Raúl Zibechi, La Jornada

La reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos reafirma la política militarista del gobierno de Barack Obama hacia América Latina, como el principal camino para resolver la crisis económica y el declive de la hegemonía global y regional. Ironías de la vida, el TLC impulsado por el conservador George W. Bush fue destrabado luego de cinco años por el Congreso, bajo el progresista Obama, mostrando que cuando se trata de los intereses imperiales y multinacionales no hay diferencias sustanciales entre los dos partidos estadunidenses.

El presidente Juan Manuel Santos declaró: es el tratado más importante que hemos firmado en nuestra historia, aunque va a hundir la producción agropecuaria, como ya sucedió en todos los países que signaron esos acuerdos. Sin embargo, como señala el periodista colombiano Antonio Caballero en su columna titulada El empalamiento (Semana, 15/10/ 2011), el tratado es en realidad un acta de sometimiento que profundiza el papel de gendarme regional de Colombia.

Estamos ante una clara opción de las elites por el neoliberalismo armado que les permite aumentar las ganancias y a la vez bloquear la protesta social. Este modelo, que ya se viene aplicando con éxito en Guatemala y México, y que tiende a desbordarse hacia toda la región, es el régimen político adecuado para promover la acumulación por desposesión que analiza David Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2003), aunque el geógrafo británico no especifica en sus trabajos el tipo de Estado que corresponde a este modo de acumulación.

Colombia ostenta el mayor gasto militar reconocido de forma oficial de la región, que alcanza casi 4 por ciento del PIB, duplicando en porcentaje al de Brasil y casi tres veces mayor que el de Venezuela, aunque otras fuentes lo elevan hasta 6 por ciento. Actualmente, el ejército de Colombia cuenta con 230 mil integrantes, la misma cantidad que el de Brasil, que tiene una superficie siete veces mayor y cuatro veces más población. La desproporción respecto a sus vecinos Ecuador y Venezuela es enorme, aunque los medios se empeñan en mostrar que la verdadera amenaza a la paz regional proviene de Caracas.

Bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) los campesinos fueron despojados de 6 millones de hectáreas y hubo 3 millones de desplazados. A la política de privatizaciones de su antecesor (telecomunicaciones, banca, petróleo), Santos suma ahora la reprimarización de la economía orientada a la explotación de minerales, gas, carbón, oro y petróleo, y la expansión de la agroexportación de soya, caña de azúcar y palma africana. Una parte de los capitales que invierten en esos negocios proviene del paramilitarismo y el narcotráfico, que han unido armas y bienes despojados.

Colombia figura entre los 10 países más desiguales del mundo. Con las reformas laborales, los empresarios ya no pagan ni siquiera las horas extras. La salud y la educación sufren recortes para engrosar el presupuesto de guerra y la privatización quiere avanzar sobre las universidades, pese a la amplia movilización estudiantil. Para eso funciona el neoliberalismo armado, hijo pródigo del Plan Colombia, coronado ahora con el TLC.