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Las consecuencias jurídicas del amoral decreto de amnistía golpista

Una  aproximación legal al conflicto

Breve introducción sobre la ilegalidad de la destitución del Ex Presidente Jose Manuel Zelaya Rosales

 

Por Carlos Augusto Hernández Alvarado

 

El Congreso Nacional de la República en uso de la facultad conferida a ese poder del estado en el articulo 205 numeral 16 de la Constitución, decreto una Amnistía a raíz de la crisis política generada por el Golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, según decreto numero 2-2010 publicado en gaceta 32129,de fecha 02 de febrero del año 2010, hemos sostenido que esa Amnistía si bien es cierto no está regulada por la ley, el momento y los motivos por los que puede ser decretada, la misma no debió haberse decretado sin que antes se hiciera una investigación profunda para determinar los responsables de los hechos del 28 de junio del año 2009 y que el Fiscal General de la República cumpliendo las atribuciones conferidas en los artículos 1 y 6 de la ley Ministerio Publico procediera a denunciar a todos los Funcionarios y particulares involucrados en la conspiración y el proceso de ejecución del Golpe de Estado, específicamente a los que se encuentran comprendidos en la comisión de los delitos contra la forma de gobierno señalados en los artículos 328, 329 y 330 así como las infracciones penales comunes y deducir responsabilidades a los Jueces que violentaron el procedimiento al emitir órdenes de captura contra el Presidente de la República en ese momento, señor José Manuel Zelaya Rosales sin las formalidades requeridas de ser un verdadero Juez Natural, ya que para esta condición, no solo era necesario estar preconstituido antes de los hechos, sino estar en el ámbito de su competencia la decisión que enmarcara en ley. En al caso particular el Juez Natural que libra la orden de captura a el ex presidente violento el artículo 22 del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia que define las obligaciones de la Sala de lo Penal que entre otras son: 1-Conocer de los recursos de casación en materia penal y de los demás a los que las leyes los remitan; y 2-Conocer de los asuntos que sobre la materia les remita la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Es de todos conocidos que el Juez Natural que libra la orden de captura era de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia) y que dicha orden de captura no cumplía lo que dispone la Ley de Policía (decreto numero 67-2008 en sus artículos 24 numeral 13 y 65 numeral 2, institución que es la única facultada para ejecutar capturas en el supuesto caso de ser imputado con las formalidades que dispone el artículo 282 del Código Procesal Penal, totalmente violentado al ex presidente Zelaya Rosales, al haber sido el Ejercito Nacional quien le capturara y lo expulsara del territorio hondureño contra lo dispuesto en el artículo 102 de la constitución viéndose en ese acto vulnerados sus derechos y libertades fundamentales entre otras: (Su integridad física psíquica y moral, libertad personal, honor, intimidad, personal y familiar, tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, comprendidos en los artículos 68, 69,76, 82, 84,90,99 de la constitución ). Si tuviéramos un Poder Judicial creíble bastaría con aplicar el artículo 200 del Código Procesal Penal el cual sintetiza en ese procedimiento el estado de derecho, para ver que los juicios al ex presidente caerían como un castillo de naipes (Articulo 200 “Pruebas prohibidas o ilícitas. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información.)

La Amnistía Decretada en sí, se puede concebir como una amoralidad política, en virtud, que el Congreso que la decreta está plagado de Diputados que el día 28 de junio del año 2009 y 02 de Diciembre del mismo año aprobaron y ratificaron dos veces el decreto 141-2009 contra lo que disponer el artículo 49 del reglamento interno del congreso que no podían discutir vía moción ese decreto como lo hicieron, sino que por la vía de la reforma lo que procedía, decreto que como acto legislativo particular violento el artículo 60 del mismo reglamento que dice: “Ningún Diputado podrá patrocinar solicitudes o peticiones de su interés particular. Las solicitudes o peticiones enviadas al Congreso Nacional sin los requisitos legales deberán ser desechadas de inmediato. Antes de pasar una solicitud a la respectiva Comisión, el Presidente calificara si tiene carácter particular o general, para el efecto de su admisión. En caso de duda por parte del Presidente, decidirá el Congreso Nacional”, y no estaba facultado por ley destituir al presidente, por no estar en las atribuciones del Congreso Nacional en el artículo 205 de la constitución

Reafirmo: Acto particular que destituyo al Presidente de la República suplantando la soberanía popular, penalizada en el artículo 2 de la Constitución y 310 A del Código Penal. Cuando ilegítimamente fue destituido en su condición de presidente y que fuera electo por la mayoría del voto libre y directo del pueblo hondureño, solo pudiendo ser sustituido conforme a lo que dispone el artículo 242 de la Constitución o por un “juicio tutelado correctamente a los más altos funcionarios del Estado conforme a los artículos 416 al 417 del Código Procesal Penal”

Expreso lo que ya había afirmado:

“Que quienes cometieron los delitos al dar el Golpe de Estado hoy legislan una Amnistía para perdonárselos así mismo, pretendiendo hacerle creer a la sociedad hondureña y al mundo que la amnistía es para el Ex presidente de la República y que lleva por fin la reconciliación nacional. Amnistía que es un manto a la enorme impunidad e injusticia a los actos cometidos por los golpistas.”

Para ejemplo de nuestra sociedad y el mundo, el actual Presidente del Congreso Juan Orlando Hernández Alvarado formo parte de la bancada política del Partido Nacional y de los Diputados que votaron a favor del ilegal decreto de destitución, el ex presidente de facto del Congreso Nacional José Antonio Saavedra igual lo hizo y de paso los ciudadanos no sabemos ¿Quien le dio en ese momento cuando era Secretario del Congreso la carta de renuncia con la firma falsa del ex presidente Zelaya? Ahora como Diputado preside la bancada de su partido en oposición ni más ni menos con quienes conjuntamente dieron el Golpe de Estado cuando el era gobierno. Fácilmente a estos funcionarios y al grupo que les acompañó, el Fiscal General cumpliendo con los artículos 1 y 6 de la ley del Ministerio Publico, los pudo comprender en los delitos señalados en los articulo 310 A, 328, 329, 330 y 349 del Código Penal, delitos que hoy son objeto de Amnistía de este curioso decreto ¿Por qué no denunció antes de la Amnistía el Fiscal? ¿Es o no una amoralidad este decreto de Amnistía?

UN CONSIDERANDO DEL DECRETO DE AMNISTIA NUMERO 2-2010 (GACETA NUMERO 32129) CON DEDICATORIA AL EX PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES

Me llama poderosamente la atención de este decreto la redacción de los considerandos la que a mi criterio no es más que retórica barata, excepto el considerando número 14 que a su letra dice:

“Que la conducta del Poder Ejecutivo, manifestada en forma expresa por el que se desempeñaba como Presidente de la República, en Consejo de Ministros, al proferir los Decretos Ejecutivos Números “PCM-019-2009” Y PCM-020-2009”, ambos del 26 de Mayo del Dos Mil Nueve, publicados los dos (2) en el Diario Oficial “La Gaceta”, No.31,945 del 25 de Junio también del Dos Mil Nueve, mas los abundantes hechos notorios dejados al descubierto por la mayoría de los funcionarios que con él y para el trabajaban, conducían a asegurar que la sentencia proferida por el Poder Judicial que declaro como ilegal, la realización de la consulta popular denominada “Encuesta”, cuya visible finalidad era conocer la opinión de los ciudadanos en cuanto a reformar en todo su cuerpo la Constitución de la República, incluso los Artículos Pétreos, no seria obedecida en manifiesta desobediencia, conducta antijurídica que llevaría al desconocimiento de uno de los Poderes del Estado”.

Nada más falso que esté considerando al establecer que la consulta llevaría al desconocimiento de uno de los Poderes del Estado y que el propósito era reformar la Constitución incluso los artículos pétreos. Sobre la cuarta urna opine en su momento un artículo titulado (PREGUNTO: ¿TRAICIONÓ MEL AL PARTIDO LIBERAL CON LA CUARTA URNA?) el cual adjunto íntegramente para ilustración al considerando 14 del decreto de Amnistía.

“He escuchado a muchos liberales y no liberales manifestar que Mel Zelaya con el proyecto de la CUARTA URNA traicionó al Partido Liberal de Honduras siguiendo instrucciones de Hugo Chávez para la materialización de esta idea, de tanto escuchar esta reiterada apreciación decidí analizar si efectivamente Mel Zelaya había traicionado a su partido con ese proyecto de la cuarta urna. Para esto me pregunte: ¿Qué es la idea de la Cuarta Urna para consultarle al pueblo si se deseaba ubicar una urna el 29 de Noviembre para convocar a una constituyente para que redactara una nueva constitución? En realidad con esa propuesta estábamos ante el fenómeno social de una idea política. Me sigo preguntando: ¿Qué es una idea política? Todos aquellos que hemos estudiado Ciencias Políticas sabemos que son las ideas referentes a gestionar y hacer gobierno, replantear el sentido y forma de gobernar. De allí que la idea política de la Cuarta Urna, planteaba la consulta para una constituyente bajo el objetivo del replanteamiento de muchas cosas en la norma fundamental para hacer y desarrollar un mejor gobierno de cara al futuro de Honduras. Es el mismo planteamiento de Oscar Arias en Costa Rica al expresar la idea de una constituyente para lograr mejores espacios de discusión sobre el rumbo de Costa Rica. Ahora bien, esta idea de la Cuarta Urna estaba amparada en buscar el objetivo decía el Presidente Manuel Zelaya en crear una democracia mas participativa en abrir los espacios hacia ese modelo y que no necesariamente viviéramos bajo el esquema de la simple democracia representativa, la que mucha crisis y desigualdad hasta este momento nos ha dado. Es importante analizar desde un punto de vista político si la idea de la Cuarta Urna planteada por el Presidente Zelaya proviene de una idea Chavista o del ideario político de su partido en el gobierno, para esto es importante definir constitucionalmente que el Partido Liberal de Honduras es un partido político que cumple las definiciones del artículo 47 de la Constitución de la República y asimismo es una institución política que da cumplimiento con todo el capítulo relativo a los partidos políticos comprendido en la Ley electoral y de las organizaciones políticas en los artículos del 62 al 80 de esa ley. Si analizamos la Ley Electoral es obligación de un partido para su legal funcionamiento según los artículos 67, 68 y 69 tener una declaración de principios, una programación y sus propios estatutos. Al revisar los principios, programación y estatutos del Partido Liberal, me encontré con el PRINCIPIO NOVENO de sus estatutos que habla sobre el Sistema Político Hondureño dando un mandato así: “Que el mismo debe de evolucionar hacia una Democracia integral, real, deliberante y participativa, donde el poder público proteja a las minorías, garantice la participación y la libre expresión de los ciudadanos haciendo hincapié en la calidad de la representación y participación para lograr el consenso y la inclusión. La participación ciudadana efectiva es la condición para lograr la democracia incluyente. Para ello, es imprescindible que se generen las condiciones para que el ciudadano y la ciudadana asuman con responsabilidad sus derechos y sus deberes, sea como elector, como servidor público, como miembro de la Sociedad Civil, más y mejor democracia solo es posible con mejores ciudadanos y ciudadanas”. Podemos ver que en este principio convertido en un mandato, queda establecido en sus estatutos en el articulo 5 numerales 4, 5 y 6 al manifestar que el partido liberal tiene los siguientes objetivos: Numero 4: una sociedad participativa donde existan oportunidades en condiciones de equidad para todos los habitantes de Honduras, especialmente para los sectores vulnerables; Numero 5: fortalecer y desarrollar la democracia en todos los órdenes de la vida, la participación ciudadana, la descentralización y el fortalecimiento municipal; Numero 6: propiciar espacios de participación y convivencia con la sociedad en su conjunto, particularmente con los sectores obreros, campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas, intelectuales, juventud y con quienes integren el sector de la economía social, buscar la democracia participativa con la consulta de la Cuarta Urna es una idea política que nada tiene que ver con el Chavismo, es liberalismo autentico, la instauración de la Cuarta Urna a través del artículo 5 de la Ley de participación ciudadana solo como efecto de consulta, aparte de ser una idea política, democrática y legal es un mandato a Manuel Zelaya Rosales del propio ideario de su partido que lo dejo plasmado en una idea central cuando llega a ser Presidente, donde manifestó que su gobierno se iba a regir por el accionar del poder ciudadano. La ignorancia en manifestar que esta idea política es influencia de Chávez es un desconocimiento de todos aquellos que habitamos en este país. Ahora bien, me hago las siguientes interrogantes ¿Quiénes traicionan al partido liberal en el sentido más puro de su ideario y de sus estatutos? ¿Será Roberto Micheletti, Elvin Santos y la Cúpula partidaria que se opusieron a este mandato de su propio partido de buscar la democracia participativa?¿Por qué Roberto Micheletti, Elvin Santos y la Cúpula partidaria legislan y actúan para un grupo reducido de oligarcas? ¿Será esto traición a los propios idearios políticos de su partido? Creo concretamente que los golpistas y sus simpatizantes liberales además de ser traidores de su propio partido son unos ignorantes de la base ideológica del partido que representan. En una conclusión fácil son mercaderes y no políticos con ética y moral. Después de haber revisado los estatutos partidarios y hago la aclaración que solamente lo analice en la idea planteada en esos estatutos de la Democracia participativa me nació una reflexión constitucional, si las ideas políticas que dieron como origen el derecho político del cual nace el derecho constitucional, ¿Qué clase de constitución es aquella como la nuestra, que penaliza las ideas políticas que quieran modificar la forma de gobierno? Sencillamente queridos amigos es una constitución camino al fracaso, penalizar las ideas políticas que quieran mediante instrumentos legales correctos, morales, éticos, ampliar, mejorar las formas de gobierno, no debe de estar prohibido en una constitución, estas ideas solamente pueden ser penalizadas cuando por medios y practicas indebidas como el terrorismo, sedición traición, atenten contra el Estado, y que yo sepa el Presidente Zelaya con la propuesta de la Cuarta Urna no cometió ninguno de estos delitos.”

SIN MÁS PREAMBULO LA AMNISTIA SEGÚN DECRETO NUMERO 2-2010 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2010 GACETA NUMERO 32129 LA ESTABLECIO EN ESTOS TERMINOS:

“PRIMERO: Conceder AMNISTÍA de carácter general para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado las acciones típicas que se enmarcan en los Artículos: 302, 310-A, 311 del Título XI Capítulo I (REFERENTES AL DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA), 328 numerales 1), 2) y 4); 329, 330 del Título XII Capítulo II (REFERENTE A DELITOS CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO), 335 numerales 6), 7) y 8 ) del Título XII Capítulo V (REFERENTE AL DELITO DE TERRORISMO), 337 numerales 1), 3), 4) y 5), 338 y 340 del Título XII Capítulo VII (REFERENTES AL DELITO DE SEDICIÓN); todos se encuentran en el cuerpo de ilícitos que recoge nuestro CÓDIGO PENAL calificados como delitos políticos; y únicamente los Delitos Comunes Conexos comprendidos en los Artículos 292 del Título IX Capitulo IX( REFERENTE A LA USURPACION DE FUNCIONES) 331 del Título XII Capítulo III (REFERENTE A MANIFESTACIONES Y REUNIONES VIOLENTAS), 333, 334 numerales 2) y 5) Título XII Capítulo IV (REFERENTE A DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN), 346 y 349 numerales 1), 2), 3) y 4) del Título XIII Capítulos II y III respectivamente (REFERENTE A LOS DELITOS DE DESOBEDIENCIA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS) del mismo cuerpo de leyes.

No quedan comprendidas en este Decreto todas aquellas acciones constitutivas de delitos relacionados a actos de corrupción como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, al igual que los delitos de lesa humanidad y violación de los Derechos Humanos. Las acciones que se refieren en este Decreto, fueron intentadas o consumadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 27 de enero del 2010 inclusive”.

Ahora bien, a partir de estar decretada me comienzan a surgir una serie de interrogantes de carácter jurídico, como consecuencias de la misma Amnistía, que van desde el precedente ilegal y ya institucionalizado para destituir al presidente, al daño civil, el pago de deuda pública, confiscación de bienes causado por los delitos políticos y comunes conexos, la dificultad sobre violaciones a los derechos humanos en la vía nacional e internacional a partir del decreto de Amnistía, para esto haré una aproximación jurídica del conflicto la que efectúo de la siguiente manera:

PRIMERA CONSECUENCIA JURIDICA: SOBRE LA NO EXISTENCIA DEL DELITO DE TRAICION A LA PATRIA EN LOS ACTOS DEL EX PRESIDENTE Y EL PRECEDENTE ILEGAL PARA DESTITUIR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

Trascribo una contradicción constitucional que no forma delito sobre la que escribí, haciendo notar lo grave de esta circunstancia en querer hacer ver que existía delito de tracción a la patria en los actos de ex presidente sin haberlo, sentando este acto premeditado e ilegal la base del precedente y mecanismo ilegal que puede volver a utilizar las cúpulas golpistas para destituir un presidente electo legítimamente, trascribo lo escrito en octubre del año 2009:

“El artículo 374 de la Constitución de la República versus el Código Penal Hondureño. (UNA CONTRADICCION CONSTITUCIONAL MONSTRUOSA)

El artículo 374 de la Constitución de la República señala con claridad los artículos que no pueden ser reformados:

1-El referente a la forma de gobierno (artículo 4 de la Constitución de la República).

2-El territorio nacional (artículo 9 de la Constitución de la Republica).

3-El periodo presidencial (artículo 237 de la Constitución de la Republica).

4-Prohibición para ser nuevamente Presidente de la Republica (artículos 239 y 240 de la Constitución de la Republica).

Si nosotros analizamos las prohibiciones del artículo 374 de la Constitución de la Republica donde prohíbe la reforma de lo que precedentemente he señalado, se podrá observar que solamente en el artículo 4 de la Constitución da creación a la figura delictiva de “Traición a la Patria.” Mas ese delito en la Constitución no tiene pena que se le imponga y esto es por una simple razón, el delito con la pena es obligación en su desarrollo por el Código Penal.

Si somos estudiosos y analizamos de los artículos 302 al 311 del Código Penal Hondureño donde esta lo relativo al delito de traición, se puede observar por simple deducción lógica que atentar reformar lo que prohíbe el 374 de la Constitución no se encuentra comprendida en estos artículos, pena alguna para ese delito de traición a la patria especialmente señalado solo en el articulo 4 de la Constitución de la Republica. En referencia al 374 cuando ni siquiera señala como delito esa reforma y ni tiene pena alguna, Excepto el ARTICULO 302 del código penal que dice: “Comete el delito de traición y será castigado con la pena de reclusión, de quince a veinte años, el que ejecute actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado.” Pero este 302 no es vinculante a la prohibición de reforma del 374 de la constitución como forma de delito de traición a la patria. (Favor leer el artículo 374 de la constitución)

Según la teoría del Derecho Penal, es obligatorio para que se aplique un delito, tener su correspondiente pena (nula pena sine lege), por lo tanto, acusar a alguien por traición a la patria, porque intente modificar estos artículos sin que esté comprendida la figura delictiva con su pena en el Código Penal resulta imposible. Ya que el 302 del código penal y siguientes hasta el 311 que es el que podría abarcar ese tema no lo vincula al 374 constitucional como delito por el simple hecho de reformarlos, sino solo al 2 y 19 de la constitución que señalare más adelante, que lo vincula al “310 A” del código penal como delito de traición.

Pregunto: 1-¿Será esta una contradicción monstruosa de nuestra Constitución versus el código penal? 2-¿Será un adefesio jurídico nuestra Constitución?

Ahora bien, dentro del delito de traición tipificado en el Código Penal el único referente a traición a la patria es el 310 “A” relacionados directamente a los artículos números 2 y el 19 de la Constitución de la Republica (VEAN QUE NO ESTA COMPRENDIDO LO QUE DICE EL ARTICULO 374 DE LA CONSTITUCION), el primero relativo a la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos que están tipificados en este articulo como traición a la patria y que tienen su pena en el artículo 310 “A” del Código Penal, pena que es de 15 a 20 años, y el artículo 19 de la Constitución, que señala penalizar aquel que firme tratados que afecten el territorio, la soberanía e independencia de la república.

Es claro y concreto que los únicos que pueden ser acusados de “traición a la patria” conforme al Código Penal y la Constitución son las personas que dieron el golpe de Estado conforme al artículo 2 de la Constitución de la Republica relacionado con el 310 “A” del Código Penal.

Sigamos analizamos los “delitos contra la forma de gobierno” comprendidos de los artículos 328 al 330 del Código Penal en el especial el 328 que dice:

ARTÍCULO 328: Delinquen contra la forma de Gobierno y serán sancionados con reclusión de seis a doce años, quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes:

1) Reemplazar al Gobierno republicano, democrático y representativo por cualquiera otra forma de gobierno.

2) Alterar la constitución de cualquiera de los poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo o Judicial, o atacar su independencia.

3) Despojar en todo o en parte al Congreso, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la Constitución.

4) Variar el orden legítimo de suceder a la Presidencia, o privar al sucesor del Presidente de las facultades que la Constitución le otorga.

5) Privar al Consejo de Ministros o al encargado del Poder Ejecutivo, de la facultad de gobernar provisionalmente el Estado en los casos previstos en la Constitución.

Y después de leer este contenido, hagámonos una pregunta fácilmente ¿Quiénes fueron los que cometieron el delito según el 328 del código penal? Simple y sencillamente los que dieron el golpe de Estado.

Alguien dirá abuso de autoridad para el presidente Zelaya, 349 del Código Penal, pueden revisar todos los incisos y no son aplicables al tema sujeto y cuestión de debate, alguien más dirá que proponer una Constituyente es delito, yo simplemente les pregunto: ¿Señálenme el artículo del Código Penal en el que convocar a una Constituyente es delito o hacer una consulta para una constituyente es delito? Sigo preguntando: ¿Será un adefesio nuestra constitución versus el código penal?

Cual amnistía (Articulo 205 numeral 16 de la constitución) por qué habría que darle amnistía a todos, restitución del orden constitucional y cárcel para los golpistas.”

Hacer ver que el ex presidente cometió delito de traición a la patria sin haberlo cometido y sin ser delito en los actos que realizo contraviene el artículo 98 de la Constitución que manifiesta: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan del delito o falta”.

Esta amnistía se reconfirma constantemente que es un amoralidad para encubrir a los verdaderos delincuentes con todas sus responsabilidades, es curioso lo que opine en octubre ahora es sujeto de amnistía a favor de los golpistas pretendiendo hacer creer que es para el ex presidente.

SEGUNDA CONSECUENCIA JURIDICA (LA RECLAMACION DEL DAÑO CIVIL CAUSADO POR LOS INFRACTORES DE LOS DELITOS POLITICOS Y COMUNES CONEXOS COMPRENDIDOS EN EL DECRETO DE AMNISTIA):

Según el artículo 96 numeral 3 del Código Penal la Amnistía extingue la responsabilidad penal, más no lo que dispone el artículo 103 del mismo Código en lo relativo a la indemnización del daño causado por el delito, me pregunto:

1-¿Cómo podría reclamarse daño civil causado por los delitos comprendidos en la Amnistía, si el Fiscal General de la Republica no denuncio a los responsables de atentar contra la forma de gobierno y suplantar la soberanía popular según los artículos 310 A, 328, 329, 330 del Código Penal o por los otros delitos políticos y conexos comunes de la amnistía?

2-¿Cómo podrían ser aplicables los artículos 321 al 327 de la Constitución que versan sobre la responsabilidad de los servidores públicos, para reclamar la responsabilidad civil y vincularlos a los artículos 105 al 114 del Código Penal sobre la misma responsabilidad y ejecutarla conforme al artículos 50, 51 53, 432 del Código Procesal Penal. Si no hay denunciados más que los perseguidos del gobierno Zelaya y no los otros infractores?

Como verán no es tarea fácil ya que la amnistía encubre bajo un mascarada jurídica a los verdaderos responsables del Golpe de Estado, la reclamación civil a manera de daño por los delitos políticos y comunes conexos de la Amnistía se vuelve compleja en su reclamo, pero en mi concepto puede hacerse una aproximación jurídica por dos vías:

La Primera: El Fiscal General tendría que verse obligado aun con la Amnistía a denunciar a los infractores que generaron el Golpe de Estado y que los infractores se acojan al decreto de Amnistía y que se cuantifique el daño causado por el Juez de lo Penal conforme a los articulos105 al 114 del Código Penal para ejecutarlo como lo mando el artículos 50, 51, 53, 432 del Código Procesal Penal; esto implicaría un juicio y admitir que hubo Golpe de Estado, DESENMASCARAR AL PROPIO FISCAL GENERAL DEL POR QUÉ NO DENUNCIO A LOS INFRACTORES EN SU MOMENTO Y NO CREO QUE A ESTA ALTURA DE LA SITUACION LO HAGA.

La Segunda: Si no existe denuncia por parte de la Fiscalía que pueda mediante un juicio cuantificar el daño civil, la otra vía seria aplicando el artículo 222 de la Constitución, relativo al Tribunal Superior de Cuentas para que este en las facultades que le confiere los artículos 3 y 5 de su ley, verifique ese daño causado y se lo remita conforme a lo que establece el artículo 230 de la Constitución, a la Procuradora General de la Republica para que ejecute la acción civil tal como lo manda este articulo, relacionándolo al artículo 19 numeral 1 de la ley de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en nombre del Estado. Y de paso detecte el Tribunal Superior de Cuentas si existen delitos vinculados a la corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos que no están comprendidos en la Amnistía y los remita al Fiscal General para la deducción de responsabilidades. La pregunta del millón será: ¿Procederá el Tribunal de Cuentas, remitirá a la Procuradora General de la Republica ese informe y procederá esta? O todo quedara en el olvido con el inmenso daño civil causado estando como sujeto pasivo las arcas del Estado.

TERCERA CONSECUENCIA JURIDICA (SOBRE ABUSO DE AUTORIDAD DEL NUEVO GOBIERNO EN EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA ORIGINADA POR LOS INFRACTORES DE LOS DELITOS POLITICOS Y COMUNES CONEXOS COMPRENDIDOS EN EL DECRETO DE AMNISTIA):

Otra consecuencia es, la que señala el artículo 356 de la Constitución, el que transcribo: “ARTICULO 356: El Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública, que contraigan los gobiernos constitucionales, de acuerdo con esta constitución y las leyes. Cualquier norma o acto que contravenga lo dispuesto en este Artículo, hará incurrir a los infractores en responsabilidad civil, penal y administrativa, que será imprescriptible”.

Pagara el gobierno del señor Porfirio Lobo Sosa la deuda pública contraída por el gobierno de facto e ilegitimo del señor Roberto Micheletti, defenderá la Constitución el señor Fiscal, la Procuradora, los Diputados, Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con la misma vehemencia que hicieron para derrocar al ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, para esto es preciso establecer que a partir del 27 de enero del año 2010 ya no está garantizado, estar protegido por la Amnistía, en consecuencia el gobierno actual, si paga un tan solo centavo de deuda pública generado por el golpismo, incurrirá en responsabilidad conforme a los artículos 321 al 327 de la Constitución, vinculado al artículo 349 del Código Penal sobre el abuso de autoridad.

CUARTA CONSECUENCIA JURIDICA (AL NO HABER ABUSO DE AUTORIDAD COMO DELITO COMUN CONEXO POR LO DEL GOLPE DE ESTADO COMO QUEDA LA FISCALIZACION PREVENTIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA:

Los artículos 371 y 372 de la Constitución establecen:

ARTICULO 371

La fiscalización preventiva de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, estará a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá especialmente: 1.Verificar la recaudación y vigilar la custodia, el compromiso y la erogación de fondos públicos; y, 2. Aprobar todo egreso de fondos públicos, de acuerdo con el presupuesto. La ley establecerá los procedimientos y alcances de esta fiscalización.

ARTICULO 372

La fiscalización preventiva de las instituciones descentralizadas y de las municipalidades, se verificará de acuerdo con lo que determinan las leyes respectivas.

Se acusa al gobierno del Ex presidente José Manuel Zelaya Rosales que no cumplía con enviar el proyecto de presupuesto tal como lo establece el artículo 377 de la Constitución, en los primeros 15 días del mes de septiembre de cada año. El mismo no era enviado, porque el Congreso Nacional que dio el golpe de Estado no permitía que el poder ejecutivo conforme a los artículos 371 y 372 de la Constitución realizara la fiscalización preventiva, para poder determinar cómo se estaba administrando el presupuesto y hacer la liquidación del mismo conforme al artículo 368 de la Constitución y enviarlo al Congreso Nacional, el primer acto formal que hizo el gobierno de facto fue aprobar el presupuesto sin cumplir con ninguna de estas responsabilidades, las preguntas que me nacen: 1-¿Dónde quedo la fiscalización que era obligación de ley? 2-¿Qué cosas oscuras en la administración del presupuesto oculto esa no fiscalización preventiva? ¿Qué hará el Tribunal Superior de Cuentas con sus atribuciones para verificar los delitos ligados a la corrupción? Son cosas que los ciudadanos deberíamos saber.

QUINTA CONSECUENCIA JURIDICA (LA EXCEPCION CONSTITUCIONAL PARA LA CONFISCACION DE BIENES A LOS INFRACTORES DE LOS DELITOS POLITICOS Y COMUNES CONEXOS COMPRENDIDOS EN EL DECRETO DE AMNISTIA):

El artículo 105 de la Constitución prohíbe la confiscación de bienes excepto y para en lo que establece el artículo 375 de la Constitución, especialmente en su párrafo final el cual adjunto:

“ARTICULO 375: Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella misma dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia, serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, los mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las autoridades constituidas conforme a ella. El Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación de la soberanía popular o de la usurpación de los poderes públicos, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado”.

Para que suceda esto, deberá haber un juicio ya que el Congreso no puede individualizar y deducir responsabilidades, esa es facultad solo del Poder Judicial y los que resulten imputados pueden acogerse al decreto de amnistía o en el juicio en el caso de ser declarados culpables, para que por vía penal se exija la reclamación civil o por vía decreto confisque el Congreso Nacional conforme al artículo 375 de la Constitución párrafo final a los responsables.

Hoy que el Partido Nacional tiene mayoría absoluta en el Congreso de la República me pregunto: ¿Así como defendió la Constitución en los supuestos ilícitos del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, utilizará esa mayoría para aprobar este decreto según el párrafo final del artículo 375 de la Constitución? ¿El fiscal denunciará para que exista un juicio? ¿Cuál sería el actuar del poder judicial? Será difícil, porque es admitir que el decreto 141-2009 por el cual se destituyo al ex presidente fue ilegal y que se suplantó la soberanía popular y la forma de gobierno del Estado de Honduras.

SEXTA CONSECUENCIA JURIDICA: SOBRE LA DEDUCCION DE RESPONSABILIDADES EN LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Están exentas las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, en este tema particular estoy más lleno de interrogantes que de verdaderas apreciaciones jurídicas las cuales las planteo de la siguiente manera:

1-¿Están preparados los organismos de derechos humanos internos para poder denunciar en el ámbito nacional las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad o solamente es una propaganda sin fundamento documental y jurídico?

2-¿Cómo responderá el sistema institucional jurisdiccional ante las denuncias por violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad?

3-¿Partamos del supuesto que los organismos de derechos humanos están documentados para probar las violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad? Tendrán que ser hábiles para que el sistema entre la Fiscalía y el Poder Judicial no evadan a los responsables como ya se dio sobreseimiento a la cúpula militar, particularmente creo que aunque estén preparados el sistema ocultara a los responsables directos de estas violaciones.

4-¿Qué vías al ver la imposibilidad interna le quedara a los organismos de derechos humanos para que no quede impune esta situación?

Para buscar la responsabilidad del Estado no quedara otra que aplicar el artículo 46 de la Convención Americana que establece:

Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; b) Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; c) Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y; d) Que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.”

Circunstancia que no será fácil y para deducir la responsabilidad individual instar al Fiscal de la Corte Penal Internacional a través del artículo 15 del Tratado de Roma que dice:

“1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. 2. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte. 3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa. 5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación. 6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la misma situación”.

Todo esto nos demuestra que a todas luces hubo Golpe de Estado, que se trastocaron todas las instituciones, que el golpe mismo no terminó con las elecciones ilegitimas y cuestionadas, que la Amnistía encubre como un manto de impunidad a los golpistas y que si el señor Porfirio Lobo Sosa se quiere ganar el prestigio nacional e internacional, que comience aplicando la Constitución que tanto defendió en la destitución del ex presidente Zelaya en estos términos de ley, porque de lo contrario el desencanto seguirá por la injusticia con la que se actúa y no quedará otra que refundar el Estado.

 


vos

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