Efraín Moncada Silva, La Tribuna,  9 de diciembre de 2009

 

Es moneda corriente el concepto de democracia formulado sencillamente “como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, que figura en el famoso discurso de Abraham Lincoln pronunciado en Gettysburg el 19 de noviembre de 1863.

Para saber si un sistema político determinado es una democracia, hay que despejar tres interrogantes: ¿quién ejerce el poder público?, ¿cómo se ejerce el poder público? Y ¿para quién se ejerce el poder público?

La primera pregunta implica el reconocimiento ineludible de la soberanía popular postulado en el Artículo 2 de nuestra Constitución que se traduce en el gobierno del pueblo. En una democracia realmente representativa, como la nuestra, la condición mínima para la existencia de una democracia es que los gobernantes sean electos mediante elecciones verdaderamente libres, competitivas y transparentes. ¿Cuando se celebraron recientemente las elecciones en el país había realmente libertad, competencia y transparencia electoral?

Nadie ignora, aunque los áulicos del golpe de Estado traten de ocultarlo, que el ambiente electoral estuvo marcado por perseguidos políticos, el presidente de la República que no ha terminado su período se haya confinado en una sede diplomática víctima de una confabulación de instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y policiales, empresariales, religiosas y medios de comunicación; restricciones a los derechos constitucionales, suspensión de un medio de comunicación de televisión no sometido al gobierno de facto, abusos de los derechos humanos, que van desde personas asesinadas, golpeadas, apresadas, encerradas, amenazadas, circunstancias todas que les consta y de las que han tomado debida cuenta los organismos de derechos humanos internacionales que se hallan en el país.

Es demasiado cinismo afirmar que en las elecciones del 29 de noviembre recién pasado se cumplieron los principios de legitimidad, universalidad, libertad electoral, imparcialidad, igualdad, legalidad, equidad y otros del Artículo 2 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, a menos que se tenga un significado torcido de cada uno de los principios. La elección misma por el Congreso de algunos de los magistrados del TSE quebrantó  la Constitución y la propia Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

La segunda interrogante se refiere al modo en que se ejerce el poder público.

Y la tercera se refiere a quiénes son los beneficiarios de las políticas o decisiones públicas. El gobierno para el pueblo implica que las decisiones públicas respondan en cuanto a su contenido, a las aspiraciones o deseos efectivos del pueblo, es decir, respondan a las preferencias de las mayorías.

Sociedades desarrolladas, como la de los Estados Unidos de América, que parecen tener asegurada en el esquema de la llamada democracia formal, la concurrencia, participación del electorado y la competencia de los candidatos que participen en los procesos eleccionarios, son razones que explican la tendencia a reconocer cualquier clase de elección que se celebre en otros países como una especie de clisé de la democracia política, aunque no se hayan dado las condiciones apropiadas y no se hayan cumplido los requisitos que exige un gobierno democrático para llevarlas a cabo, tal el caso de Honduras, con elecciones para legitimar el golpe de Estado y lograr una transición de un gobierno autocrático a otro con ropaje de aparente democracia, pero que en el fondo es continuación del autocrático; además, con un Tribunal Supremo Electoral que ha tratado de vender la idea para consumo externo de que el hecho de haberse producido la convocatoria a las primarias antes del golpe militar, no lo contamina de ilegalidad e ilegitimidad, como si ese organismo fuese algo separado y sin relación alguna con los poderes del Estado, especialmente con el Ejecutivo y el Legislativo y con las Fuerzas Armadas, que de acuerdo con el Art. 272 de la Constitución garantiza el libre ejercicio del sufragio, transporte y vigilancia del material electoral y demás aspectos de seguridad del proceso.

Cualquier mortal dadas estas circunstancias es natural que se pregunte ¿pueden considerarse legales y legítimas unas elecciones practicadas en un gobierno que ha roto el orden constitucional y democrático, como lo declaró la OEA, la ONU, la UE y otros organismos hemisféricos, gobierno que por consiguiente no ha sido reconocido como democrático por casi la totalidad de los países pertenecientes a dichos organismos?

¿Cómo puede ser que un gobierno antidemocrático pueda darle legalidad y legitimidad a un gobierno democrático?