Quienes perpetraron o aplaudieron el golpe de Estado de 2009 en Honduras usan aun hoy la expresión “sucesión constitucional” para maquillarlo. Aseguran que una supuesta cadena de acciones del poder judicial, el Congreso y el ejército hondureño garantizaron la legalidad del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya aquel domingo 28 de junio.
Sin embargo, las versiones recogidas por la embajada estadounidense en Tegucigalpa durante la semana previa y durante el mismo día del golpe derriban esa teoría. El Faro tiene en su poder, además de los cables diplomáticos sobre El Salvador, un lote de los cables diplomáticos originados en la embajada estadounidense en Tegucigalpa. En estos documentos, políticos, funcionarios de justicia y empresarios implicados en el golpe aparecen citados por el embajador Hugo Llorens contradiciendo en sus afirmaciones el relato oficial que días después defenderían, y confesando la ilegalidad de la acción militar y del entramado golpista en su conjunto. Hasta ahora, en Honduras solo los partidarios de Zelaya, considerados por ello izquierdistas, se han atrevido a denunciar en público durante los últimos dos años.
Destacan en ese sentido las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés, y del fiscal general, Luis Alberto Rubí, que por separado y en privado negaron a la embajada haber tramitado y emitido la orden de captura contra Zelaya “por traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones” a la que, en teoría, dieron cumplimiento los militares que allanaron la casa del mandatario la madrugada del golpe.
A finales de junio y comienzos de julio de 2009 circularon en internet, y fueron reproducidas por diversos medios internacionales, una supuesta solicitud de orden de captura contra Zelaya emitida por el Ministerio Público (la Fiscalía General), fechada a mano el 25 de junio, y supuestamente recibida en la Corte Suprema a las 4 p.m. de ese jueves; y una orden de captura emitida por la Corte Suprema al día siguiente. Sin embargo, tres días después un cable urgente enviado por la embajada el 28 de junio a las 14:58 horas con un resumen de las primeras horas del golpe afirma: “Tanto el Fiscal General (Rubí) como miembros individuales del Congreso con los que hemos hablado dicen que ellos solo han ordenado la confiscación del material electoral y no han pedido el arresto de Zelaya”.
Aunque el cable cita a Juan Orlando Gutiérrez (probablemente se refiere a Juan Orlando Hernández, entonces diputado del Partido Nacional y desde enero de 2010 presidente del Congreso), que afirmó que Zelaya podría ser arrestado por “delitos en flagrancia” hasta 24 horas después de haberlos cometido, la posibilidad de una detención en flagrancia no fue esgrimida en ningún momento por los golpistas, que en su afán de vestir de legalidad el nombramiento de Roberto Micheletti como presidente interino incluso presentaron una supuesta carta de renuncia de Zelaya, con fecha también del 25 y después denunciada como falsa por el mismo presidente derrocado.
Después de esa declaración en privado hecha a la embajada, el fiscal general tardaría todavía 48 horas en pronunciarse en público. El martes 30, en conferencia de prensa, avaló la legalidad de lo sucedido y aseguró que había girado una orden de captura internacional contra el depuesto presidente Zelaya.
Los cables revelan otras contradicciones. Una comunicación clasificada como secreta y enviada el lunes 29 de junio explica que al día siguiente al golpe prácticamente todos los contactos de la embajada “incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Rivera Avilés, y miembros del Congreso, tanto de la oposición como del propio partido del presidente, el Partido Liberal” insistían ya en asegurar que las acciones contra Zelaya “fueron hechas legalmente”.
Sin embargo, Llorens cita conversaciones con tres empresarios, Antonio Travel, Emilio Larache y Emin Barjum, que aceptaban que el golpe “fue ilegal”, aunque argumentaron que no había más remedio que “aceptar el régimen actual (en referencia al gobierno de facto de Micheletti) y esperar hasta la elección de noviembre para la restauración de un gobierno constitucional”. En igual sentido se expresan en el mismo cable el ex presidente de Honduras Ricardo Maduro y el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, ambos miembros del Partido Nacional. Ante ellos, el embajador estadounidense condena el golpe y Maduro y Álvarez expresan “sorprendentemente”, en palabras de la embajada, que el golpe tuvo lugar “pese a su total desacuerdo con el mismo”. Ambos ya defendían en ese momento las elecciones del 29 de noviembre como “vía de regreso a un gobierno constitucional”. Su correligionario, el ahora presidente Porfirio Lobo, era el favorito para ganarlas.
En un tercer cable firmado por Llorens el 2 de julio, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Alberto Rivera Avilés, contradice además lo que tres días antes dijo él mismo: “Aunque se afirma que la Corte Suprema emitió una orden de detención contra Zelaya, el presidente de la Corte Suprema nos ha dicho que eso no es cierto”, afirma el embajador. “La única orden de la que tenemos conocimiento es una emitida el 25 de junio o a primeras horas del 26 por una corte de menor rango, ordenando el secuestro del material electoral (para la consulta de la cuarta urna que impulsaba Zelaya).”
Rivera Avilés ya se había reunido con el embajador el jueves 25, horas antes del primer intento de golpe de Estado finalmente abortado en el Congreso. En aquella reunión, según se recoge en otro cable confidencial de la embajada de Estados Unidos en Honduras fechado el 26, el presidente de la Corte Suprema dijo que estaba “extremadamente preocupado” ante la acción que el Congreso tenía planeada esa noche contra Zelaya. “Rivera dijo que los líderes del Congreso se habían acercado a él para hablar de sus planes para destituir al presidente, y que él les había aconsejado no hacer algo como eso, que él consideraba ilegal”.
“El Congreso no tiene el poder de impugnar al presidente desde que se derogó esa ley en 2005”, señaló ese día Rivera Avilés: “Actualmente la única forma de destituir a un presidente en el cargo es que el Ministerio Público y la Corte Suprema en persona lleven adelante un caso criminal contra él”. Si atendemos a lo que los mismos protagonistas del golpe declararon a la embajada, eso nunca sucedió.
Un mes después del golpe, el 24 de julio, en un cable confidencial titulado “Un caso obvio: el golpe en Honduras”, la embajada estadounidense hace un completo análisis del sustento legal de cada uno de los argumentos golpistas. La supuesta renuncia, la supuesta orden de captura, el cese automático de Zelaya en el cargo por su presunto deseo de reelegirse, la supuesta destitución a manos del Congreso… caen una tras otra bajo el peso de la lógica jurídica y la evidencia de los hechos.
En concreto, sobre la posibilidad de que la Fiscalía y la Corte ordenaran la captura de Zelaya por supuestas violaciones a la Constitución, el análisis de la embajada sentencia: “Nunca hubo una exposición pública y formal de la evidencia en su contra, ni nada parecido a un debido proceso”. La supuesta orden de detención, “hecha pública días después (del golpe), en todo caso hubiera permitido su arresto y entrega a las autoridades competentes, pero nunca su expulsión del país”, argumenta el cable. Y sigue argumentando que, incluso si la Corte hubiera ordenado la expulsión de Zelaya del país, esta hubiera sido inconstitucional en virtud al artículo 81 de la Carta Magna hondureña, que prohíbe la expatriación de nacionales.
El documento hace, de hecho, referencia a la entrevista que El Faro sostuvo con el principal asesor jurídico de la Fuerza Armada Hondureña, coronel Herbert Inestroza, publicada el 4 de julio de 2009. En ella, el oficial admitió que el ejército había infringido la ley y pasado por encima de las autoridades civiles al sacar a Zelaya del país, aunque defendió la necesidad de hacerlo. Inestroza reconocía lo evidente; según el cable, varios jueces de la Corte Suprema admitieron en privado -nunca en público- ante oficiales de la embajada norteamericana que “tanto el arresto como la deportación del presidente Zelaya por parte de los militares fueron ilegales”.