Nils Castro, Alainet

Aunque los países centroamericanos, salvo una reciente excepción, no son productores de drogas ilícitas sino territorios de tránsito, esto no es prueba de inocencia y tiene diversas implicaciones. Una,ser parte de una cadena cuyos motores están fuera del área; otra, darles zonas y medios de trasiego (de recepción, custodia, reembarque, reclutamiento de personal, castigo de desleales, facilidades para operaciones marinas, aéreas y terrestres, lavado y movimiento de ganancias, etc.). Eso conlleva tanto actividades de agentes foráneos y colaboradores nativos, como de corrupción y complicidad de funcionarios locales.

La ilegalidad de esas actividades, junto con las rivalidades entre las bandas e individuos que las llevan a cabo, dinamiza una violencia criminal que llega más allá de los personajes directamente implicados. Eso incrementa la delincuencia organizada y la violencia criminal en Centroamérica, pero no las explica en su totalidad; porque esos problemas ya ocurrían antes del auge del tráfico de drogas, que ahora los involucra y agiganta. En otras palabras, resolver la cuestión implica combatir al narcotráfico pero incluye más que esta necesidad inmediata.

Por otra parte, el asunto no radica apenas en las pandillas. En el pasado V Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción, el representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli, destacó que el crimen organizado transnacional está diversificado, alcanza proporciones macroeconómicas y sus mercados, rutas de tráfico y dinámicas no tienen fronteras.

Agregó que su incidencia invade a múltiples instancias y sectores: comerciales, financieros, políticos, sociales, culturales, entre otros, señalando que el crimen organizado y la corrupción generan flujos de dinero de unos 2,1 billones de dólares por año. Al respecto, Mazzitelli observó que en 12 meses el sistema financiero internacional puede lavar sumas equivalentes al 2,7% del Producto Interno Bruto mundial.

El Estudio Global sobre el Homicidio 2011 –de la misma ONUDD– atribuye al narcotráfico el aumento de la violencia en Centroamérica. Destaca por ejemplo que en 2010 en Honduras se registraron 6 mil 200 asesinatos en un población de 7,7 millones de habitantes, y en El Salvador hubo 4 mil asesinatos entre 6,1 millones de habitantes.

Es decir, en Honduras la tasa llega a 82,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en El Salvador a 66. A escala mundial, siguen Costa de Marfil, Jamaica, la vecina Belice (con 41), Venezuela y enseguida Guatemala (con 41,4). Por consiguiente, el “Triángulo del Norte” centroamericano es una de las zonas más mortales del mundo. En contraste, los países centroamericanos menos inseguros son Costa Rica (con 11,3 y tendencia en aumento) Nicaragua (con 13,2 y tendencia a la baja). Su vecina Panamá está bastante peor, con 21,6 y subiendo. La OMS considera “epidemia” a cualquier tasa superior a 10.

Las implicaciones de tales cifras se agravan con los altos índices de impunidad que las acompañan. Según Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, “muy pocos de esos asesinatos son castigados”.

Esa situación contrasta con que en los últimos 15 años la tasa de homicidios disminuyó en Asia, Europa y América del Norte. Como dato de referencia, la tasa de Estados Unidos es de 5.

El estudio de la ONUDD atribuye el aumento de la violencia en Centroamérica y el Caribe a las crecientes disparidades de los ingresos y a la disponibilidad de armas de fuego. Una explicación que no es falsa pero dista de ser suficiente. No está de más recordar que, según la CEPAL, Honduras, El Salvador y Guatemala –en este orden, que es el mismo de sus respectivas tasas de homicidio– aparecen entre los países latinoamericanos con peores índices de pobreza, a lo que deben añadirse los de desigualdad.

El triángulo fatídico: un ejemplo básico

Decir que Centroamérica es un canal de tránsito de drogas que fluyen hacia el norte, y de armas y dineros que bajan al sur es una verdad a medias, que esconde otra parte del asunto. Lo mismo ocurre al afirmar que el aumento de la persecución al delito en México y Colombia motivó que los narcotraficantes mudaran sus operaciones a Centroamérica. Esas verdades incompletas sirven de excusa a algunos funcionarios que no cumplieron oportunamente sus tareas.

Panamá y Costa Rica están más contiguas a Colombia. Pero, aunque en estos países situación sociopolítica ha venido deteriorándose, eso obedece a causas internas. En ambos, la criminalidad vinculada al narcotráfico ha crecido pero está lejos de alcanzar los dramáticos extremos del triángulo del norte. A su vez Nicaragua está en medio del istmo centroamericano pero tiene menores tasas de violencia. La mayor gravedad del problema se concentra en Honduras, el Salvador y Guatemala donde, sin embargo, el asunto difiere de una a otra nación.

En otras palabras, ese género de explicaciones ayuda a resignar al público (aunque no a tranquilizarlo), sin aportar mucho a la solución del asunto.

En Honduras, con la peor tasa mundial de homicidios, es claro que la situación social ‑‑especialmente la pobreza y la ignorancia masivas, el empleo precario y la desigualdad‑‑ está en la base del problema, sin que ello signifique que es su causa inmediata. Una subcultura de machismo y violencia, alimentada por muchos decenios de exclusión, despojo, represión y resentimientos, contribuye a traducirlos en violencia y criminalidad. Las conductas violentas de los correspondientes lastimados sociales son anteriores a la proliferación de armas de fuego y el narcotráfico, que luego han potenciado esas formas de actuación social y personal.

Y un factor que después contribuye a incrementar este efecto es la utilización de dichos individuos y grupos, contratados como matones y sicarios por miembros de las élites del poder, para propósitos de imposición, despojo o represión. Ese vínculo con la élite le otorga a esos individuos y grupos cierto estatus y mayor impunidad. No es lo mismo ser un criminal de mala muerte que hacerlo al servicio de ciertos potentados; en la subcultura de los marginales, esto dispensa una peculiar “legitimación”.

El extremo se da al emplear asimismo a agentes de órganos del Estado para cumplir funciones similares, lo que desvanece la diferencia entre las entidades represivas públicas y privadas. Esa degeneración ya estaba muy extendida en Honduras cuando dos cosas la aceleraron: la penetración del narcotráfico como un actor adicional, y la crisis institucional precipitada por el golpe de Estado del 2009. Uno de sus efectos ha sido la incapacitación del Estado para controlar varios estratos sociales y áreas territoriales, e incluso a algunas de sus propias instituciones.

Eso amenaza la sostenibilidad del país y hace imperativo introducir correctivos. Sin embargo, la capacidad de emprenderlos está en entredicho por la degeneración de los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo, como la policía, el ejército y el sistema judicial, así como el sistema político tradicional, como lo dejan ver las dificultades del gobierno hondureño para cumplir su papel, aun bajo la presión de organizaciones, personalidades y medios de prensa, que pagan un altísimo costo por sostenerla. Lo que ha convertido a Honduras en un inquietante problema regional.

El triángulo fatídico: diferencias

Es sobre ese piso de precariedades, exclusiones y resentimientos sociales, de élites codiciosas y degradación institucional –con sus respectivas derivaciones culturales y morales– que el narcotráfico y otras modalidades de delincuencia internacional hallan dónde insertarse. En consecuencia, para desarraigarlos no bastará chapear la mata, sino remover sus raíces, lo que no pocas veces incluye depurar instituciones públicas y allegados a la élite, así como satisfacer urgencias sociales y reincorporar sectores marginados al quehacer económico formal.

Los tres países del triángulo del Norte son la parte más integrada de la región centroamericana. Sin embargo, al observar la violencia criminal en Honduras se ve que el fenómeno ocurre de otras formas en Guatemala y en El Salvador. Aunque el sustrato de élites oligárquicas e indignados sociales tenga semejanzas, sus manifestaciones difieren.

En el Salvador y Guatemala hubo cruentos procesos insurreccionales que culminaron en unos acuerdos de paz que buscaban sanear y reformar la institucionalidad gubernamental. En el primer caso buena parte de ese propósito se cumplió; en el segundo ello quedó lejos de conseguirse, agregando un saldo de decepción. Por su parte, Honduras no pasó por allí, sino que fue plaza de armas de la contra nicaragüense. En consecuencia, allí la opción de arreglárselas a tiros proliferó sin las aspiraciones ni la disciplina de las organizaciones revolucionarias.

En adición, Guatemala y Honduras tienen territorios mayores y complicados, más poblados –en el primero con una composición étnica muy compleja–, así como costas en ambos océanos, mientras que El Salvador, “el pulgarcito de América”, carece de ribera en el Caribe. Esto no es poca cosa cuando en la mayor parte de Centroamérica hay más atraso, aislamiento y descuido estatal en la vertiente atlántica y el subdesarrollo capitalista se concentra en las zonas ribereñas al Pacífico, salvo en Honduras donde la costa caribeña se divide entre la intrincada y abandonada Misquitia y el polo mercantil de San Pedro Sula.

Como tampoco es poca cosa cuando el cártel mexicano de los Zetas trabaja las rutas costeras e isleñas del Caribe, mientras que su rival de Sinaloa predomina en las del Pacífico.

Esas circunstancias definen roles: las costas y haciendas de la Misquitia son el asiento más activo del contrabando marítimo y aéreo de la cocaína que transita de Sudamérica hacia Estados Unidos a través de Belice, Guatemala y México. Mientras, en Guatemala ese papel lo cumplen la boscosas zonas de Alta Verapaz y el Petén, contiguas a Belice y México. A la vez en Guatemala últimamente ha empezado a detectarse otra actividad: la producción de drogas sintéticas, que algunos relacionan con el cártel de Sinaloa.

En cambio, en virtud de su ubicación geográfica, en El Salvador el narcotráfico es menos significativo, con lo cual la violencia criminal es cuantiosa por otros motivos. Lo que hace ver que el pandillerismo y dicha violencia también pueden darse –en cada uno de esos tres países– incluso donde hay menor presencia del narcotráfico.

Las “maras”, sí o no

Los corresponsales de prensa suelen atribuir la feroz tasa de homicidios de los países del triángulo del Norte a las pandillas juveniles o “maras” (por su inicial calificativo de marabuntas). Este es uno modo esquemático de abordar el tema, que igualmente encubre la ineficiencia de los funcionarios que no se ocuparon a tiempo del problema.

El origen y propagación de estas pandillas es anterior al arribo del narcotráfico. El fenómeno surgió en El Salvador, con la repatriación de miles de jóvenes expulsados de California –donde hace mucho hay numerosos trabajadores salvadoreños–, que llevaron a su país los hábitos organizativos de las gangas de Los Ángeles. El fenómeno pronto se extendió a Guatemala y Honduras, pero suele omitirse que no arraigó en Nicaragua ni Costa Rica.

Las maras no son apenas pandillas de maleantes. Son cofradías que acogen y dan identidad y formas de vida y de expresión a numerosos jóvenes que carecen de otros espacios, incentivos y oportunidades donde encajar. Agrupaciones con sus propios liderazgos, lealtades, subcultura y formas de diferenciarse –como la abundancia de tatuajes–, celosas guardianas de los territorios que se toman, por cuyo control rivalizan también con violencia. Son comunidades cuya explicación antropológica falta estudiar.

Sus actividades delictivas más comunes son la extorsión, los robos y asaltos, y en menor escala el sicariato, esto es, las lesiones o asesinatos por encargo. Le cobran “protección” a los tenderos, le exigen cuotas a los transportistas y, desde el arribo del narcotráfico, venden drogas al por menor. A su vez, son blanco de abusos policiales y medios para eludirlos o enfrentarlos.

Por el otro lado, los narcotraficantes tienen sus propias estructuras, bandas y matones, que igualmente actúan sin el concurso de las maras. En Honduras y Guatemala, donde la incidencia del narcotráfico es alta, las maras son un campo donde cooptar mulas, custodios y sicarios. Pero en El Salvador, aunque esa incidencia es menor, ellas mantienen activa presencia. Es decir, son dos cosas distintas que existen por sí mismas y que eventualmente se pueden asociar, sin que perseguir una baste para eliminar a la otra.

Según las tasas de homicidios reportadas por la ONUDD, al comparar los casos de estos tres países se evidencia que la criminalidad puede ser alta donde el narcotráfico tiene una presencia menor, como en El Salvador. Ello obedece a que en cada país la violencia es más común donde los niveles crónicos de pobreza, abuso, desigualdad y conflictividad social son más fuertes. Y donde esos males son menos agudos, dicha tasa es más baja, como en Costa Rica. Además, cuando los servicios de policía y el sistema judicial son más expeditos, la tasa es más baja, como en Nicaragua.

Un alto representante del nuevo gobierno guatemalteco afirmó que se combatirá la criminalidad acabando con las maras. Pero ellas solo son la parte más visible del asunto. Esa tesis igualmente menudea en el discurso político hondureño y en la derecha salvadoreña. Ciertamente, cuando el problema se comienza a atender después de haberlo dejado degenerar hasta los actuales extremos, se requiere determinado rigor para frenarlo. Sin embargo, a corto, mediano y largo plazos la situación solo podrá revertirse erradicando la corrupción institucional, así como las causas y efectos de la injusticia y la crispación sociales.

No obstante, reducir el asunto a “acabar con las maras” es simplista y omite la parte del reto que en Guatemala y Honduras ha sido más difícil de conseguir: la de erradicar las estructuras y bandas del narcotráfico, introducidas y dinamizadas por factores externos ‑‑los de la producción y el consumo– que no tienen origen en la región pero que agravan el tema al involucrar a personajes y pandillas locales. Por sus articulaciones externas, la eliminación de los gestores de esta actividad está fuera del alcance de los programas sociales, y en cada caso requiere la necesaria inteligencia y acción policial, así como de eficaz cooperación intrarregional e internacional.

Confianza pública y criminalidad

Julieta Castelanos, fundadora del Observatorio de la Violencia y hoy rectora de la Universidad Nacional de Honduras, denuncia que en su país el Estado se encuentra “en estado de calamidad”, pues ya no puede controlar todo el territorio ni a sus propias instituciones. La corrupción policial, junto al descrédito de las autoridades judiciales, lo inhabilita para cumplir su misión básica de dar seguridad a los ciudadanos. Como alguna vez el jurista puertorriqueño Fernando Martín indicó, refiriéndose a Haití, esto marca la diferencia entre una nación o un mero territorio poblado.

La vigencia del respectivo sistema político y la confiabilidad que el pueblo aún le reconoce tiene mucho que ver con la calidad del orden público. El sistema político hondureño ya se encontraba desfasado cuando –para evitar todo cambio– se perpetró el golpe de Estado de 2009, que acabó de degradar la situación. La curva que describe este atraso y colapso es paralela al crecimiento de la delincuencia y la criminalidad. La situación en Guatemala pareciera evolucionar en sentido similar, como lo demuestra la frecuente incidencia de los linchamientos con que los aldeanos se toman la justicia por sus manos, puesto que no hay agencias del Estado o ya no queda motivo para confiar en las autoridades judiciales.

A contravía, en Nicaragua la violencia delictiva se ha mitigado. Y a su vez, donde el sistema político tradicional, otrora exitoso, da signos de agotamiento, el problema tiende a crecer, como lo sugiere Costa Rica. Sin embargo, no cabe sacar conclusiones precipitadas: ese ingrediente pesa pero no es el único. Así lo prueba El Salvador, donde el sistema político y la eficiencia institucional mejoraron al implementarse los Acuerdos de Paz y donde últimamente se robusteció la eficacia institucional, sin que esto haya bastado para revertir dicha violencia.

Eso reitera que también hay de por medio un importante factor cultural, en el que la confianza en el sistema político y sus instituciones es una pieza capital pero dista de ser suficiente. La violencia propia del carácter del régimen social –de explotación, despojo, desigualdad, marginación, empleo precario, desatención, ignorancia y atraso, de arrogancia de los poderosos y humillación de los desposeídos– surte efectos de acumulación histórica donde la percepción de que no se pertenece a la sociedad que “sí cuenta”, y la correspondiente crispación social, contribuyen a alimentar y reproducir una subcultura de la cual esa violencia forma parte.

No hay por qué extrañarse: quienes se perciben excluidos de la sociedad debidamente reconocida tienden asimismo a considerarse excluidos de sus normas y valores.

Ese aspecto de dicha subcultura no solo se manifiesta en la creciente brutalidad del asalto o del ajuste de cuentas pandillero, sino también en la de la violencia doméstica, el femicidio, el abuso contra menores o ancianos, la reyerta callejera, el linchamiento aldeano y otros excesos, que igualmente inciden en la tasa de homicidios. La elevada proporción de asesinatos que se cometen por estrangulación, arma blanca u objetos contundentes así lo demuestra. En 2011, en Honduras fueron muertas cerca de 300 mujeres, mayormente en manos de sus parejas, no del crimen organizado. En Guatemala, según cálculo oficial el 60 por ciento de los asesinatos son perpetrados por las maras y los narcotraficantes, lo que significa que un cuantioso 40 por ciento –sobre un total de 6 mil homicidios al año– es cometido por ciudadanos corrientes.

Eso la “mano dura” no lo puede corregir. Antes bien requiere un poderoso trabajo educativo. Por supuesto que es indispensable tener muy buena policía, mejores jueces y eficiente reeducación, así como también es perentorio recuperar los territorios conquistados por las bandas –incluso por medios militarizados, como en Rio de Janeiro–, tanto para desarticularlas y asegurar tranquilidad a sus habitantes, como para deparar mejores oportunidades a los jóvenes. Como es obvio, se requiere una cobertura de vigilancia, disuasión y prevención. Pero la violencia del Estado, por si sola, no remedia la violencia social –ni la cultura de la violencia– sino que a la postre la llega a exacerbar.

Ninguna batalla cultural se gana rápidamente, ni mucho menos con meras prédicas, sean laicas o místicas. Solo podrán vencerla las prácticas incluyentes de un régimen no apenas legítimo por su elección, sino legitimado por el sostenido éxito de sus capacidades para acabar con la injusticia y la exclusión y, especialmente, para reincorporar a toda la gente ‑‑a todos los grupos sociales– al río principal de las esperanzas fructíferas.

Nils Castro es escritor y catedrático panameño

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