John M. Ackerman

No existe indicio alguno de que el grupo de poder que llegaría a Los Pinos con Enrique Peña Nieto tenga la menor intención de modernizar el país o fortalecer las instituciones públicas. La idea de que Peña Nieto representaría un “nuevo PRI” no es más que una fantasía que no se sustenta en hecho empírico alguno. Al contrario, su pobre desempeño como gobernador del Estado de México y la intolerancia que demostró a lo largo de la campaña presidencial demuestran que este político no está preparado para gobernar un país de 115 millones de pobladores caracterizado por su enorme diversidad social y por la población juvenil más numerosa de su historia.

Todo parece indicar que el despertar social representado por el movimiento #YoSoy132 no fue suficiente para evitar el retorno de los “dinosaurios” a Los Pinos. El desánimo y la desesperación ciudadana fueron más poderosos que la esperanza y la movilización social. En lugar de confiar en sí mismos y apostar por algo nuevo, los ciudadanos se dejaron manipular y presionar, tanto por los principales medios electrónicos de comunicación como por los enormes operativos de compra y coacción del voto.

México, entonces, sigue el camino ya ensayado por Guatemala. El pasado 6 de noviembre de 2011 los ciudadanos de ese país vecino dieron la victoria al general Otto Pérez Molina como su nuevo presidente de la República. Pérez Molina representaba lo peor del oscuro pasado autoritario. Ha sido señalado como uno de los principales responsables de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó entre 1954 y 1986 en el país. El pasado 5 de julio de 2011, Pérez Molina fue acusado formalmente ante el Relator Especial contra la Tortura de la ONU por su papel en la “guerra sucia” que causó más de 200 mil muertos o desaparecidos durante los 36 años de guerra civil, la gran mayoría civiles desarmados.

El “nuevo” PRI supuestamente “modernizador” ya quedó en el pasado. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo encabezaron gobiernos de supuestos tecnócratas que buscaban reemplazar el “rentismo” y la corrupción del pasado con un aparato estatal más reducido y eficiente. Ambos presidentes habían dedicado muchos años al estudio académico e incluso contaban con doctorados de investigación en universidades de prestigio internacional. Estos técnicos resultaron a la postre ser igual de mafiosos, ineficaces y oscuros que sus hermanos “dinosaurios”, pero por lo menos buscaban proyectar una imagen diferente de sus ideas y su proyecto político.

En contraste, Peña Nieto ni siquiera se preocupa por aparentar ser un hombre de sofisticación y estudio. Con todo cinismo, representa el grupo más atrasado y políticamente subdesarrollado del PRI: los gobernadores. Estos políticos no miran hacia el futuro, sino que todavía viven con sus pies firmemente colocados en el pasado. Por ejemplo, los 10 estados que jamás han vivido una alternancia en el poder a nivel de Ejecutivo estatal son las entidades con mayores debilidades institucionales en todo el país. Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y el Estado de México son cuatro de los ejemplos más claros.

De acuerdo con la más reciente edición del Latinobarómetro, Guatemala y México están empatados en el primer lugar de América Latina en lo que se refiere al desencanto de los ciudadanos con la democracia. En ambos países, 73% de la población expresa que está insatisfecha con el desempeño de su sistema político. Teóricamente, esta insatisfacción podría ser sumamente positiva en cuanto estimule una sana crítica y movilización ciudadana para modificar el estado de cosas. Este es el caso, por ejemplo, de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Su insatisfacción los ha llevado a la acción y a la rebeldía.

Sin embargo, otro desenlace de la insatisfacción es la resignación y la desesperación ciudadana que muchas veces lleva a la población a una nostalgia autoritaria. Así podríamos explicar los resultados de las elecciones presidenciales más recientes tanto en Guatemala como en México.

Pero la rebeldía y la conciencia ciudadana perduran. Incluso, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) finalmente ratifica el triunfo de Peña Nieto y declara la validez de la elección en su conjunto, la coyuntura podría ser particularmente propicia para la consolidación del esfuerzo ciudadano por democratizar los medios de comunicación y poner fin a la corrupción gubernamental. Con un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seguramente muchos de los más importantes luchadores sociales se hubieran incorporado al gobierno federal. Ahora, estos mismos luchadores podrán mantenerse en el terreno de la crítica y la exigencia plenamente ciudadana.

Algunos analistas han sugerido que no importa que Peña Nieto represente al viejo PRI, porque el país supuestamente se ha democratizado tanto durante los últimos 15 años que sería simplemente imposible gobernar de la misma manera que antes. Pero el naufragio nacional que todos hemos atestiguado durante la gestión de Felipe Calderón demuestra que lamentablemente todavía hay un gran potencial para que una mala gestión en la Presidencia de la República lastime profundamente a la sociedad.

La buena noticia es que ninguna elección presidencial podrá apagar el fuego de la larga tradición de lucha, crítica y rebeldía de la ciudadanía mexicana. Apenas inicia el largo camino para construir la paz, la dignidad y la justicia desde la sociedad.

 

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