El pasado 17 de febrero, 95 organizaciones de 31 países, entre ellas la Rel-UITA, enviaron una carta al ministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, Roberto Cuellar, para expresarle su profunda preocupación en relación a la aprobación (11/2008) de parte de esta instancia gubernamental del proyecto del Mecanismo de desarrollo limpio (Mdl) Nº 3197.

Ese proyecto, situado en el Valle del Aguán, fue presentado por Exportadora del Atlántico SA, empresa que junto a Corporación Dinant conforman el Grupo Dinant, controlado por el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.

Durante los últimos años, el Bajo Aguán ha ocupado los titulares de importantes medios nacionales e internacionales, por la sistemática represión desatada contra las organizaciones campesinas que exigen el acceso a la tierra y a una vida digna.

Carta y lista de organizaciones internacionales

Según los firmantes, diferentes organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, de derechos humanos, así como reportes de las fiscalías de Tocoa y Trujillo, la  Fiscalía especial de derechos humanos, de medios locales y nacionales¹, y pronunciamientos públicos de otras instituciones del Estado, han señalado "una situación grave de violencia contra comunidades campesinas, violaciones severas de derechos humanos y la impunidad de los perpetradores".

El pasado 5 de noviembre 2011, la Comisión interamericana de derechos humanos, Cidh, expresó su profunda preocupación por la situación que se vive en esta zona de Honduras.

Durante su 143º periodo de sesiones, la Cidh señaló que se recibieron informaciones sobre "la criminalización de la lucha campesina y la militarización de la zona, lo que habría puesto a los campesinos y a defensores y defensoras de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán en una situación de alto riesgo"².

Las 95 organizaciones internacionales recalcaron que el propietario del proyecto, "es uno de los actores claves en el conflicto agrario del Bajo Aguán", ya que sus guardias de seguridad "han sido denunciados como principales agentes de la violencia emprendida contra las comunidades campesinas y como autores directos de asesinatos de cinco campesinos" (caso El Tumbador).

Impunidad

"Estamos consternados - se lee en la carta - porque, según la información proporcionado por las autoridades, hasta la fecha no han avanzado las investigaciones de los crímenes cometidos y ha crecido el riesgo de que éstos se queden en la impunidad", expresan las organizaciones internacionales.

Según la Misión Internacional de investigación sobre los derechos humanos en el Bajo Aguán, entre septiembre de 2009 y enero de 2012 son 45 los campesinos organizados asesinados en el marco del conflicto agrario.

La grave crisis de derechos humanos que se vive en la zona hizo que el pasado 14 de abril 2011, la empresa EDF Trading, subsidiaria en Londres de la sociedad anónima francés de capital público EDF SA e integrante de EDF Group, emitió un comunicado informando sobre su retiro de los acuerdos en la compra de créditos de carbono en el Bajo Aguán a la empresa Exportadora del Atlántico SA.

Esta decisión del gigante energético francés de no seguir participando en el proyecto Nº 3197, representó un segundo duro golpe en pocos días para las empresas de Facussé.

En efecto, el pasado 12 de abril 2011, la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) -que es parte del estatal Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW Bankengruppe)- decidió retirar un financiamiento de 20 millones de dólares a la Corporación Dinant. 
La decisión fue tomada después de analizar en profundidad la situación del conflicto agrario en el Bajo Aguán.

Finalizando su carta, las 95 organizaciones internacionales de 31 países pidieron que la Serna (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) "re-examine en detalle si el proyecto 3197 respeta todos los criterios necesarios para la otorgación de una carta de aprobación de su parte".

También pidieron que, al término de su proceso de revisión, se divulguen los resultados junto a los criterios de otorgación correspondientes, y que las autoridades "investiguen y sancionen de forma expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidos en el Bajo Aguán, incluyendo la persecución de los autores materiales e intelectuales de estos hechos".