Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso

¿Qué nos confirma amargamente la tragedia en la granja penal de Comayagua? la débil o ausencia de institucionalidad del Estado de Honduras, y la que existe está acaparada por políticas que nada tienen que ver con la función del Estado de promover el bien común y la dignidad de las personas. Los políticos de todos los colores y sabores siguen empecinados en hacernos creer que Estado y democracia se reducen a votos, bonos, partidos de fútbol y cancioncitas de adormecimiento popular.

La gran pregunta que nos hacemos es si con esta nueva tragedia habría tocado fondo la crisis en las cárceles hondureñas y en el sistema de justicia hondureño. A la pregunta sobre las cárceles y la mora judicial que un periodista le hizo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia respondió que en el sistema judicial todo estaba muy bien, que no había mora judicial en las cárceles y que la aplicación de la justicia marchaba viento en popa.

Con funcionarios así, que se muestran ante las tragedias con su rostro de yo-no-fui, es muy difícil creer que se pueda tocar fondo en la crisis nacional. No hay manera de avanzar en el país con el cinismo que acompaña a los funcionarios públicos, el cual llega al extremo de promover misas y plegarias por los muertos que ellos provocan, convencidos incluso que así no solo salvan el alma de los calcinados, sino que se eximen de cualquier responsabilidad.

Todos los sectores: familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales señalan al Estado hondureño como el responsable directo de la tragedia. Pero aquí, Pepe Lobo y comitiva se curan en salud, dando asistencia caritativa a los familiares de los asesinados, mientras medicina forense se apura para entregar los cadáveres con el superficial diagnóstico de una muerte por asfixia y quemaduras, y evitar que se identifiquen otras posibles causas de una muerte que pueda involucrar a funcionarios y jefes de la policía nacional.

La mayor expresión de deshumanización que vivimos en Honduras es la de comentarios que se emiten sobre lo que bien que resulta que mueran así unos delincuentes porque no eran buenas fichas y de esa manera el Estado se ahorra comida y otros recursos. Esas expresiones nos hunden como sociedad y nos dejan a merced de nuestras propias pasiones. No puede ser jamás de cristianos desear el mal o la muerte a otras personas, cualquiera que sea la situación en la que se encuentren.

No puede ser de cristianos quedarnos tampoco en la mera respuesta asistencial o caritativa a los familiares de las víctimas. Es cierto que en este momento hay que expresar la solidaridad en acciones inmediatas de auxilio a las familias, pero sin perder la mira hacia la lucha por buscar la verdad que conduzca a la identificación de los responsables de tanta muerte, que se deduzcan responsabilidades penales, se reparen a fondo los daños a los familiares y se demanden transformaciones profundas al sistema penitenciario como expresión histórica precisa de atacar de frente al impunidad hondureña.