Washington D.C., 16 de febrero de 2010

Ante los apresurados pasos por establecer una Comisión de la Verdad en Honduras y cumplir, según el criterio de las autoridades estatales, con el Acuerdo Guaymuras/San José, CEJIL considera que deben generarse algunas condiciones mínimas para iniciar un proceso de búsqueda de la verdad real en este país que incluya principalmente la investigación de las miles de violaciones de derechos humanos que fueron constatadas por diversos órganos en particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dado que han existido más de 30 comisiones de la verdad en el mundo, es posible identificar las buenas prácticas y principios básicos para la conformación de una instancia que pueda responder a las expectativas de la sociedad y de las víctimas.

En tal sentido, la Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente, y profesional; no debe tener restricciones para avanzar sus tareas; contar con los medios humanos, económicos y jurídicos para llevar a cabo con éxito su mandato; y sus hallazgos deben tener algunas consecuencias al interior de Honduras (por ejemplo, el establecimiento de medidas de reparación adecuada, la expresa voluntad política de adelantar reformas estructurales para prevenir la repetición de los hechos, y el inicio de investigaciones que tiendan a sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos).

Entre otras funciones, el trabajo de una Comisión de Verdad debe contribuir para: i) el esclarecimiento de los hechos; ii) el reconocimiento moral y ético de las víctimas de violaciones de derechos humanos; y iii) la presentación de recomendaciones políticas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos.

Por su trascendencia, y la importancia de la legitimación de la herramienta y del proceso mismo, el diseño, establecimiento, implementación y posterior evaluación se debería hacer en amplias consultas con la sociedad civil organizada y las víctimas. Para tales procesos, es fundamental contar con el tiempo adecuado con el fin de que se garantice un trabajo a conciencia, que retome todos los factores necesarios para que tal Comisión lleve a cabo de la mejor manera sus funciones.

Finalmente, el Estado debe analizar las conclusiones y recomendaciones de los informes de la Comisión de la Verdad y responder formalmente a ellas. En tal sentido, debe prever mecanismos que puedan implementar tales recomendaciones. Para tales efectos, es recomendable la creación de una institución de seguimiento a la implementación de los trabajos de la Comisión de la Verdad, a fin de atender las necesidades de las víctimas y para poder dar respuesta a cualquier cuestión pendiente en relación con este tema.

En el caso de Honduras, este reto es importante en virtud de que muchos de los funcionarios involucrados en el golpe de Estado aún se encuentran en funciones, o bien, forman parte de los grupos de poder involucrados en la toma de decisiones, situación que podría impedir que las recomendaciones de una Comisión de la Verdad se hagan realidad.

CEJIL considera que en caso de que los anteriores requisitos mínimos no fueran cumplidos, el establecimiento, funcionamiento y resultados de una Comisión de la Verdad estarían seriamente comprometidos y con ello el camino hacia una verdadera reconciliación en Honduras.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales que hoy se encuentran impulsando una Comisión de la Verdad en Honduras, para que tomen en cuenta el sentir de una gran parte de la población hondureña, particularmente de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y se aseguren de que cualquier mecanismo creado tenga como eje central la protección y reparación de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias del golpe de Estado. De igual manera, insta a la comunidad internacional a dar seguimiento puntual a este proceso que podría ser histórico si se lleva a cado de manera adecuada.

Contacto de prensa en Washington D.C.

Mauricio Herrera Ulloa

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