Jeremy Kryt

Valle del Aguán, Honduras.  Con 3.000 kilómetros cuadrados, el valle del río Aguán en el noreste de Honduras es aproximadamente del mismo tamaño que el Death Valley de California. Pero a pesar de ser verde y fértil, la cuenca del Aguán se está haciendo famosa por ser un "valle de la muerte."  Desde enero de 2010, por lo menos 45 campesinos desplazados han sido asesinados en enfrentamientos por los derechos a la tierra en el Aguán, y "el número real de las ejecuciones es probablemente mucho mayor", de acuerdo con Annie Bird, co-director de la organizacón pro defensa de los derechos humanos Rights Action (RA), que visitó Honduras en septiembre.

Foto Giorgio Trucchi

Bird y otros críticos consideran que la violencia en el Aguán es impulsada por la competencia por los recursos entre los agricultores locales y los productores de biocombustibles de gran escala. El valle es el hogar de más de una docena de plantaciones de palma africana que suministran energía "verde" a Europa y Asia, así como un par de plantas de biogás que operan bajo el marco de la iniciativa de los bonos de carbono de las Naciones Unidas.

"Los agronegocios después de todo, están en las tierras agrícolas de primera en el Aguán," dice Bird. "Eso es lo que está impulsando el conflicto aquí".

Las plantaciones de palma africana también han sido vinculadas con la violencia por la tierra en Indonesia, África y otras partes de América Latina, conforme la demanda mundial por los biocombustibles se ha disparado en los últimos años. Pero el uso de la tierra fértil para  los combustibles, en comparación con la producción de alimentos, ha provocado un alza en los precios mundiales de los alimentos. En octubre de 2011, el Comité de Seguridad Alimentaria emitió un informe que cita la producción de biocombustibles como una de las principales causas de la escasez de alimentos en todo el mundo.

Haciendo caso omiso al informe de su propio comité, la ONU sigue respaldando a las dos plantas de biogás adjuntas a las plantaciones de palma africana en el Valle del Aguán como parte de su polémico programa Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un producto del Protocolo de Kyoto, los MDL permiten a los gobiernos y a las empresas de los países occidentales comerciar los créditos de carbono con empresas en países en desarrollo que utilizan la energía renovable y otras técnicas de ahorro de carbono.  Los críticos del programa de MDL señalan el dilema de alimentos versus combustibles, así como el tema de la "adicionalidad", es decir, si o no debería existir el MDL sin ser sancionada por las inversiones de la ONU. Pero Bird dice que hay un componente moral.

"Con la aprobación de la inversión en estos proyectos, la ONU se ha hecho cómplice de una crisis de derechos humanos", dice Bird. "Es vergonzoso”.

Asesinatos y desalojos forzosos

Las dos plantas del Aguán del mecanismo de desarrollo limpio hacen uso de las aguas residuales ricas en bacterias resultantes de la extracción de aceite de palma para producir metano del biogás. Sin embargo, el proceso de captura del gas metano sólo es rentable a gran escala, y los observadores dicen que ofrece a las empresas locales un incentivo directo para expandir sus operaciones.

David Cálix, portavoz del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), dice: "En los dos últimos años más de 1.500 familias de campesinos han perdido sus hogares, escuelas y comunidades, debido a los contundentes desalojos", los cuales han sido relacionados con los esfuerzos de expansión  de la palma africana en el Valle del Aguán.

En julio, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) publicó un informe sobre el Aguán que alega que los desalojos y los ataques armados contra las comunidades locales son realizados por "guardias de seguridad de las plantaciones y los grupos de milicia privada" a quines se le permite actuar con impunidad. El informe de la FIDH obligó a un par de poderosos inversionistas europeos a retirarse del proyecto MDL del Aguán y provocó que el Parlamento Europeo ordenara una misión de investigación. Hasta ahora, sin embargo, estas medidas no parecen haber tenido algún impacto en la escalada de violencia.

En tan sólo dos días en agosto, las escaramuzas entre los guardias y los campesinos dejó 11 personas muertas.  Unos días más tarde, otros dos dirigentes campesinos fueron asesinados y uno de ellos, Pedro Salgado, recibió un disparo en su casa junto con su esposa. Un pueblo campesino entero fue quemado hasta los cimientos.  La protesta internacional fue tan grave que a principios de septiembre, el gobierno de Honduras envió una fuerza especial de unos 1.000 agentes de policía y soldados a ocupar el valle.

Pero Bird dice que en vez de proteger los derechos humanos de los campesinos, las fuerzas de ocupación han ayudado en su persecución. Han surgido informes que la policía y los soldados han tomado medidas enérgicas contra las comunidades campesinas, e incluso participan en los desalojos.  Los ataques de "escuadrones de la muerte" contra los campesinos han seguido más o menos al mismo ritmo que la ocupación de las fuerzas especiales, con cuatro asesinatos en la misma semana a principios de octubre. No se han hecho arrestos en ninguno de estos asesinatos y ningún sospechoso ha sido señalado.

Ocupación peligrosa

"Los soldados dicen que han venido a traer la seguridad, pero eso es una mentira", dice el presidente de MCA Rodolfo Cruz. "Ellos están aquí para servir a los intereses de los terratenientes ricos, los mismos que controlan a los políticos en [la capital de Honduras] Tegucigalpa."  Cruz también actúa como alcalde de una pequeña comunidad campesina llamada Rigores, que según él ha sido amenazada varias veces con el desalojo por guardias de seguridad y policías.

Cruz también informa  que los ciudadanos están siendo buscados al azar, y que ha habido redadas masivas y detenciones por parte de las autoridades para perseguir a los líderes del movimiento. "Ellos nos acusan de tener armas, de la formación de una insurgencia", dice Cruz, cuyo hijo de 16 años de edad, hijo, Santos, alega fue torturado estando bajo custodia policial para obtener información el 19 de septiembre.  Cruz sostiene que el MCA y otras organizaciones son movimientos pacifistas dedicados a la resistencia no violenta.

Bird, quien ha investigado el caso, cree que no hay duda que el hijo de Cruz fue blanco de las autoridades porque su padre es un prominente portavoz de la reforma agraria.  "Todo esto es parte de su patrón de intimidación", dice.  "No hay sistema de justicia funcional en Honduras." Como una prueba más de la disfunción jurídica, Bird señala que el hombre de negocios con la mayoría de las propiedades en el Aguán, Miguel Facussé Barjum, fue revelado recientemente por WikiLeaks que tiene fuertes lazos con los traficantes de cocaína colombiana. "La policía está desalojando a los campesinos de la propiedad de un capo de la droga conocida", dice. "Eso te muestra lo podrido es el sistema."

Aunque en septiembre hubo insinuaciones en la prensa hondureña que la policía ha capturado los teléfonos celulares que demuestran la existencia de un ejército rebelde a unos 300 miembros, el jefe de la policía de Honduras, Julio Benítez es mucho más circunspecto. "Realmente no sé lo que está pasando en el Aguán", dice Ávila. "Sabemos que hay grupos armados. Sabemos que la gente esta ha recibido disparos en circunstancias misteriosas. Pero es muy complicado ".

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de brutalidad policial, Ávila se negó a responder, diciendo solamente: "[La policía de Honduras] es una organización profesional. Nos comportamos de una manera profesional. Estamos trabajando duro para proteger a los campesinos del Aguán y para protegerlos de los criminales violentos."

Impulsar la reforma

"La situación en Honduras es, por supuesto, de gran preocupación para nosotros", dice  el Presidente de la Junta del MDL Martin Hession. "No queremos estar asociados con este tipo de cosas de ninguna manera". Hession dice que como resultado de la violencia en el Aguán, la Junta del MDL tiene una "mayor vigilancia" en lo que respecta a la aprobación de nuevos proyectos.

Sin embargo, Eva Filzmoser, director del programa de la Vigilancia con sede en Bruselas del MDL, cree que es demasiado poco, demasiado tarde. "Estamos profundamente decepcionados ... que el proyecto [del Aguán] fue registrado a pesar de las serias preocupaciones acerca de presuntas violaciones de los derechos humanos", escribió Filzmoser en un e-mail.

Filzmoser responsabiliza a Hession y al resto de la Junta que optó por hacer caso omiso a los primeros informes de la violencia en Honduras cuando se aprobó el proyecto en julio de 2011.  Parte del problema es sistémico, escribe, derivados de la falta de supervisión de los interesados por la misma Junta del MDL. "El proyecto [del Aguán] nunca habría sido registrado, si las normas correspondientes estuvieran en su lugar", escribió Filzmoser.

Bird también ve un defecto inherente en el programa MDL. "Si usted está tomando las tierras de los pobres para generar biocombustibles, está efectivamente condenandolos a morir de hambre", dice.

Hession dice que las cosas están más allá del ámbito de la junta directiva del MDL. "No podemos ser el árbitro de los derechos humanos en todo el mundo."  A lo que Bird responde: "Ese es el único y fundamental mandato de la ONU, para ello fue creada la ONU para promoverlos. Y la junta de MDL todavía es parte de la ONU."

Para Cruz, quien también es productor, la cuestión es menos filosófica y más práctica: "Todo lo que queremos es un lugar para cultivar el maíz, para hacer crecer nuestro frijol", dice. "Todo lo que queremos es el derecho de trabajar la tierra."

http://www.inthesetimes.com/article/12285/carbon_credits_in_the_valley_of_death