   los hombres en el carro habrían sido enviados por el Fiscal General del Estado, Luis Alberto Rubí Ávila, para intimidarlo, “enojado” porque el comunicador ha hecho pública la denuncia de una empresa que alega haber sido perjudicada por quien representa al más alto defensor del los intereses del pueblo.

Rubí habría otorgado  en forma “arbitraria”  a otro oferente, un contrato  de estacionamiento para uso del Ministerio Público,  por 51 millones 511 mil 248 lempiras, un valor superior al ofertado por la empresa denunciante que asegura haber cumplido con todos los términos exigidos.

El acto intimidatorio al  periodista Galdámez ocurrió a escasas horas de que el director de Canal 36, Cholusat Sur, Esdras López, denunció estar “bajo amenaza” cuando tres hombre armados que habría enviado el Fiscal General, se bajaron de una camioneta, también sin placas y de vidrios polarizados, se palabrearon con el personal y tomaron fotografías con el celular a la recepcionista.

Canal 36, fue quien primero denunció  el caso Rubí.  Uno de sus periodistas  interrogó al Fiscal Especial Contra la Corrupción, Henry Salgado, sobre lo que procedería tras la probable irregularidad cometida por Rubí, y dijo que actuaria si alguien presentaba una “denuncia formal” ante el Ministerio Público (MP).

A pesar de que la Fiscalía está obligada a intervenir de oficio, como lo hizo el Fiscal  General en todo lo actuado contra al presidente expatriado, Manuel Zelaya, desde el supuesto delito de la consulta popular en Cuarta Urna hasta la sucesión constitucional.

La casa de Galdámez,  fue ametrallada por desconocidos el 16 de septiembre de 2010;  y en octubre, el empresario Adolfo Facussé,  le forcejeó el micrófono durante una cobertura en la Casa Presidencial, mientras, otro periodista, de la HRN, le recomendó a éste, al oído, que mandara a matar a Galdámez.

José Luis Galdámez  estuvo junto  al presidente expatriado, Manuel Zelaya, desde que éste en un tercer intento a Honduras ingresó y fue alojado como huésped por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanecieron más de tres  meses, cercados por militares especializados que les asediaban con tortura física y sicológica desde la calle.