Edmundo Orellana, La Tribuna, 21 de septiembre de 2009

Todos los órganos del Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia, sostienen, hasta en sus comunicados escritos, que el 28 de junio se produjo una “sucesión presidencial”.

Este lenguaje, extrañamente coincidente entre todos los órganos del Estado, tiene un serio problema: no es constitucional. Ninguna disposición constitucional utiliza esta expresión para designar el cambio de titular del Poder Ejecutivo en los supuestos analizados, ni en ningún otro caso.

 

“Sucesión” es la voz empleada en Derecho Privado para referirse a la transmisión de bienes, derechos o cargas de un difunto en la persona de su heredero. Se trata, pues, de la transmisión patrimonial que se produce con la muerte, por testamento o ab intestato.

 

En Derecho Público el vocablo “sucesión” también implica trasmisión, pero referido a la “sucesión en el trono”; en este caso, lo que se transmite es la corona, órgano constitucional que representa el Estado y su unidad. Es el término utilizado en las monarquías para designar la transmisión hereditaria de la corona como consecuencia de la muerte o abdicación del rey, en la persona que, según la línea sucesoria reconocida en la Constitución ((primogénito y, en su defecto, los que sigan en la línea u orden de sucesión), tenga derechos sucesorios sobre la corona y garantice la dinastía real; como en España, que la mención de la Constitución a la “dinastía histórica”, es una referencia inequívoca a la Casa de Borbón, de modo que presumiblemente solo los sucesores ligados a esta Casa Real tienen derechos sucesorios sobre la Corona española.

 

Honduras es una república, no una monarquía. Desde que nace como país independiente, los constituyentes excluyeron de su léxico la palabra “sucesión”, por su condición de fervientes partidarios de la República. En consecuencia, no cabe el vocablo “sucesión” dentro de nuestro régimen de gobierno ni dentro de nuestro marco constitucional.

 

Lo que reconoce nuestra Constitución es la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia como el medio normal de transmitir los poderes del gobierno de un período constitucional a otro e implica que se practiquen elecciones generales y se declare formalmente electo el nuevo Presidente de la República. En este caso, podría, en principio, hablarse de “sucesión” porque no hay solución de continuidad entre los períodos de gobierno democrático, republicano y representativo.

 

No habrá, por tanto, alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, si el Presidente electo es sustituido, aún apegándose a la Constitución, por otra persona antes de que termine su período (Designado Presidencial, Presidente del Congreso Nacional o Presidente de la Corte Suprema de Justicia) o si al término de éste asume la Presidencia quien no haya sido electo por el voto directo del pueblo, como es el caso del Consejo de Ministros, a tenor del artículo 243, constitucional. En estos casos previstos en la Constitución, lo que opera es la sustitución.

 

Finalmente y como un dato curioso, es importante señalar que la expresión “sucesión presidencial” no fue utilizada en el Decreto por el que vanamente se pretende remover al Presidente Zelaya. Se usa el término “promoción”. ¡Increíble! Sin embargo, nadie ha insistido posteriormente en afirmar que lo sucedido el 28 fue una “promoción”.

 

No es sucesión ni es promoción el acto ejecutado por el Legislativo el día 28 de junio. El Congreso Nacional, sencillamente, acortó, sin facultades para ello, el período para el cual el pueblo eligió al Presidente de la República, suplantando, con ello, la soberanía popular; además, usurpó un poder constituido, porque removió, careciendo de  potestades constitucionales, al Presidente de la República, que es, por mandato constitucional, el titular del Poder Ejecutivo.

 

*Catedrático Universitario