Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso

Honduras ha vivido momentos difíciles con las muertes en la granja penal de Comayagua y el incendio de los mercados en Comayagüela. Ambos eventos trágicos gozan de la sospecha popular en relación a las causas de dichos incendios. Estados Unidos dice que en el centro penal no hubo mano criminal y que todo se reduce a un accidente provocado por la colilla de un inocente cigarro. En los mercados también se descarta la mano criminal y se señala como culpable de la explosión a un cilindro de gas licuado de uso doméstico, conocidos como “chimbos lpg”.

La población de “a pie” no cree las causas que se señalan y sospecha que a la larga, estos eventos sirvan para beneficiar los intereses de políticos y empresarios, expertos en sacar su buena tajada en toda circunstancia, incluso del dolor de los familiares de los privados de libertad calcinados o de los humildes vendedores que con rabia e impotencia vieron consumirse sus años de esfuerzo familiar.

El incendio en la cárcel y el de los mercados se dieron en un momento de mucha tensión en el Poder Ejecutivo. Recordemos que hasta hace dos semanas se hablaba de los funcionarios corruptos vinculados a temas como “el arrozazo 1 y 2”, “el gasolinazo”, se hablaba de los goles y autogoles del régimen de Lobo Sosa. Hasta molesto estaba Lobo Sosa por las críticas de los medios de comunicación hacia su forma de gobernar el país. De presto las llamas también acabaron con esas polémicas y el gobierno busca salir “en caballito blanco” de éstas tragedias.

Atrás quedó el tema de la depuración policial. Lo confirmaba la rectora de la universidad, Julieta Castellanos, que ni siquiera ha salido del Legislativo el decreto aprobado el 31 de enero que crea la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y que incluye, entre otras cosas, la investigación de los bienes de los miembros de la Policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Éste decreto tiene que ser trasladado al Ejecutivo para su sanción presidencial y luego su publicación en el Diario oficial La Gaceta para que se pueda echar a andar. Por ahora todo el proceso está paralizado.

La demanda popular debe ir encaminada a que haya transparencia en la investigación de ambos incendios que acabaron con la vida de 360 personas en Comayagua y consumieron la fuente de empleo de centenares de vendedores en los mercados de Comayagüela y, que se castigue a los responsables de los mismos. Además que se investigue a los funcionarios vinculados a actos de corrupción del régimen de Lobo Sosa, así como luchar por la justicia social en un país en el que con grandes incendios se quiere hacer borrón y cuenta nueva.

25 febrero