Dana Frank, The Nation

En cierto modo, fue simplemente un sangriento episodio más en un país empapado en sangre. En las primeras horas de la mañana del 11 de mayo, un grupo de personas indígenas que viajaban en canoa en un río en la Mosquitia, la región noreste de Honduras, fueron atacados por un helicóptero. Cuando los disparos habían terminado, por lo menos cuatro personas estaban muertas, incluyendo, según algunas versiones, dos mujeres embarazadas. En Honduras, la violencia macabra ya no es algo fuera de lo común. Pero lo que este incidente puso en impactante relieve es el poderoso papel que los Estados Unidos está jugando en una guerra de Honduras.

Los funcionarios estadounidenses afirman que los comandos de la DEA (Drug Enforcement Administration, Administración de Drogas) a bordo de los helicópteros no dispararon sus armas esa mañana; los policías de Honduras fueron quienes dispararon. Pero nadie discute que las fuerzas estadounidenses estaban fuertemente involucrados en la redada, y que los helicópteros eran propiedad del Departamento de Estado de EE.UU.

Los Estados Unidos han, de hecho, silenciosamente aumentado su presencia militar en Honduras, financiando a la policía y a los militares en el régimen del presidente Porfirio Lobo en nombre de la lucha contra las drogas. La DEA está utilizando métodos de contrainsurgencia desarrollados en Iraq contra el narcotráfico en Honduras, desplegando  escuadrones de comandos con las fuerzas especiales militares de Estados Unidos para trabajar en estrecha colaboración con la policía hondureña y los militares. El embajador de EE.UU. en Honduras, Lisa Kubiske, dijo recientemente: "Tenemos una oportunidad ahora, porque los militares ya no están en guerra en Irak. Utilizando los fondos militares que no se gastarán, somos capaces de tener recursos para poder trabajar aquí. "

Ausente de la historia oficial- no mencionada por funcionarios estadounidenses, y al margen de la cobertura noticias principales -es que el aliado del gobierno de EE.UU. en esta campaña, el régimen de Lobo, es producto ilegítimo del golpe militar que derrocó al Presidente democráticamente electo Manuel Zelaya el 28 de junio 2009. El presidente Barack Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, criticaron en un primer momento el gobierno golpista, encabezado inicialmente por Roberto Micheletti, pero luego lo legitima. Después de casi todos los candidatos de la oposición (así como los observadores internacionales) boicotearon las elecciones tras el golpe que llevó a Lobo al poder, los jefes de Estado en toda la región se negaron a reconocer su presidencia, pero los Estados Unidos lo aclamó por "restaurar la democracia" y por la promoción de la "reconciliación nacional". El Departamento de Estado y Clinton siguen repitiendo ambas ficciones, como lo hizo el presidente Obama cuando dio la bienvenida a Lobo a la Casa Blanca en octubre pasado.

Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses culpan al tráfico de drogas de casi todos los problemas del país. "Puede ser gratificante para atribuir los problemas de Honduras a los generales con gafas de sol o a elecciones amañadas", insistió el ex embajador de EE.UU. en Honduras James Creagan en una carta de 05 de febrero al New York Times. "Pero no es cierto.  Esta no es la década de 1970 con los golpes de Estado en Cetroamérica, los contras y los revolucionarios.”  Por el contrario, afirmó, la violencia en Honduras "es causada por las drogas, las pandillas y la corrupción ... todos impulsados por el mercado que demanda productos de hoja de coca".

Sólo en el contexto post-golpe, sin embargo, podemos entender la verdadera crisis del narcotráfico en Honduras. Una cultura viciosa de la droga ya existía antes del golpe, junto con las pandillas y los funcionarios corruptos. Sin embargo, la criminalidad en profundidad del régimen de facto abrió la puerta para que florezca en una escala sin precedentes.  El tráfico de drogas está ahora integrado en el propio Estado-desde la policía en el barrio todo el camino hasta la cima del gobierno, de acuerdo con fuentes de alto nivel.  Destacados críticos e incluso funcionarios gubernamentales, entre ellos Marlon Pascua, el ministro de Defensa, habla de "narco-jueces" que bloquean los enjuiciamientos y los "narco-diputados" que dirigen los cárteles. Alfredo Landaverde, un exdiputado y ex comisionado de la policía a cargo de las investigaciones sobre las drogas, declaró que uno de cada diez miembros del Congreso es un traficante de drogas y que tenía pruebas que demuestran que "las principales figuras nacionales y políticos" estaban involucrados en el tráfico de drogas. Fue asesinado el 7 de diciembre.

Mucho más que bandas de delincuentes en las calles y los narcotraficantes que actúan de forma independiente, es el propio Estado de Honduras que ha hecho de Honduras, de acuerdo con la Associated Press, "uno de los lugares más peligrosos del mundo."

El gobierno argumenta que está ayudando a Honduras a limpiar su policía, proporcionando fondos adicionales para la "capacitación". Pero a medida que el ex presidente Zelaya subrayó en una conversación conmigo en el Primero de Mayo, "La policía son los traficantes de drogas. Si usted financia la policía, que está financiando a los narcotraficantes".

Cuando Lobo asumió el cargo en enero de 2010, volvió a nombrar en las primeras posiciones a las mismas figuras militares (gafas de sol y todo) que habían ejecutado el golpe de Estado, incluido su líder, el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Hondutel, la compañía telefónica estatal. El verano pasado, Manuel Enrique Cáceres, un ministro de alto rango en el gabinete de Micheletti post-golpe de estado, fue nombrado director de la autoridad de aviación.

El golpe de Estado, a su vez, desencadenó una ola de violencia por las fuerzas de seguridad del Estado que continúa sin cesar. El 22 de octubre, un enorme escándalo estalló cuando la policía de Tegucigalpa mató al hijo de Julieta Castellanos, rectora de la universidad más grande del país y miembro de la Comisión de la Verdad del gobierno, junto a un amigo suyo. Altos funcionarios policiales admitieron que la policía era la responsable de los asesinatos, pero permitieron a los sospechosos desaparecer, lo que precipitó una enorme crisis de legitimidad, mientras figuras prominentes como Landaverde dio un paso adelante durante todo el otoño denunciando la corrupción masiva de la policía.  El departamento de policía, acusaron ellos, está plagado de escuadrones de la muerte y los narcotraficantes hasta los niveles más altos.

"Es más aterrador reunirse con cinco agentes de policía en las calles que con cinco miembros de las pandillas", declaró la ex comisionado de policía María Luisa Borjas, en noviembre. De acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), más de 10.000 quejas oficiales se han presentado sobre los abusos por parte de la policía y los militares desde el golpe, ninguno de los cuales se han abordado. Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso, denunció que el 40 por ciento de los policías hondureños están involucrados en el crimen organizado. La maldad pura de la policía se puso al descubierto en el Día de San Valentín, cuando el mayor incendio de una prisión en la historia moderna se cobró la vida de 361 prisioneros en Comayagua, en parte, debido a que sus guardias habituales agentes de policía-se negaron a permitir que los bomberos ingresaran por treinta minutos.

Los esfuerzos de reforma han sido prometidos por el gobierno de Lobo y el Congreso, pero no han ido a ninguna parte. Una comisión de alto nivel se vino abajo y una nueva todavía no funciona.  Entre las figuras claves que participa en la "limpieza" son Eduardo Villanueva, uno de los principales ministros de Micheletti tras el golpe de Estado, y Héctor Iván Mejía, portavoz de la policía actual, quien como jefe de la policía en San Pedro Sula emitió la orden el 15 de septiembre de 2010, para lanzar gases lacrimógenos a una manifestación pacífica de la oposición, incluyendo una banda de la escuela de marcha alta.

En respuesta a las llamadas de grupos de derechos humanos que no hondureños supervisaran la limpieza, Lobo el 24 de abril nombró a una nueva comisión general Aquiles Blu Rodríguez, él mismo acusado de obstrucción a la justicia y cargos relacionados con drogas en Chile. El gobierno de Honduras admitió el 1 de mayo que sólo dieciocho casos contra agentes de policía se había sido adelantados.

Incapaz de purgarse a si mismo, el gobierno ha respondido a la crisis de seguridad con una represión aún mayor. COFADEH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional han provocado alarma sobre las recientes medidas "que, presumiblemente, están tratando de combatir la criminalidad, pero que son restrictivas de los derechos humanos de la población", incluyendo una ley que permite las escuchas telefónicas con pocas restricciones y otra que permite la inspección de la los registros bancarios de entidades no lucrativas. (El Congreso de Honduras está considerando también una ley de anticoncepción de las más represivos del mundo, por lo que es un crimen distribuir la píldora del día después, incluso a las víctimas de violación.) El 20 de marzo una medida de "emergencia" que permite a los militares a tomar las funciones ordinarias de la policía, tales como patrullaje de las calles, se prorrogó por tres meses. Lobo ha dicho que quiere hacer esta medida permanente, en violación directa de la pared de fuego entre la policía y los militares consagrados en la Constitución de Honduras.

El ejército hondureño es corrupto también. El 1 de noviembre de 2010, un avión utilizado en el tráfico de drogas fue "robado" de una base militar en San Pedro Sula. Según La Tribuna, un periódico de extrema derecha, por lo menos diecinueve miembros del Ejército fueron cómplices, entre ellos oficiales de alto y rangos intermedio. En agosto de 2011, 300 fusiles automáticos y 300.000 balas desaparecieron de un almacén de la unidad de élite del ejército de Cobras. A pesar de este historial de corrupción, un nuevo decreto que permite a los militares hacer contratos sin licitación-una luz verde para una mayor corrupción.

Lo más peligroso de todos, desde el golpe, el gobierno ha atacado a la oposición sin tregua y sin piedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informa de "incidentes graves de violencia y represión contra las manifestaciones". Por lo menos veinte y dos periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados desde el golpe de Estado, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras, la mayoría de ellos eran críticos del gobierno. El 16 de mayo, el cuerpo del conocido periodista radial Alfredo Villatoro fue encontrado, vestido con un uniforme de policía, una semana después de haber sido secuestrado.  El 7 de mayo, Erick Martínez, un querido periodista, un activista LGBTI y de la resistencia y candidato a diputado por Libre, el partido de la oposición, fue encontrado muerto, asfixiado, a un lado de la carretera. La AFL-CIO también informa de "numerosos homicidios, ataques y amenazas desde el año 2009 destinadas a los sindicalistas por sus actividades laborales y políticas." Aquellos que se atreven a documentar esto están en riesgo tremendo. Las Naciones Unidas informó en febrero que "los defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, hostigamiento y la estigmatización." El 22 de febrero, por ejemplo, un grupo paramilitar denominado la CAM, vinculado a escuadrones de la muerte durante la década de 1980, envió un mensaje de texto a Dina Meza, responsable de prensa y co-fundador del COFADEH, que decía: "Les vamos a quemar a su pipa con la cal hasta que griten y luego todo la cuadrilla va a gozar". A finales de abril, el mismo grupo paramilitar comenzó a enviar amenazas de muerte a dos mujeres, una británica y otra francesa, que sirven como "acompañamiento" para proteger a quienes han sido amenazados. Aun cuando el gobierno hace la promesa de protección, que rara vez la lleva a cabo, y las víctimas a veces son custodiados por la policía misma de la que necesitan ser protegidas.

Los activistas campesinos han pagado el precio más alto. En la parte baja del Valle del Aguán, por lo menos 46 campesinos que luchan por los derechos de la tierra han sido asesinados desde el golpe de Estado, la mayoría de ellos al parecer por una combinación de policía, el ejército y el ejército privado de Miguel Facussé, el más rico y más poderoso hombre del país y un partidario clave del golpe de Estado. Los autores de las muertes gozan de casi total impunidad. El 24 de junio de 2011, por ejemplo, setenta y cinco policías destruyeron a toda la comunidad campesina de Rigores, quemando más de 100 casas y demoliendo tres iglesias y una escuela de siete aulas, ninguno de ellos ha sido acusado. Al menos diez guardias de seguridad y otros han muerto en el conflicto así. En una respuesta por correo electrónico a las preguntas de este artículo, Facussé admitió que en un incidente cuatro campesinos fueron asesinados en lo que describió como un "enfrentamiento" con sus guardias de seguridad.

En general, un hondureño, mujer o niño muere cada setenta y cuatro minutos. Según la ONU, en 2011, el país tenía la mayor tasa de homicidios en el mundo. Algunos de estos homicidios son el tipo que ocurren en una pelea de bar o de desacuerdo interno, cuando alguien saca una pistola o un machete porque no saben nada les va a pasar en el disfuncional sistema judicial hondureño. En febrero, la ONU encontró "la impunidad generalizada" en Honduras. De acuerdo con Human Rights Watch, las personas LGBTI y mujeres han sido particularmente blanco de asesinatos, incluso por la policía. En esta situación carente de orden, las pandillas controlan barrios enteros de la capital, donde se cobran impuestos sobre las empresas y vehículos.

¿Qué diferencia hace un golpe de estado? Agregado a la corrupción rampante del Estado de Honduras, el crimen se desata y se perpetra, y su despiadada represión a la oposición,  es imposible culpar a la crisis sólo al tráfico de drogas y las pandillas, ni tampoco puede el crimen organizado y el narcotráfico separarse del criminal régimen de Porfirio Lobo y los oligarcas de Honduras.

La conveniencia de una alianza de EE.UU. con un gobierno brutal y antidemocrática se ha cuestionado por fin en Washington. El 28 de noviembre, Howard Berman, demócrata de más alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores, envió una carta a la secretaria Clinton preguntandole si Estados Unidos estaba armando de hecho, un régimen peligroso. Noventa y cuatro miembros de la Cámara, incluyendo a muchos en el liderazgo demócrata, firmaron una carta de 09 de marzo promovida por el representante Jan Schakowsky, pidiendo la suspensión de la ayuda a la policía y los militares, especialmente a la luz de la situación en el Valle del Aguán. El 5 de marzo, siete senadores firmaron una carta patrocinado por Barbara Mikulski expresando su preocupación sobre "el creciente número de violaciones de derechos humanos" en Honduras.

El Congreso no forma de repente una columna por sí mismo, por supuesto. Los activistas de la Red de Solidaridad de Honduras y sus aliados han estado forjando durante casi tres años y construyendo apoyos a nivel de base y traducirlo en poder en Washington y Honduras (Yo soy un miembro de esta red). En respuesta, el Departamento de Estado ha reconocido los problemas de derechos humanos y la crisis de seguridad, pero aún tiene que denunciar con firmeza el gobierno de Lobo por la represión y la corrupción. En respuesta a las preguntas urgentes de los activistas de derechos humanos estadounidenses preocupados por las actividades de los escuadrones de la muerte, la embajada dijo que había comunicado su preocupación al gobierno de Lobo, pero no había solicitado una investigación sobre la CAM en particular, diciendo que, "desafortunadamente, la capacidad de las autoridades policiales de Honduras para llevar a cabo investigaciones efectivas es limitado. El gobierno de Estados Unidos está ayudando a mejorar esta capacidad. "

Esta idea de que el gobierno hondureño necesita de la ayuda de EE.UU. para arreglarse a sí-mismo- y que los críticos consideran como lo más ingenuo, dada la falta de voluntad manifiesta del gobierno de Lobo para reformarse a sí mismo-es cómo los funcionarios de los Estados Unidos justifican el apoyo al régimen de Lobo. El vicepresidente Joe Biden viajó a Honduras el 06 de marzo, prometiendo que "Estados Unidos está absolutamente comprometido a seguir trabajando con Honduras para ganar esta batalla contra los narcotraficantes." Biden prometió más fondos a los militares y la policía en virtud de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana, por una suma de $107 millones. Obama proyecta presupuestar para el año 2013 más del doble de fondos claves a la policía y a los militares de Honduras.

La visita de Biden se produjo en medio de un creciente coro de críticas a la política drogas de los EE.UU. en la región.  Los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y Otto Pérez Molina de Guatemala han pedido abiertamente la legalización de las drogas, rechazando soluciones militares impulsados por Estados Unidos las que acusan de ineficaces.

¿Qué está impulsando la política agresiva de la administración? Estados Unidos ha considerado durante mucho tiempo a Honduras, su estado cliente más cautivo en América Latina, como de importancia estratégica. Al igual que en la década de 1980, cuando Honduras fue la base de EE.UU. para la guerra de los contras contra Nicaragua, el país es el centro regional de operaciones militares estadounidenses en América Central. Se recibieron más de $50 millones en contratos del Pentágono el año pasado, incluyendo $24 millones para hacer el cuartel de la Base Aérea Soto Cano permanente por primera vez desde 1954. Soto Cano, tiene gran importancia estratégica como la única base aérea de EE.UU. entre los Estados Unidos y América del Sur. Sesenta y dos por ciento de todos los fondos del Departamento de Defensa para América Central en 2011 se fue a Honduras.

Por otra parte, los intereses corporativos de Estados Unidos en Honduras son enormes, incluyendo las inversiones mineras e hidroeléctricas, las operaciones expansivas las bananeras de Dole y de Chiquita (que emplean 11.000 personas), prendas de vestir, autopartes y otros fabricantes que emplean a más de 110.000, incluyendo 3.000 en una fábrica de Lear Corporation en San Pedro Sula, que maquila  que los sistemas de distribución eléctrica.

El golpe militar hizo posible lo que los hondureños llaman el "segundo golpe": la agenda económica más profunda de los inversores transnacionales y las élites hondureñas, ahora han dado reino libre de utilizar el estado como lo desean. En la parte superior de su lista está la privatización de las funciones básicas del Estado. Las leyes se están moviendo a través del Congreso.  La privatización de los sistemas eléctricos del país, los sistemas de agua y los puertos. En un ataque abierto al poderoso y militante gremios de maestros en Honduras, el Congreso en marzo de 2011 aprobó una ley que abre la puerta a la privatización de las escuelas de todo el país.

Los derechos laborales están bajo un asalto intenso como parte de esta agenda económica. En noviembre de 2010 una ley que entró en vigor animando a los empresarios a convertir los empleos permanentes, de tiempo completo a tiempo parcial y temporal de empleo- bajo esta ley los trabajadores ya no serán elegibles para la asistencia sanitaria y perderán el derecho a organizar un sindicato. Una queja ante el Departamento de Trabajo de EE.UU. presentada por la AFL-CIO en el marco del Tratado de Libre Comercio Centroamericano de Libre (TLC) el pasado marzo de documenta un mar de violaciones sistemáticas de los derechos laborales más fundamentales desde el golpe de Estado, incluyendo el despido de cientos de trabajadores al intentar organizar sindicatos, los empleadores no pagan el salario mínimo y la falta de pago de los trabajadores en conjunto.  Los trabajadores hondureños "han visto muy poca significativa aplicación de sus derechos laborales, ya que las leyes laborales nacionales son ineficaces y violan con impunidad", concluye la presentación.

Tal vez lo más extremo es la nueva ley Modelo de Ciudades", aprobada en julio, lo que permite zonas económicas autónomas en las que la Constitución de Honduras, el código legal y las estructuras democráticas más básicas de gobierno no se aplican, y que los inversores transnacionales tendran la libertad para inventar de su propia sociedad en su conjunto.

Dentro del Departamento de Estado, el tren de la política está siendo impulsada por los expertos de la era Bush en América Latina, aún en el poder, trabajando mano a mano con la derecha cubano-americana, cuyos dirigentes han celebrado el golpe en Honduras como un retroceso exitoso contra los democráticamente electos gobiernos de izquierda y centro-izquierda que han llegado al poder en toda América Latina en los últimos quince años. El candidato presidencial republicano Mitt Romney, haciéndose eco de sus argumentos, atacó a Obama en diciembre por su presunto apoyo a Zelaya durante el golpe de Estado: "Cuando Honduras quiso tirar a su pro-marxista presidente, nuestro presidente se quedó con él."

La responsabilidad última, sin embargo, se encuentra con el Presidente Obama y la Secretaria Clinton, quien está utilizando a Honduras a reafirmar el poder de EE.UU. en el hemisferio.

Los hondureños que viven bajo la amenaza de EE.UU. han denunciado la creciente militarización. En un artículo mordaz en respuesta a la visita de Biden titulado "Obediencia", declaró el Cofadeh: "La guerra contra las drogas es sólo un pretexto para una mayor ocupación militar de Estados Unidos y para bloquear la ola de cambio político impulsado por la resistencia nacional".

Después de soportar tres años de represión, sin embargo, las personas que conforman la ola de resistencia están muy agotados. No obstante, siguen llegando a las calles, algo que requiere de gran valor, ya que las marchas son a menudo recibidos con gases lacrimógenos y golpes. En la última semana de mes de marzo, los conductores de autobuses, taxistas, las lesbianas y los gays, los trabajadores eléctricos, maestros y estudiantes todos protestando. A principios de mes, los empleados ocuparon las famosas ruinas mayas de Copán, en protesta por una nueva iniciativa que concede a los municipios el control de artefactos históricos en sus jurisdicciones.

Todos los diversos elementos que se reunieron después del golpe de Estado para formar el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) todavía están presentes, aunque la coalición motivada de los dos primeros años después del golpe de Estado está ahora de alguna manera desarticulada. Estos grupos incluyen el movimiento indígena, los garífunas afro-indígenas, y el movimiento de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, así como las Feministas en Resistencia, Abogados en Resistencia, Jueces en Resistencia, y casi cualquier cosa en Resistencia, todo ellos respaldados por una extraordinaria cultura de los medios alternativa.  A Zelaya se le permitió regresar en mayo de 2011; su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, es la presunta candidata presidencial de LIBRE, un nuevo partido político fundado por el FNRP. El primero de mayo, cientos de miles de personas llenaron las calles en marchas organizadas por Libre y todas las tres federaciones de trabajadores.

La resistencia, por otra parte, aún se mantiene viva en la cultura popular hondureña. Para dar sólo un ejemplo deleitoso: por tradición, los hondureños en la víspera de Año Nuevo construyen y luego queman ritualmente figuras que representan a las cosas malas que les han sucedido en el año anterior. El primer año después del golpe, muñecos que representan a Micheletti, el dictador, fueron hechos por todo lugar, el año pasado fue Lobo. Este año, los manifestantes audazmente construyeron un coche de cartón de tamaño natural de la policía con dos cuerpos de tela de peluche en la parte posterior que representa hijo asesinado el rector y su amigo. Otro grupo construyó un tanque con Lobo y el jefe de la corrupta empresa estatal eléctrica saltando en la parte superior. Los periódicos hondureños mostraron fotos de las figuras de todo el país.

Para el pueblo hondureño y sus aliados en los Estados Unidos y más allá, el camino a seguir es tan difícil como parece. No hay soluciones fáciles.  Los defensores de los derechos humanos, desde de COFADEH a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han pedido al gobierno de Honduras implementar medidas inmediatas que garanticen los derechos más básicos. Estas incluyen las siguientes demandas: dejar de reprimir a la oposición con gases lacrimógenos, el acoso escuchas telefónicas, y las ejecuciones extrajudiciales. Hacer cumplir la ley, incluyendo los derechos laborales. Limpieza de las cárceles. Purgar el sistema judicial, la policía y el ejército de criminales conocidos. Promulgar una reforma agraria real.

¿Pero quién lo va a hacer cuando el presidente Lobo y el Congreso de Honduras, se han entrelazado con el narcotráfico y el crimen organizado, claramente carecen de la capacidad y de la voluntad política para hacerlo-y los Estados Unidos los apoya? Los hondureños en la oposición subrayan que la única manera de avanzar es con una reconstitución completa del Estado de Honduras desde abajo, a través de una convocatoria a una constitucional democráticamente compuesta, como lo han emprendido con éxito otros países de América Latina en los últimos años.

Mientras tanto, COFADEH y prominentes voces de la sociedad civil hondureña están pidiendo a gritos una suspensión de la ayuda de Estados Unidos y otros países a los militares y la policía hondureña. "Dejen de alimentar la bestia", como lo demandó notoriamente la Rectora Julieta Castellanos en noviembre.

Por desgracia, estamos en la década de 1980 otra vez, cuando los Estados Unidos bajo el presidente Ronald Reagan favoreció a los gobiernos de derecha sobre los movimientos democráticos en América Latina. Las implicaciones del éxito del golpe de Estado de Honduras no presagian nada bueno. Como lo señaló Tirza Flores Lanza, una ex juez del tribunal de apelaciones de primera en San Pedro Sula, quien fue despedida junto a otros cuatro magistrados y por oponerse al golpe de Estado: "El golpe de Estado en Honduras destruyó la incipiente democracia que, con gran esfuerzo, estábamos construyendo, y revivió el fantasma de las dictaduras militares que ahora están de nuevo listos para saltar en toda América Latina."

http://www.thenation.com/article/167994/honduras-which-side-us

traducido por voselsoberano.com