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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS


Feministas en Resistencia Honduras


“Ni golpe de estado, ni golpe a las mujeres”


25 de noviembre de 2009


Contenido
Presentación
Introducción
I. Las causas del golpe de estado

II. Principales derechos violentados
1. Una lucha por el poder político librada en el cuerpo de las mujeres. Violaciones al derecho a la vida y a la integridad
2. Mujeres en Resistencia: la voluntad que el gobierno de facto no puede destruir ni con detenciones arbitrarias
3. Persecución política contra las mujeres
4. Impunidad que no termina
III.    La pérdida de la institucionalidad lograda a favor de las mujeres
1. Un ataque a la institucionalidad para la protección de los derechos de las mujeres: el caso del INAM
2. Acceso a la justicia
3. Retrocesos legales
IV. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Qué queremos las feministas y las mujeres

Presentación


Este informe está dedicado a todas las mujeres de Honduras, a las feministas y mujeres de La Resistencia, que sin miedo, han salido a las calles a manifestarse contra el golpe de estado político-militar perpetrado contra el pueblo de Honduras el 28 de junio de 2009, día que será recordado como uno de los días más tristes y nefastos en la historia de nuestro país.


En él, queremos mostrarle a Honduras y al mundo cómo esta dictadura se ha ensañado contra el cuerpo y las voces de las mujeres, cómo todo lo que habíamos logrado en materia de legislación, políticas públicas, y en la creación de una institucionalidad adecuada para lograr una mayor igualdad y equidad a favor de las mujeres se ve en un serio peligro, ante los embates de los grupos conservadores y fundamentalistas que se han adueñado de este país.


Queremos agradecer a todas las mujeres y hombres que nos han acompañado en este trabajo: a las mujeres que aún a riesgo de sus vidas, se desplazaron a muchas ciudades y pueblos del país en la búsqueda de la verdad; a las instituciones que nos abrieron sus puertas y nos brindaron información, y a las mujeres valientes de este país que nos abrieron sus corazones y memoria, que nos dieron su voz y testimonios, para que lo vivido no quede en el olvido.

 

WENDY


Recorriste las calles
con la alegría de tu juventud
y la decisión
de arrullar a la Patria
Solo las bombas genocidas
detuvieron tu vuelo
y tu despedida fue indetenible
Ahora
caminas por los jardines del tiempo
abrigada con tus sueños
alimentada por estrellas
viajando entre nubes
y consentida por las resistencias

En tu memoria

 

Blanca Guifarro
27/09/09


Introducción


La necesidad de luchar contra las ilegalidades y arbitrariedades cometidas por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, fue lo que impulsó el surgimiento de las FEMINISTAS EN RESISTENCIA, que aglutina diversas expresiones del movimiento feminista y de mujeres del país.


Aunque nace con el objetivo fundamental de luchar por el regreso del orden constitucional, en el camino hemos ido articulándonos con otros objetivos, como denunciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se han cometido desde ese día, velar porque todo lo que hemos logrado en materia de legislación, políticas públicas e institucionalidad a favor de las mujeres siga en vigencia, y lograr que en la refundación del Estado, que exigimos desde la constituyente, se incluyan como parte fundamental de las leyes y el quehacer del estado las demandas de las mujeres.


Como parte de nuestras actividades, las Feministas en Resistencia, junto con el Observatorio de Trasgresión Feminista, que es una estrategia diseñada por Las Petateras surgida en el 2006 para desarrollar la solidaridad y el intercambio en la práctica entre organizaciones feministas de América Latina; elaboramos este informe en el cual denunciamos las violaciones a derechos humanos cometidas contra las mujeres después del golpe de estado en Honduras.


Fue elaborado en base a los testimonios recolectados por compañeras de las distintas organizaciones feministas y de mujeres que forman parte de las Feministas en Resistencia, y del Observatorio de Trasgresión Feminista; información contenida en la base de datos del Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que nos abrieron sus puertas y brindaron su apoyo; datos proporcionados por la Fiscalía de la Mujer en lo relacionado con los femicidios y denuncias de violencia doméstica; e información proporcionada por abogadas del Frente Nacional de Abogadas y Abogados Contra el Golpe de Estado. En total, logramos sistematizar 217 testimonios de mujeres que han sufrido violaciones a sus derechos en el contexto de la represión, desde el 28 de junio hasta el 30 de octubre(1). No se utilizan los verdaderos nombres de las denunciantes, para proteger su identidad y evitar persecuciones.


La versión preliminar de este informe se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos, OEA, en una audiencia realizada en Washington, D.C., el 2 de noviembre de 2009. El objetivo de esta visita fue informar a la Comisión sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se han producido después del golpe de estado y sus consecuencias en la vida de las mujeres; y exigir a la CIDH que activara sus mecanismos para lograr el cese inmediato de la violencia, sobre todo la violencia sexual, contra las mujeres.


El documento está divido en cuatro grandes partes: en la I parte, se hace una breve relación de los factores que están detrás del golpe de estado político-militar del 28 de junio. En la II parte, se exponen los hallazgos en relación a los derechos violentados a las mujeres en el contexto de la represión. La parte III aborda los retrocesos a los derechos humanos de las mujeres en materia de legislación, políticas públicas e institucionalidad estatal, a raíz de las acciones ejecutadas por el gobierno de facto. En la IV parte se exponen las conclusiones y demandas de las mujeres.

 

La intención es que este informe sirva como un instrumento de denuncia a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres después del golpe de estado, para que los asesinatos y agresiones cometidas no queden en la impunidad. Vamos a insistir porque sus hallazgos y conclusiones sean incluidos en el reporte que el Estado Hondureño debe entregar a la Organización de las Naciones Unidas en el 2010, y que sea una referencia para futuras denuncias ante distintas instancias internacionales como crímenes de lesa humanidad. Sus resultados, conclusiones y recomendaciones, serán también parte de la campaña “Latinoamérica, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, que se realiza el 25 de noviembre de 2009 en Guatemala, en el marco del Día mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.


I. Las causas del golpe de estado


Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, para el 2007 casi 4 millones de personas (un 66% del total de la población) no ganan lo suficiente como para cubrir el costo de la canasta básica. Si bien es cierto la pobreza es grande en el área urbana, ya que un 22% de las personas en el área urbana viven con menos de 1 dólar diario, la pobreza se intensifica en la zona rural, donde este porcentaje llega al 78%(2).


La pobreza en nuestro país está ligada a toda la historia de colonialismo y dependencia que arrastramos desde la época de la conquista española. Aunque la independencia trajo cambios en las estructuras sociales y políticas del poder instituido, no se transformaron las estructuras sociales políticas y económicas que sin muchas modificaciones persisten hasta el día de hoy.


Mucho de esto tiene que ver con las guerras que han azotado a nuestro y con la fuerza y presencia de los militares, que han asumido el poder en numerosas ocasiones desde el período de la independencia. Sin embargo, fue en la segunda mitad del siglo XX cuando asumen por más tiempo el poder. Desde 1956, cuando fue el primer golpe de estado, hasta el día de hoy, se han producido 7 golpes de estado. Los militares han estado en el poder 18 años; y hasta 40 años, si se tienen en cuenta los casi 20 años que estuvo Tiburcio Carias Andino en el poder, desde 1933 hasta 1949.


Es hasta 1981 cuando se celebran elecciones y se inicia la llamada “transición democrática”.

 

Sin embargo, esto no significó que los militares salieran de la escena política. Las políticas norteamericanas de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, hicieron de Honduras el centro de las operaciones de las actividades contrainsurgentes impulsadas desde el gobierno de Estados Unidos contra los movimientos de izquierda de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.


La firma de los Acuerdos de Paz en 1992, aunque permitió darle una salida negociada a los conflictos que asolaban los países vecinos de Guatemala y El Salvador, no significó el fin de la persecución política de los movimientos que estaban en contra de las derechas de la región. La región continuó militarizada, y aunque en Honduras se lograron cambios en la estructura del poder político y militar, como la abolición de la Ley del Servicio Militar Obligatorio y la separación de la Policía Nacional del ejército, durante el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998), los militares nunca salieron del poder, como queda claro en el papel que han jugado desde el golpe de estado de este 28 de junio.


No se puede obviar que aunque quienes públicamente hayan asumido el poder después del 28 de junio son políticos, es la cúpula militar la que en realidad gobierna este país. Y aunque traten de justificar el golpe afirmando que se trata de una “sucesión presidencial”; y que tenían bases legales para sacar de su cargo al presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales, acusándolo de una serie de delitos e irregularidades que ameritaban su salida inmediata de la presidencia y del país; lo que realmente está detrás del golpe es el miedo de quienes son dueños de este país de un pueblo que reclama transformaciones sociales, articuladas desde la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente.


Sin hacer una valoración exhaustiva del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, del cual tenemos muchas críticas, no podemos obviar que en su gobierno se realizaron reformas sociales y económicas que atentaron contra los intereses de los grupos oligárquicos y empresariales del país; como la reducción de los intereses a los prestamos bancarios, la reducción del déficit público, el aumento al salario mínimo, y sobre todo, la adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Las principales ventajas que supuso para Honduras la firma del ALBA consistieron en tener acceso a créditos en condiciones menos onerosas que las que ofrece, por ejemplo, el Banco Mundial; y la posibilidad formar parte de PETROCARIBE, que supuso la entrada a Honduras de 200,000 barriles de crudo diarios a precios preferenciales. Muchos empresarios vieron que con la firma del ALBA se tambaleaba el equilibrio de poder existente al interior del país y con los demás países del hemisferio americano.

 

Pero la última justificación para el golpe de estado fue la pretensión de Zelaya, anunciada el 22 de noviembre de 2008, de instalar una 4ta urna en las elecciones de noviembre de 2009 para consultar a la ciudadanía sobre la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.


La 4ta urna representó la posibilidad de que el pueblo, a través de las urnas, decidiera sobre su destino, sobre la posibilidad de fundar un nuevo estado, un cambio en las estructuras de poder, en la forma de nombramiento de los funcionarios públicos, en leyes que no contienen los intereses y demandas de la mayor parte de la población.

 

Muchos movimientos y organizaciones sociales, como es el caso de muchas de las feministas, vimos en la 4ta urna la posibilidad de incorporar los derechos por los que hemos luchado durante tanto tiempo en la carta magna y otras leyes. Y como es claro, esto no fue permitido por las clases dominantes y los sectores más conservadores y fundamentalistas del país, que no dudaron en preparar y llevar a cabo un golpe de estado.


A casi cinco meses de haberse perpetrado, el gobierno de facto ha cobrado ya muchas víctimas. Según el último informe del Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras, COFADEH, al 15 de octubre, como consecuencia directa de la acción represora del estado se contabilizaron 21 asesinatos políticos(3), 3 atentados contra personas, 108 amenazas de muerte, 114 personas con juicios políticos, 56 ataques a la liberad de expresión, 3,033 detenciones ilegales y más de 800 personas lesionadas de distinta gravedad por la policía y fuerzas armadas.

 

II. Principales derechos violentados


1. Una lucha por el poder político librada en el cuerpo de las mujeres. Violaciones al derecho a la vida y a la integridad


A pesar del carácter pacífico de las manifestaciones, es un hecho que la policía y el ejército han reprimido con más violencia a las mujeres, en la medida en que hemos tenido un rol más evidente dentro de la resistencia.


“Yo me encontraba en la manifestación pacífica cuando el ejército (escuadrón especial COBRAS) y la policía preventiva bombardeó la manifestación con bombas lacrimógenas.


Me escupían, me tiraban tierra y piedras con los zapatos, me golpearon con el tolete en los brazos y cuerpo. Me caí en una cuneta de tanto golpe, y me fracturaron pie izquierdo.


Mientras me golpeaban me gritaban: “hija de puta, te vamos a dejar lisiada para que nos dejes de joder”. (L.Z., 43 años, maestra, miembra de COPRUMH. Manifestación del 30 de julio en la marcha pacífica de El Durazno, Tegucigalpa)


Según un informe realizado por el Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), al menos 21 personas han muerto como resultado de la represión, entre ellas, dos mujeres (Wendy Araceli Ávila y Olga Osiris Uclés), que murieron después de la semana del 21 de septiembre por complicaciones debido al uso de gas lacrimógeno durante las manifestaciones.


En contextos de guerra, como el que estamos viviendo ahora en nuestro país, nuestro cuerpo se convierte en un campo de batalla, en un botín de guerra. El uso de la violación y otras agresiones sexuales como armas de guerra es la forma más conocida y brutal en la que los conflictos armados han marcado de forma indeleble la vida de las mujeres. Considerados y tratados nuestros cuerpos como territorio a conquistar y demostrar poder, los motivos por los cuales las mujeres son violentadas sexualmente son diversos: sembrar terror en las comunidades, vengarse de los adversarios, acumular “trofeos de guerra”, utilizarlas como botines de guerra, demostración de la dominación de las mujeres(4).


La represión que se ejerce contra nosotras las mujeres tiene la característica que va dirigida hacia nuestro cuerpo sexuado, hacia nuestra condición de mujeres, hacia nuestra feminidad. Por eso los policías y militares privilegian partes de nuestros cuerpos que nos identifican, como las caderas, busto y nalgas. En 23 casos de los 217 registrados (un 10%), las mujeres manifestaron en sus declaraciones haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina, insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas.


Tenemos testimonios documentados de 10 violaciones sexuales, ocurridas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí y El Progreso. Estas violaciones sexuales tienen el común denominador de ser violaciones múltiples, ejecutadas por efectivos de las policías nacionales y realizadas después de las manifestaciones o durante los toques de queda. El testimonio de dos mujeres da cuenta de ello: “Ese día (22 de septiembre) me encontraba en el Parque junto a otra compañera y no habíamos escuchado lo del toque de queda, que era a las cinco de la tarde. Nosotras salimos del Parque central a las seis de la tarde y en el camino nos venía siguiendo una patrulla con tres policías. Cuando llegamos cerca del Guanacaste (a unas cuatro cuadras del parque central,) nos pusieron la patrulla enfrente y nos obligaron a subir. Nosotras les dijimos que por favor no nos llevaran detenidas, que les íbamos a pagar, y ellos nos dijeron que dinero no querían, que lo que querían era pisar (tener relaciones sexuales).


Después nos llevaron a un monte, donde estaba solo, nos insultaban tratándonos de putas y perras y nos violaron dos de ellos. Nunca les vimos la identificación, porque andaban con el nombre que tienen en el uniforme tapado, nos golpearon mucho y nos dijeron que si volvíamos al Parque nos iban a matar. Sabían lo que hacían porque llevaban condones para protegerse. Después nos dejaron ahí tiradas con la ropa rota. Desde ese día he tenido mucho miedo y mi compañera se fue de la casa donde vivíamos las dos, porque quedo muy asustada y no quiere hablar de eso”. (17 años, Tegucigalpa, 22 de septiembre).


Sólo una de las mujeres que ha sido víctima de este tipo de agresiones sexuales ha presentado denuncia formal ante las autoridades competentes. Las otras víctimas han presentado sus denuncias ante organizaciones de mujeres, pero se rehúsan a presentarlas ante la Fiscalía de la Mujer o la Fiscalía de Derechos Humanos.


Los golpes por lo general van acompañados de agresiones verbales, como: “putas, vayan a su casa”, “que hacen de revoltosas, váyanse a cuidar sus hijos”, “te voy a golpear hasta dejarte lisiada, hija de puta”, “lo que quieren es que las violemos para que no vuelvan a andar en estas cosas”. Nos reclaman que porqué siendo mujeres estamos en las calles, descuidando nuestras “obligaciones familiares”, acusación que tiene su base en los estereotipos sociales dominantes, definidos por el patriarcado, que dividen el mundo en dos grandes espacios: el privado (la casa, el hogar, la familia); y el público (la calle), donde las mujeres somos excluidas por el hecho de serlo.


La institución militar (ejército y policía) es una de las instituciones sociales en donde más se reproducen los patrones del patriarcado, el machismo y la dominación hacia las mujeres. Toda la formación que reciben en las academias y batallones está basada en el uso y demostración de la fuerza y de cualidades consideradas como “masculinas”, como la valentía, la hombría, el uso de la fuerza para intimidar y reprimir. Lo que hemos visto en las manifestaciones es otra expresión pública de una sociedad que tolera la violencia contra nosotras las mujeres, una expresión más del machismo anclado en nuestra sociedad, que desprecia a las mujeres por considerarnos débiles e indefensas.


De los testimonios se colige que las mujeres más afectadas son las que participaron en marchas y manifestaciones públicas en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Intibucá, Santa Bárbara, Tocoa, además de las que intentaron llegar a la frontera de Las Manos en los últimos días del mes de julio, ya sea mujeres jóvenes o mujeres adultas mayores. Hay varios testimonios de mujeres que participaron en la marcha del 30 de julio, en El Durazno (Tegucigalpa, carretera al norte), que denunciaron que fueron agredidas física y psicológicamente por policías y militares. Las golpearon con toletes, las insultaron, las amenazaron de muerte, y sufrieron otro tipo de abusos y agresiones sexuales. Incluso, se les negaban derechos básicos como la alimentación.


“V.B. relató que se les detuvo desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en la posta departamental del Municipio de Danlí, donde fueron hostigados y maltratados físicamente, incluyendo a una joven de 16 años, a quien le quitaron completamente la ropa para registrarla al igual que a una maestra. Previo a ingresar las mujeres a la celda, estas fueron registradas de manera obscena, manipulando incluso su vulva, diciéndoles que las iban a regar de gas para quemarlas porque ellos están autorizados hasta para matar. Durante las horas que estuvieron detenidos, tanto a los hombres como a las mujeres se les negó el uso de los baños sanitarios, el acceso a agua y a alimentos. (V.B. miembra del COPIN, 24 de julio, durante su peregrinaje a la frontera con Nicaragua)

 

Es importante señalar que tras la llegada del presidente Zelaya a Honduras, el 21 de septiembre de este año, y después de la aprobación del Decreto -M-016-2009 de fecha 22 de septiembre, las manifestaciones pacificas se trasladaron de las calles a los barrios y colonias. Para reprimir estas manifestaciones, el gobierno de facto desplegó toda su fuerza militar y ha hecho uso de armas de fuego, balas de goma y de madera, bombas lacrimógenas, gas pimienta, tanquetas, toletes, tubos de metal y palos de madera con clavos con los que golpean a las y los manifestantes; bajo la excusa que el uso de la fuerza y la violencia es necesaria para prevenir actos violentos y “vandálicos”.


Esta represión en los barrios ha afectado especialmente a las mujeres, porque ellas han tenido que salir huyendo con sus hijos de sus casas para salvaguardarse, cuando el ejército y la policía irrumpen violentamente en sus viviendas. La particularidad de estas agresiones es que han sido realizadas en redadas nocturnas, por conjuntos de cinco o más patrullas policiales, que en muchos casos permanecen vigilando las viviendas, dejando a las mujeres “sitiadas”, sin libertad de movilización. Esta situación agrava el nivel de indefensión y vulnerabilidad.


Como producto de esta represión, hay mujeres que han sido víctimas de disparos al salir al patio de su casa, en tiroteos que han organizado los policías y militares: “El día martes 22 de septiembre del 2009, a eso de las 07:00 pm, yo estaba en la casa y escuche la bulla de la gente y salía a ver y no estuve ni cinco minutos cuando escuche disparos y la gente venía para adelante porque no las dejaban pasar, y sentí rápido que algo me dio en el abdomen y era un disparo que me vino a salir en la pierna. Tengo tres perforaciones y los médicos decían que era un disparo o que eran dos. Yo no sé porqué dispararon los militares, solo se que venia gente para delante corriendo, pero fueron disparos al aire” (S.T., 59 años, 22 de septiembre, Tegucigalpa)


Un testimonio recabado en la colonia Suyapa de Tegucigalpa evidencia la expresión de esta violencia: “Esa noche teníamos una fogata, como a las ocho de la noche la gente de la colonia estaba bailando, riéndose, cuando llegaron aproximadamente doce patrullas y sin explicación empezaron a golpear a la gente, diciéndoles que eran melistas, que eran de la resistencia y que esas reuniones estaban prohibidas. Después la gente, éramos como 200, empezó a protestar y la policía inició los disparos primero al aire y después contra la gente que íbamos huyendo. Yo me refugié con mi compañero en la casa de un señor y ellos (la policía) rompieron la puerta y entraron, eran como veinte. Nosotros estábamos hasta atrás escondidos. Yo solo les vi las botas y pensé ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar con mi hijo de tres años que está en la casa? ¿Quién lo va a cuidar, con quien se va a quedar si me pasa algo? Agarraron a dos vecinos y se los llevaron a golpe. Antes de eso, a mí ya me habían alcanzado unos golpes en los brazos que todavía tengo los morados, pero esa noche no pude salir, me quedé allí, hasta la mañana que las patrullas se fueron”. (J.A., 25 años, 23 de septiembre, Tegucigalpa)

 

2. Mujeres en Resistencia: la voluntad que el gobierno de facto no puede destruir ni con detenciones arbitrarias Las fuerzas de seguridad no sólo golpean, torturan e insultan a las mujeres, sino que también las detienen en forma ilegal y arbitraria como otra forma de intimidación y castigo por su participación en las marchas en repudio al golpe de estado. Se estima que se han efectuado entre 4,000 y 6,000 detenciones ilegales en todo el país, en retenes militares (El Paraíso, Marcala, El Durazno), o después de las manifestaciones pacíficas realizadas por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que es una plataforma que aglutina diversos movimientos y organizaciones sociales que se han organizado para luchar por la vuelta del orden constitucional.


Hemos logrado recabar el testimonio de varias mujeres que fueron detenidas por policías y militares y llevadas a postas policiales. Cuando preguntaron el motivo de su detención, la respuesta fue siempre la misma: insultos para evidenciar la prepotencia de los agentes estatales que actuaban por encima de la ley.


“Salí el jueves 30 de julio con toda la gente que iba para Tegucigalpa desde La Paz. Caminamos desde el 31 de julio y llegamos a la frontera el 1 de agosto. Cuando andábamos por los puntos ciegos nos detuvo el batallón, militares con pasamontañas, nos amenazaron, nos decían que nos iban a matar, nos gritaban que andábamos haciendo, a las mujeres nos ponían los fusiles en el pecho, éramos 11 mujeres detenidas y les dijimos que si nos disparaban la gente se iba a rebelar, que era demasiado. Después nos agarraron y nos metieron a un comando y nos trajeron a una posta en Danlí, allí nos dejaron durmiendo en el corredor de la posta, vigiladas. No nos dijeron porque nos detenían, incluso les dijimos “es cierto que andamos de noche, pero no estamos cometiendo ningún delito, lo único que queremos es ir a la frontera”. “Ustedes siendo mujeres tienen que estar en la casa atendiendo a sus hijos, en sus casas”. Esa noche en la posta no nos dejaron dormir, nos decían: “perras, hijas de puta, tales por cuales, lo que quieren es una buena gaseada para que dejen de andar en esto”. Cuando nos soltaron, nos metieron en buses para Tegucigalpa y de allí cada quien agarró para su comunidad.


Desde el día que regresé no he podido dormir tranquila” (M.L. 42 años, coordinadora de organización indígena, 30 de julio, Frontera con Nicaragua)


El 12 de agosto, durante una marcha pacífica hacia el Congreso de la República, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente 24 personas. Participaron en su detención policías y militares. Las detenciones ocurrieron en diferentes momentos, entre el medio día y las dos de la tarde, aproximadamente. Entre las personas detenidas había dos mujeres: Alba Leticia Ochoa y Mabel Carolina López.


Alba Leticia Ochoa, en una entrevista brindada a los medios de comunicación, también relató su experiencia cuando fue detenida ilegalmente en los bajos del Congreso: “Yo estaba en la oficina, bajé como al mediodía, iba a hacer una transacción al banco con una compañera de la oficina. Cuando pasamos por el parque la manifestación había sido dispersada, estaba completamente lleno de militares, de cobras y policía preventivos.


Entonces yo me quedé y filmé lo que estaba pasando. En eso a un muchacho como de 16 años lo golpearon con un tubo de hierro en la cabeza. Yo estaba mirando y me horroricé y le dije: “no lo golpee”. Entonces fue cuando me miraron y me dijeron: “a vos que te importa tal por cual”, y me insultaron y dijeron: “ya ratos estás filmando”. Ese fue mi delito, que yo sepa no hay ninguna ley que prohíba filmar. Entonces me bajaron porque estaba subida como en un murito, me golpearon, me quisieron quitar la cámara y yo les dije que no se las iba a entregar; me pidieron la identidad, pero yo había dejado mi cartera. De ahí nos llevaron a los cobras y en todo el camino y durante sufrimos todo tipo de intimidación. Nos trataban como perros, insultos, y nos decían que allá en los Cobras íbamos a saber, que nos iban a tirar gas y que nos iban hacer cosas peores. La audiencia comenzó a las 6 de la tarde del día siguiente, donde fuimos acusadas de sedición” (Alba Leticia Ochoa, entrevista dada a Revistazo.com)

 

Otro caso emblemático es el de la Profesora Agustina Flores, detenida y acusada de sedición. Ella fue capturada por ocho policías femeninas el martes 22 de septiembre, cuando caminaba en el área cercana a la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.


“Mientras una policía me retorcía los brazos para atrás la otra me golpeaba la cara, me apretaban el cuello y me agredían. Primero me llevaron al Manchen, y Luego fui trasladada en al Centro de Detención policial CORE VII. En la primera audiencia, en la presentación de imputados, la jueza me envió en calidad de depósito a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). En la audiencia inicial, la jueza no aceptó mi defensa, ni mis 32 años de servicio como profesora, ni mi trabajo de prevención de drogas, de no violencia, o mis talleres con la “Mara Salvatrucha”. Poco le interesó los cargos que he desempeñado, mucho menos los reconocimientos que he recibido, como Maestra del Año, al contrario todo lo utilizó en mi contra. La jueza dijo que por considerarme una líder no podía darme medidas sustitutivas (libertad condicional), porque podía reorganizar a los grupos de la Resistencia y atentar contra los testigos de la fiscalía, los mismos policías que me golpearon. Cuando la jueza leía mi sentencia sentí que estaban procesando a otra persona, al Presidente Manuel Zelaya, porque no dejaban de mencionarlo –por lo menos 8 veces-, creí que el castigo no era directamente para mí, sino para el Presidente, para las mujeres en Resistencia y en contra del magisterio” (Agustina Flores, 13 de octubre, entrevista dada a Diario El Clarín de Chile(5)).


Agustina guardó prisión 21 días y fue liberada gracias a la presión internacional y a la intervención del frente de Abogadas y Abogados Contra el Golpe, mediante el pago de una fianza de 100,000 lempiras (alrededor de 5,300 dólares); fianza que a todas luces es excesiva por no corresponder con las circunstancias del “delito” cometido, y porque no se aportaron pruebas suficientes que demostraran su participación en los hechos cometidos o su culpabilidad6. Agustina Flores es hermana de Berta Cáceres, directora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y junto con su familia, fue objeto de persecución política durante la década de los ochentas.


Otro aspecto a resaltar son las numerosas detenciones ilegales contra las mujeres que han durado desde tres horas a varios días. Ellas además reportan que en las detenciones y durante los juicios, no se han respetado las garantías procesales establecidas en las leyes, como el derecho a la defensa, a ser informadas de las causas de la detención, a comunicarse con un pariente u otras personas sobre su detención, derecho a no recibir tratos humillantes o degradantes, entre otros derechos. Muchas mujeres también han sido privadas de medicamentos, agua y comida durante las detenciones.


“No nos proporcionaron ni agua, ni comida. Llegó una enfermera amiga de una maestra y le permitieron entrar, ella nos tomó la presión y nos dio acetaminofén para dolor de cabeza. Siento que hubo discriminación, nos privaron de la libertad, nos quitaron los celulares, ya no podíamos comunicarnos con nadie”. (M. E. V., 31 de julio, San Pedro Sula)

 

Desde el golpe de estado hasta el 15 de octubre, al menos 114 personas, entre ellas 12 mujeres, han sido acusadas ante los tribunales por terrorismo, sedición, daño a la propiedad privada, y robo, entre otros delitos; como parte de las estrategias de persecución política de este gobierno de facto contra las y los miembros de la resistencia. Todas ellas permanecen en libertad, pero tienen auto de prisión con medidas sustitutivas, lo que deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento, sus juicios culminen con sentencia de prisión.


Los juicios se han llevado a cabo no han cumplido con el debido proceso y han violentado todo lo establecido en nuestras leyes. La Fiscalía presenta acusaciones en grupo, a pesar de que la ley establece que en este tipo de casos deben ser acusaciones individuales; y no se presentan medios de prueba, o las pruebas que se presentan no son fundamentadas ni válidas, entre otras violaciones.


3. Persecución política contra las mujeres


Según los testimonios recibidos durante la visita del Observatorio de Trasgresión Feminista, con el golpe de estado hubo un grave retroceso en Honduras respecto de los derechos políticos. El mismo implicó una violación flagrante a los derechos políticos del pueblo hondureño, de Zelaya y de su gabinete, pero también de legisladoras y de mujeres de los municipios que lideraban y apoyaban la encuesta sobre la 4ta urna. Así, algunas mujeres que venían desempeñándose en la vida política fueron perseguidas, amedrentadas e impedidas de continuar en su gestión pública.


Tales son los casos de la diputada Silvia Ayala Figueroa; la Ministra del Instituto Nacional de la Mujer, Doris García Paredes; y la Primera Dama de la República, Xiomara Castro, entre otras.


Muchas mujeres fueron por lo tanto separadas de sus puestos o se obstaculizó el ejerció de su función.


Otro ejemplo claro de la persecución política que han vivido muchas mujeres en el país es el despido, el 27 de julio, de 19 empleados y empleadas del INAM por ser abiertamente opositores al golpe de estado, entre ellas, 12 mujeres. No se les cancelaron los salarios atrasados ni se les dio justificación formal alguna que respaldara la medida; adicionalmente, se les prohibió ingresar a las instalaciones para retirar sus artículos personales. La primera semana de agosto, interpusieron una demanda por despido injustificado ante la Secretaría de Trabajo; pero a 4 meses de haber interpuesto la demanda, no se han realizado otras diligencias además de una inspección. Entre las personas despedidas está Kenia Irías, Directora Técnica del INAM, que días antes de su despido, fue amenazada vía telefónica.


“Yo recibí una llamada telefónica donde claramente me dijeron que si me mantenía en esta posición ponía en peligro la vida de mis hijos. A mí me amenazaron de un teléfono desconocido, no aparece el número. Obviamente me pone en crisis, entraña a mis hijos, en esta situación estamos vulnerables todos. Frente a una amenaza así solo por tener una posición diferente a lo que está pasando, obviamente es un mensaje que te toca la vida. Yo tengo una posición firme, no la he negado, y obviamente este es el costo. Cualquier cosa que le pase a mis hijos y a mi familia hay una amenaza directa”. (Kenia Irías, Directora Técnica del Instituto Nacional de la Mujer, entrevista a los medios de comunicación).


Kenia percibe esta situación como “persecución política” debido a su vinculación con el movimiento de resistencia y de manera específica con las Feministas en Resistencia. Ella y sus hijos tienen medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.


Dentro de la afectación de mujeres denunciadas judicialmente no podemos obviar el caso de la jueza Maritza Arita, quien fue ha sido acosada laboralmente por haber aplicado medidas sustitutivas a favor de tres personas acusadas de actos vandálicos y terrorismo; el caso de Elvia Ondina Varela, Juez de Sentencia y Coordinadora del Tribunal de Sentencia y el de Tirza Flores, Magistrada de Corte de Apelaciones, quienes tienen procesos disciplinarios por parte de la Corte


Suprema de Justicia por situaciones similares al de la Jueza Arita. Ésta última ha recibido amenazas a muerte.


Muchas defensoras de derechos humanos, feministas e integrantes de organizaciones de mujeres han sido perseguidas y vigiladas por parte de las fuerzas policiales y militares; como castigo por ser parte de la resistencia. Entre las organizaciones que han denunciado esta vigilancia se encuentran la asociación de Mujeres Socialistas “Lolas”, el Centro de Estudios de la Mujer-CEMH, el Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo Social, CESADEH y el Centro de Derechos de Mujeres, CDM.


Maestras y abogadas del Frente de Abogadas y Abogados Contra el Golpe de Estado también han recibido amenazas a muerte de forma directa (por parte de los policías y militares represores), o en mensajes transmitidos a través de celulares y correos electrónicos. En las represiones incluso llaman a las líderes más reconocidas por los nombres o por la profesión, lo que indica un amplio nivel de vigilancia y control por parte de los militares y policía sobre los movimientos y acciones de las mujeres involucradas en la resistencia. En estos casos de amenazas a muerte o mensajes sobre la integridad personal de las mujeres, tenemos que destacar las alusiones sexuales violentas que tienen la mayoría de ellos, donde además amenazan con violación o abusos sexuales si las mujeres se mantienen en acciones de la resistencia. Esta es pues, una estrategia para que las líderes abandonen sus labores de defensa de los derechos humanos y reivindicación de la justicia.


Muchas mujeres han tenido que esconderse, vivir separadas de sus hijas e hijos y de su familia para protegerse y evitar allanamientos en sus casas, informando de todo tipo de intimidaciones (amenazas por teléfono, amenazas directas y agresiones de los militares), que las hacen pensar que pueden ser agredidas en cualquier momento. Los cuerpos represivos de la policía y el ejército son personal especializado, que se mueve en diferentes partes del país y que tiene identificadas a líderes de nuestro movimiento. Una compañera de la región de Tocoa, que se movilizó hacia la región de El Paraíso para apoyar la manifestación pacífica que apoyaba el regreso del orden constitucional y fue detenida por dos días en la posta militar de Danlí por militares encapuchados, manifestó que cuando fue a reclamar el carro que le decomisaron en esa ocasión, un militar se le acercó preguntándole que andaba haciendo y llamándola por su nombre.


La libertad de expresión también ha sido coartada, desde la segunda semana del golpe de estado, mediante la interrupción temporal de los programas de radio de las organizaciones feministas, mientras manifestaban su condena al golpe de estado. El 16 de octubre de 2009, los programas “Tiempo de Hablar”, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM); “La Bullaranga”, del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH), y el programa “Entre Chonas”, de la Organización de Mujeres por la Paz, “Visitación Padilla”, fueron clausurados mediante una nota desde la gerencia del grupo INVOSA-Radio Cadena Voces, en base al Decreto PCM-M-016-2009, que restringe las garantías constitucionales. En las notas, se expresa que las causas de cancelación de los programas de radio son supuestos “irrespetos a la Constitución”, y porque las afirmaciones hechas en los programas constituyen “un peligro para la paz de la familia hondureña”.

 

4. Impunidad que no termina


Mujeres que hoy están siendo perseguidas por la dictadura de Roberto Micheletti, fueron víctimas de la violencia de estado que caracterizó a Honduras en los años ochentas. En aquella época también se dieron violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones arbitrarias, detenciones ilegales, tortura y desapariciones forzosas; sobre todo, cuando Billy Joya fue uno de los principales dirigentes del Batallón de Inteligencia 3-16, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundador de los escuadrones de la muerte “Lince” y “Cobra”7. Billy Joya es asesor militar actualmente y ha sido asesor de información del presidente de facto tanto en su campaña política por llegar a ser candidato a la presidencia por el partido Liberal así como actualmente.


Uno de estos casos es el de M.R. Ella fue detenida en los años ochentas y trasladada a las celdas de la Dirección de Investigación Nacional (DNI). Casi treinta años después, está siendo vigilada.

 

Ella relata que: “El día 5 de julio llegó un carro negro y se parqueó frente a mi casa. Después de la manifestación nos agarró el toque de queda y salimos corriendo para tomar el bus. Cuando llegamos a la casa, el carro seguía allí. Había cuatro hombres adentro que apagaron las luces en cuanto entramos, después se fueron. Cuando fue la toma de la carretera de El Durazno, esa noche estuvieron dos carros, uno en la esquina de la pulpería de mi casa y el otro enfrente. Esa noche mi hija y yo dormimos preparadas para saltar el muro. Hay un carro que nos sigue desde que salgo de mi casa y se estaciona donde tomamos el transporte. Tengo miedo todos los días. Todos los días me despido de mi familia como si no fuera a regresar. Tengo miedo que me agarren presa y me desaparezcan por el antecedente del 81. Me siento impotente por lo que he visto, quisiera tener una varita mágica para resolverlo todo y siento que los derechos humanos no están haciendo lo necesario.” (M.R., 5 de julio, Tegucigalpa).


III. La pérdida de la institucionalidad lograda a favor de las mujeres


La situación particular de las mujeres, de acuerdo a las situaciones denunciadas, se agrava cuando hay un contexto más general de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, como el que se produjo después del 28 de junio. Si aun antes del golpe de estado el panorama era difícil; después del golpe de estado los avances logrados a favor de las mujeres se ven en serio peligro, ya que ha aumentado la precariedad y falta de independencia de las instituciones públicas; sobre todo, las que tienen como fin el trabajo con y para las mujeres.


1. Un ataque a la institucionalidad para la protección de los derechos de las mujeres: el caso del INAM Una de las primeras acciones del gobierno de facto fue perseguir e intimidar a aliados y seguidores de Zelaya para sacarlos de la esfera gubernamental. Doris García Paredes, Ministra del Instituto Nacional de la Mujer, INAM, fue sustituida por María Marta Díaz Velásquez, quien había ocupado igual cargo en el gobierno de Flores Facussé, uno de los grandes oligarcas detrás del golpe de estado.


Las Feministas en Resistencia, en coordinación con el personal del INAM que estaba contra el golpe, hicieron una toma pacífica de las instalaciones del INAM el 14 de julio. Al día siguiente, las autoridades de facto militarizaron el acceso al edificio, en una actitud hostil y provocadora, lo que no impidió que las feministas siguieran con su acción de resistencia. Las fuerzas de seguridad agredieron a las mujeres manifestantes, acción que motivó la presencia del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en las instalaciones del INAM.


“Nosotras estábamos ubicadas enfrente del portón del INAM cuando los policías salieron con sus escudos y los toletes, dispuestos a golpearnos. Yo fui arrastrada por uno de ellos, me arrastró así con el escudo, yo lo empujaba y el seguía pegándome con el escudo. Otras compañeras se dieron cuenta y por eso les pegaron. Yo me quedé enfrente de él y decidí empujarlo. No es posible que desde el portón del instituto nacional nos estén violentando”.


(H.C., integrante de Feministas en Resistencia, 14 de julio, Tegucigalpa)

 

Una de las estrategias contenidas en la Política Nacional de la Mujer (2002- 2007), que es la política publica que contiene los principios y estrategias que promueven la equidad de género, es el trabajo coordinado entre el Instituto Nacional de la Mujer y las organizaciones feministas y de mujeres del país, que son quienes tienen cobertura a nivel nacional. La ruptura de las relaciones entre el INAM y el movimiento feminista y de mujeres, profundizada desde el 15 de julio, día del desalojo violento del INAM de los grupos feministas y de mujeres que estábamos protestando pacíficamente contra el golpe de estado, constituye un retroceso en la implementación de estas políticas públicas, ya que desde ese momento, el INAM no cuenta con las mujeres como aliadas estratégicas para su trabajo, por lo que difícilmente se va a lograr que esta política se implemente en los ámbitos locales y municipales.


Las coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer u OMM que se han manifestado en contra del golpe, también han sido objeto de persecución política y despidos. Tenemos evidencia de 6 casos de este tipo. Las OMM, que son parte de la estructura municipal, fueron creadas para lograr la implementación de las políticas públicas en las ciudades más pequeñas y las áreas rurales. Se había logrado que en muchos de los casos sus coordinadoras fueran electas en 16 procesos participativos como los cabildos abiertos, lo que había permitido garantizar su independencia y autonomía frente a las autoridades municipales. Todo este proceso, que ha contribuido a la construcción de una sociedad más democrática y participativa para las mujeres, se pierde con el golpe de estado.


La creación del Instituto Nacional de la Mujer en 1999, como un organismo autónomo responsable de la implementación de las políticas publicas con equidad de género, había sido uno de los grandes logros de las organizaciones feministas y de mujeres, ya que nos había permitido contar con una institución que representara y defendiera nuestros derechos. La “toma de facto” del INAM congela todo intento de cambio o transformación en la sociedad; misma que venían construyendo a través de leyes y mecanismos que, como el INAM, les permitía avanzar con mayor seguridad en la participación política, erradicación de la violencia, salud sexual y reproductiva, desarrollo de capacidades para la creación de fuentes de trabajo, acceso a la educación, todo en condiciones de igualdad. Todo esto se debilita a consecuencia del golpe de estado.


No sólo las persecuciones y el despido arbitrario del personal han afectado las funciones del INAM. Muchos de los proyectos en ejecución en pro de las mujeres han sido suspendidos. El INAM ha dejado de ser un ente rector y supervisor de políticas públicas que beneficien  protejan a las mujeres para convertirse en una institución que sirve a los intereses del gobierno de facto. El II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2008-2015, cuyo contenido fue resultado de un proceso consensuado de dos años entre el estado y el movimiento feminista y de mujeres de Honduras, no está siendo ejecutado; debido a que se han recortado los fondos de la cooperación, y el estado no ha destinado partidas presupuestarias para su ejecución.


2. Acceso a la justicia


La Fiscalía Especial de la Mujer, que es parte del Ministerio Público, tiene como función velar por la protección de los derechos humanos de las mujeres relacionados con la atención de la violencia contra las mujeres (violencia doméstica e intrafamiliar delitos sexuales, y delitos contra la vida e integridad de las mujeres). Las denuncias por estos delitos se reciben en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), la Policía Preventiva, los juzgados especializados de violencia doméstica, y en las oficinas locales y regionales del Ministerio Público. Desde el 2008, el Ministerio Público y la DNIC cuentan con unidades especiales para la investigación de los femicidios o muertes violentas de Mujeres. También, desde el 2005 funciona, en la Policía Nacional, la Línea “Vivir” 114, que es un servicio telefónico de emergencia que funciona en la Policía Nacional Preventiva.

 

Pero desde el 28 de junio, hemos visto que estas dependencias especializadas no están cumpliendo con los fines y objetivos para los cuales fueron creadas. Un ejemplo es que hemos constatado que tras el golpe de estado, el número de denuncias por violencia doméstica en la Fiscal Especial de la Mujer disminuyó(8). De otro lado, en el Juzgado de Violencia Doméstica de Francisco Morazán se atendieron 2,099 denuncias de violencia doméstica contra mujeres en el período de julio a octubre de 2009. En ese mismo período en 2008 se atendieron 2,570 lo que evidencia una reducción de denuncias en casi un 20%(9). Asimismo de acuerdo con las entrevistas realizadas, después del golpe de estado no se están recibiendo denuncias en las postas policiales, que es la institución del estado que tiene mayor cobertura a nivel nacional, con lo que podemos inferir como hipótesis que el número de denuncias ha bajado aún más. Las mujeres también manifiestan constamente en las entrevistas que no están dispuestas a ir a denunciar a los juzgados o a la policía: “Cuando vivimos la represión en El Paraíso, yo andaba en las marchas y me alejé un poquito del grupo para poder orinar, como a las seis de la tarde. Allí me agarraron los policías, parece que me andaban siguiendo o tal vez es que yo estaba sola, no sé, y me montaron a una patrulla. Eran cuatro y no les pude ver la cara porque iban encapuchados.


Como yo no soy de allí, no sé donde me llevaron, pero era un monte, allí me violaron dos de ellos, uno cuidaba la patrulla y el otro estaba vigilando. El que estaba vigilando me metió el tolete en la vagina y me decía si eso era lo que me gustaba, si era la puta de Mel, que eso era lo que les esperaba a las mujeres que andaban en esas cosas. Lloré todo el tiempo y les decía que no me hicieran eso, pero no me hicieron caso, me ponían la pistola en la frente cuando me violaron y después me dejaron allí. Yo me vine y no quiero poner denuncia en los Juzgados porque son los mismos, no les tengo confianza y me cuesta hablar de eso”. (F. L. 37 años. 25 de julio, El Paraíso).


La Policía genera en las mujeres sentimientos de desconfianza e inseguridad, que tienen como consecuencia inmediata, que la violencia doméstica y otros tipos de violencia de la que son víctimas no sean denunciadas, con lo que se genera una mayor impunidad de sus agresores. Sin duda, el aumento de los femicidios en el país es resultado de la falta de intervención y atención de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía ante los casos de violencia contra las mujeres.


De acuerdo con datos brindados por la Fiscalía de la Mujer, casi la mitad de los femicidios o muertes violentas de mujeres ocurridas en 2009 se han producido en tres meses y medio después del golpe de estado(10). Al comparar las estadísticas de femicidios de este año con años anteriores, se observa que entre enero y octubre de este año se reportan 325 muertes violentas de mujeres; en cambio, entre enero y diciembre del 2008 en el país murieron en forma violenta 312 mujeres(11).


En los medios de comunicación se ve cómo todos los días aparecen mujeres muertas y asesinadas.

 

“Alrededor de las 4:30 de la mañana, individuos con pasamontañas ingresaron a una vivienda donde se encuentran 5 cuerpos. Estas personas son 4 del sexo femenino y una del sexo masculino, que corresponden a los nombres de Maria Suyapa Ramírez de 55, Joselin Sabillón de 18, Gracie Sabillón de 15, Henry Sabillón de 17, y Astrid Sabillón de 16 años.


Estamos hablando de una familia completa”. (Nota policial del noticiero Hoy Mismo) “Esta mañana en la colonia la Peña de Comayagüela se encontró el cadáver de una joven de unos 19 o 25 años. Presentaba señales de violación. Sus verdugos después de ultrajarla, la golpearon con piedras en la cabeza hasta matarla. El caso esta en investigación. (Nota policial del noticiero Vica Noticias)


“Y en el interior de una vivienda de la colonia el Pedregal fue muerta de 22 puñadas Elena Hernández Membreño por 3 hombres, dos de ellos con uniformes de la policía, presuntamente debido a una disputa personal”. (Nota policial del noticiero Abriendo Brecha)


En momentos como los que estamos viviendo, donde la violencia, la ilegalidad y la indefensión son el rasgo dominante, las mujeres somos las víctimas escogidas de la violencia social.

 

Estudios realizados en países que han vivido contextos similares, demuestran que “un tercer efecto de la violencia sexual a nivel comunitario es el aumento de la violencia a nivel familiar. Viéndolo desde un contexto general, los conflictos armados producen un aumento de la violencia en las relaciones sociales, por la exacerbación de las estructuras de poder”(12).


El contexto generalizado de violencia provocado por la ocupación militar también ha cobrado la vida de 15 mujeres trans de la comunidad LGBT(13), muertas después del golpe de estado con armas de fuego, algunas de ellas con señales de tortura. En dos de los casos los forenses se negaron a realizar la autopsia correspondiente.


La Fiscalía de Derechos Humanos, al igual que la Fiscalía de la Mujer, tampoco han actuado de oficio y con la debida diligencia en los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que han llegado a su conocimiento. Tenemos evidencia que en las denuncias presentadas no se ha seguido con el procedimiento establecido en las leyes, y que no se han realizado las actuaciones necesarias para investigar los hechos y deducir responsabilidades penales a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos.


A partir del golpe de estado, la Fiscalía de Derechos Humanos ha abierto 42 expedientes en Tegucigalpa y otras regiones, pero aún no tiene una cifra de carácter nacional. Las denuncias versan principalmente por violación a la integridad física y al derecho a la vida, siendo los acusados agentes policiales y militares. La Fiscal Especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, afirma que si bien no han hecho una desagregación de cuántas víctimas son hombres y cuántas mujeres, reconoce que en las denuncias recibidas se evidencia que hay una situación de especial afectación de las mujeres por su condición. Agrega que aunque esta línea de investigación puede ser una realidad, no se ha logrado generar una política pública de prevención y protección en el contexto actual, ya que según la Fiscal, esta tarea le corresponde al INAM(14).


Todo esto confirma el hallazgo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su visita al país, que “las fiscalías no han iniciado oficiosamente investigaciones ante la existencia de grupos de personas heridas y detenidas”(15). Esto nos lleva a afirmar que la respuesta judicial ante casos de violencia contra las mujeres es absolutamente deficiente y negligente. Así, frente a un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública y de detenciones arbitrarias confirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se consolida un patrón de impunidad sistemática en torno a los casos de violencia contra las mujeres.

 

Esta misma denuncia la hacemos con respecto al Poder Judicial, que no ha seguido con el procedimiento establecido en la ley en las denuncias presentadas contra funcionarios del gobierno de facto de Roberto Micheletti; ni en los recursos interpuestos para lograr el restablecimiento de derechos violentados. Desde el día del golpe de estado hasta el 20 de Octubre de este mismo año, se han presentado 43 recursos de amparo principalmente para atacar decisiones y actuaciones de las Fuerzas Armadas o del Congreso Nacional de la República. También se han presentado 10 recursos de inconstitucionalidad entre julio y septiembre de este año, los que han estado dirigidos contra decretos legislativos principalmente a favor del presidente José Manuel Zelaya. Por último, en el mismo período se han presentado 26 recursos de habeas corpus, pero de acuerdo con la información obtenida, la mayor parte de estos recursos se han declarado inadmisibles, o la Corte Suprema se ha declarado incompetente para conocerlos16. De los que se han admitido, sólo en uno de ellos se han llevado a cabo las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados.


El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, que es la institución estatal encargada de recibir denuncias por violaciones a los derechos humanos de las personas; donde funciona una unidad especifica para atender a las mujeres, el Programa Mujer y Niñez, en lugar de servir como una instancia de protección y de denuncia, es otra institución que ha cumplido el papel de legitimar y justificar los actos de violación a los derechos humanos realizados por esta dictadura; al hacer uso de comunicados públicos donde se afirma que en el país no se han producido muertes ni otro tipo de violaciones a los derechos de las personas después del golpe.


Tenemos también información que después del golpe fue despedida sin causa justificada la encargada del Programa de la Mujer y la Niñez.


3. Retrocesos legales


Con el golpe de estado, los avances legales que habíamos logrado las mujeres después de muchos años de lucha se ven en un grave peligro. La prohibición del uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia o PAE, mediante Acuerdo Ejecutivo 36-2009 de la Secretaría de Salud de fecha 29 de junio de 2009 (día siguiente al golpe de estado), bajo el argumento que son abortivas y por lo tanto violan el derecho a la vida establecido en la constitución, es una muestra de cómo la clase política ultraconservadora, coludida con grupos religiosos fundamentalistas, se ha unido para revertir los cambios sociales y legales logrados a favor de los derechos conquistados por las mujeres. Antes del golpe, el gobierno de Manuel Zelaya había vetado otra propuesta de Ley presentada el 1 de abril ante el Congreso Nacional presidido en aquel entonces por Roberto Michelleti, para prohibir las PAE. El uso y distribución de las PAE fue aprobado en Honduras desde 1992, y constituye una de las conquistas más importantes del movimiento feminista hondureño.


Las intensiones de este gobierno para revertir los cambios logrados a favor de las mujeres se evidencian en la exclusión de las Oficinas Municipales de la Mujer como parte orgánica de las estructuras municipales, en la reforma a la Ley de Municipalidades aprobada el 8 de julio por el Congreso Nacional pero que aún no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta.


Otro intento de este gobierno de facto de revertir los logros de las mujeres fue la presentación de un anteproyecto de Ley de Servicio Militar Obligatorio, en el cual se establecía que las mujeres podían ser objeto de reclutamiento forzoso en casos de emergencia. Se logró que no se aprobara este proyecto de ley mediante protestas pacíficas de la resistencia frente al Congreso Nacional aunque dicho proyecto solo está suspendido y pueden discutirlo nuevamente en cualquier momento.


Tenemos información de que el II Plan de Igualdad y Equidad Género 2008-2015, que está siendo socializado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) desde el mes de septiembre de este año, fue modificado en su contenido original, y no incluye las demandas de las mujeres tal y como fueron planteadas por las organizaciones feministas y de mujeres en el proceso de consulta de 2 años, sobre todo, en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. También tenemos información de una propuesta de ley para fusionar el INAM con otras instituciones como el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia IHNFA (encargado de la protección de la niñez), y la Red Solidaria (que ejecuta programas sociales); lo que implica un retroceso para los derechos de 20 las mujeres, dado que se diluye e invisibiliza la especificidad de los problemas y situación de las mujeres en los asuntos públicos(17).


Sin duda alguna, todos estos retrocesos a los derechos de las mujeres, que se están produciendo después del golpe de estado, obedecen a la fuerza y presencia de los grupos religiosos fundamentalistas como el Opus Dei en las estructuras del gobierno. Como lo demostrado la historia de América Latina, el avance de las derechas y otros grupos conservadores trae como consecuencia inmediata un retroceso en los derechos de las mujeres, sobre todo en lo relacionado con la sexualidad y violencia; ya que para estos grupos fundamentalistas, todo cambio que atente contra las estructuras sociales establecidas, como las de poder, género y clase; es un atentado contra el sistema y el estatus quo.


La mala actuación y pérdida de legitimidad de las instituciones del sector justicia, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ha creado un clima de indefensión para las mujeres, ya que no tienen instancias a las que acudir para denunciar los actos de violencia en su contra y prevenir consecuencias mayores, como los femicidios. Los problemas en el debido proceso, que se ha evidenciado después del golpe de estado, ha hecho que aumente la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia social y política, y que estén expuestas a los abusos de la autoridad y la policía, como queda en evidencia en los casos de violaciones sexuales perpetrados por policía, que hemos presentando en este informe. En conclusión, el golpe de estado ha significado un retroceso incalculable para nosotras, ya que pone en riesgo todo lo que hemos logrado para tener una sociedad justa, igualitaria y más equitativa para las mujeres. No permite continuar con las conquistas de las mujeres hondureñas, y avanzar en el reconocimiento o armonización de la normativa internacional con la nacional.


IV. Conclusiones y recomendaciones


Conclusiones


1. Desde el golpe de estado, se constata un cuadro sistemático de violaciones a los derechos humanos y una ruptura total del orden constitucional. La población hondureña vive la negación de los más elementales derechos humanos. Si bien todo el movimiento social está siendo afectado y sufre la impunidad, el impacto diferenciado de las violaciones de los derechos humanos para las mujeres es una realidad. Los cuerpos de las mujeres y sus vidas han sido trastocadas. La presencia de las mujeres y la organización en resistencia de las feministas exalta la misoginia ya existente en tiempos de relativa paz en la sociedad hondureña. En una situación de tal irregularidad, las fuerzas policiales que están al mando del estamento militar se ensañan en recordar que el lugar de las mujeres es la obediencia y lo privado.


2. La violencia social y política generada por el golpe de estado acaecido en Honduras el 28 de junio, ha tenido consecuencias directas en el cuerpo y la vida de las mujeres. Vinculado a la represión desatada, han muerto dos mujeres como consecuencia de las bombas lacrimógenas; y al menos 10 mujeres han sido víctimas de violaciones sexuales perpetradas por agentes policiales; aunque sabemos que pueden haber más casos que no han sido denunciados.

 

3. El tipo de agresiones y de violencia que sufren las mujeres durante y después de las manifestaciones tiene la característica diferenciada que va dirigida hacia el cuerpo sexuado de las mujeres, como el manoseo o golpes en senos y vulva, amenazas de violación, e insultos dirigidos hacia nuestra condición de mujeres, hacia nuestra feminidad. La violencia es un castigo simbólico a las mujeres por formar parte de las acciones de resistencia contra el golpe de estado, por descuidar sus labores en el hogar.

 

4. La persecución política contra las mujeres que participan en las acciones de resistencia se hace evidente en los centenares de detenciones ilegales que se han llevado a cabo desde el golpe de estado. Estas detenciones, además de ser ilegales y arbitrarias, se realizan utilizando prácticas que contravienen lo estipulado en las leyes nacionales e internacionales (tortura, intimidación, incomunicación, negación del derecho a la defensa, entre otros derechos violentados) 12 mujeres han sido acusadas ante los tribunales de justicia por los delitos de terrorismo y sedición, entre otros.


5. El cambio en el modelo de represión que se dio después de la llegada del Presidente Manuel Zelaya a Honduras, el 21 de septiembre, cuando la resistencia se trasladó a los barrios y colonias del país, tuvo una consecuencia directa en las mujeres, ya que ellas han tenido que salir huyendo con sus hijos, incluso de sus propias casas para salvaguardarse, o han recibido disparos en las represiones que realiza la policía.


6. Desde el golpe de estado organizaciones de mujeres y feministas han sido perseguidas y vigiladas por fuerzas policiales y militares. Muchas mujeres integrantes de las Feministas en Resistencia, así como maestras y abogadas del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado han recibido amenazas a muerte de forma directa (por parte de los policías y militares represores) o en mensajes transmitidos a través de celulares y correos electrónicos Esta es una estrategia para que las líderes abandonen sus labores de defensa de los derechos humanos y reivindicación de la justicia.

 

7. La libertad de expresión también ha sido coartada mediante el cierre de los programas de las organizaciones de mujeres trasmitidos en Radio Cadena Voces, en base al Decreto PCM-M-016-2009, que restringió las garantías constitucionales; en una clara intensión del gobierno usurpador de callar las voces y denuncias de las mujeres de la resistencia.


8. Un ejemplo claro de la desconfianza hacia el sistema de justicia lo demuestran las cifras relacionadas con violencia doméstica. La Fiscalía de la Mujer reporta una disminución en el número de denuncias después del 28 de junio y las postas policiales no están recibiendo denuncias.


9. Ha aumentado sustancialmente la muerte violenta de mujeres, la cual puede vincularse al hecho de que las fuerzas policiales no están cumpliendo con su función de ser garantes de la seguridad ciudadana de las y los hondureños; por el contrario son los principales represores y violadores a los derechos humanos actualmente.


10. Para las mujeres organizadas de este país, la posición mantenida por el Instituto Nacional de la Mujer, INAM, desde el golpe de estado, ha traído como consecuencia un retroceso visible en materia de derechos de las mujeres. Las mujeres ya no contamos con una institución que nos represente y que cumpla con la función de vigilar y realizar auditoria social a las instituciones estatales que intervienen en la aplicación de las leyes y la ejecución de políticas públicas aprobadas.

 

11. La ruptura de las relaciones entre el INAM y el movimiento feminista y de mujeres, y la persecución política y despido de al menos 6 coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM); constituye un retroceso en la implementación de las políticas públicas con equidad de género, ya que el INAM no tiene la capacidad política, técnica y financiera para operativizar estas políticas en los ámbitos locales y municipales, trabajo que antes hacia de forma coordinada con el movimiento feminista y de mujeres y con las OMM.


12. Los recursos de amparo, habeas corpus y de inconstitucionalidad que han presentado abogadas y abogados del Frente Nacional de Resistencia, no han sido resueltos de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes. Muchos se han declarado inadmisibles; y en otros casos, se han limitado a admitir los recursos, sin realizar ninguna otra diligencia. Esto ha creado un clima de absoluta indefensión frente a las ilegalidades y arbitrariedades cometidas, y que no haya ninguna ley o instancia que se encargue de velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en el país.


13. Las instituciones del sector justicia no están dando respuesta y cumplimiento a los objetivos y funciones para los que fueron creadas. La Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no están actuando de oficio ante los casos que conocen de violaciones a los derechos de las mujeres. Tampoco están haciendo lo suyo las instancias de la Corte Suprema de Justicia.

 

14. El golpe de estado ha significado también un retroceso en los avances logrados tras largos años de lucha de las organizaciones feministas y de mujeres del país, tal como lo muestra el acuerdo ministerial que prohíbe el uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia, la no inclusión de las Oficinas Municipales de la Mujer en las reformas a la Ley de Municipalidades y la propuesta de Ley del Servicio Militar que lo volvería obligatorio.


Qué queremos las feministas y las mujeres


1. Las feministas y las mujeres organizadas de este país exigimos justicia. Las agresiones cometidas contra las mujeres deben ser castigadas, y sus culpables, deben pagar ante los tribunales nacionales e internacionales por los crímenes cometidos. Requerimos que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Corte Penal Internacional, activen todos los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo juicios contra los autores intelectuales y materiales del golpe de estado y sus cómplices.


2. Las Feministas en Resistencia, instancia que aglutina expresiones del movimiento feminista y de mujeres de todo el país, exigimos que todas las leyes, acuerdos o disposiciones de carácter administrativo o de otra índole, que menoscaben o violenten los derechos de las mujeres, deben quedar derogadas y sin efecto alguno después de la vuelta al orden institucional. Se deben establecer mecanismos legales para garantizar que las leyes aprobadas antes del golpe de estado recuperen su vigencia.


3. Darle seguimiento y fortalecer los observatorios y otras instancias que han surgido después del golpe de estado para vigilar el cumplimiento de las leyes, políticas públicas y otros instrumentos y mecanismos contentivos de los derechos humanos de las mujeres. Estas instancias deben tener carácter permanente, y se deben establecer estrategias que permitan que las organizaciones feministas y de mujeres, y otras organizaciones de la sociedad civil, puedan exigir auditorias y rendición de cuentas al Estado.


4. El golpe político-militar perpetrado dejó en evidencia la fragilidad de nuestras democracias, y la necesidad de construir propuestas de participación ciudadana que busquen la construcción de una nueva sociedad y de un estado que incluya en su trabajo las demandas y propuestas de la población, y específicamente de las mujeres.


5. La refundación del Estado, necesidad sentida y fin primordial de la constituyente, pasa necesariamente por la revisión de los fines y objetivos de las instituciones públicas que seencargan de aplicar las leyes y ejecutar las políticas públicas. Se deben revisar las premisasideológicas y políticas sobre las cuales se han conformado las instituciones estatales como el INAM, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Se debe plantear la necesaria reestructuración de la policía, y la eliminación del ejército, que están detrás de las agresiones a la integridad y a la vida de las mujeres.


6. Desde el texto constitucional, debe plantearse la necesidad de la laicidad del estado, y la eliminación de todos los contenidos sexistas y discriminatorios hacia las mujeres que todavía están presentes en la carta magna y en otras leyes del país, sobre todo, en lo relacionado con la participación en condiciones de igualdad y equidad de las mujeres en la economía, la política, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (educación sexual laica y diferenciada para las mujeres, el derecho a programas de salud incluyentes, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito), y la violencia contra las mujeres.


Tenemos claro ahora cuales son nuestras demandas, cuales son nuestros derechos, y cuales deben ser las estrategias que debemos seguir para lograr construir una sociedad más justa y equitativa para las mujeres.


7. Las evidencias aportadas sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de la población en general, y específicamente de las mujeres, obliga a que todos los estados que son parte de instancias internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras instancias, continúen en su posición de no reconocer al gobierno de facto ni las elecciones que se van a realizar este 29 de noviembre. Todos los países deben seguir presionando para la vuelta a la legalidad y al orden constitucional, violentado después del golpe de estado del 28 de junio.

 

 

 

 

Notas

 

1
Tenemos información de al menos 400 denuncias interpuestas por mujeres en el COFADEH, pero para el tiempo de la realización del estudio, solo logramos sistematizar y analizar 217 testimonios, en lo que se incluyen denuncias presentadas directamente en el COFADEH, ante las organizaciones de derechos de las mujeres, y los obtenidos en las entrevistas realizadas por las Feministas en Resistencia.

 

2
Instituto Nacional de Estadísticas. Magnitud de la Pobreza en Honduras. Tegucigalpa, INE, 2007.

 

3
Al 30 de octubre ya se registraban 27 asesinatos vinculados con la participación en las actividades de la resistencia, de acuerdo al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.

 

4
Laura Montes. La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado: un crimen silenciado. (Guatemala, CALDH, 2006). Pp. 21.

 

5
Información publicada en http://hondurasresists.blogspot.com.

 

6
Según la legislación nacional, el monto de las fianzas es determinado por varios supuestos, como la gravedad del delito, la capacidad económica del imputado, su personalidad moral y sus antecedentes. Art. 194 Código Procesal Penal.

 

7
Billy Joya es responsable de la detención y tortura de 6 estudiantes. También se le imputa la responsabilidad criminal directa en al menos 16 casos y operativos especiales que dejaron más de una decena de personas muertas y torturadas. En 1994 fue acusado por los delitos de tortura y detención ilegal, pero hasta el día de hoy no ha sido condenado por los delitos cometidos. El señor Joya fue nombrado, desde la primera semana del golpe, como asesor de seguridad del presidente de facto.

 

8
Entrevista del Observatorio de Trasgresión Feminista con Grisel Amaya, Fiscal Especial de la Mujer, 19 de agosto de 2009.


9
Datos proporcionados por el Centro de Estadística e Información Judicial, CEDIJ. Noviembre de 2009.

 

10
Datos proporcionados por la Unidad Técnica de Reforma del Ministerio Público. Noviembre de 2009.

 

11
Observatorio de la Violencia. Informe Especial: muerte de mujeres por violencia intencional. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (Tegucigalpa, Enero 2009).

 

12 Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADES. Monitoreo sobre violencia sexual en conflicto armado. En Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Pp. 24. (CLADEM, Peru, 2007.)

 

13
Red Lésbica Cattrachas. Asesinatos en el marco del golpe de estado de la comunidad LGTTBI Honduras. noviembre de 2009.


14
Entrevista del Observatorio con Sandra Ponce, Fiscal de Derechos Humanos, 20 de agosto de 2009.


15
Comunicado de prensa No. 60/09. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tegucigalpa, Honduras, 21 de agosto de 2009.

 

16
Datos obtenidos a partir de la revisión de expedientes realizada por el Centro de Derechos de Mujeres en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justica. Octubre de 2009.

 

17
Información brindada por el personal técnico del Instituto Nacional de la Mujer, que está en contra del golpe de estado pero que continúa trabajando en esa institución. Por estas razones no se proporcionan los nombres.

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