Leticia Salomón*

El domingo 29 de noviembre se realizaron elecciones generales en Honduras, las octavas elecciones desde que se inició la transición a la democracia en 1981.  Desde

1981 se han alternado en el ejercicio de la presidencia de la república los dos partidos tradicionales de Honduras, el Partido Liberal y el Partido Nacional, el primero con cinco presidentes y el segundo con dos, al cual se suma el presidente electo de las elecciones más extrañas, anormales y contradictorias que ha vivido el país en toda su historia.

Un solo ejemplo basta para comprender lo expresado anteriormente: El presidente de facto, que encabezó el golpe de estado del 28 de junio, y que ordenó una intensa represión y emitió decretos violatorios de los derechos fundamentales, acudía a ejercer el sufragio en su ciudad natal con una fuerte cobertura de prensa e intensas medidas de seguridad, proclamando su compromiso con la paz y la democracia.

Mientras tanto, el presidente constitucional de la república, electo por mayoría de votos en las elecciones de 2005, víctima del golpe de estado y reconocido internacionalmente como el presidente legítimo, se encontraba refugiado en la embajada de Brasil, fuertemente custodiado por militares y policías, y sin posibilidades de ejercer su derecho al sufragio.

Para complementar el cuadro anterior, mientras el gobierno de facto proclamaba su

convicción “democrática” y declaraba que ésas serían las elecciones más transparentes de la historia, militares y policías ocupaban el territorio nacional, allanaban residencias y oficinas, perseguían a dirigentes y militantes de la resistencia al golpe de estado, reprimían la manifestación pacífica de San Pedro Sula, en el norte del país, y amenazaban las concentraciones de manifestantes que se producían en otros lugares.  Anunciaban con fuerza intimidatoria que se esperaban atentados terroristas para lo cual se prepararon con maquinaria, equipo, municiones, bombas de gas y todo lo que se les ocurrió financiar con el presupuesto que le adjudicó para tal fin el gobierno de facto.

Al caer la noche y luego de cinco horas de silencio del máximo organismo electoral del país y de múltiples esfuerzos asociados a intensas negociaciones políticas por hacer coincidir los resultados electorales oficiales con el anuncio previo sobre la

“impresionante afluencia de votantes” que habían vaticinado desde horas tempranas los medios de comunicación golpistas, se produjo el anuncio oficial de que el candidato ganador fue el candidato del opositor Partido Nacional, cosa que no

extrañó a nadie porque esa era la tendencia.

Se hizo el señalamiento de que la diferencia de votos del candidato ganador con respectoal candidato oficialista era de menos del 20%, cosa que sorprendió mucho porque todas las tendencias anunciaban un porcentaje superior al 30%.  Finalmente, a pesar a la constatación física de la escasa participación electoral, se produjo el anuncio de que la participación ciudadana en las elecciones generales fue superior al 61%, cuando la misma empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral señaló un poco más del 47% y la resistencia nacional contra el golpe de estado no reconocía más del 30%.

El fenómeno más sorprendente en la historia del golpe de estado es, sin duda alguna, la agrupación de sectores sociales diversos, pluralistas y pacíficos en lo que se denominó “Resistencia nacional contra el golpe de Estado”, quienes lograron consolidar una movilización social más allá de la adscripción política, que provocó una presencia social de gran trascendencia y culminó con una asombrosa presencia

política en las elecciones del 29 de noviembre, superando con el abstencionismo el caudal de votos de todos los candidatos presidenciales.  Esa misma resistencia salió a las calles a celebrar el triunfo del abstencionismo, ondeando banderas de Honduras y del Partido Liberal y enseñando, entre orgullosos y desafiantes, su dedo meñique para demostrar que no lo mancharon con la participación el día de las elecciones.

Hechos, supuestos, posicionamiento

Para comprender lo que ocurrió el 29 de noviembre en Honduras, es preciso destacar algunos elementos clave que permitirán insertar lo ocurrido en un marco analítico más amplio, el cual se detalla a continuación:

En noviembre de 2005 la ciudadanía hondureña escogió al candidato del Partido Liberal de ese entonces, José Manuel Zelaya Rosales, para que ejerciera la presidencia de la república por cuatro años que se contarían del 27 de enero de 2006 al 27 de enero de 2010.  El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 constituyó una burla al derecho ciudadano expresado en las urnas, lo cual se expresa en los siguientes hechos:

• En Honduras, ninguna institución del estado tiene atribución constitucional para

destituir a un presidente de la república, lo cual incluye al Congreso Nacional.

• Ninguna instancia del sistema de justicia tiene atribución de ordenar la captura de

un presidente de la república y menos de declararlo culpable sin haber iniciado un

juicio en su contra y sin haberle garantizado su derecho a la presunción de inocencia y a la legítima defensa.

• Ninguna institución del estado tiene facultades para expulsar a un hondureño del territorio nacional, como hicieron las Fuerzas Armadas el 28 de junio, y tampoco tienen potestad de negarle la entrada, como hizo el presidente de facto, el Fiscal General de la República, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía, en los dos intentos de ingresar al país que hizo el presidente constitucional.

La sociedad hondureña se encuentra en un estado de indefensión, totalmente expuesta ante la falta de protección por parte de las instituciones estatales, lo cual incluye al Poder Judicial y a las dos instituciones llamadas expresamente a defender los intereses de la sociedad, como el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, fuertemente involucradas en el golpe de estado del 28 de

junio.  El hecho de no tener una instancia estatal a la cual acudir cuando se producen

atentados a los derechos fundamentales, hace que la ciudadanía acuda a los organismos civiles de defensa de los derechos humanos, los cuales se han integrado en una plataforma para enfrentar con mayor eficiencia la creciente demanda ciudadana de protección y defensa.

Por eso la ciudadanía se encuentra expuesta a la presión de dos instituciones de control social como los medios de comunicación y las iglesias, que se han encargado de uniformar el discurso, manipular conciencias, convencer a la sociedad de que no hubo golpe de estado y repetir constantemente el mensaje de paz y democracia que corresponde a una vision ideologizada de la vida cotidiana.

Causas, debilidades y deformaciones

Es importante incorporar algunas características de la institucionalidad y de la cultura política hondureña que nos permitirán comprender con mayor precision lo que ocurre en la actualidad, destacando algunos aspectos clave que existen y persisten en el país:

Un estado de derecho frágil. A pesar de los millones que la cooperación internacional ha invertido en la reforma del sistema de justicia, sigue existiendo un Fiscal General que ordena a los fiscales cuáles casos deberán atenderse y cuáles no, para no incomodar a las autoridades del país o de su partido; un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que emite órdenes de captura, después de que condena a un sospechoso; un policía que asume que su institución tiene el poder para decidir, que los procedimientos legales pueden obviarse y que se puede aplicar la fuerza a cualquier ciudadano por presumir que puede transgredir la ley; y un militar que cumple órdenes ilegales para atacar a la ciudadanía y rechaza otras argumentando que son ilegales.

Instituciones democráticas débiles. Las instituciones estatales están muy expuestas a los intereses políticos y empresariales, deformadas como instituciones partidizadas y con una actuación al margen de los intereses nacionales. Estas son las

instituciones subordinadas al Congreso Nacional, en particular a su Junta Directiva,

que se alinearon rápidamente para producir y sostener el golpe de estado.

Una cultura política autoritaria. Todavía persiste en nuestro país una cultura irrespetuosa, intolerante, vertical y excluyente, pues aún no se consolida una cultura política democrática que destaque valores como pluralismo, tolerancia, respeto a la diversidad, solidaridad, a los cuales son ajenos los dirigentes de partidos políticos, los empresarios, los líderes religiosos, los periodistas y tantos otros que tanto daño le hacen al país al aferrarse a valores propios de una época ya superada en el país.

Una clase política cínica, manipuladora, calculadora y cómplice. Es una clase política que acusa al presidente Zelaya de atentar contra la Constitución cuando sus

integrantes, liberales y nacionalistas, la han violado una y otra vez, sin inmutarse siquiera. Prueba de ello son el presidente de facto (Roberto Micheletti) y el presidente electo (Porfirio Lobo), quienes presentaron sus candidaturas a la presidencia existiendo una prohibición legal para hacerlo en su momento, por su condición de presidentes de un poder del estado; el candidato perdedor del partido Liberal (Elvin Santos), quien lanzó su candidatura teniendo una prohibición legal por su condición de vicepresidente de la República; un ex presidente (Ricardo Maduro), quien lanzó su candidatura y resultó electo presidente sin haber nacido en el territorio hondureño; otro ex presidente que resultó ganador sin haber sido el candidato más votado y, finalmente, el presidente de facto que acusa a Zelaya de querer reelegirse a través de una Asamblea Nacional Constituyente y el mismo promovió la idea en el Congreso en los años 80, para asegurar el continuismo de otro presidente.

Torpeza política y empresarial para analizar lo que pasa en el país y el mundo. En los últimos meses se pudo observar un partido político (el Liberal) que apoya un golpe de estado a un presidente de su partido, a cinco meses de las elecciones generales y pretendía salir victorioso; un candidato del opositor partido (el Nacional), hoy presidente electo, que cree que lo ocurrido en el país es un asunto del Partido Liberal que no le incumbe a él, que prefiere proclamarse neutral y que cree que con un llamamiento al diálogo va a ganarse el apoyo de la resistencia; políticos y

empresarios que alteraron el clima de tranquilidad que se vivía en el país y hoy viven prisioneros de sus casas, sus negocios y sus guardias de seguridad; además, que con sus acciones abrieron las puertas a la inestabilidad política del país e hicieron que los militares recuperaran su viejo papel arbitral.

Escasa habilidad militar para analizar y mucha habilidad para aprovechar las

circunstancias.  Militares que argumentaron no estar obligados a obedecer órdenes ilegales y acataron otras órdenes ilegales de reprimir a la ciudadanía que ejercía el

derecho constitucional a rechazar a un gobierno ilegal. Aprovecharon la crisis y el miedo de los golpistas para aumentar su presupuesto, adquirir armas, equipos y municiones y quedaron preparados para la guerra contra la ciudadanía.

Proceso electoral, resultados y perspectivas

Los resultados de las elecciones del 29 de noviembre colocaron políticamente a un actor ineludible en el escenario nacional, como es la ciudadanía en resistencia al golpe de estado, la cual creció en conciencia de su potencialidad y se convertirá en la principal fuerza opositora del próximo gobierno, destacándose en ella el liderazgo del presidente Zelaya, para demandar de nuevo la Asamblea Nacional Constituyente, castigo a los golpistas y violadores de los derechos humanos y tratarán de neutralizar los miedos del presidente electo a los militares, a los empresarios y los líderes de las Iglesias católicas y evangélicas. Todo ello se realizará en un clima político y social ensombrecido por la incertidumbre sobre el tiempo real que durará en la presidencia y, lo que es peor: tratando de controlar, neutralizar y denunciar las concesiones que estará dispuesto a otorgar a todos los sectores golpistas, para que no le den a él un nuevo golpe de estado.  Todo lo anterior se producirá en un clima de amenazante presencia militar y policial, líderes religiosos con fuerte injerencia política, empresarios con poder de veto y medios de comunicación al servicio de quien les pague. Solo la ciudadanía en resistencia nos puede dar esperanza de la creación de un clima de auténtica democracia.

Universidad Nacional Autónoma

de Honduras

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Tomado de: Latin American Studies Association Forum Vol. XLI (1), pp. 6-8. Invierno 2010