Solicite por escrito obtener el contenido del voto particular que emitiera el Abogado y Notario Carlos David Cálix Vallecillo, Magistrado de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, voto que es en relación al punto cinco del Acuerdo Tegucigalpa/San José que fuera firmada en fecha 30 de octubre del año 2009. Al terminarlo de leer cometí el error de valorarlo en el conjunto del Acuerdo, algo que advierto a los lectores no debe suceder, porque el voto particular no revuelve todas las disposiciones del acuerdo ni el conflicto jurídico que implica el Golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, la opinión particular de su señoría es solamente en relación al punto cinco y esta basado en el principio de independencia de los jueces consignado en el articulo 303 de la Constitución de la Republica que manda a los Jueces: “Ser independientes sometidos a la Constitución y las leyes”. Para efecto de mejor comprensión haré un corte en cada sección del voto para su análisis respectivo y así permitirnos apreciar la opinión jurídica de su señoría. A continuación el contenido y mi análisis del voto particular.

OPINION PARTICULAR DEL MAGISTRADO CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO EN TORNO A LA COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL SEÑOR SECRETARIO DEL CONGRESO NACIONAL PARA RECABAR LA OPINION DE ESTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE LA RETROACCION DE LA TITULARIDAD DEL PODER EJECUTIVO A SU ESTADO PREVIO AL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE HASTA LA CONCLUSION DEL ACTUAL PERIODO GUBERNAMENTAL EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ.

Primera valoración jurídica: Lo precedentemente señalado es el encabezamiento de una opinión judicial y es la parte técnica que tiene por fin plantear sobre que se pronunciara, podemos advertir ya con esto que al momento de la redacción del voto su señoría conoce de técnica en redacción de documentos judiciales.

En nota de fecha 4 de noviembre de 2009, recibida en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en fecha 6 de noviembre de este mismo año, el Señor Secretario del Congreso Nacional, Diputado CARLOS LARA WATSON, informa que la Junta Directiva del Poder Legislativo, por mayoría de votos, requiere de la opinión de la Corte Suprema de Justicia en torno al Punto No. 5 del denominado Acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito en fecha 30 de octubre de 2009, que a la letra dice:
“DEL PODER EJECUTIVO: Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a la ley, resuelva en lo procedente respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010. La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita.”

La posición que debe asumir esta Corte Suprema de Justicia ante la petición formulada por la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República a través de su Secretario General, Diputado CARLOS LARA WATSON, tiene que estar enmarcada dentro de los parámetros constitucionales y legales, pero igualmente sin hacer abstracción del grave conflicto político-social que desde hace varios meses afecta el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, políticas e institucionales de nuestro país, y con ello la normal convivencia entre los hondureños.

La sociedad demanda una pronta solución a la actual crisis política-social, que está afectando con sus  repercusiones de índole socio-económica, tanto a las personas naturales y jurídicas que con sus inversiones contribuyen a la creación de empresas, como también a quienes con su fuerza de trabajo y talento, son un factor clave e imprescindible para el sostenimiento del tejido productivo de Honduras.

Segunda valoración jurídica: Se puede observar en esta parte el contenido expositivo de la opinión en técnica legal es la breve introducción sucinta y precisa que se hace del planteamiento solicitado, algo me hace reflexionar en esta parte expositiva, su señoría manifiesta que la opinión debe ser en términos de ley, pero al mismo tiempo advierte que no se puede dar una opinión legal de este tipo, abstrayéndose de la grave problemática político-social originada por el Golpe de Estado de fecha 28 de junio del año 2009, es fácil concluir que al momento de estarse emitiendo la opinión de manera responsable, su señoría tiene en consideración no solo el panorama legal del punto controvertido, sino el marco político, social y económico del conflicto y lo que su opinión puede repercutir en la solución o deterioro de la actual crisis en este caso particular, a manera de reflexión opino: Que si todos los Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia hubiesen valorado lo que su actuar ha generado en el deterioro de la crisis, quizás una rectificación pudiéramos haber tenido en satisfacción para Honduras y su sistema judicial .

Partiendo del escenario planteado, debemos recordar que a finales del mes de junio del corriente año, el Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales quien ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo, por suponerle responsable de varias infracciones penales en ocasión de promover y convocar la celebración de la denominada encuesta popular, misma que giraría en torno a la consulta sobre la colocación de una cuarta urna en el marco de las elecciones  generales del presente año, en orden a la futura convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

La Corte Suprema de Justicia, con arreglo a lo establecido en los artículos 414 al 416 párrafo primero del Código Procesal Penal, nombró un Juez Natural, quien libró orden de captura en contra del señor José Manuel Zelaya Rosales. Posteriormente, el Ministerio Público entabló ante los Tribunales otras acciones penales en contra del referido ciudadano por suponerle responsable de la comisión de otros delitos.

Tercera valoración jurídica: A partir de este momento estamos entrando al planteamiento de la opinión judicial. Específicamente su señoría hace referencia al requerimiento fiscal presentado por la Fiscalia del Estado a la Honorable Corte Suprema de Justicia contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales en el marco de los artículos 414 al 416 del Código Procesal Penal, artículos que están relacionados directamente al procedimiento contra altos funcionarios del Estado, si seguimos al tenor de esos artículos su señoría manifiesta que conforme al procedimiento se nombro un Juez natural (Es la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho delictual, con relación a materia objeto del delito). Me pregunto: ¿Si el nombramiento efectuado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia del Magistrado, Abogado Don Tomas Arita Valle quien libro la orden de captura contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales obedece a las características de ser un Juez natural? Particularmente creo que no, porque el señor Magistrado Tomas Arita Valle forma parte de la Sala Laboral y no de la Sala Penal, si bien es cierto la Corte Suprema de Justicia como Tribunal esta constituido antes de los hechos del 28 de junio del año 2009 y esto es parte de la consideración para ser un Juez natural, por razón de la materia penal del requerimiento, el haber nombrado un Magistrado de la Sala Laboral violenta el principio rector del articulo 316 de la Constitución de la Republica que manda a la Corte Suprema de Justicia estar organizada por Salas y las atribuciones que tiene la Sala de lo Penal definidas en el articulo 22 del Reglamento Interno de la Corte, entre otras cosas manifiesta, conocer de la casación penal y de los asuntos penales que remita la presidencia de la Corte y el pleno de la Corte Suprema de Justicia. La Presidencia y el Pleno tuvieron que tener claro que el requerimiento fiscal presentado contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales por la condición de la materia y no violentar los principios que señale anteriormente debió conocer un Magistrado de la Sala de lo Penal.

El ciudadano José Manuel Zelaya Rosales fue destituido de su cargo como Presidente de la República, por un acto legislativo de carácter particular, emitido por el Congreso Nacional, concretamente mediante el Decreto Legislativo No. 141-2009, de fecha 28 de junio de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición del día 1 de julio de ese mismo año.

Cuarta valoración jurídica: A este párrafo me nacen las reflexiones siguientes: 1- ¿Puede por un acto particular legislativo destituir al Presidente de la Republica?; 2-¿Esta dentro de las facultades del Congreso Nacional de la Republica articulo 205 de la Constitución crear actos particulares de esta naturaleza?; 3-¿Es el Congreso Nacional un Tribunal que sin las garantías debidas pueda llegar a la destitución del Presidente?; 4-¿Causa o no responsabilidad este acto particular emitido por el Congreso Nacional?. De los artículos 321 al 326 de la Constitución señala las responsabilidades de los servidores públicos del Estado y en ninguna de su disposición constitucional, ni en su reglamento interno el Congreso Nacional tiene estas facultades que he reflexionado en las preguntas.
Evidentemente estamos ante la comisión de responsabilidades conforme a nuestro Código Penal que pueden estar enmarcadas en el articulo 328 y 349, lógicamente la deducción de estas responsabilidades no es competencia de la Corte Suprema de Justicia sino de la Fiscalia del Estado, porque es un mandato en el articulo 1 de su ley constitutiva “proteger los intereses generales de la sociedad”.

En el marco de la crisis política suscitada en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia recibió comunicación de la Secretaría de Gobernación y Justicia, solicitando su opinión en torno a la propuesta formulada por el Presidente de Costa Rica, Don Oscar Arias Sánchez, denominado “Acuerdo de San José”, que en uno de sus puntos contempla el “El Retorno de los Poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio”.

Sobre dicho punto, la Corte Suprema de Justicia en su parte medular destacó, que el Ministerio Público ha ejercido la acción penal interponiendo requerimientos contra ciudadanos por suponerlos responsables de la comisión de delitos y que éstos dieron origen a las correspondientes causas penales que están sustanciándose en los tribunales, y que éstas solamente pueden ser finalizadas o suspendidas de conformidad a lo regulado en la legislación procesal penal, de tal manera que cualquier arreglo político debe tener en consideración la  observancia del principio de legalidad y el control jurídico correspondiente, concluyendo que mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que el ciudadano Manuel Zelaya Rosales tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal.

Posteriormente, tras el reingreso del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales al territorio nacional, luego de transcurrido cierto tiempo desde su extrañamiento, Comisiones Negociadoras participantes en el denominado “Diálogo Guaymuras”, designadas por los ciudadanos José Manuel Zelaya Rosales y Roberto Micheletti Baín, suscribieron el llamado Acuerdo de Tegucigalpa/San José, cuyo punto No. 5 es el objeto de la consulta formulada en esta ocasión por la Junta Directiva del Congreso Nacional.

En consonancia con la posición adoptada por esta Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse con anterioridad sobre la Propuesta denominada “Acuerdo de San José”, consideramos que, -y sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto-, que el Poder Legislativo con independencia de la decisión que pudiera tomar sobre el Punto No. 5 del llamado Acuerdo San José/Tegucigalpa, ha de tomar en cuenta que el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal, de cuyo contenido por otro lado, no es menos importante recordar que se desprenden, el Principio Constitucional de Presunción de Inocencia, el Derecho de Defensa y la Garantía Genérica del Debido Proceso, consagrados respectivamente en los artículos 89, 82 y 90 de la Constitución de la República y al tenor de los cuales se establece respectivamente, que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su culpabilidad por autoridad competente [1]”, que “el derecho a la defensa es inviolable” y que “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.

Aparte de las consideraciones antes expuestas, consideramos pertinente exponer otras no menos importantes, para responder a la consulta formulada por la Junta Directiva del Congreso Nacional.

Quinta valoración jurídica: Es evidente que todo imputado deberá someterse al procedimiento penal, en cuanto a la afirmación de estos párrafos del voto, me parece un poco paradójico exigir al imputado someterse a los procedimientos con las garantías legales, garantías mismas que el Juez Natural no pudo tutelar al imputado obligación del articulo 90 de la Constitución por ejemplo: La hora de captura articulo 99 del mismo cuerpo legal, que la orden de captura fue emitida a una institución no facultada por ley, ya que solo la Policía Nacional puede ejecutar estas ordenes conforme a los artículos 24 numeral 13 y 65 numeral 2 de su nueva ley constitutiva y no se cubrió el procedimiento de captura señalado en el articulo 282 del Código Procesal Penal y no fue puesto a la orden de los Tribunales correspondiente el imputado, expulsado del territorio nacional contra disposición del articulo 102 constitucional y que el acto particular legislativo no facultado por la ley diera paso a la titularidad del Poder Ejecutivo de manera ilegal e ilegitima a otra persona, es evidente que el articulo 200 del Código Procesal Penal deberá de jugar un papel importante en todos esos juicios por la nulidad de la prueba recabada y la forma en que se llevaron acabo.

Una lectura detenida del Decreto Legislativo No. 141-2009, revela que en éste se afirma, que el accionar irregular del señor José Manuel Zelaya Rosales, manifestado en reiteradas infracciones de la Constitución, las leyes y resoluciones judiciales, es motivo suficiente para reprochar su conducta y proceder a la separación de su cargo como Presidente Constitucional de la República, asimismo se hace alusión a la presentación en el seno de la Cámara Legislativa, de una renuncia que habría sido interpuesta por el señor Zelaya Rosales al cargo para el cual resultara electo.

Sexta valoración jurídica: Es cierto que el articulo 205 numeral 20 de la Constitución de la Republica faculta aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, pero ese procedimiento de  valorar la conducta debe de ser tutelado al derecho de defensa articulo 82 de la Constitución, proteger el derecho al honor, a la intimidad personal y su familia, articulo 76 y la presunción de la inocencia conforme al articulo 89 de la Constitución, y si hay comisión de delito remitirlo a la Fiscalia del Estado, para que se haga la deducción de responsabilidad respectiva, no le faculta en ningún momento al Congreso Nacional destituir al Presidente de la Republica sin ese procedimiento. La carta de renuncia negada por el Presidencia con la presunta falsificación de su firma, mas lo del acto particular ha generado delitos por los Diputados y mas aun a quien falsificara la firma del Presidente en esa renuncia, me sigo preguntando donde esta el señor Fiscal General con sus atribuciones para deducir estas responsabilidades.

El Congreso Nacional, está constituido por Diputados, electos por el voto directo y secreto de los ciudadanos que concurren a las urnas en los diferentes Departamentos de nuestro país. Es el foro en donde convergen representantes de diversas tendencias políticas, y por ende de las múltiples sensibilidades que en éste ámbito existen entre la población. En este sentido, es el órgano- poder del Estado, que por su legitimidad de origen y actividad, es político por excelencia.

Partiendo de esa realidad político-sociológica, encontramos que nuestro Texto Constitucional en su artículo 205 No. 1) establece como una potestad indelegable y exclusiva del Congreso Nacional, la de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Por otro lado, el artículo 213 de nuestra Carta Magna confiere la iniciativa de ley a cualquiera de los Diputados integrantes de la Cámara.

En este sentido, la facultad de presentar un proyecto de ley para someterlo a la consideración del Pleno, en orden a reformar o derogar el Decreto Legislativo No. 141- 2009, y con ello generar la discusión sobre la posibilidad de retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010, corresponde a los integrantes del órgano legislativo, es decir, a los Diputados del Congreso Nacional.

El artículo 321 de la Constitución de la República dice, que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Por su parte, el artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales establece que “la competencia es la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado en la esfera de sus atribuciones”.

De los preceptos antes relacionados se desprende que en materia de Derecho Público, distinto a lo que sucede con las facultades de los particulares en el ámbito del Derecho Privado, (vid. Art. 70 párrafo primero de la Constitución [2]), los órganos estatales, cualquiera que sea su ubicación dentro de los Poderes del Estado, no tienen más atribuciones que las que expresamente les confiere el ordenamiento jurídico. [3]

Un detenido examen de nuestra Constitución Política revela, que el Poder Judicial ejerce funciones de control preventivo y a posteriori de los actos con fuerza o rango de ley.

El control preventivo se manifiesta en la opinión que se recaba de este Poder del Estado cuando se presenta un proyecto de ley para reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, y la iniciativa no procede de la Corte Suprema de Justicia, (vid. Art. 219 párrafo primero de la Constitución); en la opinión que deba rendir cuando el veto ejercido por el Poder Ejecutivo se funda en que el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional es inconstitucional (vid. Art. 216 párrafo último), y el control a posteriori mediante el conocimiento y resolución de los recursos de inconstitucionalidad y amparo al tenor de lo establecido en los artículos 183 No. 2) [4] y 184 [5] de nuestra Carta Magna.

Una lectura sistemática de las disposiciones constitucionales en referencia, no confiere atribuciones a la Corte Suprema de Justicia para emitir una opinión sobre la procedencia de que se reforme o derogue el Decreto tantas veces referido por la vía de una consulta solicitada por la Junta Directiva del Congreso Nacional, toda vez que la separación del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales en las funciones que este venía desempeñando como Presidente de la República, se hizo mediante un acto legislativo con rango de ley emitido por el Pleno del Congreso Nacional, mismo que no se encuentra dentro de las hipótesis en las que el Poder Judicial ejerce un control preventivo; al contrario, el artículo 219 párrafo tercero de la Constitución excluye expresamente a los proyectos tendientes a reformar o derogar leyes de orden político, como materia objeto de análisis y dictamen por la Corte Suprema de Justicia, no digamos como en este caso que se trata de una mera expectativa por cuanto hasta ahora no se ha presentado proyecto alguno. En tal sentido, no cabe duda alguna, de que cualquier proyecto o mera expectativa de reforma o derogación del Decreto Legislativo No. 141-2009, de fecha 28 de junio de 2009, por su contenido de naturaleza política, no debe ser objeto de dictamen por la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que las atribuciones de este Alto Tribunal de Justicia únicamente pueden ser ejercidas a posteriori por la vía del conocimiento y resolución de los recursos correspondientes en los términos que antes hemos expuesto. [6]

Por todas las razones señaladas, somos del criterio que la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, se abstenga de emitir una opinión jurídica sobre el fondo de la cuestión referente a la eventual derogación o reforma del Decreto Legislativo No. 141-2009 de fecha 28 de junio de 2009 y con ello de la retroacción de la titularidad del Poder Ejecutivo al estado previo al 28 de junio hasta la finalización del actual período gubernamental el 27 de enero de 2010; de lo contrario, el Poder Judicial estaría emitiendo juicios de valor o criterios que prejuzgarían sobre la resolución definitiva de asuntos que actualmente se encuentran en trámite y pendientes de resolución así como también de aquellos que eventualmente pudiera conocer en el futuro. f) Dr. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO C.S.J.

Séptima valoración jurídica: De la lectura final podemos observar que estamos en la parte considerativa y resolutiva del voto, la apreciación legal efectuada en estos párrafos su señoría de manera responsable delimita el ángulo de las responsabilidades entre los poderes, interpretando armónicamente la Constitución, señalando inclusive la vía derogatoria del decreto 141-2009 que destituyo al Presidente, para que el Congreso Nacional pueda determinar retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo, esto entra en consonancia con lo que dispone el articulo 49 del Reglamento Interno del Congreso Nacional que vía moción o proyecto de decreto puede efectuarse las iniciativas de ley conferidas a los Diputados. Lógicamente al ser un decreto ya aprobado y ratificado solo por la vía derogatoria podía ser modificado.

Conclusión y valoración final: El voto particular emitido por el Magistrado de la Sala de lo Penal Abogado Carlos David Cálix Vallecillo a los estudiosos del Derecho nos enseña en primer lugar como debe de manejarse la técnica en redacción de documentos estrictamente judiciales, asimismo como el Juez debe valorar los hechos concretos y controvertidos no solamente interpretando la norma sino el aspecto social, político y económico que rodea la misma, algo que su señoría de manera responsable manifiesta, expresando: “Que a esta crisis debe de buscársele una pronta solución”, en consecuencia estamos ante un Juez que domina los conceptos modernos al saber que sus opiniones y sentencias pueden dar una evolución al curso de una sociedad. Su señoría al redactar de manera lógica los acontecimientos y contraponernos con la norma nos hace ver que los hechos en los que ha tenido que intervenir el Poder Judicial Hondureño en el proceso del Golpe de Estado, no a actuado en el marco de las  responsabilidades conferidas constitucionalmente, en primera instancia nombrar un Juez Natural que no obedecía a la Sala de lo Penal, que ese Juez Natural no tuvo el cuidado de tutelar los derechos y garantías que consigna la Constitución al Presidente de la Republica en el proceso incoado obligación de ley inexcusable, que el actuar de la Corte Suprema de Justicia opinando sobre el Acuerdo de San José en primera instancia no debió proceder por ser un acuerdo de naturaleza política y tal como lo advierte el voto podía ser conocido por la vía de la acción en la Corte Suprema, enorme contradicción que pone a la luz los errores cometidos por el Poder Judicial, el voto señala la delimitación de las obligaciones de los Poderes del Estado y queda expresado de tal manera que el Congreso Nacional en el resultado de su sesión de fecha 2 de Diciembre del año 2009 en el que discutió retrotraer el Poder Ejecutivo a su estado original al 28 de junio del año 2009 en el marco del Acuerdo Tegucigalpa/San José en su punto cinco, evito derogar el decreto ilegal exponiendo una vez mas el sistema institucional democrático a una destrucción sistemática. Evidencia la opinión en este voto, que si la Corte Suprema de Justicia actuara conforme a las normas establecidas los juicios al Presidente de la Republica podrían quedar en nada, por haberse vulnerado todo el sistema procedimental en la deducción de responsabilidades. Mi ultima reflexión es manifestar: Que tan elevado conocimiento jurídico de su señoría, difícilmente la burda ignorancia del sistema institucional la comprenderá y al Honorable Magistrado con su voto particular cabe expresarle el titulo de la película de Jack Nicolson “A Few Good Men” (Unos pocos buenos hombres).

[1] Principio que se complementa con lo previsto en el artículo 2 del Código Procesal Penal donde se establece que “todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de éste Código. En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros.”

[2] El artículo 70 de la Constitución establece que “todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe..” Se afirma en este sentido, que en el ámbito del Derecho Privado la capacidad es la regla general y la incapacidad es la excepción

[3] Por eso se dice que en el Derecho Público la competencia es la excepción y la incompetencia la regla.

[4] El artículo 183 No. 2 de la Constitución establece que “el Estado reconoce la garantía de amparo….2) Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de la autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por ésta Constitución…”

[5] El artículo 184 establece que las leyes podrán declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas..”

[6] Como un precedente jurisprudencial que avala nuestra posición, podemos citar la Sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en fecha 20 de septiembre de 2006, en el Recurso de Inconstitucionalidad promovido por el Abogado MARIO MALDONADO MUÑOZ contra el Decreto Legislativo No. 3-98 del 26 de Enero de 1998 (Expediente No. 530-98) , contentivo del nombramiento efectuado por el Congreso Nacional, del entonces Diputado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ como Procurador General de la República. En dicho fallo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expresa, que la elección recaída en el señor HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ como Procurador General de la República, es un acto que la Sala considera formalmente una ley y por lo tanto sujeto al control de constitucionalidad a través del recurso de inconstitucionalidad.

CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ ALVARADO
Abogado y Notario
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