Ismael Moreno, Revista Envío No. 362, mayo 2012

 

La violencia en Honduras tiene viejas raíces. Las más nuevas y gruesas raíces se pueden identificar viendo lo ocurrido en los últimos treinta años. La acumulación de riquezas y de recursos en pocas manos, la acumulación de tierras en esas mismas manos y la acumulación de poder en las instituciones del Estado en manos de esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable.

Por mucho que se quiera ocultar, la Honduras en la que hoy estamos viviendo se ha escapado de las manos de todos los sectores. De las manos de los sectores políticos y de las de los empresarios. También de las manos del gobierno de Estados Unidos. Todo mundo lo experimenta aunque no todo mundo lo asume. Y todos andan buscando que Honduras vuelva a sus manos. Cada quien por su cuenta. Y ésa es también la razón de la actual crisis hondureña.

Todo mundo se encuentra afectado por la violencia, que de hecho gobierna a toda la sociedad. La controla, la conduce, la chantajea y la amenaza. Pero la violencia no existe por sí misma. Tiene quien la provoca, la dirige y la sostiene. Cada sector le echa la culpa de la violencia a otros, a los demás. Mirando la violencia se puede encontrar respuesta a lo que ha ocurrido en Honduras y a lo que puede venir. Mirando la violencia, se puede identificar a los responsables y a sus víctimas.

TRES RASGOS EN ESTAS TRES DÉCADAS

Honduras es una sociedad muy violenta. Nadie se escapa de la violencia ni del miedo que produce. “Uno sabe que sale de la casa, pero nadie puede asegurar que regresará”, se suele escuchar en todos los ambientes. El relator especial para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, afirmó en un foro latinoamericano realizado a mediados de abril, que en proporción a su población, Honduras es el país con la más alarmante violación a la libertad de expresión del mundo, el país en donde se ha asesinado a más periodistas en menos tiempo. San Pedro Sula es conocida como nuestra capital industrial, pero en el mundo es conocida hoy como la ciudad que en muertes violentas le quitó el primer puesto a Ciudad Juárez. La violencia hondureña se nutre de las organizaciones criminales transnacionales. Pero, ¿qué hay en Honduras para que ese factor externo tenga tanto éxito ese nuestro país? ¿Qué hace que todo en Honduras esté vertebrado en torno a la violencia?

Buscando respuestas, adelantamos tres rasgos íntimamente articulados que se han venido configurando a lo largo de las últimas tres décadas y que contribuyen a explicar la violencia hondureña. Hablamos de tres décadas porque fue en 1982 cuando comenzó el período de gobiernos electos en las urnas, que se han alternado pacífica e ininterrumpidamente hasta que en junio de 2009 se rompió abruptamente el proceso con el golpe de Estado promovido y provocado por los mismos que se alternaban hasta entonces en el gobierno.

PRIMER RASGO: CONCENTRACIÓN DE RIQUEZAS

El primer rasgo de estas tres décadas es la acelerada acumulación y concentración de recursos y riquezas en manos de pocas familias, en una medida nunca antes vista en toda la historia de Honduras, quizá solamente comparada con la concentración de tierras y recursos en manos de las transnacionales bananeras que dominaron la vida nacional durante casi todo el siglo 20.

Antes de estas familias, los analistas sociales y económicos de las últimas décadas del siglo 20 solían argumentar que la carencia de un proceso de modernización agrícola e industrial en Honduras se debía, en gran parte, a la ausencia de una burguesía u oligarquía nacional con capacidad para impulsar su propio proyecto capitalista, quedando todo esfuerzo en manos del capital de las bananeras en la modalidad de enclave.

Hoy, ya adentrados en el siglo 21 esa lectura requiere actualizarse. Honduras cuenta hoy con una oligarquía que, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, del especulativo, del agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos. Ellas controlan, concentran, explotan y convierten en capital la mayoría de nuestros recursos naturales y mineros, al tiempo que aplastan a la pequeña y mediana empresa.

DEL DESAYUNO AL ALMUERZO SON LOS MISMOS

La concentración de las riquezas del país en estas familias las colocan a gran distancia del resto de la sociedad. Son familias de ricos a gran escala, de oligarcas en el pleno sentido del término. Y en su entorno, un amplio sector de servidores: testaferros, administradores, empleados, políticos y funcionarios, intermediarios, proveedores y toda una gama de profesionales. Nada que valga dinero en Honduras, nada que se comercialice, queda fuera de este círculo de poder.

Estás en la cocina y decides freír un huevo con jamón. El huevo, el aceite, la estufa, el gas o la energía con que la enciendes, la refrigeradora donde guardabas el huevo y el café y el azúcar que acompañarán tu desayuno, están en manos de gente de cinco apellidos: Facussé, Canahuati Larach, Kafie, Ferrari, Kafatti. Mientras desayunas, escuchas las noticias por la radio. Es una radio de un Farrari y Villeda Toledo o de Andonie Fernández. Tal vez prefieras ver un programa de debate en la televisión. Lo verás en canales de Ferrari y Villeda Toledo. Si prefieres leer un periódico, tendrás que comprar uno de Canahuati, Rosenthal o Flores Facussé.

Decides almorzar fuera de casa y llamas por celular a un amigo para invitarlo. Lo haces desde un teléfono propiedad de una compañía de las mismas familias que conociste en tu desayuno. Decides almorzar en un lugar de comida rápida. Cualquiera de los que escojas son franquicias en manos de esos mismos apellidos. Cuando sales de almorzar decides ir al supermercado porque necesitas comprar jabón y papel higiénico y gaseosa y churros para tus hijos. Todos esos productos tienen que ver con los mismos apellidos de tu desayuno y tu almuerzo.

CON LOS MISMOS DE LA CENA A LA CAMA

Al atardecer recuerdas que tu vehículo necesita combustible y vas a llenar el tanque en cualquier gasolinera bajo el control del grupo Terra de Fredy Nasser, de la misma familia de los Facussé.

Ya en tu casa, después de un día de trabajo, te tomas una pastilla para el dolor de cabeza. La compraste en la cadena de farmacias propiedad de los mismos del banco Ficohsa y de los mismos apellidos de tu desayuno, tu almuerzo y tu cena. Ya aliviado, te sientas ante tu televisor. Lo compraste en DIUNSA, la tienda importadora más grande de Honduras, propiedad de los Faraj y Atala, que comparten acciones con los Facussé, los Canahuatti y los Ferrari. Lo compraste con tarjeta de crédito del banco Ficohsa, de la misma familia Faraj-Atala. Ves un partido de fútbol. Cualquiera de los partidos que jueguen son de Canahuati, Ferrari, Rosenthal, Atala y Abufele. Y aun si decides ver el partido del Real Madrid y el Barcelona, lo verás en un canal de Ferrari y Villeda Toledo, los únicos que tienen los derechos para transmitir partidos internacionales.

Por fin te vas a la cama a descansar. Tu cama viene de una distribuidora controlada por los Faraj y Atala. Tal vez antes de cerrar tus ojos, recordarás que en las noticias anunciaron que el fin de semana habrá concentración de candidatos de los dos partidos políticos mayoritarios. Pues bien, los apellidos con los que amaneciste en tu desayuno son directivos de esos dos partidos políticos.

Toda tu vida está bajo control de un grupo de familias que no pasan de doce apellidos. Son los mismos que a lo largo del año van sacando de sus bolsillos unos centavos que después entregarán donativos a la Teletón, una iniciativa controlada por los Ferrari y los Villeda Toledo.

ESTE ESCÁNDALO PROVOCA VIOLENCIA

Tal concentración de recursos, riquezas y decisiones en tan poquísimas manos tiene como contrapartida el descalabro de la pequeña y mediana empresa, la reducción extrema de sus oportunidades para competir en el comercio, la industria y en la producción en general, la pérdida de patrimonio de la mayoría de los sectores sociales, la pérdida de capacidad adquisitiva por el aumento del desempleo, el abandono del campo, la migración, el crecimiento inhumano de los centros urbanos, entre otros indicadores sociales y económicos. Pasar de ese cúmulo de carencias a la delincuencia y a la violencia es sólo cuestión de tiempo y de oportunidades porque la violencia ya la montaron los acaparadores de recursos y riquezas. Su concentración de riquezas y recursos es el detonante de la inestabilidad y de la violencia en Honduras. Esta concentración de poder es escandalosa y este escándalo se acrecienta porque se ha desarrollado en tan sólo treinta años con un Estado que ha aprobado leyes para facilitarles todo y darles carta legal, en nombre del desarrollo nacional y del bien común. Con frecuencia, se ha desarrollado con la bendición de las cúpulas de las iglesias.

SEGUNDO RASGO: ACUMULACIÓN DE CONFLICTOS

Un segundo rasgo definidor de las últimas tres décadas de democracia formal y representativa son los conflictos no sólo no resueltos sino acumulados. Si las riquezas se han acumulado en pocas manos, los conflictos no resueltos se han expandido. Son conflictos por la tierra, los relacionados con una deficiente educación y salud, conflictos en torno a la recaudación de impuestos, conflictos por la inseguridad y la violencia… Como una enorme olla de presión. Si tuviéramos que ordenar por prioritarias estas conflictividades explosivas, el tema de la tierra ocuparía el primer lugar.

En el valle del Aguán varias decenas de campesinos han sido asesinados en los últimos tiempos por conflictos agrarios. Recientemente, diversos grupos campesinos realizaron tomas de tierras en varias zonas del país. Fueron atacados y desalojados violentamente después por operativos combinados de la policía y el ejército. El argumento para los desalojos es el mismo: los campesinos están invadiendo propiedad privada y el Estado debe defender con firmeza el derecho de los propietarios. Un político lo declaró: “Los campesinos están siendo atizados por políticos interesados en desestabilizar al gobierno. Este problema hay que enfrentarlo con la energía que debe caracterizar a un gobierno serio y a una república igualmente seria”. Un comentario parecido a los muchos que llenaron la prensa ante las recientes tomas de tierra.

Quien declaró eso es Juan Ramón Martínez, quien a comienzos de la década de los años 90 fue Ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) en el gobierno del nacionalista Rafael Leonardo Callejas. Fue en ese gobierno cuando se aprobó la Ley de Modernización Agrícola, instrumento jurídico bajo el que se legalizó la venta a sectores privados de las tierras sujetas de reforma agraria. Fue el tiempo en el que asistimos al fenómeno del mercado de tierras. En ese tiempo los campesinos organizados en el sector reformado fueron inducidos por diversos medios a vender a precio de gallo muerto sus tierras para dedicarlas al cultivo de palma africana, especialmente en la región del Valle del Aguán. Como Ministro del INA, Juan Ramón Martínez condujo aquel proceso privatizador y concentrador de la tierra, utilizando un instrumento que se aprobó por encima de la Constitución de la República.

LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA GENERA VIOLENCIA

En los años 90 las tierras de la reforma agraria pasaron a manos de Miguel Facussé, de Rosenthal y de otros cuantos agroindustriales, quienes al amparo del Estado diversificaron sus capitales en todos los rubros hasta convertirse en una poderosísima oligarquía económica, agroindustrial, minera, comercial, financiera y política. Veinte años después de la puesta en marcha de aquel dispositivo acaparador del recurso tierra, el principal promotor de aquella violencia jurídica, llama al gobierno a usar la violencia institucional en contra de los campesinos, principales víctimas de un proceso que sólo logró acumular el conflicto agrario nacional. Argumentar con la ley para justificar la concentración de la tierra no sólo es una falta de ética, es querer apagar el fuego con gasolina.

Un dirigente de la gran empresa privada declaró a un medio que “los campesinos invasores atentan contra la propiedad privada, que es la vida de los hondureños”. Es cierto que la propiedad es la vida, pero sólo cuando se le asegura a toda la sociedad. Pero cuando la tierra la concentran unas cuantas familias a costa del hambre y de la precariedad de miles de familias, la propiedad privada en lugar de ser fuente de vida, amenaza a la vida.

La propiedad privada concentrada en pocas manos genera violencia. Rafael Alegría, veterano dirigente campesino y actual dirigente político del Frente Nacional de Resistencia Popular declaró a Envío: “Por 20 años seguidos hemos soportado una política de reconcentración de la tierra, con la mercantilización de la tierra. Hoy ya se habla de la extranjerización de la tierra. Eso significa que la tierra nacional, que es del Estado; la tierra ejidal, que es de la municipalidad; la tierra fiscal, que le han donado o comprado al Estado, está prácticamente en manos privadas. Y esas tierras privadas ya no se pueden tocar”.

En estos treinta años la concentración de la tierra en empresas agroindustriales ha ido de la mano del abandono del campo y de los campesinos. Hace un tiempo, los economistas del Foro Social de la Deuda Externa nos enseñaron que de cada 100 lempiras del presupuesto nacional 70 se quedan en la capital y sólo 5 se invierten en el campo. Esta desigualdad en la distribución de los recursos explica por qué de cada 100 jóvenes que emigran hacia Estados Unidos, 87 salen de áreas rurales.

TERCER RASGO: CLASE POLÍTICA EN CONTROL DEL ESTADO

El tercer rasgo que define los últimos treinta años y que explica el por qué de tanta violencia en Honduras, es la subordinación de toda la institucionalidad del Estado al sistema de partidos políticos. Todas las elecciones de cargos públicos dependen del Congreso Nacional y sus decisiones responden a cálculos, negociaciones y acuerdos entre las altas dirigencias políticas, subordinadas al poder discrecional que esos mismos políticos han depositado en el presidente del Congreso.

Las funciones y atribuciones del presidente del Congreso hacen de él un monarca. La mayoría de los dictámenes de ley que se debaten en el pleno del Congreso requieren primero del visto bueno del presidente. Las negociaciones que toma discrecionalmente las toma con los dirigentes de los partidos políticos, controlados por esos mismos apellidos que controlan todos los hilos de la vida económica o por políticos leales a esa poderosa oligarquía.

Las encuestas independientes realizadas en los últimos años colocan a los partidos políticos entre las instituciones de mayor descrédito ante la sociedad. Son el paradigma de la corrupción, el verticalismo, la antidemocracia, la impunidad, el chantaje y el cinismo. Sin embargo, es este desacreditado sistema de partidos el que decide en el Estado. Si la oligarquía necesita una figura jurídica para que la política fiscal nunca los afecte, bastarán unos cuantos acuerdos, dinero de por medio, entre los dirigentes de los partidos políticos y el presidente del Congreso, para que el deseo del empresariado se convierta en ley. Basta que a unos cuantos empresarios les interese que la explotación minera, la de los bosques y aguas, les aporte más beneficios para que los dirigentes de los partidos políticos y el presidente del Congreso se pongan de acuerdo para que ese deseo se convierta en ley. Basta que a unos cuantos empresarios les interese dar mayor poder al Ejército y a la Policía para proteger sus negocios para que los dirigentes políticos y el presidente del Congreso acaben aprobando o reformando leyes para que así sea. Esto mismo ocurre con decisiones que se toman en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia o en cualquiera de las instituciones del Estado.

UNA INSTITUCIONALIDAD QUE GENERA VIOLENCIA

La elección y nombramiento de los altos cargos de la administración pública no sólo no se hacen en base a competencia profesional. Se nombran por favores y, en no pocas ocasiones, para dar protección a personas que tienen una larga cola de acciones reñidas con la transparencia, la honestidad y la ética. Estos políticos generan violencia e impunidad. La institucionalidad del Estado sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como ya es es el caso de la Policía Nacional, en maquinarias dedicadas al delito y a la criminalidad.

UN CONSENSO CONTRA ESTA OLIGARQUÍA

¿Qué hacer? Honduras requiere de un nuevo consenso nacional para definir un nuevo rumbo, que rompa con el eje que estructura la concentración de recursos y riquezas y que causa violencia en la sociedad. Un consenso en contra de la oligarquía y de su modelo, generador de exclusión y empobrecimiento.

Hay que consensuar políticas públicas. Una de ellas es volver a la Reforma Agraria. Una reforma agraria que garantice la propiedad privada de la tierra en base a la productividad, la justicia social, la seguridad y soberanía alimentaria y que rompa con el latifundio y con el minifundio, definiendo los mínimos en la propiedad privada de la tierra.

Deben consensuarse políticas públicas que rompan con el actual proceso de concentración de los recursos y riquezas naturales. Los recursos naturales han de estar bajo la responsabilidad directa del Estado y deben ser administrados en base a la soberanía nacional y al bienestar de las comunidades. Todos los proyectos con bosques, agua y minerales deben basarse en una relación armónica entre el Estado, las comunidades y los sectores privados, dejando al Estado la última palabra.

Los consensos se han de buscar también en torno a nuevas políticas fiscales que garanticen que desaparezcan los llamados “paraísos fiscales”. En eso se ha convertido Honduras para unos cuantos empresarios y para las multinacionales, que invierten y usan los recursos del país exentos de impuestos. Requerimos de una política fiscal basada en ingresos, en renta y en propiedad. Que los que más ganan paguen más y que quienes tienen menos ingresos sean protegidos por el Estado. Mientras no haya una nueva política fiscal no habrá manera de romper con la maquinaria que produce desigualdades.

También se necesita buscar y construir consensos en políticas públicas que promuevan, protejan e incentiven a la pequeña y mediana empresa, a la empresa de carácter social y a todas las iniciativas productivas, industriales y de base que generan empleo, especialmente para la juventud urbana. Se necesitan consensos en torno a la educación, la salud, la vivienda, la energía, la comunicación y la depuración y reestructuración de la institucionalidad de la justicia, para enfrentar la impunidad y defender los derechos humanos.

¿DESDE DÓNDE REFUNDAR LA POLÍTICA?

Existen pequeños signos que apuntan al surgimiento en ciernes de propuestas que buscan romper con el actual sistema de partidos políticos. Pero este sistema de partidos ha dado continuas muestras de su capacidad para capitalizar a su favor todas las crisis políticas que hemos vivido en estas tres décadas. Hay señales de estar buscando lo mismo en la coyuntura actual. Los hombres que han sustentado la verticalidad de la cultura patriarcal productora de caudillos son los mismos que en el Congreso Nacional han aprobado el 40% de participación de las mujeres en cargos de elección popular para los comicios de 2013 y el 50% para las elecciones de 2017. Eso se llama capacidad de cooptación. Y en ese tipo de maniobras son expertos los partidos políticos.

¿LO LOGRARÁ EL PARTIDO “LÍBRE”?

Actualmente ha surgido una nueva propuesta partidaria. Es el partido LIBRE, que ya ha sido legalizado y está inscrito para participar en las elecciones. El partido cuenta con cinco corrientes internas, que van desde la izquierda y organizaciones sindicales hasta los grupos que fueron del Partido Liberal y que se quedaron apoyando a Zelaya. Cuenta también LIBRE con un doble consenso: todas las corrientes tienen a Xiomara Castro, la esposa de Zelaya como candidata presidencial y a Manuel Zelaya Rosales como único líder y sustento del partido.

LIBRE busca capitalizar la fuerza de resistencia que se aglutinó en torno al golpe de Estado. ¿Romperá el nuevo partido de izquierda, LIBRE, con la lógica, la práctica, la verticalidad y la corrupción propias del sistema de partidos políticos? ¿Será cooptado, como ha ocurrido con todas las propuestas de reformas y cambios que se han impulsado antes? ¿Logrará el nuevo partido atraer a nuevas generaciones comprometidas con la ética en la política?

 

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