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Honduras: un pueblo en estado de indefensión


Galel Cárdenas

El pueblo hondureño que lucha en la resistencia contra una dictadura esquizofrénica y contra el plan de exterminio fascista del ejército, se encuentra en un estado de indefensión.

La institucionalidad del Estado y del gobierno tales como el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía  General, la Procuraduría, el Comisionado Estatal de los Derechos Humanos, están involucrados de manera activa,  represiva y además impulsados por un odio político ideológico sin precedentes,  en uno de los golpes más cruentos y sádicos de la larga cadena histórica de imposiciones armadas contra las diversas Constituciones que hemos construido con nuestra sangre y nuestros muertos desde hace más de medio siglo, al cual se le deben agregar los cincuenta años de matanzas o guerras intestinas que según el texto “Evolución Histórica de Honduras” de don Longino Becerra,  constituyen una tragedia en la cual estuvieron involucradas las rivalidades de las empresas monopolistas de Estados Unidos, mismas que decidieron imponer su planta en nuestro país, a través de las organizaciones armadas  de terratenientes que vanguardizaban y dirigían  guerras civiles y matanzas entre nuestros compatriotas.

De allí que nuestro pueblo haya sido víctima de una clase dominante, cruel, asesina y deshumanizada, durante más de 100 años, en  donde la mayoría ciudadana  pobre, está  sumida en la extrema pobreza, y es la que ha  puesto su vida, sus esperanzas y su derecho a disentir contra todo aquello injusto y represivo.

A más de 100 años de tragedia y de envilecimiento contra esta parte de la  humanidad que vive en un país denominado Honduras, nuestro pueblo digno, soberano y valiente sigue luchando contra la adversidad y la injusticia, en un estado de plena indefensión, por cuanto no hay una estructura institucional del gobierno que proteja sus derechos ciudadanos tanto nacionales como universales.

El estado de indefensión  se define, según el diccionario de la Real Academia Española, como la falta de defensa, en una  situación en donde  las personas o cosas  están indefensas, también la define como una circunstancia  en la cual  se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial.

El estado de indefensión se refiere a circunstancias en que se encuentra una persona o una muchedumbre privadas de una defensa a sus derechos fundamentales consignados en la Carta de los Derechos Humanos o en la Constitución de la República y las leyes correspondientes.  Los sujetos en este sentido se exponen a una incontrolable coacción del Estado, de una organización o de los aparatos ideológicos (Altusser: escuela, ejército, policía, cortes judiciales, fiscales, etc) que impiden   en momentos de crisis sociales, políticas o militares, la defensa de los derechos esenciales del ser humano para la convivencia pacífica.

La ausencia de los medios de defensa  ya fuesen de orden material o jurídico y hasta psicológico provoca en el ciudadano circunstancias de degradación vital, casi conducidos hasta el  exterminio de la vida humana.

El Estado está obligado a tutelar la protección de los derechos humanos a cualquier ciudadano que resulte vulnerado en su papel fundamental de vivir en convivencia con quienes lo rodean en una sociedad determinada históricamente, tal como reza el artículo 65 de la Constitución hondureña.

Honduras ha caído en indefensión jurídica ya que el Estado ha desprotegido al ciudadano en el ejercicio de sus derechos  en los 45 artículos dedicados  a los derechos individuales según el capítulo II, título III de nuestra Carta fundamental, entre las que podemos reseñar la siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, síquica y moral; nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (Artículo 68 de la Constitución hondureña).

Las primera indefensión que provocó el golpe de Estado, es el secuestro y expulsión del país por la vía violenta de nuestro Presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales, quien no tuvo en ningún momento una institucionalidad que le permitiera defenderse de las falsas acusaciones que la misma le había  interpuesto en todas las oficinas correspondientes a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, quienes sobrepasando la más elemental lógica jurídica se convirtieron de pronto en inquisidores medievales contra el mandatario que fue electo por la vía del voto directo en el año 2005, y cuyos derechos consignados en la Carta Magna le fueron conculcados con todo el terror institucional  posible.

Luego, cuando reaccionó el pueblo y se organizó mediante el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, y se llevó a cabo la primera gigantesca manifestación histórica del país, ante la noticia del regreso por la vía aérea del derrocado mandatario, una refriega de combate a tiros mató al primer ciudadano de la resistencia, asesinó  al joven  Isis Obed Murillo, quien recibiera un disparo en su cabeza ante los ojos atónitos de los demás manifestantes que en forma pacífica y sin ningún tipo de armas esperaban la llegada de su presidente.

El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio declaró con el cinismo y la burla más degradante que un ser humano pueda expresar, que había sido una bala de goma la que había disparado el ejército nacional. De esta manera, no hubo una institución del Estado que investigara y acusara a las Fuerzas Armadas contra el crimen de lesa humanidad.

El Estado tiene como fin,  según la Constitución Republicana, en su primer artículo, asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, mismo que se refrenda mediante el artículo 59, el cual plantea que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que a la vez todos (la institucionalidad)  tienen la obligación de respetarla y protegerla.

El segundo ejemplo de indefensión constituye la ubicación de retenes que el ejército hondureño  dispuso a lo largo de la carretera panamericana que conduce a la frontera con Nicaragua en el departamento de El Paraíso, cuando el mandatario hondureño expatriado se disponía a entrar al país por esa vía. Ante esta noticia y la invitación del Presidente derrocado de que el pueblo fuera a recibirlo, miles de personas se dirigieron a esa frontera por vía terrestre. El ejército montó un operativo de guerra protegido por un toque de queda o Estado de Sitio en toda la región, impidiendo la libre movilización de los ciudadanos que la Constitución y los derechos humanos universales lo consignan en  nuestra Carta Fundamental (artículo 81), la cual expresa que toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional, al tiempo que asegura el derecho a reunirse con otras personas, de manera pacífica y sin armas, en manifestación pública y en asamblea transitoria, en relaciones con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial (artículo 79).

En esta movilización el ejército se dedicó a obstruir la libertad de locomoción, a encarcelar los movilizados hacia la frontera, a perseguir y asesinar,  en las montañas los  hombres y mujeres que evadían el cerco represivo, utilizando para ello  hombres enmascarados. Hasta que un militante de la Resistencia Nacional, miembro del comité de disciplina, fuera asesinado con la más absoluta de todas las sañas posibles. Ante ello, ninguna institución estatal ha tomado el caso para evitar que estos acontecimientos se realicen ahora y en el futuro, con la impunidad propia de la perversidad, la ventaja, la alevosía y la premeditación.

Más tarde, a raíz de las marchas pacíficas y  cotidianas programadas por la Resistencia,  precisamente la desarrollada hacia el punto norte de la ciudad, el ejército y la policía planificaron una de las represiones más crueles de las que han venido ejerciendo contra la población civil desarmada, allí también asesinaron un joven profesor de Educación Media, utilizando la misma metodología de asesinato, un disparo en la cabeza  le quitó la vida a Róger Vallejo, otro mártir de esta lucha patriótica. A esta víctima había que agregar otras que se habían sumado en todo el territorio nacional, cuya cantidad asciende a 8 asesinatos al hilo. Ninguna autoridad, ninguna institución nacional o internacional realiza una  acción que castigue  el Estado de Indefensión en que se encuentra nuestro país, donde, desde la Constitución, las leyes y demás normas jurídicas han sido derogadas y concentradas en la voz y decisión de un sólo hombre que maneja el poder totalitario de la nación: Roberto Micheletti Baín.

La represión contra la manifestaciones pacífica del día miércoles 12 de agosto constituye el ejemplo más paradójico, doloroso y repulsivo de la más absoluta indefensión del pueblo hondureño. Al llegar la manifestación hacia las inmediaciones del Congreso Nacional, la policía y el ejército montaron otro operativo militar de guerra. Mientras el presidente golpista del Congreso Nacional dirigía una sesión en la que se aprobaba una reglamentación sobre el tema del reclutamiento militar, y además declaraba que era incapaz de torcer la ley respectiva, los soldados reprimían,  perseguían y  golpeaban salvajemente a un  diputado del Congreso Nacional, al señor Marvin Ponce del Partido Unión Democrática, miembro activo de la Resistencia Nacional, quien postrado ahora por la salvaje golpiza propinada por una veintena de soldados, se recupera en una clínica privada, dado que el hospital público correspondiente fue incapaz de suministrarle auxilios médicos en el marco del derecho a la salud y a la vida que posee, no sólo como un ciudadano común, si no como un representante de la soberanía popular.

Este escenario constituye una escena del acto trágico que se vivió ese día, pues la soldadesca perseguía por doquier, al mismo tiempo,  a los manifestantes en contra del golpe de Estado. Testigos presenciales  en las emisoras y televisoras de la resistencia popular, denunciaron que en el sótano del Congreso Nacional se apresaban y golpeaban a los ciudadanos pertenecientes a las marchas cívicas de protesta contra el golpe de Estado. Se vivió una escena dantesca, una realidad pesadillesca que sólo en la imaginación del genio del escritor italiano Dante Alhigieri podría describirse.

Pareciera que el realismo mágico, de pronto se apoderara de nuestra realidad contextual, ya que mientras se legislaba, se torturaba y se apresaban ciudadanos hondureños que con su voto eligieron a sus representantes ante el Congreso Nacional que con toda tranquilidad prosiguieron sus geniales sesiones  en las cuales se trastocaba la legislación de una ley promulgada por un presidente liberal, don Carlos Roberto Reina, con respecto al reclutamiento militar cívico, voluntario y educativo.

Así, bajo estas circunstancias no hay quien escuche, no hay quien defienda, no hay quien impida la represión, no hay quien proteja los derechos individuales, sociales y económicos en Honduras. La ley ha desparecido, sólo existe la ley del más fuerte, la ley que impone castigos a los inocentes, a los defensores de la Constitución y sus demás leyes.  

Los hondureños nos encontramos en un estado de total indefensión jurídica sin un ente superior nacional e internacional que detenga la más irracional de todas las represiones.

vos

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