TEGUCIGALPA - Luego que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara un examen para determinar si tiene competencia para actuar por los crímenes ocurridos tras el golpe de Estado de 2009, en el país se registraron ayer diversas opiniones de satisfacción y de rechazo y se produjeron incluso reuniones entre actores del sistema de justicia.

La fiscal de defensa de Derechos Humanos, Sandra Ponce, una de las que reaccionó sobre el tema, dijo que de acuerdo a su saber procesal, “serán investigadas las personas que fueron incluidas en la comunicación –o denuncia ante la CPI--  como responsables de violaciones a derechos humanos de personas en razón de militancia política”.

“Ya se conocía que varias organizaciones de derechos humanos como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) habían presentado un escrito ante el fiscal de la Corte Penal Internacional denunciando el delito de persecución política, la suma masiva de violaciones a derechos humanos configuran este delito”, dijo Ponce.

Indicó que la decisión que se hayan ordenado pesquisas es que “el fiscal (penal internacional) ha considerado que la información que se le ha suministrado constituye base para realizar investigaciones dentro de sus competencias”.

 

Sandra Ponce dijo ayer que la Corte Penal Internacional con seguridad pedirá información a la Fiscalía.

Ponce dijo que el Ministerio Público no ha recibido comunicación formal de la CPI y que hasta ahora sólo “conocemos la información transmitida por los medios de comunicación, pero sí conocemos el escrito –denuncia- presentado ante esa Corte”.

Afirmó que hay varias personas que ocuparon y ocupan altos cargos que están incluidas en la denuncia, y las investigaciones irán orientadas a establecer los hechos y la individualización de los responsables.

El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, anunció el jueves que llevará a cabo exámenes preliminares en Honduras para comprobar si los crímenes cometidos son competencia de ese tribunal internacional.

CUSTODIO
Como parte de los primeros movimientos que generó el anuncio, TIEMPO confirmó que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio López llegó ayer al Ministerio Público para reunirse con el fiscal general, pero logró escabullirse de los medios de comunicación que esperaban su reacción ante el tema.

Extraoficialmente se conoció que Rubí Avila pidió la opinión de Custodio ante el anuncio  hecho por el fiscal de la CPI sobre el golpe de Estado en Honduras.

Custodio López perdió apoyo nacional y reconocimiento internacional por avalar el golpe de Estado, y desestimar varios actos de violaciones de derechos humanos.

Abogada Reina Rivera Joya: Después de analizar denuncias Corte Penal ordena las capturas

TEGUCIGALPA - El hecho que la Corte Penal Internacional (CPI) pase a la parte de análisis las denuncias de violaciones de derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras “es un gran paso” porque después viene la emisión de órdenes de captura, aseguró ayer la defensora de derechos humanos Reyna Rivera Joya.

Rivera Joya habló del tema en vista de las declaraciones del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, en el sentido que pasará a análisis el caso de las denuncias de Honduras.

La entrevistada dijo que ella promovió una denuncia el 22 de septiembre del año pasado por persecución, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Recordó que en aquella oportunidad se informó que podrían existir algunos grupos cometiendo asesinatos de carácter político.

DENUNCIA
Rivera explicó que esta denuncia fue presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en Bruselas, Bélgica; y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, con sede en Madrid.

Indicó que estos organismos de alto prestigio internacional le han estado dando seguimiento al caso.

“Son unas 18 personas que fueron denunciadas ante la CPI, autoridades como el titular del régimen de facto (Roberto Micheletti), el titular de la Corte (Jorge Rivera Avilez), del Congreso Nacional (José Alfredo Saavedra) y el Fiscal (Luis Alberto Rubí) eran los que encabezaban el Gobierno de facto, la Junta de Comandantes, la cúpula policial y a civiles por la apología de odio, es decir, civiles que instaban a la represión o la promovían”, señaló.

Detalló que el proceso para ventilar un caso en la CPI es que hay una primera etapa para recibir documentos, una segunda etapa es para analizar la documentación e identificar los delitos y responsables.

CAPTURA
Señaló que en la tercera etapa la CPI resuelve ordenar la captura contra los implicados en violaciones a derechos humanos.

“En este caso se denunció que en Honduras había habido un golpe de Estado, porque también se denunció la persecución de alcaldes, gente del Frente de Resistencia y todas las personas que se oponían al golpe de Estado”, señaló.

Precisó que los magistrados de la CPI tienen documentación que habla sobre uso arbitrario de la fuerza, uso de palos para golpear, de cadenas, violación de mujeres y una represión generalizada en el país.

Consideró que esta denuncia ya pasó de la primera etapa a una segunda, lo cual, agregó, es un avance importante porque es donde los magistrados conocen los delitos de lesa humanidad cometidos y las responsabilidades que tienen los involucrados.

Dirigirá el examen: Fiscal de la CPI es verdugo de militares

TEGUCIGALPA - Luis Moreno Ocampo, nacido en Buenos Aires el 4 de junio de 1952, es el abogado argentino Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, cuya principal labor es seguir los reportes de crímenes contra la humanidad y perseguir y acusar ante la Corte a los comitentes de éstos, de acuerdo a un perfil suyo publicado por la biblioteca virtual Wikipedia.

Fue ayudante del Procurador General de la República Argentina antes de ganar fama por su trabajo como fiscal adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, que llevó a cabo el famoso Juicio a las Juntas de 1985.

Este juicio se realizó contra nueve integrantes de las Juntas Militares (incluyendo jefes de estado) que gobernaron Argentina durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983. Fue el primer proceso masivo en contra comandantes militares por el asesinato masivo de personas.

Posteriormente ganó fama de ser un brillante y agudo contendedor contra los acusados, sobre todo en el proceso contra parte del alto mando de la Policía de Buenos Aires por graves crímenes contra los derechos humanos.

PROCEDIMIENTO
“El procedimiento de iniciar pesquisas implica que el fiscal (penal internacional) quiere verificar la información, y si hay méritos deberá solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional  para abrir un procedimiento”: Fiscal Sandra Ponce.

 

http://www.tiempo.hn/web2/secciones/el-pais/25989-anuncio-del-fiscal-penal-ya-inquieta-a-muchos.html