Efraín Moncada Silva, La Tribuna, 23 de diciembre de 2009

Con el golpe de Estado del 28 de junio Honduras no pudo ya iniciar el período de consolidación democrática, más bien se eclipsó el período de transición democrática que se había reiniciado después de los gobiernos militares en 1980, cuando se llevaron a cabo elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que se instaló el 20 de julio del mismo año; asimismo, se afectó gravemente el principio de subordinación de la institución militar al poder civil que se había logrado a partir de 1994, así como el cumplimiento real de la Constitución, no su acomodamiento a las conveniencias o intereses de determinados sectores o grupos, y el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas consagradas tanto en la carta magna como en los tratados internacionales; ciertamente se ha producido un saldo negativo y una involución política y jurídica que ha afectado no solamente al gobierno depuesto sino a los gobiernos democráticos del continente, cuando ya todos creían sepultado ese nefasto fenómeno de la patología político-constitucional.

¿Quiénes han sido los grandes perdedores del golpe de Estado?

1.- En primer lugar, el pueblo hondureño, que con el reaparecimiento nuevamente del espectro de los golpes militares de las décadas de los 60ª y 70ª, son notorias las pérdidas de vidas humanas, violaciones de los derechos civiles y políticos, así como de las libertades públicas y la crisis política, económica y social que están sufriendo los sectores mayoritarios de la nación.

2.- En segundo lugar, un sector importante de instituciones del Estado que se confabularon contra el Ejecutivo, tales como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, organismos y órganos cuyos titulares son nombrados y giran en la órbita de influencia del Congreso Nacional, que han perdido credibilidad, legitimidad y confianza del pueblo, sin que hasta ahora se haya logrado una verdadera independencia en las actuaciones de dichas instituciones, lo que ha sido señalado tanto nacional como internacionalmente.

3.- En tercer lugar, las Fuerzas Armadas, instrumentalizadas por grupos económicos y sectores políticos, religiosos y algunos dueños de comunicación social, pertenecientes todos a los grupos reaccionarios del país que frente a las tímidas reformas sociales que intentaba llevar a cabo el presidente Zelaya, vieron en esto una amenaza a sus intereses y al status quo dentro del cual han venido medrando.

4.- En cuarto lugar, la Policía Nacional, que fue concebida para proteger al pueblo hondureño, como un órgano independiente de las Fuerzas Armadas, y organizada con ese objeto desde sus inicios ha sido desgraciadamente desviada de su naturaleza y papel con el golpe de Estado, volviendo a ser como antes, un apéndice o rama de las Fuerzas Armadas que actúa de acuerdo con las directivas que le imparte la cúpula militar.

5.- En quinto lugar el Partido Liberal, que por primera vez en la historia un sector de su dirigencia participó y estuvo de acuerdo siempre con el golpe de Estado contra un gobernante de su propio partido, razón esta que ha sido la causa fundamental de la vergonzosa derrota que ha sufrido en las elecciones del 29 de noviembre pasado.

El propio Partido Nacional, que aparentemente ha salido victorioso de unas elecciones llevadas a cabo en un clima donde no había transparencia, plena libertad ni garantías suficientes para que pudieran concurrir a las urnas amplios sectores de la ciudadanía, por lo que dicho partido político ha resultado también afectado, porque ahora tiene que continuar forzosamente la ruta política trazada por los que concibieron, ejecutaron y avalaron el golpe de Estado.

7.- Además de estos perdedores, hay otros como el Canal de Televisión 36, Radio Globo y otras radioemisoras de diferentes lugares del país, que no pertenecen al círculo de los golpistas, que han venido siendo varias veces interrumpidas en sus trasmisiones por autoridades del gobierno de facto, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, especialmente el derecho de la libre emisión del pensamiento.    
Este es el saldo real que ha dejado el golpe de Estado en Honduras, que se creía no volvería a aparecer como signo ignominioso y contrario a la democracia donde el principio cardinal es que el único soberano es el pueblo.

 

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