Cohep donó 75 patrullas a Secretaría de Seguridad.

Empresarios financiaron golpe de Estado y lobby estadunidense, regalaron alimentación y celulares a la  Policía en tareas de represión.

Empresas restauran y donan recursos a instituciones educativas.

Custodian (se apropian) bienes patrimoniales y culturales del Estado.

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa, MDC. 11 Noviembre 2010. El responsable de la Secretaría de Industria y Comercio, Óscar Escalante, fue suspendido por el titular del régimen, Porfirio Lobo,  para investigar una supuesta donación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) utilizada en  remodelar el despacho ministerial, que  infringe el Código de Ética de Funcionarios Públicos, dijo el propio jefe del Estado.

Cuestionado sobre las donaciones de equipo y de vehículos, de la empresa privada   a la Secretaría de Seguridad, Lobo respondió molestó que “una cosa no tiene que ver con la otra”.

Desde julio de 2010, el Cohep donó 75 patrullas doble cabina, 4x4, a la Secretaría de Seguridad, valoradas en 32 millones de lempiras  que estarán siendo entregadas en los próximos 6 meses, en 3 lotes de 25 unidades cada uno.

También en años anteriores,  varios empresarios han entregado vehículos de patrullaje directamente a la Policía, así como también chalecos para agentes de tránsito vial,  en los que imprimen  logotipos y eslóganes que, además, sirven de escaparate publicitaria al  donador empresarial: Banco Atlántida, Ficohsa, Tigo y otros.

Varias obras sociales y de infraestructura realizadas por el Ejecutivo y por la Alcaldía Municipal, son financiadas o cofinanciadas por empresas privadas.

De la misma manera, numerosas instituciones educativas y  de otro tipo, reciben colaboración de empresarios y de sus corporaciones, en dinero y en especie, para  reparar aulas, paredes, muros, oficinas y proveerlas de mobiliario, de equipos y recursos pedagógicos. Incluso,  programas de formación.

Sin embargo, de igual manera, las donaciones a la Secretaria de Seguridad, sobre todo, constituyen un riesgoso vinculo que pone en  peligro la seguridad del Estado al compromete la voluntad de aplicar justicia y deducir responsabilidades en los casos de actos violatorios a la ley y a los derechos humanos de trabajadores y consumidores, cometidos por las grandes empresas.

Lobo se niega a destituir vice ministro que firmó  como contratista empresarial con el  Estado.

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) ha reiterado a Porfirio Lobo que desde hace un año le solicitó destituir al Viceministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez,  por conflicto de interés en su nombramiento al haber firmado contratos de servicios al Estado como gerente general de la empresa de Seguridad Técnica de Honduras  (Setech).

La ASJ  ha indicado que  a Lobo Sosa, a su designada, Antonieta Bográn,  y al  Secretario de Trabajo, Felícito Ávila,  entregó documentos que confirman que Montes era, hasta diciembre del año 2009, y  lo fue durante varios años,  habiendo firmado como gerente general el contrato suscrito entre la Setech y el Hospital Escuela-materno Infantil y Clínicas Periféricas número 22, por un monto de 10 millones 976 mil lempiras.

De igual modo, suscribió, contrato número 23 por servicios de seguridad  con la Setech, al hospital Mario Catarino Rivas,  por un monto de 14 millones 896 mil lempiras, siempre en el 2009.

La ASJ señala que la Setech es una empresa “cuyos registros la ubican en la mayor violadora de derechos laborales de sus trabajadores­”.

Financiamiento empresarial al golpe de Estado.

Empresarios hondureños pagaron alrededor de 28 mil dólares para cabildear a favor del golpe de Estado en Honduras, ante el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional,  la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores de Estados Unidos, según investigación de la periodista venezolana,  Vanessa Gutiérrez,  publicada el 05 de agosto de 2009.

La firma de abogados Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP habría recibido 10 mil dólares de Diario La Prensa y Banco Ficohsa, cinco mil dólares de cada uno, designando  como lobistas a Lanny Davis y Adam Goldberg, ambos consejeros del ex presidente Bill Clinton.

La Asociación Hondureña de Maquiladoras,  aparece también como la organización que habría pagado 10 mil dólares por los servicios de la firma lobista Cormac Group, según los registros de la Cámara Alta estadunidense.

Pequeñas guarniciones.

Se atribuye a la empresa Larach y Compañía haber regalado a la  Policía los escudos metálicos y los  garrotes largos que sirven para apalear a las y los manifestantes pacíficos de la Resistencia; a la telefonía móvil Tigo,  de regalarles celulares a los agente represores; y al Grupo Intur,  de proporcionar alimento a militares y a policiales, durante los primeros y más intensos días del golpe de Estado.

No obstante, ni por denuncias, ni de oficio, han sido investigados los hechos por la Fiscalía o por el  Consejo Nacional Anticorrupción, cuyo presidente, Oswaldo Canales, se ha mostrado profundamente compungido ante la remodelación de la minúscula oficina de  Escalante.