El 28 de junio de 2009, la documentalista hondureña Katia Lara se calzó su cámara al hombro y registró la resistencia de buena parte de la sociedad de su país que salió a las calles a defender el gobierno democrático de Manuel Zelaya. Como es de público conocimiento, ese día se produjo el golpe de Estado, y Roberto Micheletti, diputado del Partido Liberal (el mismo al que pertenece Zelaya), asumió el gobierno de facto y desató una crisis institucional de enormes dimensiones. Y a la vez, tuvo un generalizado rechazo de la comunidad internacional. Después de décadas de democracia en Latinoamérica, ese día en el que Zelaya había llamado a una consulta popular para saber si el pueblo hondureño aceptaba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que permitiese analizar la reforma de la Constitución de su país, el resto del continente puso los ojos en Honduras, con el recuerdo intacto del tremendo daño que causaron las dictaduras militares en la región. Lara filmó las distintas manifestaciones y todo el proceso político y social de Honduras hasta que Micheletti le entregó el mando a Porfirio Lobo, tras haber resultado ganador de unas ilegítimas elecciones presidenciales que fueron cuestionadas por gran parte del arco político de América latina. El resultado de su trabajo es Quién dijo miedo. Honduras de un golpe, documental de casi dos horas de duración que se exhibirá hoy (lunes 7) a las 19.30 en el Espacio Incaa Km 0 Gaumont (Rivadavia 1635), con entrada gratuita, y con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Lo ocurrido desde que Micheletti usurpó el poder hasta el abandono del país por parte de Zelaya, pasando por los intentos de regresar a su tierra y su refugio en la Embajada de Brasil durante cuatro meses, está documentado en el film de Lara, actualmente exiliada en Argentina. Quién dijo miedo... es un valioso –y valiente– testimonio filmado en el mismo momento en que sucedieron los hechos y, en rigor, el primer material audiovisual que se conoce en Argentina desde el lado de la resistencia. El documental también pone el foco en el disfraz de la dictadura que fabricaron los medios afines a Micheletti, y a través de sus imágenes, puede verse la feroz represión desatada y las detenciones ilegales que cometió el régimen en un clima de incipiente fractura institucional.

“Hacer esta película y que tenga repercusión fuera de Honduras se puede volver un escudo para los que hemos trabajado en el documental. Y yo tengo la esperanza de que eso, lejos de alejarme de la posibilidad de volver, me permita regresar a mi país”, señala Lara en la entrevista con Página/12. La directora reconoce que, previamente a este trabajo, no había tenido “una experiencia de vida tan fuerte como ésa”. La documentalista también admite que su trabajo fue muy arriesgado: “Había mucha incertidumbre: en general, de lo que podía pasarle al país, y también, en particular, en cada marcha no sabía si iban a reprimir o no, si eran ciertos los rumores de que Zelaya venía”. Lara recuerda que vivió situaciones muy dolorosas como el hecho de estar en los entierros de los compañeros asesinados, pero también hubo lugar para experiencias felices como, por ejemplo, “una victoria muy pequeña como la liberación de detenidos ilegales, o también un gran concierto que logramos organizar y que se llamó Voces contra el golpe”, comenta.

–¿Por qué el llamado a plebiscito que propuso Manuel Zelaya para reformar la Constitución desencadenó el golpe de Estado? ¿Qué había en juego?

–Estaban en juego los intereses de empresas privadas, de los sectores más conservadores del país. Había en juego un interés geopolítico de Estados Unidos sobre el territorio hondureño. El tema de que Zelaya quería la reelección y que buscaba consultar a la población sobre la Asamblea Constituyente fue un pretexto de los golpistas. Zelaya concretó la adhesión al ALBA, las negociaciones de petróleo con Venezuela, el aumento al salario mínimo, el seguro social para las empleadas domésticas y para los jubilados. Toda esa serie de reformas que él estaba haciendo les dieron pie a las empresas privadas y a la gente que detenta el poder económico en el país para pensar que la consulta iba a ser un éxito y que el resultado de la encuesta iba a ser un “sí” a la Constituyente. Y en verdad, esa Constitución se podía modificar y el trabajo que venía haciendo el movimiento popular por la Constituyente desde 2003, podía llegar a ser una realidad con el acompañamiento de Zelaya. Y a eso le tuvieron miedo.

–¿Qué cambios visualizó Zelaya para el futuro político de Honduras?

–Si se las compara con otros tipos de propuestas sociales fueron reformas pequeñas. Por ejemplo, él nunca propuso una reforma agraria. Eran medidas importantes pero dentro de un gobierno que se puede calificar como progresista. Las reformas que proponía para la Constitución incluían terminar con el monopolio de las decisiones que tiene el Congreso Nacional. Es un poder que tiene mucha fuerza. Ellos eligen a las autoridades del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Superior de Cuentas. O sea, tienen en sus manos mucho poder centralizado. No hay democracia en esas decisiones. Por otro lado, uno de los puntos que se tocaban era el tema de la reelección. Básicamente, el conflicto en torno de la propuesta de la Constituyente se volvió muy grave porque en la Constitución hondureña hay algunos artículos que la misma Carta Magna señala que no pueden ser modificados ni a través de un referéndum, ni plebiscito, ni nada, y que quien intente modificarlos comete delito de traición a la Patria. Siempre se acusó a Zelaya de querer cambiar esos artículos pétreos. Nosotros les decimos pétreos porque son inamovibles. En principio, al movimiento popular, a la gente más progresista le pareció que una Carta Magna no puede tener un artículo que indique que no puede ser modificada. No se puede pensar que una sociedad se rija por un documento de la década del 80 y que así vamos a seguir toda la vida. Entonces, básicamente, eso fue lo que hizo roncha, porque uno de los artículos pétreos de la Constitución habla del tema de la reelección. Y como en América latina se están viviendo una serie de cambios y se han realizado en otros países Asambleas Nacionales Constituyentes y eso ha permitido que algunos presidentes pudieran ser reelegidos, se asustaron. Pensaron que ésa era toda la motivación de Zelaya.

–¿Cuánto apoyo popular tuvo Zelaya? ¿Hubo una sociedad dividida?

–Es difícil hablar de cifras, pero no hay dudas de que la sociedad hondureña está dividida en un cincuenta y cincuenta.

–El golpista Roberto Micheletti era diputado desde hacía 25 años; en teoría, era un hombre que debería haber valorado la democracia.

–Eso se explica porque hay una base legal: es esta misma Constitución que queremos cambiar la que permite ese continuismo. También está el bipartidismo: este reparto del poder que un año le toca al Partido Nacional, y el siguiente, al Partido Liberal. Son los mismos dueños del poder que se turnan y que controlan el Congreso desde hace años. Entonces, ese bipartidismo que estamos tratando de combatir, ha permitido que un diputado se reelija, se reelija...

–¿Cómo analiza la labor del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe?

–Realmente, ha tenido una lucha pacífica admirable. Yo estaba cansada y no entendía cómo los compañeros tenían la energía para salir todos los días. Imagínese que durante seis meses salen a marchar y los reprimen, salen a marchar y los reprimen, y está todo el tiempo así. También es admirable la forma en que se cohesionaron, porque el Frente incluye sectores diversos. Dentro del mismo, se pusieron a consensuar en una crisis tanto liberales como gente del movimiento popular que, por ejemplo, apoyaba la candidatura independiente de Carlos H. Reyes. El era el único con una candidatura independiente que iba a presentarse en las elecciones del año pasado, y se integró a la resistencia en un ciento por ciento, al igual que otros líderes de organizaciones culturales, indígenas, sindicales, campesinas, etcétera. Lo notable es cómo lograron consensuar durante tanto tiempo, en crisis y bajo militarización y represión, para avanzar en la lucha hasta lograr un triunfo definitivo: evidenciar a los hondureños que las elecciones eran otro show mediático para legalizar el golpe de Estado. Hubo un 62 por ciento de abstencionismo. Y eso hay que darlo a conocer. Los hondureños saben que Porfirio Lobo llegó al poder con las urnas militarizadas, sin observadores internacionales en las elecciones. Todo ilegal. Entonces, la gente no fue a votar: no creía en esas elecciones. Cuando digo la gente, me refiero a la mitad de la población.

–¿Qué opinión le merece el rechazo de varios presidentes latinoamericanos al golpe de Estado?

–Aparte de ser muy bueno, es una muestra de que dan resultado esas nuevas alianzas que se están creando, que es posible tener un bloque de países que ya no quieren estar sometidos a los imperios. Y eso evidencia que se puede sostener una lucha porque ha servido mucho el respaldo internacional. Es muy positivo que se sostengan Argentina, Brasil, con tanta fuerza, condenando el golpe y ahora sin reconocer al nuevo gobierno. Además, esperamos que esa política se mantenga, que no den el brazo a torcer porque la presión debe ser terrible. Y que la lista de 22 países que han reconocido al gobierno de Porfirio Lobo, no suba más.

–¿Cómo observa el rol del gobierno de Obama en relación con el golpe en Honduras?

–Ellos empezaron condenando el golpe de Estado. Y la población hondureña (y creo que también el mundo) esperaba que eso tuviera un reflejo en las relaciones económicas con Honduras, que eso debilitara la economía e hiciera reflexionar al gobierno de facto para que la situación fuera más proclive a encontrar una pronta solución. Yo diría que eso pensábamos los más ingenuos, incluso hasta el segundo mes del golpe de Estado. Después, nos dimos cuenta de que no, de que era lo que siempre hacen los norteamericanos: no les podés creer. La prueba de su hipocresía fue el acuerdo que promovieron: finalmente EE.UU. habilitó al gobierno de facto para que el proceso electoral se diera. Ellos promovieron la firma de un acuerdo que decía precisamente que ambas partes (es decir, Zelaya y Micheletti) se comprometían a volver a la situación previa al golpe de Estado, lo cual implicaba restituir a Zelaya. Sin embargo, los golpistas no lo hicieron. Tampoco formaron la Comisión de Reconciliación Nacional ni la Comisión de la Verdad. Se pasaron todos esos meses con el presidente refugiado en la Embajada de Brasil y con dilaciones porque su objetivo era llegar a las elecciones. Y al final, el gobierno de Estados Unidos dijo: “Vamos a reconocer las elecciones”. Esto es como todas las acciones en América latina: ellos cuidan sus intereses y siempre hay un plan preconcebido.

–¿Cómo es la historia de los desaparecidos en Honduras y qué rol jugaron los responsables de los crímenes de lesa humanidad en el golpe al gobierno de Zelaya?

–El símbolo de esa vinculación y el responsable de los desaparecidos en la década de los 80 es Billy Joya. Durante el gobierno de facto de Micheletti, fue asesor de seguridad. Y Joya, junto con otros militares, fue el fundador del famoso Escuadrón 316 que se formó en los años ‘80 y al que se le atribuyen el asesinato y desaparición de 186 personas. Esos son datos de Cofade, una organización que existe desde esa década y que ha estado luchando para que no haya perdón ni olvido para esta gente. Billy Joya tiene un juicio pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si usted entra a Google y pone “Billy Joya”, se va asustar. A nosotros nos anduvo persiguiendo para que le hiciéramos unas cortinas para un programa de radio. Se viste super bien, tiene seguridad privada... Es un tipo que anda en la calle y ¡asesinó gente! Y cuando se da el golpe de Estado, ¿qué hace Micheletti? Llama como asesor de seguridad al señor Billy Joya. Eso resume un poco cómo esas fuerzas, que actuaban en los años ‘80 y que uno pensaba que fueron de otra época, ahí están. Y siguen actuando. Y además ligados a un montón de negocios turbios en Honduras como el narcotráfico y el lavado de dinero.

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