Dana Frank, The New York Times

Es hora de ser reconocer el desastre de la política exterior estadounidense en lo que se ha convertido el apoyo al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras.  Desde el golpe de junio 28, 2009, que derrocó al Presidente democráticamente electo de Honduras, José Manuel Zelaya, el país ha estado descendiendo profundamente en un abismo de derechos humanos y seguridad. Ese abismo es, en buena parte obra del Departamento de Estado.

Los titulares de prensa han estado llenos de historias de horror sobre Honduras. De acuerdo con las Naciones Unidas, ahora Honduras tiene la mayor tasa mundial de homicidios, y San Pedro Sula, la segunda ciudad, es más peligrosa que Ciudad Juárez, México, el centro de la violencia del narcotráfico.

Gran parte de la prensa en los Estados Unidos ha atribuido esta violencia únicamente al tráfico de drogas y las pandillas. Pero el golpe fue lo que abrió las puertas a un enorme incremento en el tráfico de drogas y la violencia, y lo que desató una ola continua de represión por parte del Estado.

El actual gobierno del Presidente Lobo llegó al poder mediante las elecciones de noviembre 2009 administradas por las mismas figuras que habían iniciado el golpe de Estado. La mayoría de los candidatos de la oposición se retiraron en señal de protesta, y todos los observadores internacionales más importantes boicotearon las elecciones, salvo por el  Instituto Democrático Nacional (National Democratic Institute) y el International Republican Institute (Instituto Republicano Internacional), que son financiadas por los Estados Unidos.

El presidente Obama reconoció rápidamente la victoria del Sr. Lobo, aún cuando la mayor parte de América Latina no. El gobierno del señor Lobo es, de hecho, un hijo del golpe de Estado.  Mantiene en funciones a la mayor parte de las figuras militares que perpetraron el golpe de Estado, y nadie ha ido a la cárcel para comenzar.

Esta cadena de eventos - un golpe de Estado que Estados Unidos no detuvo, que aceptó una elección fraudulenta - ha permitido que la corrupción crezca rápidamente. El sistema judicial no funciona. La impunidad reina. Al menos 34 miembros de la oposición han desaparecido o han sido asesinados y más de 300 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado desde el golpe de Estado, de acuerdo con la principal organización de derechos humanos Cofadeh. Al menos 13 periodistas han sido asesinados desde que el Sr. Lobo asumió el cargo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists).

La policía en Tegucigalpa, la capital, se cree fue la que mató al hijo de Julieta Castellanos, la rectora de la universidad más grande del país, junto con un amigo suyo, en octubre 22, 2011. Altos funcionarios de policía rápidamente admitieron que los sospechosos eran policías, pero falló al no detenerlos inmediatamente. Cuando figuras prominentes se pusieron al frente señalando que la policía está llena de escuadrones de la muerte y narcotráficantes, el acusador más famoso era un ex comisario de policía, Alfredo Landaverde. Él fue asesinado el 7 de diciembre.  Sólo que ahora el gobierno ha comenzado a realizar detenciones importantes de los agentes de policía.

La represión patrocinado por el Estado continúa. Según COFADEH, por lo menos 43 activistas campesinos que participan en luchas por la tierra en el Valle del Aguán han sido asesinados en los últimos dos años y medio en manos de la policía, el ejército y el ejército de seguridad privada de Miguel Facussé. El señor Facussé se menciona en los cables de Embajada de Estados Unidos dados a conocer por WikiLeaks como el hombre más rico del país, un gran defensor del régimen post-golpe de Estado y propietario de tierras utilizadas para el trasiego de cocaína.

Y, sin embargo, a principios de octubre, Obama elogió a Lobo en la Casa Blanca por su liderazgo en una "restauración de las prácticas democráticas." Desde el golpe de Estado, los Estados Unidos ha mantenido y en algunas zonas ha aumentado el financiamiento a los militares y policiales de Honduras y ha ampliado sus bases militares allí, según un análisis de la organización the Fellowship of Reconciliation.  El Congreso americano, sin embargo, finalmente ha comenzado a retroceder. En mayo pasado, 87 miembros firmaron una carta a la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton pidiendo una suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras.  El representante Howard L. Berman de California, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores, le escribió el 28 de noviembre, y le preguntó si los Estados Unidos estaba armando un régimen peligroso. Y en diciembre, el senador Patrick J. Leahy, un demócrata de Vermont, y otros lograron condicionar una pequeña porción de la ayuda para los militares y la policía asignados para Honduras para el año 2012.

¿Por qué el Departamento de Estado ha apoyado la administración de Lobo pese a la evidencia brutal de la corrupción de su régimen? En parte porque ha cedido a la circunscripción cubana-americana de la representante Ileana Ros-Lehtinen, presidenta republicana del Comité de Asuntos Exteriores, y sus aliados.  Ellos han sido feroces sobre Honduras como la primera ficha de dominó con la cual presionar contra la línea de los gobiernos de centro-izquierda y de izquierda que han ganado elecciones en América Latina en los pasados 15 años.  Con su base aérea estadounidense, Honduras es también crucial para la estrategia de la militar de Estados Unidos en América Latina.

Mientras Honduras se sumerge en un abismo trágico, es el momento de cortar finalmente toda ayuda para los militares y la policía. "Dejen de alimentar a la bestia" es la manera como la Sra. Castellanos, la académica, cuyo hijo fue asesinado, lo expresa. Ella, al igual que otros defensores de los derechos humanos, insiste en que el gobierno de Lobo no puede reformarse a sí mismo.

El Departamento de Estado está empezando a ayudar a resolver la situación detrás de las escenas. Sin embargo, los activistas delos derechos humanos en Honduras, junto con muchos de nosotros en los Estados Unidos que estamos preocupados por Honduras, no creemos que esta administración puede o debe manejar una limpieza de la gran fosa séptica que ayudó a crear mediante el apoyo a un gobierno que debe su poder a un golpe de Estado.

En su lugar, tenemos que respetar las propuestas de los enfoques alternativos que en Honduras los defensores de los derechos humanos y la oposición están empezando a formular. Estos provienen de personas que están luchando en silencio contra el golpe y que continúan en riesgo de pagar el precio de ser muertos a tiros por las fuerzas de seguridad del Estado.

Ellos, no el Departamento de Estado, tienen el derecho de conducir su país hacia adelante.

Dana Frank, es una profesora de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, está trabajando en un libro sobre la guerra fría, la AFL-CIO y la intervención en el movimiento obrero hondureño.

Tomado de:

http://www.nytimes.com/2012/01/27/opinion/in-honduras-a-mess-helped-by-the-us.html

traducción libre Voselsoberano