Juan Pablo Cárdenas

Más allá de que el Gobierno hizo imposible la marcha convocada por la CUT para demandar un salario mínimo justo, la convocatoria sindical fue mínima comparada con las movilizaciones de los estudiantes, de los medioambientalistas y otros.

 

Lo que vimos es a los mismos dirigentes y adláteres que todavía podrían notarse menos en las calles si no fuera por el apoyo solidario y entusiasta de un buen contingente de jóvenes y activistas. En vez de reprimirla desde un comienzo, más le habría convenido al Ministerio del Interior que el país hubiese percibido que los manifestantes eran sólo los de siempre, pese a que no han cesado los horrores perpetrados contra los derechos laborales y salariales de la inmensa mayoría de la población. Por cierto que en uno de los países más desiguales de la Tierra, donde los grandes ejecutivos de las empresas perciben ingresos 700 u 800 veces más que sus empleados. Cuando la propia dieta parlamentaria asciende a sumas 30 veces por encima del ingreso familiar promedio de los chilenos.

 

No es posible explicarse la inmovilidad laboral sólo en el precario porcentaje de sindicalización del 10 por ciento y que denuncia una realidad vergonzosa aún sin corregir en más de dos décadas de post pinochetismo. La Dictadura Militar desactivó toda la organización social del país, pero los estudiantes, por ejemplo,  fueron capaces después de recomponer sus organizaciones e, incluso, consolidar referentes de mayor amplitud que las de nuestro pasado republicano. No hay duda de que lo que hay aquí es negligencia de los dirigentes sindicales, casi únicamente afanados en perpetuarse en sus cargos y en una colusión escandalosa con los gobiernos de turno y las cúpulas partidarias.

 

En la rutina de todos los años, como es la fijación del salario mínimo y el reajuste general de remuneraciones, lo que observamos siempre es que las cifras se arreglan en conciliábulos convocados por La Moneda, las grandes entidades patronales y algunos partidos. Salvo ahora, posiblemente, en que frente a un gobierno de centro derecha las demandas laborales se hacen más ambiciosas y son respaldadas por aquellas dirigencias políticas que, en su hora, ofrecieron  reajustes salariales todavía más mezquinos que los del actual Ejecutivo.

 

Es evidente que importantes sindicatos del país, como el de los empleados bancarios y los del sector de la salud, están desafiliados de hecho de la CUT, cansados de los arreglos de las cúpulas laborales, los padrones electorales secretos y la poca transparencia de los procesos para elegir o, más bien, reiterar en sus cargos  a los mismos de siempre . En tantas negociaciones frustradas con las autoridades,  se ha instalado la sospecha de que los dirigentes obtienen coimas de las autoridades a fin de “ablandar” sus demandas, cuanto aportes de los gastos reservados de las administraciones de turno para ayudar a financiar los  gastos operacionales de las entidades gremiales.

 

En tantos años, resulta inconcebible que los trabajadores chilenos no tengan derecho a negociar colectivamente con sus empleadores y a vista y paciencia de ellos el sector patronal atomizando sus RUT o giros tributarios para burlar los derechos laborales,  condicionados legalmente en nuestro país a que exista un mínimo de trabajadores por empresa para poder sindicalizarse. Por otro lado, sabemos que el derecho a huelga mantiene restricciones inauditas, como la prohibición que pese a todos los funcionarios del Estado, a quienes se les puede exonerar o descontar de sus salarios los días no trabajados.

 

Lo que ya no será posible es que los actuales referentes sindicales o gremiales puedan recuperar credibilidad y poder de convocatoria frente a la necesidad que tiene el mundo laboral de exigir remuneraciones dignas y acordes con el crecimiento de la economía. Las próximas elecciones para renovar la directiva de la CUT y otras agrupaciones lo más probable es que perpetúen los vicios y nuevamente se vuelvan a imponer las mafias político sindicales. En este sentido, no podemos dejar de sorprendernos de la ingenuidad reinante en tantos dirigentes y agrupaciones que, en la esperanza de una renovación de estos  arcaicos referentes, terminan todos los años legitimando sus espurios procesos electorales. Por otro lado, tampoco la solución pasa por marginarse de los mismos y quedarse a la intemperie social. Es preciso que los líderes de la Confederación de los Trabajadores del Cobre y de ese gran número de sindicatos descolgados de la CUT converjan en instancias genuinamente democráticas que lleguen a representar las demandas de los maestros, los funcionarios públicos, los campesinos, como de tantos otros trabajadores que forman parte de ese ancho mundo laboral sin instancias mínimas de sindicalización.

 

Señalado como el objetivo rector del modelo económico que nos rige, el afán de lucro no le va a dar sitio a la ética empresarial y a los derechos de los trabajadores. Como tampoco es dable esperar que la clase política se sacuda de sus vínculos dilectos con quienes los financian y los digitan, sea que estén en La Moneda o el Parlamento. A nivel, incluso, de los municipios es evidente cómo los alcaldes y concejales sirven  a los inescrupulosos inversionistas en desmedro de las comunidades y de los trabajadores locales. Como tan claramente se evidencia en los fueros obtenidos por Agrosuper, Pascua Lama y otros casos en que, además, sus empresarios obtienen licencia para afectar severamente el medio ambiente.

 

Se hace necesario avanzar en organizaciones que -con o sin consideración de las injustas leyes que nos rigen-  se propongan conciliar sus respectivos intereses, levantar nuevas organizaciones y avanzar hacia una movilización social contundente. Con sentido de clase y en la convicción de que en la suerte de todos va el destino de cada uno de los trabajadores. Porque tal como ya se demuestra en Europa, el escenario no es otro que el de la calle y la protesta social  para a defenderse de las directrices políticas destinadas a jibarizar el salario laboral y las conquistas sociales para enfrentar la crisis financiera y la voracidad empresarial.  Una movilización que además se proponga impedir que los estados serviles salgan otra vez más a rescatar a los banqueros y especuladores, como siempre afectando el bienestar de la mayoría y las conquistas laborales tan arduamente conquistadas.

 

 

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