La Audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán fue convocada por nueve organizaciones y redes internacionales[1] que han venido monitoreando en los últimos años la situación de derechos humanos en Honduras, y en particular de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, todo ello en coordinación con organizaciones locales[2].

La actividad se hizo necesaria frente a la continuación de las flagrantes violaciones a los derechos humanos a las cuales los tribunales y autoridades locales no han ofrecido solución a pesar de las obligaciones estatales adquiridas por la ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Fue integrada por una comisión de 12 expertas y expertos internacionales y representantes de las organizaciones internacionales convocantes[3].

La audiencia tuvo lugar el 28 de mayo de 2012 en la ciudad de Tocoa, Honduras, con el objetivo principal de recibir los testimonios de campesinas y campesinos afectados por el conflicto agrario en el Bajo Aguán, conocer el análisis de organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de derechos humanos en Honduras, y visibilizar la situación de derechos humanos de la zona del Bajo Aguán. La actividad contó con la presencia de representantes de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Delegación de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en calidad de observadores internacionales.

Los convocantes extendieron una invitación a diversas autoridades competentes a nivel nacional para tener su visión sobre el conflicto y las medidas que han adoptado para atenderlo. César Ham, Ministro-Director del Instituto Nacional Agrario (INA) fue el único funcionario que confirmó su participación, sin embargo la canceló a último momento.

La Audiencia Publica se realizó en seguimiento a la misión internacional de derechos humanos en el Bajo Aguán realizada en 2011 y cuyo resultado principal fue plasmado en un informe sobre sus hallazgos y conclusiones.[4]

El conflicto agrario en Honduras y la problemática en el Bajo Aguán se enmarca en un contexto histórico donde el latifundio y minifundio surge con la colonización española. Esta situación se fortalece con la independencia, apoyada en las medidas tomadas por los criollos y con  la entrada de las transnacionales bananeras a Honduras. Los intentos de redistribución de tierra durante el siglo XX, particularmente en el proceso de reforma agraria a partir de la década de los 60, concluyeron con la aplicación del ajuste estructural a través de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola de 1992 cuyos efectos negativos se encuentran aún vigentes.

Esa ley no sólo paralizó la adjudicación de tierras a minifundistas y trabajadores rurales, sino que promovió la venta de tierras del sector reformado y su reconcentración en pocas manos, y el retiro del Estado en la prestación de servicios. A partir de 1992, en el Bajo Aguán se vendieron muchas empresas societarias campesinas en las que intervinieron funcionarios del INA, dejando a miles de familias dependiendo de salarios temporales impidiéndoles cubrir sus necesidades básicas. Los sin tierra de esta región iniciaron negociaciones con el INA años antes del golpe de estado con el propósito de acceder a tierras que consideraban propias. Producto de la falta de una respuesta clara por la vía legal, en diciembre de 2009 las comunidades campesinas iniciaron la  recuperación de tierras en el Bajo Aguán.

Este conflicto se desarrolla en el contexto de la expansión de monocultivos a gran escala en el Bajo Aguán, en particular de palma africana.

Según el registro llevado por las organizaciones internacionales de derechos humanos, desde septiembre de 2009 hasta la fecha se ha constatado el asesinato de 48 personas afiliadas a organizaciones campesinas,  y el asesinato de un periodista y su pareja en el contexto del conflicto agrario en el Bajo Aguán. Además, desde el 15 de mayo de 2011, un campesino continúa desaparecido.

Según los registros del Ministerio Público, desde principios del 2010 hasta el momento, también han sido asesinados 12 guardias privados, y un trabajador de una de las empresas palmeras en circunstancias aún no clarificadas.

Durante la Audiencia se recibieron los testimonios de veinticuatro personas sobre doce casos de violaciones a los derechos humanos y situaciones específicas en el marco del conflicto agrario.

Los principales hallazgos de la Audiencia incluyen[5]:

·         Continúan los homicidios selectivos de líderes campesinos/as, y afiliados/as a las organizaciones del sector, así como las agresiones a su integridad física a través de lesiones de armas de fuego, incluso de grueso calibre, y actos de amenazas y hostigamiento permanente[6].

·         La militarización y masiva presencia de policías, no garantiza la seguridad a las comunidades campesinas sino que contribuye al hostigamiento permanente, temor y violencia contra las mismas, sumándose a esta situación los guardias privadas que se encuentran al servicio de los intereses de los terratenientes.

·         Los actos de intimidación, incluyen casos de secuestro y tortura  (un menor de edad fue sofocado con bolsas de plástico, rociado con gasolina y amenazado de muerte por quema).

·         Ausencia de institucionalidad y justicia (varios testimonios afirmaron haber recurrido a  las autoridades competentes, sin embargo las investigaciones no avanzan) generando impunidad. Lo que ha sido confirmado por el informe proporcionado por el Ministerio Público a las organizaciones patrocinadoras de la audiencia[7]. Además, es evidente que hay una desconfianza profunda hacia las autoridades y la convicción de que éstas operan sólo a favor de los terratenientes y en contra de las comunidades pobres. Ante la falta de respuesta estatal, las y los campesinas/os se encuentran en situación de indefensión.

·         Criminalización de la protesta y uso instrumental de los tribunales (en la zona existen  numerosos procesos  en contra de centenares de campesinos/as a raíz de la lucha por la tierra[8]. una de las campesinas que testimonió afirmó tener 4 juicios pendientes en su contra). Se ha observado que para estos casos las autoridades de justicia son muy rápidas en avanzar.

·         Desalojos llevados a cabo sin órdenes judiciales y ejecutados con extrema violencia (incluida la quema de casas, cosecha, infraestructura comunitaria, disparos en contra de las comunidades para que dejen el lugar, entre otros).

·         Asesinato de un periodista que informó sobre la situación del conflicto agrario. Es sumamente preocupante el alto grado de vulnerabilidad y los asesinatos de comunicadores en Honduras[9].

·         Traumas sicológicos por la violencia sufrida y por la pérdida de familiares, cuyos principales afectados son menores, mujeres y adultos mayores.

·         Pérdida del sustento por parte de las familias a causa del asesinato de familiares.

·         Promesas incumplidas por parte del Estado para satisfacer la principal demanda de los y las campesinos: contar con tierras para trabajar y alimentar a sus familias.

Destaca el impacto diferenciado de la violencia del conflicto sobre la vida y cuerpos de las mujeres donde las consecuencias de las violaciones a derechos humanos repercuten de forma particular en ellas por la violencia sexual y la pérdida de sustento o las amenazas hacía ellas y sus familiares.[10]

El conflicto ha generado una doble afectación hacia la población campesina, ya que los casos individuales repercuten igualmente en la comunidad provocando un miedo generalizado. Varios testimonios expresaron la preocupación por posibles actos de represión en contra de su integridad física por haber participado en la audiencia  y por posibles actos de  intimidación que podrían recibir cuando las organizaciones internacionales se retiren de la zona.

De los testimonios se desprende que los principales responsables de los hechos son  guardias de seguridad privada de los empresarios,  miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional Preventiva.

Las conclusiones de la Audiencia Pública son:

El conflicto agrario del Bajo Aguán es el más grave,  en términos del grado de violencia en contra de  las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años.

El conflicto se enmarca en una situación de violencia estructural que se expresa en la falta de acceso a las condiciones de vida digna para la población en situación de pobreza en el país, afectando particularmente a las y los campesinos en relación con el acceso a la tierra.

La violencia estructural se ha agravado luego del golpe de estado. A pesar de que la  reforma agraria es un mandato constitucional en Honduras, no existe una política pública que garantice el acceso a la tierra de manera adecuada. Más bien, la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola de 1992, ha revertido el proceso de reforma agraria, ocasionando la reconcentración de la tierra en pocas manos. Cabe anotar que la reforma agraria es una obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada.

La lucha legítima de las y los campesinos demanda el respeto de derechos humanos básicos e integrales que incluyen condiciones de vida digna, igualdad jurídica y real.

Hasta ahora, las graves violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y psicológica han quedado en total impunidad. Otras violaciones al núcleo de las libertades, al derecho a la alimentación adecuada, el acceso a la posesión y propiedad de la tierra, al derecho a la vivienda digna, a la justicia pronta, al debido proceso, son recurrentes.

La injusticia e impunidad se revela en todos los casos, la población campesina no tiene donde acudir a buscar asesoría ni acompañamiento jurídico ante la falta de actuación de las autoridades.

En tal contexto adverso, reconocemos el papel fundamental de las organizaciones locales y nacionales en la protección y la defensa de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán.

Frente a esta situación, las organizaciones y participantes reiteramos las recomendaciones emitidas por la misión internacional de verificación y recomendamos:

Al Estado hondureño:

a. Investigue y sancione de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo el castigo de los autores materiales e intelectuales de estos hechos;

b. Cese de inmediato la represión, hostigamiento y la violencia contra el movimiento campesino;

c. Adopte medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo;

d. No emprenda más desalojos forzosos.

e. Busque una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.

f. Regule debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

g. Evite cualquier acto de intimidación o amenaza en contra de las personas que participaron en la Audiencia, particularmente a quienes rindieron sus testimonios.

h. Invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una visita in loco.

A la Comunidad Internacional:

1. Insistir en su diálogo con el gobierno Hondureño para que se investiguen y sancionen las violaciones de los derechos humanos en el Bajo Aguán.

2. Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en el Bajo Aguán.

3. Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán y particularmente del conflicto agrario, y asumir un rol activo en la defensa de los derechos humanos.

4. Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas, no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respecto irrestricto de los mismos.

5. Revisar por parte de la cooperación internacional y bancos multilaterales, todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.

6. Promover, en el marco de la cooperación,  en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justica y del pleno respeto de los derechos humanos.

7. Considerando la grave situación de violaciones de derechos humanos, se concluye que no hay las condiciones adecuadas para firmar un acuerdo de asociación entre la UE y América Central.

8. Suspender la cooperación internacional  que promueve la militarización  y que agrava la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidas.

9. Apoyar al establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.

10. Realizar visitas in loco de organismos internacionales de derechos humanos, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también por parte de las relatorías especiales de Naciones Unidas, para recoger información de primera mano sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido y siguen cometiéndose en el Bajo Aguán.

Hacemos un llamado urgente a todos los actores involucrados, en particular las instituciones del Estado, para prevenir cualquier acto de violencia y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

Tocoa, Bajo Aguán, Honduras, 30 de mayo de 2012