¡No nos olvidemos de Honduras!, el país sigue aún bajo un régimen de facto, y nos hace recordar los peores momentos de las dictaduras cívico-militares imperantes durante gran parte de los años 70 y 80 en Latinoamérica, en donde grandes empresas eran cómplices en la violación de los Derechos Humanos (DDHH).

Un ejemplo que da cuenta de ello es el caso de la Corporación Dinant, una empresa agroalimentaria hondureña con presencia en toda Centroamérica, conocida por la violencia con que ejerce sus negocios, ahora, con la complicidad del régimen, empleando a escuadrones de la muerte, al ejército y a la policía.

Según informes de la Organización No Gubernamental (ONG) alemana “Rettet den Regenwald“ (“Salva la Selva“), la empresa presentó dos proyectos de venta de bonos de carbono para sus monocultivos de palma aceitera. Los créditos de carbono se pagarían a través del denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un controvertido esquema para la captura de carbono atmosférico establecido por las Naciones Unidas bajo el Protocolo de Kyoto.

Según este mecanismo, compañías contaminantes de los países del Norte -en este caso la compañía energética británica EDF Trading- evitan reducir sus propias emisiones de carbono al aire comprando créditos de proyectos en el Sur que supuestamente reduzcan estas emisiones.

La autorización a EDF Trading para comprar créditos de carbono a la Corporación Dinant fue otorgada por el gobierno del Reino Unido poco antes del golpe militar en Honduras.

Ahora, según la ONG alemana, el gobierno británico -que suscribe el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos- debería retirar su autorización para no convertirse en el tercer cómplice de las violaciones a los DDHH en Honduras.

En febrero de este año casi un centenar de organizaciones enviaron una Carta Abierta al Departamento de Energía británico para que revea esta autorización. Sin embargo, el gobierno aún no ha desautorizado el proyecto, y al acercarse la fecha límite, aumentan las posibilidades de que la Corporación Dinant reciba el dinero de EDF Trading. “Esto es posible porque bajo las normas de MDL, los DDHH son totalmente ignorados, lo cual es escandaloso”, señala “Rettet den Regenwald“.

La Corporación Dinant, cuyo presidente es Miguel Facussé Barjum, es acusada de violentos conflictos por la tierra, desalojos, violaciones de DDHH y del asesinato de agricultores del Movimiento Unificado Campesino (MUCA) y del Movimiento de Campesinos del Valle del Bajo Aguán (MCA). Según la organización internacional “Foodfirst Information & Action Network” (FIAN), en 2010 se verificaron 16 asesinatos, aunque el número de muertos puede ser mayor, según declaraciones de la Vía Campesina Honduras, que afirma que 25 personas fueron asesinadas durante el último año.

En este cuadro, una campaña difamatoria contra los campesinos es llevada a cabo por los medios de comunicación de Honduras, cercanos del régimen de facto, alegando contra toda evidencia, que las organizaciones campesinas están armadas. Esas acusaciones son fuertemente rechazadas por las organizaciones campesinas y contradicen todas las pruebas.

Los informes de “Rettet den Regenwald“ señalan que los conflictos territoriales en el Bajo Aguán datan de la década de 1990 cuando Facussé y otros dos grandes terratenientes obtuvieron los títulos de las tierras de las cooperativas de agricultores -ahora sembradas con palma aceitera- a fuerza de violencia e intimidación. Incluso hay indicios de que bajo los términos de la Legislación Nacional de Reforma Agraria, Facussé no tenga derechos legales sobre la tierra. En junio de 2009, el gobierno de Zelaya firmó un acuerdo para investigar a fondo este tema, que el gobierno de facto tras el golpe de Estado no implementó.

En cambio, en abril de 2010, el presidente de facto Porfirio Lobo impuso un acuerdo al MUCA en donde los agricultores recibirían 6.000 hectáreas de tierra, pero tendrían que cultivar palma aceitera en la mitad y vender los frutos a los molinos de palma propiedad de tres terratenientes, incluido Facussé. A pesar de ello, los terratenientes no se dieron por aludidos, no devolvieron la tierra y, peor aún, la zona fue totalmente militarizada.

De acuerdo con el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH) y el MUCA, el molino de palma aceitera donde se localizaría el primer proyecto de MDL fue utilizado para acomodar a las fuerzas militares, paramilitares y policía en abril 2010. Una mujer campesina informó que utilizaron el sitio como base para las patrullas y para intimidar a la población y que dispararon contra una niña de diez años el 11 de abril 2010. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su honda preocupación por la participación de los militares en un informe publicado en mayo de 2010.

Los asesinatos más recientes confirmados sucedieron el 15 de noviembre de 2010, cuando cinco agricultores murieron y otros resultaron heridos en la comunidad de El Tumbador, cerca de Trujillo. Una Carta Abierta dirigida a la Unión Europea escrita por seis ONGs internacionales, entre ellas FIAN, afirma que “la matanza se produjo, cuando cerca de 200 guardias de seguridad, supuestamente bajo las órdenes del productor de palma Miguel Facussé Barjum, desalojaron violentamente la finca El Tumbador y abrieron fuego con armas pesadas contra los campesinos”. Las organizaciones expresaron su especial preocupación por la impunidad ante las violaciones de DDHH en Honduras y constataron el fracaso del régimen, instaurado desde el golpe militar en junio de 2009, para aplicar la legislación de reforma agraria.

A principios de enero de 2011, se informó que dos jóvenes fueron golpeados y heridos de gravedad por miembros de la policía y paramilitares armados pagados por Miguel Facussé y otros terratenientes. El 8 de enero, el periodista y miembro del MUCA Juan Chinchilla, fue secuestrado en la misma provincia, pudiendo escapar de sus captores quienes, según informó, llevaban uniformes militares, policiales y de la guardia privada de Facussé.

La historia de la Corporación Dinant es un reflejo más del estereotipo que impuso la tristemente célebre United Fruit. El escritor Juan Gelman cuenta que su despectivo director Sam “The Banana Man” Zemurray, alguna vez dijo: “En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del Parlamento”, cuando la empresa comenzó sus operaciones a comienzos del siglo pasado. En los años 20 controlaba casi una cuarta parte de la tierra cultivable de Honduras y además se dedicaba a derrocar gobiernos elegidos en las urnas, como el de Arbenz en Guatemala en 1954. A fines de los 90, la United Fruit que pasó a llamarse Chiquita se inspiró en su ejemplo y pagó 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares para controlar el cultivo y la distribución del banano en Colombia: decenas de trabajadores aparecían muertos en las plantaciones, la empresa fue demandada por familiares de los asesinados y compró su impunidad con una multa de 25 millones de dólares impuesta por un juez estadounidense.

En este escenario, a partir del golpe militar en Honduras el imperio prueba un renovado modelo administrado por las corporaciones transnacionales con intenciones de ser replicado en la región, promoviendo el “Honduras Open Business”, una rueda de negocios que tiene como finalidad el relanzamiento del país como el más atractivo destino para la inversión en América Latina.

El canciller hondureño Mario Canahuati, informó que ya son más de 320 las empresas internacionales anotadas para la actividad que se realizará el 5 y 6 de mayo próximo en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, confirmando la asistencia del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, junto a ejecutivos de Microsoft, Walmart, Samsumg, Toyota, Fiat, BMW, Siemens, el Corte Inglés y las cinco empresas constructoras más importantes del mundo, entre otras.

Otro de los asistentes destacados es el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Gary Locke, quien al decir de Canahuati “nos ayudará a promover inversiones o, en su defecto, manejar algún tipo de iniciativas con respecto a la flexibilización de algunas inquietudes en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC), así como el apoyo en lo que respecta al inversionistas americanos en la región”. “Vamos a dar a conocer las cuatro leyes que el gobierno aprobó para incentivar la inversión: La Ley Público Privada, Ley de Garantías Mobiliarias, Ley de Empleo por hora y la Ley de Protección y Promoción de Inversiones, que se encuentra en anteproyecto", agregó.

La restauración neoliberal en marcha.

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