INFORME PARA EL EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES DEL

CONSEJO GENERAL DE LA OMC CON RESPECTO A HONDURAS

(Ginebra, 20 – 22 de septiembre de 2010)

SINOPSIS

Honduras ha ratificado los ocho Convenios fundamentales de la OIT. No

obstante, en vista de las graves y continuas violaciones de los derechos

fundamentales de los trabajadores/as, es necesario que se tomen medidas

adicionales para cumplir con los compromisos que Honduras aceptó en Singapur,

Ginebra y Doha en las Declaraciones Ministeriales de la OMC entre 1996 y 2001, en

la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el

Trabajo, y en la Declaración sobre Justicia Social de 2008.

 

La libertad sindical está reconocida por la ley, pero existen numerosas

restricciones legales y en la práctica a los trabajadores les resulta difícil ejercer el

derecho a la sindicalización. El derecho a la negociación colectiva está también

garantizado, pero en la práctica muchos empleadores se oponen a los procesos de

negociación colectiva. El derecho a la huelga está reconocido aunque limitado y los

actos de discriminación antisindical no son penalizados. La legislación laboral es de

aplicación también en las Zonas Francas, pero en éstas resulta mucho más difícil

organizar sindicatos. El régimen de Porfirio Lobo ha suprimido cualquier acción

sindical y utilizando una fuerza y violencia excesivas contra sus oponentes.

 

La ley prohíbe la discriminación por motivos de género, discapacidad y

origen étnico. Sin embargo, las mujeres se concentran en determinados puestos de

trabajo poco cualificados por los que reciben una remuneración inferior por un

trabajo de igual valor que sus compañeros masculinos. Los pueblos indígenas son

discriminados en lo relativo al acceso al empleo y las personas con discapacidad

carecen de oportunidades para ocupar un puesto de trabajo.

 

Los niños/as menores de 16 años no tienen permitido trabajar, sin embargo,

el trabajo infantil es algo común. El trabajo infantil se da principalmente en el

ámbito de la agricultura, la minería, los talleres y la servidumbre doméstica. Ha

habido raras inspecciones para comprobar el cumplimiento de las leyes laborales,

incluidas las leyes sobre trabajo infantil.

El trabajo forzoso está prohibido por la ley, pero es un problema que existe.

La ley no prohíbe la trata con fines de explotación laboral. En las zonas francas, se

encierra a los trabajadores/as para obligarlos a trabajar horas extraordinarias.

 

  

NORMAS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO

INTERNACIONALMENTE RECONOCIDAS EN HONDURAS

 

Introducción

 

Este informe sobre el respeto de las normas fundamentales del trabajo

internacionalmente reconocidas en Honduras es uno de una serie que la CSI está

elaborando en conformidad con la Declaración Ministerial adoptada durante la primera

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Singapur, 9-

13 de diciembre de 1996) en la cual los Ministros establecieron: “Renovamos nuestro

compromiso con la observancia de las normas fundamentales del trabajo reconocidas

internacionalmente”. La cuarta Conferencia Ministerial de la OMC (Doha, 9-14 de

noviembre de 2001) reafirmó este compromiso. Dichas normas fueron mantenidas una

vez más en la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptada por los 174 países

miembros de la OIT durante la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1998 y

en la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa aprobada por

unanimidad por la OIT en 2008.

 

Las afiliadas de la CSI en Honduras son la Central General de Trabajadores

(CGT) con 250.000 miembros, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH)

que cuenta con 55.000 miembros y la Confederación Unitaria de Trabajadores de

Honduras (CUTH) con 295.000 miembros. Apenas un 3% de la mano de obra en las

fábricas y solamente el 8% del total de la población activa está sindicalizada.

 

El 28 de junio de 2009, las fuerzas militares de Honduras dieron un golpe de

Estado y enviaron al Presidente José Manuel Zelaya al exilio. Roberto Micheletti Bain,

hasta entonces Presidente del Congreso, y el siguiente en la línea de sucesión

presidencial, juró su cargo como "presidente interino". En los meses siguientes, el

régimen restringió las libertades de circulación, sindical, de expresión y reunión e inició

una violenta campaña contra los medios de comunicación, los sindicatos, los defensores

de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, ocasionando la pérdida de

varias vidas. Desde el 28 de junio, han sido asesinados doce sindicalistas y ocho

periodistas. El 29 de noviembre de 2009, se celebraron elecciones inconstitucionales y

Porfirio Lobo se convirtió en el nuevo dirigente del país.

 

Según el Departamento de Estado de EE.UU. se han señalado los siguientes

problemas de derechos humanos: “ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros

de la policía y agentes del gobierno; ejecuciones arbitrarias y sumarias cometidas por

paramilitares y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad; duras condiciones de

reclusión; violencia contra los detenidos; y la corrupción e impunidad en el seno de las

fuerzas de seguridad; detención preventiva prolongada y ausencia de debido proceso

legal; detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas

de seguridad después del golpe de junio; la politización, corrupción y debilidad

institucional del poder judicial; la erosión de la libertad de prensa; corrupción de los

poderes legislativo y ejecutivo; limitaciones a la libertad de circulación y sindical;

restricciones gubernamentales al reconocimiento de algunas organizaciones no

gubernamentales (ONG); violencia y discriminación contra las mujeres; prostitución y

abuso infantil; trata de personas; discriminación contra las comunidades indígenas;

violencia y discriminación contra las personas por razón de su orientación sexual; no

aplicación efectiva de las leyes laborales ni sobre el trabajo infantil”.

  

I. Libertad Sindical y Derecho a la Negociación Colectiva

 

En 1956, Honduras ratificó el Convenio de la OIT sobre la Libertad Sindical y la

Protección del Derecho de Sindicalización (No. 87), y el Convenio sobre el Derecho de

Sindicalización y de Negociación Colectiva (No. 98).

  

Derechos sindicales según la ley

 

La ley reconoce el derecho a formar y afiliarse a sindicatos, a excepción de los

miembros del ejército y la policía. No obstante, la ley requiere un mínimo de 30

trabajadores/as para formar un sindicato, y al menos el 90% de sus miembros deben tener

la nacionalidad hondureña. El Código del Trabajo excluye a los trabajadores de aquellas

empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas que no emplean permanentemente a más

de 10 trabajadores. Los extranjeros y las personas analfabetas no pueden ser elegidos para

ocupar cargos dirigentes y solamente puede haber un sindicato en una determinada

empresa. La ley no protege suficientemente a los trabajadores contra la discriminación

antisindical ni los despidos, descensos, amenazas y hostigamientos en razón de la

actividad sindical. Las sanciones previstas en el Código del Trabajo para las personas que

interfieren con el derecho a la libertad sindical, van de 200 a 10.000 lempiras (entre 12 y

200 USD).

 

Los trabajadores, con excepción de los empleados públicos, están autorizados a

negociar colectivamente, sin embargo, la ley impone limitaciones sobre los temas

negociados. Una vez establecido un sindicato, los empleadores están obligados por ley a

negociar con éste. Sin embargo, muchos empleadores se niegan a hacerlo sin que ello

implique ningún efecto jurídico. Los conflictos colectivos en todos los servicios públicos

están sujetos a arbitraje obligatorio.

 

Las huelgas están permitidas, pero el ejercicio de este derecho tiene varias

restricciones, tales como una mayoría de 2/3 de los votos para convocar una huelga. Los

trabajadores de las empresas estatales deben avisar con seis meses de antelación la

convocación de una huelga u obtener la aprobación de su empleador antes de llevarla a

cabo. El resto de los trabajadores públicos no pueden hacer huelga. Las federaciones y

confederaciones sindicales no pueden convocar a huelga y también están restringidas las

huelgas de solidaridad, por lo menos para los trabajadores públicos.

 

Las huelgas están prohibidas en los servicios esenciales que el Gobierno ha

definido en términos muy amplios con el fin de limitar este derecho lo más posible. Las

huelgas en la industria del petróleo también están fuera de la ley y la Secretaría de

Trabajo y Seguridad Social tiene amplios poderes para poner fin a los conflictos laborales

en este sector. Los trabajadores públicos que participan en paros laborales corren el

peligro de ser despedidos si la Secretaría de Trabajo declara el paro ilegal. En este

sentido, el 28 de agosto de 2009 el Secretario de Educación del régimen amenazó a los

docentes que participaron en las protestas políticas con no recibir su salario.

 

Es una práctica común despedir a todos los dirigentes sindicales, a menudo en

cuanto se funda el sindicato, para impedir su consolidación y crecimiento. El

procedimiento de reintegración de un trabajador despedido injustamente es lento y

costoso. Aunque los tribunales hayan ordenado que se reintegre a trabajadores despedidos

por sus actividades anteriores, muchas veces los empleadores se han negado a

reincorporarlos y a cumplir la decisión del tribunal en total impunidad. Los informes

indican que los empleadores utilizan técnicas sumamente diversas para destruir a los

sindicatos, que pueden ser legales (como la interposición de un recurso para la disolución

del sindicato por los tribunales), o ilegales (como las represalias y amenazas a los

dirigentes sindicales y sindicalistas). La Secretaría de Trabajo se abstiene de proteger los

derechos de los trabajadores proclamando que aplica un enfoque no intervencionista en

los asuntos internos de las empresas. También es común que los sindicalistas figuren en

listas negras como, por ejemplo, en la industria maquiladora de ropa, donde se ha dicho a

los trabajadores y trabajadoras que se rechaza su candidatura a un puesto debido a su

anterior actividad sindical. Con el fin de socavar la negociación colectiva, a menudo los

empleadores establecen sindicatos bajo su control y negocian convenios colectivos que

les sean favorables. Visto que la ley prohíbe más de un sindicato por empresa, todo

esfuerzo de los trabajadores independientes por establecer un sindicato es en vano.

 

Hay informes de que los Inspectores del Trabajo son corruptos al grado de que

venden la lista de los sindicalistas a los directores de la empresa. Por otra parte, la

Inspección de Trabajo no está suficientemente financiada y los inspectores tienen que

cubrir los gastos de viaje por su cuenta.

  

Derechos sindicales en la práctica

 

Después del golpe de Estado, prácticamente se ha parado toda actividad sindical por

temor a ser atacados durante las reuniones que puedan celebrarse. Muchos sindicatos se

unieron al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNRP). Pese a esta

situación, todavía hay algunos sindicatos que continúan sus actividades, como el sindicato

de la industria de las bebidas STIBYS, que celebró su congreso en agosto de 2009, aunque

unos días después una bomba explotó en su sede sin causar heridos ni muertos.

 

El régimen ha atacado a las mujeres sindicalistas en muchas ocasiones. La

representante del sindicato de los docentes, Irma Villanueva, fue violada y golpeada por

cuatro policías; Reyna del Carmen Rodríguez fue agredida verbal y sexualmente; Alba

Leticia Ochoa fue brutalmente golpeada durante una manifestación pacífica, Agustina

Flores López fue golpeada sin piedad por la policía; mujeres indígenas del Instituto

Nacional de la Mujer fueron desalojadas violentamente. Otros 12 sindicalistas fueron

asesinados durante las protestas y en algunos casos en sus propios hogares y más de 125

dirigentes sindicales fueron detenidos ilegalmente. Además de los sindicalistas, también

se ha agredido a miembros de las organizaciones de la sociedad civil: el 12 de agosto,

unos desconocidos dispararon contra las oficinas de Vía Campesina en Honduras por

participar en el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. El 30 de

septiembre, los miembros de la policía militar irrumpieron en el Instituto Nacional

Agrario (INA) en Tegucigalpa para poner fin a la ocupación de 60 días organizada por los

agricultores que trataban de proteger cientos de expedientes de casos de tierras en disputa

que estaban a punto de ser resueltos en favor de los agricultores justo antes del golpe de

Estado. Desde el día que tuvo lugar el golpe de Estado, han sido asesinados 8 periodistas

y se han tomado diversas medidas contra la libertad de prensa.

 

Los ataques contra los sindicatos ya tenían lugar incluso antes de que el presidente

Zelaya fuera derrocado. En abril de 2008, las líderes sindicales Rosa Altagracia Fuentes y

Yolanda Sánchez así como el chófer de ésta última, Juan Bautista Aceituno, fueron

asesinados a tiros. A principios de ese año sindicalistas de la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras interceptaron a agentes de la policía que llevaban una lista con

los nombres de los sindicalistas a quienes era preciso neutralizar junto con los nombres

de numerosos dirigentes sindicales, incluido el de Rosa Altagracia Fuentes. El 1 de abril

de 2009, las autoridades arrestaron a una persona por este asesinato y diez días más tarde

encontraron el cuerpo de su autor. En abril de 2008, un responsable de la Asociación

Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) fue asesinado, y en mayo de 2008, el

presidente y el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la AFL Honduras

(SITRAFLH) fueron atacados con armas de fuego. En septiembre de 2008, la sede de la

Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) fue allanada.

 

Zonas francas industriales (ZFI)

 

En Honduras existen 102 zonas francas industriales (ZFI) y 19 parques

industriales. Los derechos laborales son más restringidos en las zonas francas. No se

permite hacer huelga en las ZFI si ésta parar el funcionamiento de las plantas de

producción y no existen sindicatos ni negociación colectiva. En su lugar, los empleadores

organizan “asociaciones solidaristas” con las que negocian salarios y condiciones de

trabajo. Por lo general, la dirección establece cuotas de producción poco realistas y los

trabajadores, en su mayoría mujeres, tienen que trabajar más de 12 horas al día, a menudo

seis o siete días a la semana para cumplirlas. Un informe sobre las considiones de las

trabajadoras en las ZFI indica que “se les permite tener por cada turno dos pausas

cronometradas para ir al baño. Si no cumplen sus exigentes cuotas de producción, no se

les pagan sus horas extraordinarias.” El salario mínimo de los trabajadores es inferior a

0,70 USD por hora. En muchos casos, los empleadores no pagan las cuotas de seguridad

social y los trabajadores no tienen derecho a atención médica. Todo intento de

organización o de protesta es castigado con el despido y la inclusión en listas negras.

 

Conclusiones

 

La libertad sindical está reconocida por la ley, pero existen numerosas

restricciones legales y en la práctica a los trabajadores les resulta difícil ejercer el

derecho a la sindicalización. El derecho a la negociación colectiva está también

garantizado, pero en la práctica muchos empleadores se oponen a los procesos de

negociación colectiva. El derecho a la huelga está reconocido aunque limitado y los

actos de discriminación antisindical no son penalizados. La legislación laboral es de

aplicación también en las Zonas Francas, pero en éstas resulta mucho más difícil

organizar sindicatos.

 

II Discriminación e Igualdad de Remuneración

 

Honduras ratificó el Convenio No.100 de la OIT sobre Igualdad de Remuneración

en 1956, así como el Convenio No.111 de la OIT sobre la Discriminación (Empleo y

Ocupación) en 1960.

 

La ley prohíbe la discriminación por motivos de género, discapacidad y origen

étnico. Sin embargo, no estipula la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Asimismo, la ley prohíbe el acoso sexual en el trabajo y establece penas de prisión de uno

a tres años por este delito.

 

En la práctica existe la discriminación de género en el empleo. Aunque la tasa de

alfabetización de las mujeres es casi la misma que la masculina, a las mujeres se les paga

un 67,6% del salario medio percibido por los hombres, y la tasa de desempleo de las

mujeres es el doble de la tasa masculina. La mayoría de las mujeres realizan trabajos

poco cualificados y mal remunerados en la industria manufacturera, el comercio, hoteles,

restaurantes y servicios. Se han señalado casos de acoso sexual en el lugar de trabajo.

Muchas mujeres tuvieron que realizarse pruebas de embarazo como condición obligatoria

para ser contratadas. No se ha avanzado en el desarrollo de un sistema de clasificación de

puestos nacional, basada en criterios objetivos y no discriminatorios, libre de prejuicios

de género.

 

El Gobierno hace pocos progresos en la aplicación del II Plan de Igualdad y

Equidad de Género 2008-2015, cuyo objetivo estratégico incluye influir en las reformas

legales para garantizar el derecho de todas las mujeres a la seguridad social y sus

prestaciones, promover las reformas de la legislación nacional, los convenios colectivos

de trabajo y otros instrumentos jurídicos para la inclusión de la protección y garantías de

los derechos laborales de las mujeres, especialmente las trabajadoras en las ZFI, la banca,

las escuelas privadas, los restaurantes, el trabajo doméstico y el comercio.

 

Honduras cuenta con 620.000 personas pertenecientes a los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas son discriminados en lo que se refiere al acceso al empleo,

servicios públicos y derechos sobre la tierra. Desde hace ya mucho tiempo, el Gobierno

está en conflicto con numerosos grupos indígenas respecto al uso de tierras comunales.

 

El Gobierno no ha hecho progresos en lo relativo a la protección de los derechos

de las personas con discapacidad ni en la promoción de la igualdad de oportunidades para

ellas. No existe una oficina pública para las personas con discapacidad ni se implementan

programas destinados a estas personas. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con

el apoyo del Gobierno español, ha planificado una campaña para promover y ofrecer

incentivos a fin de generar empleos para personas con discapacidad en 1.000 empresas y

organizaciones.

 

Asimismo, el Gobierno no protege adecuadamente los derechos de las personas

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), que son discriminadas respecto al

empleo. Las normas sociales y la violencia generalizada contra los homosexuales

impiden que las personas LGTB admitan su orientación sexual tanto en el trabajo como

fuera de éste.

 

Conclusiones

La ley prohíbe la discriminación por motivos de género, discapacidad y origen

étnico. Sin embargo, las mujeres se concentran en determinados puestos de trabajo poco

cualificados y por los que reciben una remuneración inferior por trabajo de igual valor

que sus compañeros masculinos. Los pueblos indígenas son discriminados respecto al

acceso al empleo y las personas con discapacidad carecen de oportunidades para

obtener un empleo.

 

III. Trabajo Infantil

 

Honduras ratificó el Convenio No.138 de la OIT sobre la Edad Mínima 1980, y el

Convenio No.182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil en 2001.

 

De acuerdo con la Constitución, las personas menores de 17 años de edad no

pueden trabajar más de 6 horas diarias y 30 horas por semana. La ley prohíbe que se

permita trabajar a niños/as menores de 16 años de edad. Excepcionalmente, los niños

entre 14 y 16 años pueden ser admitidos a trabajar sólo después de que la Secretaría de

Trabajo decida si el trabajo del niño/a es necesario para la economía de su hogar y no está

en conflicto con su escolaridad. Todos los niños entre 14 y 18 años deben obtener una

autorización del Secretario de Estado para trabajar. Sin embargo, según el Código de la

Niñez y la Adolescencia, los niños/as entre 14 y 16 años no pueden trabajar más de 4

horas por día y los que tienen entre 16 y 18 años no están autorizados a realizar trabajos

durante más de 6 horas por día. Tampoco están autorizados a trabajar en el extranjero, a

efectuar trabajos nocturnos ni trabajos peligrosos.

 

Los empleos y puestos de trabajo peligrosos están definidos en una lista elaborada

tras consultar a los interlocutores sociales y es preciso actualizarla cada tres años. Sin

embargo, el Código del Trabajo excluye de su ámbito de aplicación las empresas

agrícolas y ganaderas que no emplean de forma permanente más de diez trabajadores, por

lo que las disposiciones sobre edad mínima del Código del Trabajo no se aplican a esta

categoría de trabajadores/as. Además, las normativas sobre trabajo infantil no se aplican a

los trabajadores por cuenta propia menores de 18 años de edad.

 

Las empresas que emplean a trabajadores infantiles deben mantener un registro

actualizado. La ley establece penas de prisión de 3 a 5 años para los infractores de la

legislación sobre trabajo infantil. La legislación establece una pena de prisión de 12 a 19

años por la trata de niños/as para su explotación comercial.

 

La educación es gratuita y obligatoria hasta la edad de 15 años, sin embargo en la

práctica, se les pide pagar tasas escolares. Según las estadísticas de UNICEF para el año

2006, la tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria es del 80% para las niñas y

el 77% para los niños, y la tasa neta en la enseñanza secundaria es del 36% para las niñas

y el 29% para los niños.

 

En la práctica, el trabajo infantil es un problema. Los niños/as de las zonas rurales

trabajan en la agricultura en explotaciones donde se cultiva el melón, caña de azúcar, café

y limón. También se ha indicado que los niños/as trabajan en la silvicultura, la minería y

en la industria pesquera, particularmente en la pesca de langosta, que requiere un buceo

de profundidad. En el ámbito urbano, los niños/as trabajan en talleres pequeños, como

vendedores ambulantes y empleados domésticos, en particular las niñas. Los niños/as

también son explotados en la prostitución en las ciudades fronterizas y cerca de zonas

turísticas. Un informe de mayo de 2008 señala que hay 300 000 niños/as entre 5 y 14

años de edad que trabajan en Honduras. El 8,2% de los niños y el 2,6% de las niñas

trabajan: de este número, el 63,3 % lo hace en la agricultura. Por otra parte, el 72% de los

niños/as que trabajan viven en zonas rurales y el 28% en zonas urbanas. El trabajo

infantil es frecuente entre los miembros de las comunidades indígenas.

 

Las inspecciones realizadas para comprobar el cumplimiento de las leyes

laborales, incluidas las leyes del trabajo infantil, son raras debido a que la Inspección de

Trabajo carece de recursos. En mayo de 2008, el Gobierno inició el Plan de Acción

Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y el Plan Nacional de Acción para

Erradicar la Explotación Sexual Comercial de los Niños. Sin embargo, las repercusiones

de estos planes nacionales han sido mínimas debido a su insuficiente financiación. El

Gobierno también participó en proyectos regionales de la OIT/IPEC con fondos del

Gobierno de los EE.UU. Uno de los proyectos regionales, el programa de acción para la

eliminación del trabajo infantil en la industria pirotécnica, ha beneficiado directamente a

770 niñas y niños, quienes se han incorporado al sistema educativo formal. Los proyectos

intentan luchar contra la explotación comercial de los niños/as a través de diversas

actividades, entre ellas el desarrollo de capacidades y las reformas legales.

 

Conclusiones

 

 

IV. Trabajo Forzoso

 

Honduras ha ratificado ambos Convenios sobre Trabajo Forzoso. El Convenio

No.29 sobre el Trabajo Forzoso fue ratificado en 1957, y el Convenio No.105, sobre la

Abolición del Trabajo Forzoso en 1958.

 

La Constitución prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio. El Código Penal prohíbe

la trata con fines sexuales, pero no la trata de personas con fines laborales. Honduras es

uno de los principales países de origen de las mujeres y los niños/as víctimas de trata, por

lo general para la prostitución forzada.

 

Se han presentado alegaciones sobre la imposición de horas extraordinarias

obligatorias en las plantas maquiladoras y en talleres de explotación, particularmente a las

trabajadoras que constituyen cerca del 70% de la mano de obra en este sector. Muchas

veces se cierran las puertas de la fábrica y se obliga a los trabajadores/as a realizar horas

extraordinarias no remuneradas a fin de cubrir la cuota de producción fijada por el

empleador.

 

En cooperación con las organizaciones internacionales, el Gobierno ofrece

formación sobre la trata con fines sexuales a los responsables de hacer cumplir la ley y

persigue activamente a los delincuentes. Sin embargo, el Gobierno no ofrece ningún tipo

de asistencia a las víctimas de la trata. En 2009 las autoridades procesaron 26 casos de

trata de personas y 5 personas resultaron condenadas.

 

Conclusiones

 

Recomendaciones

1. El Gobierno debería poner fin al uso de la violencia contra sus opositores,

emprender un proceso de diálogo con la sociedad civil, incluyendo los sindicatos,

y restaurar la democracia.

 

2. El Gobierno debería suprimir los requisitos excesivos para la organización de un

sindicato, como el requisito mínimo de 30 miembros, o la norma de un solo

sindicato por empresa.

 

3. El Gobierno debería eliminar los requisitos discriminatorios para la organización

de un sindicato, como el requisito del 90% de afiliados de nacionalidad

hondureña, o el impedimento de que los no nacionales hondureños puedan ser

dirigentes sindicales.

 

4. El ámbito de aplicación del Código del Trabajo debería ampliarse con toda

urgencia para que abarque a las empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas

que no emplean de forma permanente a más 10 trabajadores.

 

5. Las sanciones previstas en el Código del Trabajo para las personas que interfieren con el derecho a la libertad sindical deberían ser más severas.

 

6. La negociación colectiva debería estar permitida para los trabajadores públicos.

 

7. La negociación colectiva debería promoverse como la forma primordial de

negociación y los empleadores que se nieguen a poner en práctica esta forma de

negociación deberían ser sancionados con los efectos jurídicos del caso.

 

8. El Gobierno debería eliminar los requisitos excesivos para convocar una huelga,

tales como la mayoría de 2/3.

 

9. El Gobierno, en consulta con los interlocutores sociales, debería revisar la lista de servicios esenciales y adaptar su definición en consonancia con el Convenio No.

87.

 

10. El Gobierno debería establecer sanciones severas para los empleadores que

practican la discriminación contra los sindicatos y emplean técnicas para disolver

a los sindicatos. Por otra parte, la policía debería hacer cumplir las decisiones

judiciales cuando los empleadores no las respeten.

 

11. El Gobierno debería garantizar que el Estado de Derecho se aplique plenamente en las zonas francas y que se remunere a los trabajadores y trabajadores de forma justa por su trabajo, que no se aplique el trabajo forzoso y que aquellas personas que ejerzan prácticas antisindicales sean enjuiciadas y castigadas.

 

12. La legislación debería modificarse para incorporar el principio de igualdad de

remuneración por trabajo de igual valor.

 

13. El Gobierno debería tomar medidas para aumentar la capacidad de las mujeres a recurrir a acciones legales cuando sean objeto de discriminación, por ejemplo si

los empleadores les pidan someterse a pruebas de embarazo como requisito

obligatorio para la contratación.

 

14. El Gobierno necesita elaborar un sistema de clasificación nacional de puestos de trabajo a fin de facilitar la igualdad de remuneración.

 

15. El Gobierno debería reconocer los derechos territoriales de las comunidades

indígenas y proporcionarles igualdad de oportunidades respecto a la educación y

el empleo.

 

16. Los derechos de las personas discapacitadas deberían estar mejor protegidos y los programas deberían ayudarles a desarrollar sus capacidades y a encontrar un empleo.

 

17. El Gobierno debería emprender programas de acción positiva para poner fin a la discriminación contra las personas LGTB en el lugar de trabajo.

 

18. La Constitución, el Código del Trabajo y otras leyes que regulan el trabajo infantil deberían armonizarse y ser más coherentes.

 

19. El ámbito de aplicación del Código del Trabajo debería ampliarse con vistas a la regulación laboral de los trabajadores/as autónomos menores de 18 años de edad y para los niños/as que trabajan en las empresas agrícolas y ganaderas que emplean a menos de diez personas.

 

20. El Gobierno debería tomar medidas urgentes para mejorar las tasas de

escolarización y de asistencia escolar.

 

21. El Gobierno debería hacer cumplir la ley con mayor eficiencia y procesar a los

delincuentes que utilizan las peores formas de trabajo infantil, tales como el

trabajo en las minas, el buceo profundo, la prostitución infantil y otros trabajos

peligrosos.

 

22. El Código Penal debería modificarse a fin de prohibir la trata de mano de obra.

Debería promulgarse una legislación específicamente dirigida contra la trata de

personas. El Gobierno debería aumentar su capacidad para prestar asistencia a las

víctimas de la trata de personas.

 

23. El Gobierno debería reforzar la aplicación de su legislación y su capacidad para

ejercer sus poderes judiciales a fin de vigilar y hacer cumplir su legislación

laboral, incluida la legislación sobre las violaciones de los derechos de los

trabajadores/as, sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas y empezar a castigar a quienes cometen estos delitos.

 

24. La Inspección de Trabajo debería ser financiada, los inspectores tendrían que

recibir formación y deberían iniciarse urgentemente las investigaciones sobre las

graves denuncias de corrupción que pesan sobre ellos.

 

25. En conformidad con los compromisos aceptados por Honduras en las

Conferencias Ministeriales de la OMC en Singapur y Doha y sus obligaciones

como miembro de la OIT, el Gobierno de Honduras debería presentar informes

regulares a la OMC y a la OIT sobre los cambios legislativos y sus programas de

implementación con respecto a todas las normas fundamentales del trabajo.

 

26. La OMC debería llamar la atención de las autoridades de Honduras con respecto a los compromisos contraídos en las Conferencias Ministeriales de la OMC en Singapur y Doha de observar las normas fundamentales del trabajo. La OMC debería requerir a la OIT que intensifique su labor con el Gobierno de Honduras en estos ámbitos y que presente un informe al Consejo General de la OMC con ocasión del próximo examen de política comercial

 

Referencias

Internacional de la Educación (IE),

Barómetro sobre los derechos humanos y sindicales

en el sector de la educación,

2007, disponible en: http://www.eiie.

org/barometer/en/profiles_detail.php?country=Honduras

Human Rights Watch,

 

Honduras: Ongoing Attacks Foster Climate of Intimidation, 29 de

julio de 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57ceeec.html [consultado el 4 de

agosto de 2010]

OIT Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR),

Informes, Observaciones individuales, Observaciones generales y solicitudes directas

 

 

El trabajo forzoso está prohibido por la ley, pero representa un problema en el

país. La ley no prohíbe la trata de personas para explotarlas en el trabajo. En las zonas

francas los trabajadores muchas veces son encerrados obligándoles a realizar horas

extraordinarias.

 

Ratificación de las normas fundamentales del trabajo

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2009, Evolución de los

derechos humanos en la región: Honduras

CSI,

Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales, 2009, 2010

CSI, Primer plano de Erasto Reyes (Honduras), 12 de octubre 2009

Reporteros sin Fronteras,

Asesinato de un periodista: desde el comienzo del año han

matado a ocho profesionales de los medios de comunicación

, 16 de junio de 2010,

disponible en:

 

http://es.rsf.org/honduras-asesinato-de-un-periodista-desde-16-06-

2010,37747.html

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura,

Education under Attack 2010 - Honduras, 10 de febrero de 2010, disponible en:

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9e1c.html

 

[consultado el 4 de agosto de 2010]

Departamento del Trabajo de Estados Unidos,

2008 Findings on the Worst Forms of

Child Labor - Honduras

, 10 de septiembre de 2009, disponible en

 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aba3ed937.html

 

[consultado el 10 de agosto de

2010]

Departamento de Estado de Estados Unidos,

2009 Country Reports on Human Rights

Practices - Honduras

, 11 de marzo de 2010, disponible en:

 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ee8c.html

 

[consultado el 4 de agosto de

2010]

Departamento de Estado de Estados Unidos,

Trafficking in Persons Report 2010 -

Honduras

, 14 de junio de 2010, disponible en:

 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883ee2d.html

 

[consultado el 4 de agosto de 2010]

14

Vermont Reformer,

Honduran women speak out over sweatshops (Las mujeres

hondureñas hablan sobre los talleres donde se explota a las trabajadoras), 13 de

noviembre de 2003

Foro Económico Mundial,

Informe sobre la Brecha Global de Género, 2009

 

 

 Fuente: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Examen_OMC_Sept2010-Honduras.pdf