El Cofadeh solicita al Alto Comisionado de Naciones Unidas que nombre en carácter de urgente, una Comisión sobre el uso de mercenarios, de la Comisión de Ejecuciones Arbitrarias y sumarias, de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y de la Comisión de Derechos Humanos para que investigue las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que acontecen en Honduras.

En la misiva, el Cofadeh expresa a las Naciones Unidas su profunda preocupación por las detenciones ilegales, allanamiento de morada, torturas psicológicas, abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos, que están siendo cometidas en contra de los ciudadanos y ciudadanas hondureñas por parte de Ejército  y la Policía Nacional en los asentamientos campesinos ubicados en el Valle del Aguan, Departamento de Colón.

Carta

 

Tegucigalpa, MDC.,
13 de abril del 2010


Señor
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
Ginebra, Suiza

Respetable Señor:

Me dirijo a usted, para expresar algunas de nuestras preocupaciones preliminares por las detenciones ilegales, allanamiento de morada, torturas psicológicas, abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos, que están siendo cometidas en contra de los ciudadanos y ciudadanas hondureñas por parte de Ejército y la Policía Nacional en los asentamientos campesinos ubicados en el Valle del Aguan, Departamento de Colón.

HECHOS:

El día martes 23 de marzo del 2010 en la ciudad de Tocoa, Colón, el gobierno de Honduras presentó al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) una segunda propuesta de los empresarios en nombre del Estado de Honduras para negociar el conflicto.

El jueves 01 de abril del 2010, fue asesinado el campesino Miguel Ángel Alonso Oliva de 22 años, miembro de la Cooperativa Guanchías, ubicada al margen izquierda del Río Aguán, por  un disparo R-15.

El 07 de abril del 2010, fue asesinado José Leonel Álvarez Guerra, de 32 años, miembro de la Cooperativa La Confianza, ubicada en la margen derecha del Río Aguán, predios pretendidos por el empresario Miguel Facussé, quien murió de cinco impactos de bala que le dispararon desde una motocicleta en marcha dos individuo que se trasladaban en la misma

El día viernes 09 de abril del 2010, después de una cadena nacional convocada por el “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, amenazando con sanciones penales por la fabricación, almacenamiento, transporte, uso, ingreso, adquisición o suministro de armas, explosivos o material de guerra o combate, destacando los fusiles AK-47, subametralladoras, pistolas y chimbas (arma de fabricación cacera), sin mando visible movilizaron más de 2,500 policías y militares hacia la zona del Bajo Aguán, donde el MUCA discutía la propuestas de los  empresarios René Morales(nicaragüense); Reynaldo Canales (salvadoreño) y Miguel Facussé Barjum (palestino).

El día sábado 10 de abril tomaron control las Fuerzas Militares y Policiales de toda la zona, desplazando para ese propósito tanquetas, morteros, lanchas rápidas, comandos militares y vehículos especializados de combate todo terreno, cerrando todos los accesos que conducen a la Cooperativa La Confianza.

El  domingo 11 de abril fue sitiada por el Ejército y la Policía  la Cooperativa Guadalupe Carney, que en septiembre de 2008 fue escenario de enfrentamientos entre campesinos y terratenientes de la zona, incluyendo al Subcomisionado de Policía Henry Osorto, el mismo oficial que hoy comanda el operativo alrededor de esta cooperativa.

El lunes 12 de abril las fuerzas de ocupación mantuvieron control de todas las entradas y salidas del departamento de Colón: Hacia Olancho, Olanchito y San Pedro Sula, y control total de la Laguna de Guaymoreto, adyacente al Valle.  Este día, 13 de abril, detuvieron a cuatro jóvenes estudiantes que transitaban hacia la Escuela Normal de Trujillo, la cabecera departamental; posteriormente fueron dejados en libertad.
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El día 11 y 12 de abril, los operativos de control militar --listado en mano -- revisaron a toda persona que transitaba por la zona, lo que indica la pre existencia  de perfiles individuales de los liderazgos campesinos de la zona. De igual manera, han estado levantando información acerca de la cantidad de camillas que posee cada centro hospitalario de la zona, igualmente el 12 de abril ordenaron a los dueños de negocios que cerraran operaciones a las 7:00 de la noche.  Todos estos hechos son implementados mientras transcurren las sesiones de negociación del conflicto en el Instituto Nacional Agrario y la Casa Presidencial, entre agentes del régimen de Lobo Sosa y la dirigencia del MUCA.

El martes 13 de abril en horas de la madrugada entraron y allanaron las viviendas de afiliados a la Cooperativa El Despertar, donde detuvieron a Ulises Laínez y Vicente Padilla, quienes después de cuatro horas de arbitraria privación de su libertad fueron soltados; en este acto sometieron a agresiones y torturas psicológicas a cuatro menores de 2,4,6 y 10 años de edad; a esa hora también entraron a la comunidad de nombre Rio Claro, ubicada próxima a la Cooperativa, y sin ninguna orden allanaron tres viviendas donde intimidaron a sus moradores.

El día de  hoy martes 13, mientras la Fuerza Aérea hace surcar el cielo de La Ceiba y Tegucigalpa aviones de combate F-15, el señor Lobo Sosa esperaba a las 3:00 pm a la dirigencia campesina del Aguán, sus asesores y líderes de la resistencia nacional. El país está a la espera de los resultados de esta negociación con las armas apuntando a las cooperativas agrarias en litigio.

PETICION

Ante la gravedad de los hechos reseñados y para evitar un derramamiento de sangre en condiciones absolutamente desiguales en la zona, solicitamos que al gobierno de Honduras se le pida:

•    Se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos, con el propósito de identificar los responsables, dado que una de las personas denunciadas  como director del operativo es un reconocido integrante del Batallón 3-16, de nombre Billy Fernando Joya Améndola.

•    Que se nombre de inmediato un Relator o una Comisión con representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Uso de Mercenarios, de la Comisión de Ejecuciones Arbitrarias y Sumarias, de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información, y un representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Esta actuación es de carácter urgente, dada la indefensión en que nos encontramos como pueblo hondureño por la falta de institucionalidad del Estado tras el rompimiento del hilo constitucional en junio de 2009, y por el consecuente déficit de aplicación de justicia, para que de forma general se pueda garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales ratificadas por Honduras.


Respetuosamente,


BERTHA OLIVA DE NATIVI
Coordinadora General