Cerca de un año después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las maniobras represivas emprendidas contra la prensa de oposición y comunitaria siguen vigentes. Lo demuestra el asalto militar y policiaco del que fue blanco la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande 97.1 FM la mañana del 3 de junio de 2010, en la península que lleva el mismo nombre, en el sur del país. Con una orden de captura de cinco dirigentes campesinos, unos 300 soldados y policías invadieron la comunidad y redujeron a su medio de comunicación al silencio. Una cinta de plástico amarillo que dice “escena del crimen” rodea el local de la pequeña radio, señala la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

La ocupación militar de un medio de comunicación antes de su cierre es característica de los procedimientos empleados durante el golpe de Estado. De esta manera Radio Progreso fue sacada del aire apenas una horas después del derrocamiento de Manuel Zelaya (http://es.rsf.org/honduras-radio-progreso-victima-del-golpe-23-11-2009,35065.html).

El mismo método se empleó en el cierre de la radiodifusora Radio Globo y del Canal 36-Cholusatdurante el estado de sitio que siguió en septiembre –tras el retorno clandestino al país del presidente depuesto–, y en las requisiciones de antenas de la red de cable para censurar a la prensa extranjera (http://es.rsf.org/honduras-cierre-de-dos-medios-y-represion-29-09-2009,34613.html).

¿Cómo explicar esta vez tal despliegue si no por la voluntad de hacer callar a todo precio la voz de las comunidades que enfrentan un grave conflicto agrario? ¿Qué significa esa cinta amarilla rodeando la radio si no la criminalización de un población a través de su medio de comunicación? Ya sea que La Voz de Zacate Grande haya pagado las consecuencias del conflicto principal o que la radio haya sido el principal objetivo de esta operación (http://es.rsf.org/honduras-un-septimo-periodista-es-asesinado-21-04-2010,37101.html), se trata de un acto de censura política y de una violación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Por otra parte, la legislación hondureña no cumple todavía con los estándares internaciones en materia de medios de comunicación comunitarios.

La Voz de Zacate Grande nació el 14 de abril pasado. La radio defiende la causa de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). Los representantes de esta organización fueron acusados por el magnate de la agroindustria Miguel Facussé Barjum de “usurpación de tierra” y de “fraude fiscal”. Esta era la razón por la que la pequeña radiodifusora estaba en la mira de la justicia local, que emitió una orden de arresto contra cinco dirigentes de la ADEPZA. El cierre de la radio se llevó a cabo en el marco de la ejecución de esa orden judicial.

La situación del pluralismo y de la libertad de prensa en Honduras, de por sí deteriorada tras el golpe de Estado, se ha agravado después de la toma de posesión del nuevo gobierno, el 27 de enero de 2010. Así, en este primer semestre el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del planeta para la seguridad de periodistas. En espacio de un mes y medio seis periodistas y un locutor han sido asesinados. Ningún avance judicial real ha permitido aún esclarecer el asesinato de ninguno de ellos. Cierto, acaba de ser emitida una orden de arresto contra cuatro individuos identificados como los autores materiales e intelectuales del asesinato de David Meza Montesinos, el 11 de marzo pasado en la Ceiba, en la costa atlántica. Por el contrario, ¿qué ha pasado con el de su colega Nahum Palacios Arteaga, asesinado tres días después de recibir amenazas atribuidas al ejército? (http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-tiros-a-un-tercer-16-03-2010,36716.html).

El caso de Nahum Palacios Arteaga es el único que figura en nuestro barómetro debido a que se confirmó que está ligado a la profesión. No obstante, constatamos que las autoridades excluyen sistemáticamente todo nexo entre esos atentados gravísimos a la libertad de expresión y la violencia política que azota el país desde hace un año. ¿Qué responden las autoridades a las dos resoluciones tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 3 de mayo y el 2 junio pasados, solicitándoles asegurar la protección de 15 periodistas de Radio Progresoamenazados, entre ellos el sacerdote jesuita y director de la estación, Ismael Moreno, y la jefa de redacción Karla Rivas? Radio Progreso y su personal son perseguidos por la línea política y editorial del medio.

Nos mantenemos en contacto con esas personas. Su protección es responsabilidad del Estado. Las autoridades hondureñas no pueden esperar que su país se reintegre próximamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) si siguen negando o, peor, en complicidad en ciertos casos. Ellas deberían aceptar el principio de una comisión de investigación internacional independiente.