Efraín Moncada Silva, La Tribuna, 25 Septiembre de 2009

Con relación a la cacareada “sucesión constitucional”, “sucesión presidencial” o como le llamen los golpistas, algunos prestigiosos abogados opinan, en primer lugar, que en ninguna parte de la Constitución figura expresamente tal mecanismo con esa denominación; y, en segundo lugar, que dicha “sucesión constitucional” tiene más bien olor y sabor al régimen monárquico donde el derecho escrito o el consuetudinario sí regula la sucesión de la realeza.

Pero, además de estas consideraciones de forma el decreto legislativo mediante el cual se removió al presidente de la República por el entonces presidente del Congreso, está viciado de inconstitucionalidad por razón de contenido, porque incuestionablemente es contrario a las disposiciones del Art. 237 y la del Art. 242 que prescribe: … “Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Vicepresidente ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo por el tiempo que le falte para terminar el período constitucional. Pero si también faltare de modo absoluto el Vicepresidente de la República, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional, y a falta de éste, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia por el tiempo que faltare para terminar el período constitucional”.

Como puede verse fácilmente en la cadena de sustitución del Presidente de la República, la condición indispensable es que exista falta absoluta del titular del  Ejecutivo electo directamente por el pueblo, así como el vicepresidente.

Pero primero veamos lo que dispone el artículo 237 de la Constitución. Este artículo establece que el período presidencial será de cuatro años y empezará el 27 de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección. El pueblo hondureño sabe perfectamente que el período del presidente Zelaya termina el 27 de enero del 2010, sin embargo fue removido de su cargo como consecuencia del golpe de Estado militar, político y empresarial antes de terminar su período constitucional.

En cuanto a la disposición que hemos transcrito del Art. 242, ésta fue interpretada en forma torcida y aplicada incorrectamente por aquellos diputados y demás instituciones públicas que participaron y siguen participando en la vasta confabulación que se orquestó para deponer al presidente Zelaya. Expliquemos esto.

La referida disposición manda claramente que se dé el hecho de la falta absoluta del presidente. ¿Qué se entiende por falta absoluta? Semántica y lógicamente se entiende como tal la muerte, renuncia, incapacidad total, física o mental para desempeñar el cargo e interdicción civil del titular del Ejecutivo.

Ninguna de estas circunstancias se dio en el caso del presidente depuesto de manera inconstitucional, además de que el Congreso no tiene atribuciones en la Constitución para remover al Presidente de la República, ni aún en el supuesto de que éste haya cometido graves irregularidades en su gestión administrativa.

En conclusión, el Congreso quebrantó el Art. 237, la disposición del Art. 242 que dejamos transcrita, incurrió en abuso de poder porque se excedió en el ejercicio de sus atribuciones, e hizo uso de procedimientos que quebrantan o desconocen lo que la propia Constitución establece. Por consiguiente el decreto removiendo al titular del Ejecutivo y nombrando en su lugar al que fungía como presidente del Congreso, es a todas luces inconstitucional por razón de contenido.

La acción de inconstitucionalidad puede ser solicitada, de acuerdo con la Ley sobre Justicia Constitucional, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. ¿Qué nos indica esto? Que el presidente Zelaya como afectado, si a la fecha no lo ha hecho, puede perfectamente examinar la posibilidad y la conveniencia de interponer con patrocinio letrado la acción de inconstitucionalidad por vía de acción ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.