En más de 30 años como diputado, Micheletti aprendió el autoritarismo que exhibe: analista

El enorme poder del Legislativo ha llegado a extremos patéticos. En 2004, por ejemplo, el Congreso se arrogó la facultad de interpretar la Constitución. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos declaró inconstitucional la medida y más tarde la Suprema Corte hizo lo propio, en virtud de que según la propia Constitución, sólo el Poder Judicial puede interpretar la ley suprema. El decreto nunca llegó a publicarse, de tal manera que, desde entonces, el Congreso tiene la facultad de ajustar a su conveniencia la carta máxima del país.

Dictadura perfecta a lo catracho

Gracias a su enorme peso en el escenario nacional, el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, no se ha cansado de repetir acerca de la sesión para decidir el futuro de Zelaya: Nadie nos puede imponer plazos.

El alarde de autonomía no es compartido por buena parte de los hondureños, que desde hace mucho sabe que los diputados llegan a sus cargos no por el apoyo de sus electores, sino por el respaldo de las diez o 15 familias más poderosas del país.

¿Cuántos de los 128 diputados tienen dueño? Quizá con excepción de los seis de Unificación Democrática, todos, dice un veterano reportero de temas legislativos.

“Los industriales tienen a sus propios representantes de facto en el Congreso, de igual forma que los tienen los banqueros, los comerciantes importadores, los empresarios del turismo, la construcción o las telecomunicaciones… Es el sistema de lobby estilo Honduras, la red de influencias con la impronta nativa, el estilo criollo, la picardía aborigen”, describe Víctor Meza, ministro de Gobernación de Zelaya, en su texto Los grupos fácticos y la transición a la democracia, escrito antes de que ocupara su cargo.

El Congreso decide los nombramientos de los magistrados electorales, de las cabezas del Tribunal Superior de Cuentas y muchos otros órganos del Estado. Aunque el proceso es relativamente más transparente en el caso de la Suprema Corte de Justicia, puesto que hay nominaciones, a final de cuentas el pastel se reparte así: ocho magistrados para los liberales y siete para los nacionalistas. Cada cuatro años, la ecuación se invierte.

Ese congreso donde liberales (ahora divididos) y nacionalistas se reparten el queso, decidirá después de las elecciones, con la bendición de Estados Unidos: Celebrar la votación el 2 de diciembre no es necesariamente incoherente con el acuerdo, afirma Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado, desde Washington.

Kelly dice que Zelaya debe ser restituido antes de que termine su mandato, y nada más.

¿Le parecería bien al Departamento de Estado el 26 de enero?

Espero que con la llegada de Arturo Valenzuela (como nuevo subsecretario para asuntos de la región) haya algún cambio, pero tal vez ya sea demasiado tarde, dice Vicki Gass, analista de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), cuyas palabras resumen el desencanto de quienes están contra la legalización del golpe de Estado por la vía electoral.

Micheletti sonríe con el enviado de Washington, que se regresa hoy mismo, mientras en las calles crece el rumor de que si Zelaya sale de la embajada será rumbo al exilio.

Manuel Torres, con Zelaya en el rechazo a un proceso electoral en estas condiciones, lo ve como una posibilidad: Sí, creo que él está buscando proteger a su familia y a su círculo cercano, y después podría irse exiliado.

Sería la confirmación de una frase que a Torres le gusta repetir: La dictadura perfecta no era la del PRI, es la del bipartidismo hondureño.