Al cumplirse dos años de la gestión de Porfirio Lobo, se hace obligatorio evaluar el cumplimiento de los objetivos del “Gobierno de Transición”, según los cuales, después del cruento golpe de Estado debía estabilizarse la situación política, menguarse la crisis económica y social, así como legitimarse las instituciones públicas.

El momento es propicio, pues se empieza a vivir el país un intenso ambiente político de cara a las próximas elecciones de 2012 y 2013, que de acuerdo a los voceros de la élite empresarial que controla el Estado, traerá el anhelado fin de la crisis que vive la sociedad hondureña.

Honduras: ¿un estado fallido?

Veinte años de aplicación de políticas de libre comercio y desregulación del mercado, interrumpidas sólo durante la gestión del Presidente Manuel Zelaya Rosales, han configurado una situación económica alarmante, que se ve empeorada por el impacto del golpe de Estado y la pésima gestión del Partido Nacional.

El derrumbe del Producto Interno Bruto en 2009 (-2.1%), la consecuente reducción de los ingresos del Estado (-13%), así como una disminución importante de la inversión, la contracción del consumo y el aumento del desempleo, son problemas que no ha podido superar la administración actual a cargo del Partido Nacional.

A esto debe sumarse las consecuencias de la ineficiente gestión gubernamental y el escandaloso latrocinio de los bienes públicos, que hacen que el gobierno se vea en serios aprietos para cubrir su gasto corriente y abandone la inversión social.

Como resultado de todos estos factores, Honduras es unos de los 2 países en Latinoamérica donde en los últimos 3 años (2009 al 2011) ha aumentado la pobreza. Con la juventud siendo la más afectada, que se ve obligada emigrar a los EEUU donde en muchos estados son tratados como esclavos.

Sin embargo, la crisis no afecta a todos por igual. Como es natural en el sistema capitalista, y sobre todo en su fase mas despótica, la neoliberal, mientras las capas medias y pobres de la población ven empeoradas sus niveles de vida, la oligarquía continúa acumulando capital.

Las políticas económicas aplicadas por el Estado al servicio de la élite empresarial garantizan la transferencia de las riquezas desde los más pobres hacia los más ricos. “Si originalmente las sociedades mercantiles captaban el 31 por ciento del ingreso nacional, la aplicación de las acciones de política económica del Estado empresarial y la actuación misma de la élite en el contexto creado por esa política, posibilitaron que su participación ascendiera al 52 por ciento. En contraste, los asalariados y las empresas familiares vieron disminuida su participación dramáticamente.

Destruyendo los derechos sociales y las conquistas populares.

Una parte esencial del paquete de medidas neoliberales recomendadas por el FMI y aplicadas por Porfirio Lobo, es el sistemático desmontaje de derechos adquiridos por la clase trabajadora conseguidos después de décadas de lucha.

Cada vez más, el Estado se distancia de su obligación de proveer los derechos básicos como salud y educación, obligando a las personas a recurrir a servicios privados o simplemente a abstenerse de usarlos.

La eliminación del Estatuto del Docente, la intervención del INPREMA, la aprobación de la Ley de empleo Temporal, la derogación del decreto agrario 18-2008, la amenaza de continuar con la privatización de la salud y la administración de las aduanas y los puertos, el potencial asalto a los fondos de pensiones de los empleados públicos, son todas medidas que se llevan a cabo para “atender las necesidades que dictan los mercados”, eufemismo usado para ocultar el despojo acelerado a las y los ciudadanos de bienes, servicios y derechos adquiridos.

Como resultado, en estos últimos dos años Honduras estancó su Índice de Desarrollo Humano y empeoró sus posibilidades de cumplir con los objetivos del milenio para el 2015.

Ilegitimidad total de las instituciones públicas

La característica principal de este período es la ingobernabilidad; expresada en el desprestigio de las instituciones públicas, el mínimo nivel del control del Gobierno Central y la constante contradicción entre funcionarios de alto rango.

La supuesta integración de un “Gobierno de Unidad Nacional”, que hoy se sabe fue un mandato de la Embajada Norteamericana, resultó en un fiasco, pues se incluyeron en el gabinete los mismos sectores coludidos con el golpe de Estado y marginalmente, otros serviles políticos de partidos parasitarios.

En teoría, el Partido Nacional debía mantener control férreo dentro de los poderes del Estado, con los cuales realizar una gestión ordenada y con suficiente margen político como para llevar a cabo un programa de Gobierno de acuerdo al interés de renovar la imagen de las instituciones de gobierno, convirtiéndose en un factor de estabilización social.

Sin embargo, la verdad termina siempre por emerger, y muy pronto se hicieron notar la inconsistencia ideológica y la bancarrota moral de la oligarquía que dirige el partido nacional al no haber en los dirigentes ninguna intención o acuerdo mínimo por lograr el bien común de la sociedad, el régimen se descompuso en una serie de proyectos mezquinos que buscan sólo una buena plataforma política para la siguiente contienda electoral o un puesto para llenar sus bolsillos a costa de los bienes públicos.

El propio Porfirio Lobo, en su mensaje a la nación de Este año, aceptó su impotencia de controlar esta situación, limitándose a pedir a sus ministros y miembros de otros poderes del Estado, discreción al momento de entrar en campaña.

No existe institución pública o poder del Estado en el que el pueblo tenga credibilidad: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad y defensa; todos son identificados por la población como cómplices del crimen del golpe de Estado de 2009 y como instrumentos de la elite dominante cuyos intereses están contrapuestos a los de las mayorías.

Sucede lo mismo con otras instituciones no estatales, como las grandes empresas religiosas o las corporaciones mediáticas, que solían validar y prestigiar el sistema económico, social y político, pero con su descaro de encubrir y apoyar el crimen ven reducido drásticamente su nivel de incidencia en el pueblo.

¿Trabajo y Seguridad?

A pesar de que la crisis es generalizada en todos los órdenes de la vida nacional, son paradójicamente las promesas de campaña de Porfirio Lobo - Trabajo y Seguridad - dos de los factores principales de descrédito de su administración.

En cuanto al trabajo, las estadísticas indican el aumento creciente del desempleo abierto y el subempleo visible, con el agravante de la pérdida de calidad de los puestos de trabajo como consecuencia de leyes que permiten y hasta promueven la precarización y la tercerización laboral.

Los pronósticos no son más halagüeños, se espera al empeoramiento de esta situación debido a la disminución de la inversión, la tendencia a la reducción del aparato de gobierno y, sobre todo, la continuación por dos años más de políticas enmarcadas dentro del modelo neoliberal ya fracasado .

Violencia; violación a los derechos humanos, Inseguridad y miedo

El problema de la vilipendia e inseguridad ciudadana el más sentido por el pueblo, que se encuentra en completa indefensión ante la incompetencia del Estado para brindarle protección. Honduras esta calificado hoy como uno de los países más peligrosos del mundo, penosa situación a la que llegamos por el rompimiento del orden constitucional y ha ido empeorando a pesar de la instalación de la administración de Lobo Sosa.

Asesinatos, narcotráfico, robos y extorción son parte de la cotidianeidad de las y los hondureños. La percepción generalizada es que esos problemas no podrán ser resueltos por autoridades coludidas con el crimen organizado.

Por el contrario, la constantes violaciones a los derechos humanos y la impunidad de que gozan los autores del golpe y los crímenes de lesa humanidad dejan claro la farsa de la “reconciliación nacional”, tan cantada por la élite gobernante.

La coyuntura internacional desfavorable a la oligarquía

Acudimos a un momento histórico de cambio signado por el declive de la hegemonía de Estado Unidos como poder unipolar, que da paso a un mundo con múltiples actores económicos y geopolíticos.

En ese contexto la situación de Honduras es particularmente complicada, pues los niveles de dependencia con la economía norteamericana son muy altos ( 40% del comercio es con ese país, y 18% del PIB lo representan las remesas desde EEUU). Es decir, que nuestro país, está sujeto a los vaivenes de una economía con pronósticos negativos.

La respuesta obvia ante esta situación sería la diversificación de los mercados y el comercio hacia otros lugares del mundo, sobre todo a Latinoamérica, que en medio de una crisis económica mundial, destaca por su crecimiento continuo y buenas perspectivas hacia el futuro.

Sin embargo, más allá de la tímida petición de ser incluida en Petrocaribe, y el temor de acceder al ALBA, la administración Lobo, persiste en una relación de sumisión ante los intereses económicos y por extensión, políticos del imperialismos norteamericano.

Como resultado de esta actitud, Honduras sigue siendo señalada como un país de alto riesgo para la vida y por tanto con muy pocas posibilidades de ser parte de importantes foros y mercados que ayudarían a aliviar la difícil situación económica que vive.

Aunado a esto, los altos índices de narcotráfico desde el régimen golpista y la inestabilidad política, así como las constantes violaciones a los derechos humanos y los asesinatos de periodistas y amenazas a la libertad de prensa, hace del país un destino poco deseado para la comunidad internacional y la inversión extranjera.

El Plan de Nación y Visión de País de la élite

La matriz rectora de la ideología y las acciones de la administración del partido nacional está plasmada en el Plan de Nación – Visión de País, ley aprobada de manera ilegal e ilegítima, con la que se pretende sentenciar el destino de las y los hondureños para los próximos 25 años.

En ese documento se resume la quintaescencia del pensamiento fascista neoliberal, que en Hondura, fue resucitado después del golpe de Estado. En el marco de esa “ley de la República”, se prevé la total entrega de los bienes públicos, los recursos naturales y la soberanía nacional.

Este Plan de Nación – Visión de País de la Oligarquía aprobado por los representantes del bipartidismo y sus comparsas, constituyen la máxima prueba de los propósitos comunes a largo plazo de la élites gobernante que, incapaces de proponer un modelo de desarrollo nacional, se resignan una vez más a ser comparsas de los poderes económicos transnacionales.

La paciencia del pueblo se agotó

El pueblo Hondureño vive desde hace dos décadas un paulatino pero continuo camino de organización y toma de conciencia, que floreció gracias a las esperanzas de transformación trazadas en el gobierno constitucional del Presidente Jose Manuel Zelaya Rosales, y vive un proceso acelerado de crecimiento espiritual después del Golpe de Estado.

Más allá de reaccionar ante los constantes atropellos y retrocesos impuestos por la fuerza de las armas y el control del Estado, la organización de nuevo tipo que construye el pueblo alrededor del Frente Nacional de Resistencia Popular, Partido Libertad y Refundación (Libre), propone cambios estructurales en las relaciones sociales, la cultura y el marco jurídico del Estado.

La combinación de las luchas social y política como elementos complementarios, son el factor decisivo y característica principal en la construcción de una nueva sociedad.

Libertad y Refundación (Libre) participará en el próximo proceso electoral con la certeza de que el camino de la victoria es el plan revolucionario de un socialismo democrático que respete la libertad de todos los actores, pero en procura de la igualdad a que todos tenemos derecho sin perder de vista que se debe lograr la transformación estructural del sistema

La Constituyente es la única salida

En la raíz de los históricos problemas estructurales de nuestra sociedad, y la necesidad imperativa de dar al pueblo participación en la definición del Estado, crear las políticas públicas y el control de la gestión gubernamental; consideramos que la constituyente y la democracia directa y participativa son las soluciones que demanda el pueblo para terminar con la crisis, por lo que procederemos a su construcción y perfeccionamiento.

Convocar al poder originario del pueblo, para que éste formule los nuevos pactos que comprometan a las diferentes clases y sectores sociales en la Refundación del Estado, ha sido desde el principio el objetivo principal de la Resistencia Popular hondureña.

La Refundación de nuestra sociedad, es la promesa irrenunciable de las organizaciones populares, revolucionarias y democráticas, para realizar los cambios profundos que requieren estos difíciles tiempos.

El Frente Nacional de Resistencia Popular, el Partido Libertad y Refundación (Libre) considera que la verdadera reconciliación del pueblo hondureño y su única oportunidad de lograr bienestar y paz, pasan por el reconocimiento de esta necesidad histórica, de respeto a la soberanía popular, por lo que habremos de crear cuanto antes los mecanismos de consulta, organización e instalación de Asamblea Nacional Constituyente

Cabe aclarar que ante la reiterada negativa del gobierno de la oligarquía de impedir este proyecto constitucional originario, demandamos la urgente convocatoria a elecciones internas y generales con el fin de cambiar este gobierno de la " unidad" nacionalista, con el fin de convocar la próxima asamblea nacional constituyente como el primer acto del gobierno de LIBRE.

Tegucigalpa M.D.C 30 de enero de 2012