El jueves respondió por el incumplimiento de medidas cautelares a favor de Gladys Lanza y el próximo martes por el asesinato de 107 privados de libertad en San Pedro Sula, en 2004.

Las resoluciones serán divulgadas al final de la próxima semana.

Es una temeridad que un pequeño país enfrente dos casos al hilo contra las cuerdas de la justicia interamericana; refleja el momento de desplome institucional, violencia e indefensión interna que padece la ciudadanía.

Como sabemos no es la primera vez que Honduras enfrenta juicios fuera de nuestras fronteras por violaciones a los derechos humanos. Reincide desde 1986.

En la lista de sentencias condenatorias destacan las desapariciones forzadas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los asesinatos políticos, la discriminación racial y ahora las masacres penitenciarias. Y nuevos casos vendrán.

En los últimos 25 años los ojos del sistema interamericano estuvieron encima de la negligente justicia hondureña, matrimoniada con gobiernos militares y regímenes corruptos, causantes de numerosas violaciones, violencias e impunidad.

Esos gobiernos, pese a las sentencias condenatorias, no aprendieron las lecciones; por el contrario, han insistido en construir el olvido, renovar los métodos violatorios y, persistentemente, atacar a las víctimas.

Han sido tan descarados que, en el caso de los oficiales del ejército y la policía, responsabilizados por violaciones a los derechos humanos en la década de los años ochentas, los han promovido a cargos administrativos del estado o como asesores de grupos mafiosos, hasta levantarlos como analistas de televisión y radio.

De eso son responsables los partidos políticos jurásicos, sus satélites de cabecera y las cofradías de obispos y pastores, que le ponen agua bendita a los grupos degenerados del sector privado que matan en el nombre de dios y comulgan los domingos en las iglesias.

Por ejemplo, las amenazas a muerte contra Gladys Lanza, por cuya desprotección el Estado está arrimado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceden de los torturadores de San Esteban, de los captores de los seis estudiantes y de los ladrones del periodista Reyes Baca.

Esos renegados del terror mantienen vínculos directos con el bajo mundo de los grupos económicos y funcionarios gubernamentales, a tal grado que han generado incumplimiento de las medidas cautelares dictadas a favor de Gladys desde el 3 de diciembre de 2010.

Por eso fue la audiencia anteayer en la Corte, donde se exhibió otra vez el simplismo cínico de la Procuradora y el ministerio de inseguridad, diciendo que en los casos de amenazas a muerte la víctima está obligada a demostrar las causas y causantes de las amenazas.

Después del golpe de estado político, militar, religioso y mediático la constante mayor es la impunidad: sobreseimiento definitivo a los golpistas y vía crucis para las víctimas.

Por eso ha entrado en escena, aunque a paso lento, el sistema universal de justicia que abrió denuncia formal en la Corte Penal Internacional, porque la humanidad quiere sanción por las atrocidades que la élite local insiste en tapar como los gatos su estiércol entre la arena.

No sabemos todavía los compromisos que el Estado ha hecho en la Corte con la víctima de las amenazas y las dos organizaciones peticionarias, que le representan: el COFADEH y CEJIL.

Pero sí confiamos en que la insistente mirada internacional sobre el país servirá para salvar vidas, pues en el actual contexto hondureño la tendencia señala a nuevas y más brutales violaciones de ese derecho.

Gladys Lanza y su organización Las Chonas hicieron un trabajo sistemático de denuncia contra los perpetradores del golpe y la cúpula militar de Honduras. Desde entonces, la defensora empezó a ser víctima de amenazas y hostigamientos, tales como intimidaciones telefónicas y vía correo electrónico, seguimientos, vigilancia en su casa y en su lugar de trabajo, entre otras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Honduras proteger a la defensora de derechos humanos desde el 24 de julio del 2009. Sin embargo, las amenazas continuaron y el Estado no cumplió con las medidas cautelares.

Por ello, COFADEH y CEJIL, pidieron la intervención de la Corte Interamericana, que se concretó el jueves anterior.

Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos: “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos), en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Y eso es lo que hace a favor de Gladys Lanza.

Cofadeh, sábado 25 de febrero de 2012

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