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CIDH publica informe anual sobre derechos humanos

 

A continuación reproducimos el Capítulo 4 y el apartado que trata sobre la situación de Honduras.

 

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS 2010


CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN

INTRODUCCIÓN 

 

1.              En el presente capítulo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la situación de los derechos humanos en países miembros de la Organización, con fundamento en la competencia que le asignan la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto y el Reglamento de la Comisión. Tiene como objeto proporcionar a los Estados Miembros de la OEA información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en los países que fueron objeto de especial atención de la Comisión durante el presente año.

 

CRITERIOS

 

2.              En el Informe Anual de la CIDH de 1997 se expusieron cinco criterios preestablecidos por la Comisión para identificar los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecían atención especial, y en consecuencia debían ser incluidos en el capítulo IV del mismo.

 

3.              El primer criterio corresponde a aquellos casos de Estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados. La Comisión insiste en el carácter esencial de la democracia representativa y de sus mecanismos como medio para lograr el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos. En cuanto a los Estados en los que no se observan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y la Convención Americana, la Comisión cumple con su deber de informar a los demás Estados miembros de la OEA de la situación de los derechos humanos de sus habitantes.

 

4.              El segundo criterio se relaciona con los Estados donde el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana ha sido en efecto suspendido, en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad, entre otras.

 

5.              El tercer criterio, que podría justificar la inclusión en este capítulo de un Estado en particular, tiene aplicación cuando existen pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana, la Declaración Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. La Comisión destaca en tal sentido los derechos fundamentales que no pueden suspenderse, por lo que considera con especial preocupación las violaciones tales como ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada. Por lo tanto, cuando la CIDH recibe comunicaciones dignas de crédito que denuncian tales violaciones por un Estado en particular, violaciones de las que dan testimonio o corroboran los informes o conclusiones de otros organismos intergubernamentales y/u organizaciones nacionales e internacionales de seria reputación en materia de derechos humanos, considera que tiene el deber de llevar tales situaciones al conocimiento de la OEA y de sus Estados miembros.

 

6.              El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas.

 

7.              El quinto criterio se refiere a situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales.

 

8.              En base a los criterios reseñados precedente, la Comisión ha decidido incluir a cuatro Estados miembros: Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela.

 


HONDURAS

 

417.        La Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras, observando a través de sus informes, una serie de asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes, y que se han agudizado a partir del golpe de Estado de 2009.

 

418.        El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras el derrocamiento del Presidente democráticamente electo y la ruptura del orden democrático y constitucional. Desde ese mismo día, la CIDH ha dado un seguimiento cercano a la situación de derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. En cumplimiento de sus obligaciones de promoción y protección de los derechos humanos y, en virtud de la recepción de cientos de denuncias que indicaban graves violaciones a los derechos humanos, otorgó medidas cautelares para proteger la vida de cientos de personas como consecuencia del golpe de Estado[1]; requirió información sobre la situación de riesgo de determinadas personas; solicitó información de acuerdo a lo estipulado por el artículo 41[2] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas[3]; solicitó a la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales; emitió comunicados de prensa, realizó visitas[4] in loco al país y publicó informes.

 

419.        En el año 2009, la CIDH decidió la incorporación de Honduras en el Capítulo IV de su Informe Anual, de conformidad con el artículo 57.1.h de su Reglamento, porque consideró que su situación desde el golpe de Estado, se enmarcaba dentro de los criterios primero, segundo y tercero, expuesto en el Informe Anual de 1997 e identificados en la introducción del presente Capítulo.

 

420.        El 21 de enero de 2011 la Comisión envió al Estado de Honduras el presente informe. La respuesta fue recibida el 18 de febrero de 2011[5].

421.        Durante el año 2010, la Comisión continúo observando la situación de derechos humanos con especial énfasis en las consecuencias del golpe de Estado de 2009. Evaluada la situación, la Comisión, durante su 140º período ordinario de sesiones, decidió incorporar al país en el presente Capítulo porque considera que se enmarca dentro de los tres criterios antes indicados.

 

422.        La Comisión ha constatado[6] que a partir del golpe de Estado de 2009 se produjeron violaciones a los derechos humanos que afectaron gravemente a la población hondureña, prácticas que se han mantenido durante el presente año.

 

423.        En el presente documento, la CIDH da cuenta de las actividades realizadas durante el año 2010 con relación a la situación en Honduras y analiza la situación de derechos humanos en ese país –abordando temáticas específicas-, en especial la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales; los hostigamientos contra jueces y magistrados; la situación de la libertad de expresión y la situación en que se encuentran sectores de la población históricamente marginados y en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, analiza el estado de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; la situación de impunidad y su relación con el Decreto de Amnistía de febrero de 2010; se pronuncia sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; identifica avances y desafíos para el retorno a la institucionalidad democrática y emite recomendaciones.

 

I. ACTIVIDADES DE LA CIDH RESPECTO DE HONDURAS EN 2010

A. Visita

424.        La CIDH visitó Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, con el objeto de hacer un seguimiento a la visita in loco efectuada en agosto de 2009[7] y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado[8].

 

425.        La delegación estuvo compuesta por el Presidente de la CIDH, Felipe González; el Primer Vicepresidente, Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero; la Coordinadora de Mesoamérica y Caribe de Habla Hispana, Isabel Madariaga; el abogado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Ramiro Álvarez-Ugarte y la Técnico en Documentos, Gloria Hansen.

 

426.        Durante la visita, la CIDH se reunió con autoridades de los tres poderes del Estado: Ministra Comisionada Especial de Derechos Humanos; Fiscalía General y Fiscalía de Derechos Humanos; Vice Ministro de Seguridad y Dirección de la Policía Nacional; Corte Suprema de Justicia; Directiva del Congreso Nacional y Comisión de Derechos Humanos del Congreso; Ministro de Defensa y Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA y; Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. Además, tuvo reuniones con defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Asimismo, se reunió con representantes del sistema de Naciones Unidas en Honduras y con embajadores del Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo (G 16).

427.        Al finalizar la visita, la Comisión expresó su profunda preocupación porque continuaban las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Asimismo, observó en la oportunidad ciertos avances en materia de retorno a la institucionalidad democrática[9].

 

428.        El 3 de de junio de 2010[10] la CIDH hizo públicas las observaciones preliminares[11], sobre la visita de mayo de 2010.

B. Medidas cautelares; solicitudes de información; audiencias y comunicados de prensa

429.        Durante el 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares[12] para proteger la vida e integridad de personas en Honduras, solicitó información al Estado de Honduras en virtud del artículo 41 de la Convención America sobre Derechos Humanos[13] y del artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas[14].

 

430.        Asimismo, la CIDH emitió 14 comunicados de prensa[15] sobre situaciones en Honduras y realizó tres audiencias públicas generales. Más específicamente, en el 138º período ordinario de sesiones se realizó la audiencia “Respuesta del poder judicial frente a los delitos y hechos relacionados con el golpe de Estado en Honduras”, solicitada por una coalición de ONGs nacionales e internacionales[16]. En el 140º período ordinario de sesiones, se realizaron dos audiencias, también solicitadas por ONGs nacionales e internacionales: “Mecanismo para la implementación de medidas cautelares en Honduras” y “Situación de la libertad de expresión en Honduras”[17]. El Estado de Honduras participó en estas últimas y aportó información.

 

II. SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A. Antecedentes

 

431.        El 28 de junio de 2009, efectivos del Ejército hondureño, bajo instrucción del Jefe del Estado Mayor Conjunto, ingresaron a la residencia presidencial, privaron de libertad al Presidente José Manuel Zelaya Rosales y lo trasladaron en un avión militar a Costa Rica[18]. Ello constituyó el derrocamiento del Presidente democráticamente electo y la ruptura del orden democrático y constitucional en Honduras. Ese mismo día, la CIDH condenó[19] el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional e hizo un llamado urgente a que se restaurara el orden democrático y se respetaran los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Carta Democrática Interamericana[20]. Asimismo, urgió al respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión.

 

432.        Como se ha indicado, la CIDH desde el mismo 28 de junio de 2009, en cumplimiento de sus obligaciones de promoción y protección de los derechos humanos y, en virtud de la recepción de cientos de denuncias que indicaban graves violaciones a los derechos humanos, otorgó medidas cautelares para proteger la vida de cientos de personas como consecuencia del golpe de Estado; requirió información sobre la situación de riesgo de determinadas personas; solicitó información de acuerdo a lo estipulado por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; emitió varios comunicados de prensa. El 30 de junio, la Comisión solicitó la realización de una visita a Honduras en forma urgente.

 

433.        El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en virtud de la ruptura del orden democrático y de acuerdo con lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, en sesión extraordinaria realizada el 28 de junio de 2009[21] condenó el golpe de Estado y la expulsión del país del Presidente Zelaya; exigió su restitución a la Presidencia y declaró que no se reconocería ningún gobierno que surja de la ruptura institucional[22]. El 4 de julio de 2009 la Asamblea Extraordinaria de la OEA decidió suspender al Estado de Honduras en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA y “reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos e instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”[23].

 

434.        La CIDH realizó una visita in loco a Honduras desde el 17 al 21 de agosto de 2009. Durante la visita constató que, junto con la deslegitimación[24] institucional originada por el golpe de Estado, se habían producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la muerte de por lo menos siete personas, la declaración arbitraria del estado de excepción, la represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos humanos de las mujeres y serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos. En la oportunidad, el 21 de agosto e 2009, la CIDH presentó públicamente sus observaciones preliminares sobre la visita mediante el comunicado de prensa 60/09[25].

 

435.        Con posterioridad y, en virtud de la información que se recibía sobre los graves acontecimientos que estaban ocurriendo en Honduras, la CIDH solicitó el 23 y el 29 de septiembre de 2009 realizar una nueva visita; sin embargo, no tuvo respuesta del Estado.

 

436.        La CIDH elaboró el Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, que fue publicado el 20 de enero de 2010[26]. En el Informe se expresó:

 

La Comisión constató durante su visita que en Honduras, junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres,  serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.

 

El estado de excepción, decretado ilegítimamente en el país por las autoridades de facto e implementado por las fuerzas de seguridad fue utilizado desde el mismo día del golpe de Estado como un mecanismo de control de la ciudadanía. En primer lugar, la CIDH considera que el gobierno de facto no tiene legitimidad de origen para declarar un estado de excepción y que, además, de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, el alcance de las suspensiones debe ser el estrictamente necesario para paliar la situación de emergencia y eso implica limitar su alcance temporal, espacial y los derechos que se suspenden.

 

En este contexto y como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones públicas, se produjo la muerte de al menos 7 personas. De acuerdo a la información recibida, no se observa que las investigaciones internas presenten avances sustanciales en cuanto a la identificación y sanción de los responsables.

 

La CIDH pudo constatar que las fuerzas de seguridad practicaron miles de detenciones ilegales y arbitrarias, que no contaron con orden de autoridad competente. Los detenidos no fueron puestos a disposición de un juez que pudiera revisar la legalidad de la detención, no se les informaron a los detenidos los motivos de la detención, no se les leyeron sus derechos y, además, muchos de ellos permanecieron incomunicados. La mayoría de los detenidos fueron liberados en un plazo menor a 24 horas, sin que las detenciones fueran registradas, circunstancia que en muchos casos dificultó la ejecución de los recursos de habeas corpus y facilitó violaciones a la integridad física, psíquica y moral de los detenidos, especialmente los abusos sexuales contra las mujeres.

 

Asimismo, los elementos y estrategias utilizados por el Ejército, la Policía y el Comando Especial Cobra, revelaron un uso desproporcionado de la fuerza. Esto, sumado a las condiciones en las que permanecieron las personas detenidas implicó el sometimiento de miles de personas a tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso a tortura. En este contexto, las agresiones tuvieron un impacto diferenciado en las mujeres, quienes en muchos casos fueron objeto de violencia sexual. Asimismo, otros grupos minoritarios, como los garífunas, los miembros de la comunidad gay y los extranjeros fueron objeto de prácticas discriminatorias.

 

Además, la CIDH recibió testimonios sobre actos de hostigamiento en perjuicio de personas que públicamente demostraron afinidad política con el Presidente Zelaya.  Al respecto, la CIDH constató graves vulneraciones a los derechos políticos, tales como el derecho a la participación política y el derecho a ejercer funciones públicas. Ministros, gobernadores, diputados y alcaldes fueron objeto de represalias, amenazas, actos de violencia, cortes presupuestarios y ocupación militar de las instalaciones públicas donde desempeñan sus labores. Asimismo, se implementaron restricciones de hecho y de derecho a la actividad de los partidos, grupos y líderes de la oposición al gobierno de facto. En particular, la familia del Presidente Zelaya informó sobre los hostigamientos y la campaña de desprestigio que afectan a todos sus miembros.

 

La CIDH confirmó que el control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado, y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al golpe de Estado.

 

Asimismo, la CIDH constató la prohibición de las expresiones disidentes o críticas y la autorización para que las fuerzas de seguridad allanen y decomisen equipos de transmisión cuando a juicio de las autoridades administrativas los medios incurran en las prohibiciones establecidas por las normas vigentes. Estas medidas restringen de manera muy grave y en contravención del derecho internacional, de forma arbitraria, innecesaria y desproporcionada, el derecho que asiste a todos los hondureños a expresarse en libertad y a recibir información plural y diversa. La CIDH reitera que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión, incluso al amparo de un estado de excepción, debe ser adoptada por un gobierno legítimo y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger la vigencia del régimen democrático.

 

Las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, asociación, libertad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, a los derechos políticos, a los derechos de las mujeres y grupos minoritarios se vieron exacerbadas por la falta de una institucionalidad que permita canalizar las denuncias, investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Los sectores de la sociedad hondureña que condenan el golpe de Estado manifestaron a la CIDH su temor a sufrir represalias por parte de los agentes de seguridad y su desconfianza en el actuar de las instituciones que no han condenado enérgicamente la ruptura de la institucionalidad democrática y se han mostrado inactivas frente a las denuncias de conocimiento público.

 

En base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado en 1977, Honduras tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables. No obstante, las autoridades de facto y la Corte Suprema de Justicia niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune.

 

Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, de este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país[27].

 

437.        El 27 de enero de 2010 asumió la presidencia de la República de Honduras el señor Porfirio Lobo Sosa, mediante elecciones celebradas el 29 de noviembre de 2009 en las que, además, se eligió a alcaldes, concejales y diputados.

 

B. Seguimiento de la situación de derechos humanos en el contexto del golpe de estado durante 2010

438.        El 3 de febrero de 2010, la CIDH mediante el comunicado de prensa 14/10[28] manifestó su preocupación respecto a la ambigüedad del Decreto de Amnistía aprobado por el Congreso Nacional de Honduras el 26 de enero de 2010 porque, aunque el texto contempla ciertas excepciones en cuanto a violaciones a los derechos humanos, el lenguaje es ambiguo, y el decreto no establece criterios precisos o mecanismos concretos para su aplicación. Según el Estado de Honduras, el Decreto de Amnistía no es ambiguo porque establece para qué delitos se aplica, para qué delitos no se aplica basado en las obligaciones internacionales del Estado de Honduras y establece el procedimiento para su aplicación[29].

 

439.        El 8 de marzo de 2010 la CIDH condenó y lamentó los asesinatos de tres miembros activos del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado (en adelante, “frente de resistencia” o “resistencia”) registrados entre febrero y marzo de 2010. Asimismo, deploró los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que habrían sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresó también su profunda preocupación ante la información recibida de que hijos e hijas de activistas estaban siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos habían sido asesinados.

 

440.        El 5, 15 y 16 de marzo de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato de tres periodistas.

 

441.        En razón de la información recibida por la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Honduras y con el objeto de hacer un seguimiento a la visita in loco efectuada en agosto de 2009 y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, el 19 de marzo de 2010 la CIDH solicitó al Estado de Honduras una nueva visita[30].

 

442.        El 27 de marzo de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato de los periodistas del Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior, Bayardo Mairena y Manuel Juárez, el 26 de marzo en el Departamento de Olancho, Honduras. La Relatoría Especial expresó su profunda preocupación por la gravedad de la situación de vulnerabilidad que atraviesa la prensa en Honduras[31].  El 22 de abril de 2010, en virtud de un nuevo asesinato de un periodista ocurrido el 20 de abril de 2010, se emitió otro comunicado de prensa[32].

 

443.        En este contexto, la CIDH visitó Honduras en el mes de mayo de 2010 y en la oportunidad expresó su profunda preocupación porque, sin perjuicio de ciertos avances realizados para el retorno a la institucionalidad democrática, continuaban las violaciones a los derechos humanos. La CIDH consideró que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia que la CIDH denunció en su Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado y manifestó su profunda preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos.

 

444.        En la oportunidad, considerando las visitas in loco efectuadas en agosto de 2009 y mayo de 2010; el Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado y, el especial  seguimiento que la CIDH ha dado a la situación de derechos humanos en el país desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Comisión formuló recomendaciones al Estado de Honduras.

 

445.        Con posterioridad a la visita de mayo de 2010, la CIDH continúo recibiendo información sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas como consecuencia o en relación con el golpe de Estado de 2009. En especial, como se mencionó, recibió durante 2010 información sobre varios asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, comunicadores sociales, miembros de la resistencia, maestros y sindicalistas.

 

446.        Por lo anterior, durante 2010, la CIDH ha tenido que otorgar varias medidas cautelares a favor de personas que se encuentran en situación de riesgo. En la mayoría de los casos, el riesgo está asociado a su participación en acciones en contra del golpe de Estado. Además, en el presente año la CIDH solicitó medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Gladys Lanza el 30 de agosto y de José Luis Galdámez Álvarez y su núcleo familiar el 6 de diciembre. En ambos casos, las solicitudes se fundamentaron en la persistencia de los actos de hostigamiento, amenazas y persecuciones que originalmente motivaron la adopción de medidas cautelares por parte de la CIDH[33], y que fueron ejecutados en reacción a la posición crítica al golpe de Estado que asumieron los beneficiarios: la señora Lanza a través de su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos[34], y el señor Galdámez en su calidad de periodista[35]. El 2 de septiembre de 2010, la Corte Interamericana otorgó medidas provisionales a favor de la señora Lanza[36], y el 22 de diciembre a favor del señor Galdámez Álvarez y su familia[37].

 

447.        Sin desconocer la alta tasa de criminalidad común que existe en Honduras[38], la CIDH observa que los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y miembros de la resistencia, no cuentan con las debidas investigaciones por parte del sistema de justicia y se mantienen en la impunidad. Esta falta de debida investigación no permite esclarecer si tales delitos están o no relacionados con el golpe de Estado de 2009 o son producto de la criminalidad común; asimismo no permite juzgar y sancionar a los responsables de tales acciones y ni evitar que hechos similares se repitan.

C. Defensores y defensoras de derechos humanos y líderes socialeS

1. Asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes sociales

 

448.        La CIDH recibió durante la visita realizada en el mes de mayo de 2010 información sobre una serie de amenazas, hostigamientos y asesinatos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia. Sin embargo, la justicia hondureña no ha realizado las diligencias debidas para esclarecer dichos ataques y sancionarlos, así como para determinar de manera fehaciente si están o no relacionados con el golpe de Estado de 2009.

 

449.        El 16 de diciembre de 2009 Walter Orlando Trochez, defensor de derechos humanos y activista de la comunidad LGTB, quien rindió testimonio ante la CIDH durante la visita in loco de agosto de 2009, fue asesinado en la ciudad de Tegucigalpa, mediante dos impactos de bala disparados por personas desde un automóvil en movimiento. El 4 de diciembre del mismo año, el Sr. Trochez habría sido objeto de un intento de secuestro por 4 hombres encapuchados, quienes, mientras lo golpeaban brutalmente, le habrían preguntado sobre el Frente de  Resistencia, sus líderes y sus movimientos. De acuerdo a la información recibida la investigación iniciada por el Ministerio Público estaría sin progresos.

 

450.        El 8 de marzo de 2010, mediante el Comunicado de Prensa 26/10[39], la CIDH[40] condenó y lamentó los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de Estado, registrados en el mes de febrero de 2010 en Honduras. Según la información recibida, el 3 de febrero de 2010, Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años de edad, quien era activa en el Frente de Resistencia y afiliada al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, fue encontrada muerta en Tegucigalpa. Según testigos oculares, su cuerpo fue lanzado desde un auto.

 

451.        Asimismo, el 15 de febrero de 2010, Julio Fúnez Benítez, miembro activo de la resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA, fue asesinado de dos balazos mientras conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho, por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta.

 

452.        El 24 de febrero de 2010 fue asesinada en su domicilio Claudia Maritza Brizuela, de 36 años de edad, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brizuela fue asesinada a balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad[41].

 

453.        Tras estos asesinatos de febrero, el 17 de marzo de 2010 fue asesinado Francisco Castillo[42], miembro activo de la resistencia. El señor Castillo y su esposa habrían sido objeto de persecución por personas que se conducían en motocicletas y autos.

 

454.        El 23 de marzo de 2010, fue asesinado el dirigente del Frente Nacional de Resistencia y miembro del colegio de profesores de Educación Media, señor Juan Manuel Flores Arguijo. El profesor Flores Arguijo fue asesinado cuando se encontraba en el Instituto San José del Pedregal de Comayagüela frente a alumnos y profesores.

 

455.        El 8 de mayo de 2010, Adalberto Figueroa, miembro directivo del movimiento ambientalista de Olancho y líder en su comunidad fue asesinado a un kilómetro de distancia de su casa por personas con pasamontañas, que le infirieron varios disparos de arma de fuego. Según la información recibida, su muerte estaría relacionada con las denuncias que la víctima habría realizado sobre la explotación ilegal del bosque de la zona por parte de empresarios madereros.

 

456.        Gilberto Alexander Núñez Ochoa, quién habría sido miembro del comité de seguridad de la resistencia, fue asesinado el 13 de mayo de 2010 de 17 balazos.

 

457.        El 26 de mayo de 2010, Pedro Antonio Durón Gómez -hermano de Arcadia Gómez, ministra del Presidente Zelaya y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia- junto a Oscar Tulio Martínez, agente de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI) fueron asesinados de varios disparos por individuos que interceptaron el vehículo que conducían.

 

458.        Al momento, la CIDH no ha recibido información sobre el esclarecimiento de estos asesinatos por la administración de justicia.

 

459.        Con posterioridad a la visita de mayo de 2010, la Comisión ha sido informada que han continuado las amenazas, hostigamientos y homicidios contra defensoras y defensores de derechos humanos y líderes opositores al gobierno. En este contexto habría ocurrido la muerte del abogado Marco Tulio Amaya, Coordinador de los Abogados en Resistencia, el 20 de julio de 2010[43]. Además, la Comisión ha tenido conocimiento de la muerte de Juana Supaya Bustillo, presidenta regional del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quien fuera asesinada por desconocidos desde un coche en movimiento el 16 de septiembre de 2010[44].

2. Amenazas, hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos y otros líderes sociales

 

460.        En el comunicado de prensa emitido el 8 de marzo de 2010[45], la Comisión deploró los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que habrían sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresó también su profunda preocupación ante la información recibida de que se estaría secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos e hijas de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, informó que el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la Ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado “Siempre al Frente con el Frente”, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel habría sido secuestrada por dos días, maltratada físicamente y luego liberada.

 

461.        Durante la visita realizada en mayo de 2010, la CIDH recibió información que indicaba que las amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, maestros, líderes sociales y miembros de la resistencia continuaban. Durante los primeros cinco meses del 2010 la CIDH tuvo que otorgar una serie de medidas cautelares con el objeto de proteger la vida y la integridad personal de un número importante de personas que se encontraban en riesgo, en general, por sus acciones en contra del golpe de Estado. En los últimos meses se han ampliado y otorgado nuevas medidas cautelares y solicitado dos medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos[46]. Uno de los hechos que fundaron la solicitud de la medida provisional a favor de la Sra. Gladys Lanza, fue el envió de un correo electrónico con el siguiente texto:

 

“Que ya se te olvidó el dinero que te robaste del STENEE CON LA ROLL ROIZ RUSH que ahora tiene una ONG robada a Callejas y ya no te acordas de la gente que mandastes a matar en San Pedro Sula cuando controlabas la guerrila del partido comunista Padilla Fush? O ya se te olvidó vieja podrida? Crees que nosotros no nos acordamos? Ahora te caemos, vieja ignorante!!!. La doctora Irmita Becerra con Billy Joya Amendola renovado!! (sic)[47].

 

462.        Las defensoras y los defensores de derechos humanos denunciaron ante la CIDH que en los últimos meses grupos ilegales operarían en forma clandestina con patrones de ataque enfocados en personas vinculadas a la resistencia; personas que denuncian y personas que generan opinión. De acuerdo a los defensores y las defensoras de derechos humanos, la situación en Honduras ha empeorado, porque los escuadrones de la muerte, que durante algunos años fueron conocidos por sus cruentas acciones de “limpieza social”, estarían volviendo a operar en Honduras, con un objetivo de persecución de carácter político.

 

463.        Por otra parte, se recibió información indicando que los actos de hostigamiento contra maestros y maestras que se manifestaron contra el golpe de Estado continúan. Específicamente, se informó que 10 directores y secretarios departamentales y directores distritales de la oposición fueron ilegalmente separados de sus cargos[48], que estarían siendo adoptadas represalias de naturaleza económica[49] y que decenas de educadores de la oposición al gobierno se encontrarían sujetos a medidas previstas en la legislación interna para “asegurar la eficacia del procedimiento”[50]. Además, se informó respecto del inicio de procesos de investigación contra instituciones educativas en las cuales sus maestros hubieren participado en acciones de protesta[51]. Asimismo, la Comisión fue informada sobre la preocupación de los maestros y maestras hondureñas, por la presentación al Congreso Nacional de Honduras, de proyectos de ley que, según alegan, podrían llegar a afectar los logros magisteriales alcanzados al presente.

 

464.        Se debe tener en cuenta, que en el clima de permanente hostigamiento hacia los líderes sociales y defensores de derechos humanos, se ha acusado a la policía de estar detrás de parte de estos abusos y amenazas[52]. Además, por las medidas cautelares otorgadas y por las medidas provisionales solicitadas, se evidencia un patrón de agresión hacia los opositores al gobierno y a los defensores de los derechos humanos[53]. Incluso, se han reportado intentos de secuestro de personas ligadas a la resistencia contra el golpe de Estado[54].

 

465.        Por otro lado, se denuncia por parte de opositores al gobierno[55], que se ha criminalizado la disidencia política y se ha perseguido a abogados y defensores de derechos humanos, con acusaciones sin fundamento claro[56]. En esta línea, la Comisión ha recibido información durante el 140º período ordinario de sesiones conforme a la cual existiría un uso abusivo del aparato de justicia de los tipos penales de asociación ilícita, terrorismo, rebelión, sedición y manifestación ilícita con el objeto de obstaculizar las labores desempeñadas por miembros de organizaciones civiles[57].

 

466.        La Comisión ha recibido información del uso de fuerza desproporcionado de la policía, en contra de una manifestación realizada el 20 de agosto por maestros y maestras en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Se dice que los educadores fueron blanco de disparos y bombas lacrimógenas y luego de eso, se detuvo a dirigentes del magisterio, terminando algunos hospitalizados por la forma en que fueron arrestados[58].

 

467.        Además, se ha tomado conocimiento, de la dura forma de proceder de la policía y de la presencia de militares en funciones propias de la policía civil, durante una manifestación en San Pedro Sula, realizada el 15 de septiembre[59]. En esa ocasión, manifestantes fueron gravemente golpeados por la policía y muchos niños sufrieron con los químicos lacrimógenos exparcidos por las fuerzas de seguridad. En aquella protesta también se habría agredido a un Fiscal del Ministerio Público Hondureño[60] y se acusó a la policía de causar daños a la propiedad privada[61]. Por otra parte, la CIDH recibió información sobre represalias adoptadas contra trabajadores de entidades gubernamentales, alegadamente a consecuencia de su participación en actividades de naturaleza sindical.

 

468.        La Comisión observa con preocupación la detención que sufrió el 18 de septiembre de 2010 Edwuin Otoniel Aguilera García, de 20 años de edad, por parte de la policía. De acuerdo a lo denunciado, la detención habría sido en represalia por las actividades de su madre María Arnulfa García Ávila, en el Frente Nacional de Resistencia Popular. Según la información recibida, la policía se habría negado ha suministrar información respecto de la detención del joven y sólo a través de una llamada de un Comisionado Jefe, accedió a liberarlo[62]. Ante esta situación, la Comisión recuerda las obligaciones del Estado de Honduras que emanan de la Convención Americana, específicamente el deber de respetar el artículo 7, o sea, la prohibición arbitraria de la libertad, otorgar información completa de las causas de la detención y la conducción sin demora a un juez competente para revisar la legalidad de la detención.

 

469.        Por otra parte, durante el año de 2010 la Comisión recibió información sobre la situación de las defensoras y defensores del derecho a un medio ambiente sano en Honduras en el marco de su 140 período ordinario de sesiones[63]. Según la información recibida, a partir del golpe de Estado, los procesos relacionados con las denuncias ligadas a las causas que defienden las personas dedicadas a la defensa del derecho a un medio ambiente sano y de los derechos de las comunidades aledañas a grandes proyectos mineros, así como las denuncias interpuestas en razón de las amenazas y hostigamientos con los que frecuentemente se enfrentan, las cuales provendrían tanto de actores estatales como no estatales, no estarían avanzando debidamente, manteniendo los hechos en impunidad.

 

470.        En este sentido, la CIDH recibió información respecto a la situación de Gelsomina Munguía, Presidenta de la Red Nacional de Comunidades afectadas por la Minería en Honduras, y Ramón Sarmiento, actual Alcalde Municipal de Juticalpa Olancho, quienes recibieron amenazas de muerte tras oponerse a la operación de proyecto de instalación de un mina a cielo abierto. Asimismo, se recibió información respecto a la persecución realizada en contra del Comité Ambientalista de Valle de Siria, específicamente en contra del defensor Carlos Amador, quien también habría recibido amenazas de sectores vinculados al proyecto de una compañía minera. De acuerdo a la información proporcionada a la CIDH[64], aún no se habrían sancionado a los responsables de tales actos.

 

471.        En su respuesta del 18 de febrero de 2011, el Estado de Honduras no niega las limitaciones de recursos humanos, económicos y tecnológicos para realizar investigaciones y esclarecer los hechos que permitirían llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos, pero indica que muchos de los casos no se denuncian ante la autoridad nacional y se hace en forma imprecisa, dificultando el esclarecimiento de los hechos. Agrega al respecto que las muertes y o amenazas ocurridas que se denuncian en el informe “así como las que no se consignan en el mismo”, se encuentran en proceso de investigación por parte de la autoridad competente[65].

D. Hostigamiento y persecución contra magistrados y jueces

 

472.        En sus Observaciones Preliminares sobre la visita realizada en mayo de 2010, la CIDH consideró de especial preocupación los actos de hostigamiento contra jueces y juezas identificados como opositores al golpe de Estado. En mayo de 2010, la Comisión se reunió con miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes informaron sobre la situación de los jueces y juezas despedidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, se reunió con el pleno de la CSJ, oportunidad en la que se planteó esta situación.

 

473.        De acuerdo a la información recibida, la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales inició de oficio después del golpe de Estado, investigaciones por supuestas faltas cometidas por Tirza del Carmen Flores, Magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula; Guillermo López Lone, Juez del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; Ramón Enrique Barrios, Juez del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula y; Luis Alonso Chévez de la Rocha, Juez de Letras contra la Violencia Doméstica, todos integrantes de la Asociación Jueces por la Democracia.

 

474.        A la Magistrada Tirza Flores Lanza y al Juez Guillermo López Lone se les inició de oficio una investigación el 1º de julio de 2009 porque el 30 de junio de 2009 interpusieron un recurso de amparo a favor del Presidente José Manuel Zelaya Rosales en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia[66]. En relación con la Magistrada Flores Lanza, la Dirección de personal de la carrera Judicial encontró responsabilidad administrativa:

 

“1.- por haberse ausentado de su despacho judicial, el día treinta de junio del 2009, en que se encontraba en la capital de la República, realizando gestiones que no son inherentes a las funciones de su cargo, sin que conste haber solicitado el permiso respectivo. 2.- Realizar actividades incompatibles con el desempeño de su cargo, al ejercer actos de procuración en la tramitación de la nulidad presentada en el expediente Nº SCO-896-2009, (acción de amparo) en fecha 12 de agosto del 2009. 3) Señalar las oficinas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, como lugar para recibir notificaciones, en actuaciones que nada tienen que ver con su función exclusiva de impartir y administrar justicia de forma imparcial. 4.- Realizar actividades que por su condición de Magistrada, no le son permitidas, al presentarse ante la Fiscalía General de la República, y presentar denuncia contra funcionarios del Estado por la supuesta comisión de delitos. Y emitir comentarios sobre actuaciones judiciales de otros órganos jurisdiccionales y la propia Corte Suprema de Justicia”[67].

 

475.        Respecto del Juez Guillermo López Lone, Presidente de la Asociación Jueces por la Democracia, se le encontró responsabilidad por “Incumplimiento de los deberes de su cargo a (sic) incurrir en actos que atentan contra la dignidad de la Administración de la Justicia al haber participado activamente en la manifestación acaecida el día 5 de julio del corriente año 2009, en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Toncontín […][68].  Referente al Juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, se le encontró responsabilidad por “haber sido detenido por la Policía Nacional el día 12 de Agosto de 2009, a causa de su presencia en actos de alteración de orden público, así como el haber tratado de rebelar contra el Gobierno establecido a varios empleados judiciales (sic). Y manifestar ‘sentir vergüenza de pertenecer al Poder Judicial’. Incurriendo en actos que atentan contra la dignidad en la administración”[69].  El Juez Ramón Enrique Barrios fue investigado “ya que al haber manifestado en una conferencia dictada y que fue publicada en el Diario “El Tiempo” del 28 de agosto del 2009, un artículo de opinión titulado “NO FUE SUCESIÓN CONSTITUCIONAL” en el cual se identifica como Juez de Sentencia y censura las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, en la tramitación de un requerimiento Fiscal presentado en contra del señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, indicando además el procedimiento que a su juicio debió seguirse[...].[70]

 

476.        De acuerdo a los jueces afectados, en los procedimientos seguidos en su contra no se les habría respetado el debido proceso[71].  En la reunión sostenida el 18 de mayo de 2010 con el Pleno de la Corte Suprema, su Presidente informó a la CIDH que la decisión de despido habría sido ratificada por dicho tribunal y que los jueces afectados tenían la facultad de interponer un recurso de impugnación contra la decisión de la Corte Suprema.

 

477.        Al respecto, la CIDH insiste que, sin perjuicio de las motivaciones formales argumentadas por la CSJ, las causas que motivaron el proceso y la decisión final están vinculadas indudablemente a la participación en manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión contra el mismo. El sistema interamericano de derechos humanos ha expresado reiteradamente el rol central del Poder Judicial en el funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia[72].

 

478.        En este sentido, la Comisión observó que la misma institución que investigó a la magistrada y a los jueces por oponerse al golpe de Estado, convocó a los funcionarios y empleados del poder judicial a participar en marchas de apoyo al golpe de Estado. Efectivamente, consta en copia de la convocatoria recibida por la CIDH, lo siguiente:

 

PODER JUDICIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

JEFATURA DE PERSONAL

COMUNICADO

 

Atendiendo instrucciones Superiores se les invita a los Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a participar en la “Marcha por la Paz en Honduras” la cual se llevará a cabo en el parque central de la ciudad de Tegucigalpa, el día de hoy martes 30 de junio del año 2009 en un horario de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

 

Cordialmente,

(Firma Ilegible)

Jefa de Personal[73]

 

479.        Además, observó que con posterioridad al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, varios jueces y magistrados emitieron en forma pública opinión a favor del golpe de Estado, sin que fueran objeto de investigaciones por sus dichos[74].

 

480.        En el comunicado de prensa 54/10[75], la CIDH hizo un llamado urgente a que se revirtiera esta situación que afectaba seriamente  el estado de Derecho. Asimismo, el 28 de mayo de 2010, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Honduras información sobre la situación de los jueces y juezas sometidos a procesos disciplinarios por participar en acciones contra el golpe de Estado[76].

 

481.        El 1º de junio de 2010 la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la decisión de despedir a la Magistrada Tirza del Carmen Flores y a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Alonso Chévez de la Rocha[77]. El mismo día, el Presidente Porfirio Lobo declaró estar "totalmente en contra de esa decisión” y señaló “me parece que no abona en nada a la reconciliación de la familia hondureña. Con todo el respeto que se merece el Poder Judicial como un poder independiente no tengo más que expresar que no están contribuyendo en nada a unir al país"[78].

 

482.        El 18 de junio de 2010, la magistrada y los jueces fueron notificados de la decisión de la Suprema Corte de Justicia que ordenó su destitución de la carrera judicial por “incumplimiento o violaciones graves de sus deberes”[79]. De acuerdo a información pública, el 28 de junio de 2010 los funcionarios destituidos presentaron un recurso de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial y solicitaron el reintegro en sus funciones[80]. De acuerdo a la prensa, el recurso habría sido admitido por el referido Consejo[81].

 

E. Libertad de expresión[82] 

 

483.        El golpe de Estado de junio de 2009 dio lugar a una serie de violaciones masivas de derechos humanos, y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no fue la excepción[83]. Si bien el 27 de enero de 2010 asumió la presidencia de la República de Honduras el señor Porfirio Lobo Sosa, la situación de riesgo para comunicadores y comunicadoras sociales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos se mantuvo. En particular, preocupa especialmente a la CIDH los asesinatos de periodistas registrados en 2010; los actos de amenazas, agresiones y hostigamientos perpetrados contra periodistas y medios de comunicación; y la extendida situación de impunidad que pesa sobre estos crímenes, que genera un efecto inhibitorio generalizado que limita la libertad de expresión de los ciudadanos, el derecho de éstos a acceder a información y la riqueza y el vigor del debate público.

1. Periodistas asesinados

484.        Durante 2010 asesinaron al menos a nueve periodistas en Honduras.

 

485.        El 1 de marzo de 2010 fue asesinado a balazos Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa. Su acompañante, la periodista Karol Cabrera, sufrió heridas pero sobrevivió. Según la información recibida, en la noche del lunes 1° de marzo, el automóvil en que viajaban los periodistas Hernández Ochoa, del canal 51, y Cabrera, de Radio Cadena Voces y el Canal estatal 8, fue atacado por varios individuos con armas de fuego. La información señala que Hernández Ochoa falleció a causa de los disparos, mientras que Cabrera recibió tres impactos de bala, pero se recuperó de las heridas. Según reportes de la prensa local, Cabrera –quien en varias ocasiones denunció haber recibido amenazas - contaba con protección policial en su domicilio y era el objetivo de los agresores[84].

 

486.        El 11 de marzo de 2010 fue asesinado David Meza Montesinos, periodista de Radio América y Radio El Patio, de la ciudad de La Ceiba. Meza, de 51 años, fue asesinado alrededor de las cinco y media de la tarde cerca de su casa en la ciudad costera de La Ceiba, ubicada a doscientos kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital del país. El periodista fue atacado desde un vehículo en movimiento mientras circulaba por una calle del lugar[85].

 

487.        El 14 de marzo de 2010 fue asesinado en la ciudad de Tocoa el periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán. Según la información recibida, Nahúm Palacios fue asesinado por dos desconocidos que lo atacaron con fusiles automáticos AK-47 en la noche del domingo 14 de marzo, cuando regresaba a su casa en el barrio Los Pinos de la ciudad de Tocoa, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El periodista recibió 30 balas, y el automóvil en el que viajaba, 42 impactos de bala. Las dos personas que viajaban con él resultaron heridas. Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Nahúm Palacios dio cobertura a las manifestaciones organizadas por la resistencia al golpe y expresó públicamente su rechazo al mismo. Según la información recibida por la Comisión, el 30 de junio de 2009 se realizó un operativo militar en el cual le fueron confiscados equipos de trabajo del canal, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo. El 24 de julio de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares para Nahúm Palacios y solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para proteger su vida y su integridad personal. De acuerdo a la información recibida, estas medidas no fueron implementadas por las autoridades hondureñas[86].

 

488.        El 26 de marzo de 2010 fueron asesinados los periodistas de Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, quienes circulaban por una carretera cerca a la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho. Según la información recibida, Mairena y Juárez se encontraban en una carretera cercana a la ciudad de Juticalpa, cuando fueron alcanzados por otro vehículo desde el cual les dispararon varias ráfagas de metralleta. Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que recientemente Mairena había realizado informes periodísticos relacionados con el conflicto de tierras y el crimen organizado en Honduras[87].

 

489.        El 20 de abril de 2010 fue asesinado Jorge Alberto “Georgino” Orellana, periodista del canal Televisión de Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula[88]. Según la información recibida, Orellana fue baleado el martes 20 de abril en horas de la noche, minutos después de abandonar las oficinas del canal Televisión de Honduras en el cual dirigía un programa de opinión sobre temas de actualidad. El periodista murió poco después, como consecuencia de los disparos recibidos.

 

490.        El 14 de junio fue asesinado Luis Arturo Mondragón Morazán, director del Canal 19 y del programa de noticias “Teleprensa”, en El Paraíso, en el oriente del país, cuando salía de la televisora. Según la información recibida, Mondragón recibió cuatro impactos de bala, al salir de las oficinas del Canal 19. En su programa, el periodista informaba, entre otras cosas, sobre corrupción, crímenes y problemas ambientales. El periodista murió en el lugar de los hechos, como consecuencia de los disparos recibidos[89].

 

491.        El 24 de agosto de 2010 fue asesinado Israel Zelaya Díaz, periodista de Radio Internacional, de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. De acuerdo con la información recibida, Israel Zelaya fue encontrado muerto con heridas de bala en una plantación de caña. No fueron robadas sus pertenencias personales. Tres meses antes, su casa había sido dañada por un incendio cuya causa no pudo ser determinada. Según conoció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Zelaya trabajaba en un programa de noticias locales en Radio Internacional, en San Pedro Sula, y acostumbraba a hacer denuncias acerca de asuntos de interés público[90].

 

492.        El 28 de diciembre de 2010 fue asesinado el periodista Henry Suazo, corresponsal de la radio HRN en el departamento de La Ceiba y periodista de una televisora local, cuando salía de su casa en la localidad de La Masica. De acuerdo con la información recibida, días antes de los hechos, el periodista había sido amenazado de muerte a través de un mensaje de texto recibido en su celular[91].

 

493.        La Secretaría de Seguridad presentó un informe ante el Congreso Nacional el 5 de mayo, en el que dio cuenta de la situación de las investigaciones relacionadas con estos asesinatos[92]. El informe fue reservado y no se conoció su contenido. Desde la Secretaría de Seguridad sostuvieron que su revelación podría entorpecer las investigaciones[93]. El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, expresó a la CIDH en mayo de 2010 que “hasta el momento no existe relación de las muertes de los periodistas con el ejercicio de su profesión”[94]. Sin embargo, tanto la Fiscalía Especial de Derechos Humanos como las organizaciones no gubernamentales que monitorean el avance en las investigaciones de estos crímenes, manifestaron que en algunos de estos casos existen hipótesis serias que permiten relacionar los asesinatos con el ejercicio de la profesión periodística. Esas organizaciones no gubernamentales sostuvieron que no se habían producido avances en las investigaciones y opinaron que no había voluntad de las autoridades para esclarecer los asesinatos[95]. Desde la Fiscalía se atribuyeron las falencias de las investigaciones a la “poca capacidad de la policía para investigar”[96].

 

494.        En la audiencia pública realizada el 25 de octubre de 2010 ante la CIDH, sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Honduras, los representantes del Estado expresaron que existen avances en las investigaciones de los crímenes de periodistas e indicaron que ninguno de los periodistas asesinados en 2010 fue ultimado por ejercer su profesión, sino que se trató de crímenes comunes[97]. Sin embargo, los representantes del Estado, al igual que los funcionarios con quienes se entrevistó la CIDH en su visita oficial de mayo, no aportaron prueba para sustentar tal afirmación[98].

 

495.        En sus observaciones al Informe Anual de la CIDH 2010, el Estado señaló: “De las investigaciones preliminares se constata que los homicidios son producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha determinado como móvil las opiniones vertidas por los comunicadores sociales, ni la intervención de agentes del Estado, de ahí que las causas son investigadas dentro de la Fiscalía de Delitos Comunes y no por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Se ha concluido las investigaciones en dos de los casos y se han presentado las acusaciones criminales correspondientes, con la consecuente detención preventiva de los supuestos responsables de esos dos crímenes. En otros dos casos se concluyen [sic] las investigaciones y se espera que el Ministerio Público los presente pronto”[99]. Cabe destacar que el Estado no indicó en qué casos se avanzó ni aportó pruebas que sustenten sus afirmaciones.

 

496.        Desde la organización no gubernamental C-Libre informaron que una persona fue sentenciada por el asesinato de Georgino Orellana, pero subsisten las sospechas de que el crimen fue instigado por razones políticas. Asimismo, indicaron que una persona se encontraría detenida por el crimen de David Meza, pero indicaron que no hay avances sustanciales en esa causa[100].

 

497.        Tal como sostuvo la CIDH luego de su visita de mayo de 2010, es imprescindible que el Estado realice, de manera urgente, investigaciones a cargo de cuerpos especializados independientes con protocolos especiales de investigación que conduzcan a determinar de manera confiable si efectivamente los crímenes están relacionados con el ejercicio de la profesión y que permitan el enjuiciamiento y condena de las personas responsables de los mismos. Asimismo, es necesario que el Estado adopte mecanismos permanentes de protección para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo. El mantenimiento de la impunidad no solo ofende a los familiares de las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ya que promueve el temor y la autocensura, tal como lo expresaron distintos periodistas y comunicadores sociales en las reuniones mantenidas con la CIDH en su visita a Honduras de mayo de 2010[101].

 

498.        Cabe recordar que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

2. Amenazas, agresiones y hostigamientos a periodistas

 

499.        El 6 de enero de 2010, pasadas las 3:30 de la madrugada, la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce), instalada en Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida, fue incendiada por desconocidos. La radio pertenece a la comunidad garifunas de Triunfo de la Cruz. Desde junio de 2009, la radio había recibido varias amenazas por su oposición al golpe de Estado y a diversos proyectos de desarrollo inmobiliario que se están llevando a cabo en la región. La radio había informado de su situación de riesgo a la CIDH. Alfredo López, gerente de Faluma Bimetu, indicó que el 24 de abril, poco antes de la visita de la CIDH a Honduras de mayo de 2010, acordó con el Estado dos patrullajes diarios[102]. Sin embargo, López indicó que luego de unos días los patrullajes cesaron[103]. El Estado de Honduras informó que las investigaciones sobre este hecho “no arrojaron indicios de responsabilidad sobre determinada persona o personas que habrían provocado el incendio de las instalaciones de la radioemisora en referencia” e informó que “continúan las investigaciones para dar con los responsables”[104].

 

500.        A fines de marzo de 2010, el periodista José Alemán, corresponsal de Radio América y colaborador de Diario Tiempo en San Marcos de Ocotepeque, abandonó el país por las amenazas recibidas. Según la información recibida, el 28 de marzo de 2010 Alemán recibió una llamada anónima en horas de la mañana, en la que lo amenazaron. Ese mismo día, desconocidos ingresaron en su vivienda cuando él no estaba y efectuaron disparos de armas de fuego en la habitación del reportero. Según la información recibida, la policía de San Marcos de Ocotopeque le informó que eran “incapaces” de brindarle seguridad. Como consecuencia de esos hechos, Alemán decidió abandonar el país en la noche de ese mismo día[105].

 

501.        El 9 de abril de 2010, la vivienda del periodista Ricardo Oviedo, del Canal 40 de la ciudad de Tocoa, Colón, fue atacada a balazos por desconocidos. El periodista, quien es además presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales de Colón, denunció que es perseguido y hostigado desde el golpe de Estado de junio de 2009. El día en que su vivienda fue atacada, el periodista había cubierto un retén policial en el que las fuerzas de seguridad estaban deteniendo buses y registrando a la gente que viajaba en ellos. Ante la pregunta de Oviedo de por qué registraban a la gente, uno de los policías le contestó de manera agresiva con una serie de improperios[106].

 

502.        En su visita de mayo de 2010, la CIDH recibió información sobre un ataque sufrido por integrantes de la radio comunitaria La Voz de Zácate Grande, de la localidad de Zácate Grande, en la zona del Golfo de Fonseca. Esta radio se encuentra vinculada a un movimiento de campesinos de la región que mantienen un conflicto por la propiedad de las tierras con un empresario de la zona. Según la información recibida, en abril de 2010 La Voz de Zácate Grande fue agredida por un grupo de individuos supuestamente vinculados al mencionado empresario. Posteriormente, personas armadas se presentaron en la radio como miembros del Ministerio Público y solicitaron los papeles que autorizaban su funcionamiento. En días ulteriores, el fiscal Marco Tulio Campos presentó una denuncia penal ante el juzgado de sección de Amapala en contra de Pedro Canales Torres, José Ernesto Laso, Wilmer Rivera Cabrera, Ethel Verónica Corea, Rafael Osorio, José Danilo Osorio, todos integrantes de la radio, por los delitos de usurpación de las tierras, así como por el delito de defraudación de la administración pública por instalar la radio sin autorización de CONATEL[107]. Los cargos por defraudación fueron retirados. Según la información recibida, los acusados fueron encontrados culpables del delito de “usurpación”. Esta decisión fue apelada ante la Corte de Apelación de Choluteca, pero la apelación fue rechazada[108].

 

503.        El 18 de abril de 2010, el periodista Jorge Ott Anderson, titular de un pequeño canal de cable en la ciudad de Colón, recibió una llamada en su programa en la que un desconocido le advirtió que lo matarían en cualquier momento. El 13 de mayo de 2010 recibió otra amenaza en horas de la noche. Según el periodista, las amenazas en su contra comenzaron dos días después del golpe de Estado, el 30 de junio de 2009. Se producían telefónicamente y eran pasadas “al aire”, ya que en su programa, el periodista recibe llamadas de televidentes en vivo. Luego del golpe de Estado, el canal fue cerrado por los militares y estuvo dos meses y medio fuera del aire. Según Ott Anderson, desde entonces recibe amenazas permanentemente. La frecuencia de las mismas habría aumentado luego de que reportara sobre el asesinato del periodista Nahúm Palacios y la detención de un joven en Bonito Oriental que habría sido sometido a apremios ilegales por parte de la policía en abril de 2010[109].

 

504.        Hacia fines de abril de 2010, la Compañía de Jesús denunció que el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso, el periodista de esa emisora Gerardo Chévez y la abogada Lucy Mendoza, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús –ERIC-, habían sido amenazados. Según la información recibida, el padre Moreno tuvo que ocultarse a fines de abril de 2010 como consecuencia de las amenazas recibidas[110]. Según la misma información, el periodista Gerardo Chévez fue amenazado mediante un mensaje de texto el 29 de marzo de 2010, aproximadamente a las tres de la tarde. Ese mismo día, en horas de la madrugada el periodista recibió otro mensaje con el siguiente texto: “Resistencia estamos eliminando a los chebes luego van los curas”. Cabe destacar que el 11 de abril de 2010 habían asesinado a su primo, el locutor Luis Alberto Chévez[111]. En tanto, la abogada Lucy Mendoza fue amenazada el 24 de abril de 2010 mediante un mensaje de texto en el que le decían: “Coronel: Vos crees que no te conocemos? Pasas en el parque sabemos a que horas llegas y vemos cuando y con quien llegas mejor deja todo eso de resistencia”. La abogada Mendoza, quien ha sido objeto de seguimientos y otras amenazas, trabaja para el ERIC desde hace aproximadamente dos años y en los últimos meses ha estado apoyando directamente a los periodistas de Radio Progreso[112].

 

505.        El 13 de mayo de 2010, la periodista Jessica Pavón, presentadora de los noticieros Notiseis Matutino y Notiseis Nocturno en el Canal 6 de Tegucigalpa, recibió una llamada en su teléfono celular y luego un mensaje en el que le decían: “Sentís la muerte verdad perra, porque andas vestida de blanco te vamos a matar perra” [sic.]. Cabe destacar que Pavón vestía de blanco. Casi diez minutos después, recibió otro mensaje que decía: “Donde te miremos te vamos a volar la cabeza perra, prepárate porque le toca ahora a canal 6 se nos escapo Orlin Castro [un colega de Pavón de Canal 6 que trabaja en San Pedro Sula, que habría sido objeto de persecuciones recientemente], pero la suerte es para vos JESSICA PAVON atentamente el Chele” [sic]. Luego de comunicarse con la policía, Pavón fue llevada a su casa a las ocho de la noche por dos policías enviados por la Secretaría de Seguridad en un auto particular. A partir de entonces ha recibido varias llamadas y mensajes del mismo tenor. Pavón hizo la denuncia ante la Dirección General de Investigación Criminal y el Ministerio Público. Como presentadora de noticias, suele presentar noticias policiales, y recientemente había entrevistado a personas vinculadas al sindicato de maestros y a trabajadores y empresarios por las negociaciones sobre el salario mínimo[113].

 

506.        El 19 de mayo de 2010, el director del noticiario Sucesos, Manuel Gavarrete, y el dueño de la radio La Voz de Occidente, Arturo Rendón Pineda, denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Comunes que fueron víctimas de amenazas. El 17 de mayo de 2010, mientras se transmitía el noticiero, recibieron en el canal tres llamadas realizando amenazas contra la vida del propietario de la radio y del periodista Gavarrete y su familia. Rendón Pineda denunció que, desde el golpe de Estado, él y los periodistas de su radio son objeto de distintos actos de hostigamiento, como ráfagas de metralleta en las afueras de la radio y en la casa de Rendón[114]. Asimismo, Gavarrete denunció que su esposa recibió un llamado en el que le decían que iban a acabar con sus hijos si su marido no se callaba[115]. Rendón Pineda decidió hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y distintas organizaciones de la sociedad civil. El titular de La Voz de Occidente recordó que, poco antes de recibir las amenazas telefónicas, habían leído al aire una nota de opinión publicada en el diario Tiempo en el que se cuestionaba los datos del Tribunal Supremo Electoral sobre las elecciones de noviembre de 2009[116].

 

507.        El 3 de junio de 2010 miembros de un contingente militar y policial que tenía el propósito de capturar a cinco dirigentes del Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zácate Grande se presentaron en la radio comunitaria La Voz de Zácate Grande. Según la información recibida, los miembros de las fuerzas de seguridad colocaron una cinta amarilla con la leyenda “escena del crimen” en la puerta de acceso a la radio comunitaria, supuestamente con el objeto de evitar que La Voz de Zácate Grande pueda transmitir su programación[117].

 

508.        Según la información recibida, el 30 de agosto de 2010, la Radio Uno, ubicada en San Pedro Sula, habría sido saboteada mediante el corte de los cables que llevan energía eléctrica a la sede de la estación. Cerca de las ocho y veinte de la noche, mientras en la radio se discutía la represión de una marcha de maestros realizada días anteriores, la radio salió súbitamente del aire[118].

 

509.        El 14 de septiembre sujetos desconocidos dispararon contra el periodista hondureño, Luis Galdámez Álvarez. Gracias a la reacción del comunicador fue posible evitar que se consumara el atentado. El periodista dirige un programa de opinión en Radio Globo y ha sido un crítico del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Debido a las amenazas de muerte que había recibido, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor desde el 24 de julio de 2009. Sin embargo, por la inadecuada implementación de las medidas y la continuidad de las amenazas, la CIDH solicitó el 6 de diciembre de 2010 medidas provisionales ante la Corte Interamericana[119].

 

510.        Asimismo, según información recibida, una marcha y concierto organizados por el Frente Nacional de Resistencia Popular en San Pedro Sula fue reprimida por miembros de las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos el 15 de septiembre de 2010, mientras se celebraba el 189 aniversario de la independencia de Honduras. Durante la represión, el edificio de Radio Uno habría sido atacado y sus empleados agredidos[120]. Se reitera la necesidad de recordar el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

 

3. Deficiente implementación de medidas cautelares

511.        Durante 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a 24 personas amenazadas por el ejercicio de su libertad de expresión, en su mayoría periodistas[121]. En muchos casos, dichas medidas incluyeron a sus grupos familiares. Nahúm Palacios, el periodista asesinado el 14 de marzo de 2010, contaba con esas medidas de protección al momento de su asesinato. Tanto en la visita realizada por la CIDH en mayo de 2010 como en la audiencia sobre Mecanismos para la implementación de medidas cautelares en Honduras, realizada en Washington D.C. el 25 de octubre de 2010, las organizaciones de la sociedad civil y los propios beneficiarios manifestaron haber experimentado enormes dificultades para la correcta implementación de las medidas cautelares[122].

 

512.        La desconfianza de los y las comunicadores y comunicadoras sociales en la Policía y la falta de una actitud proactiva de parte de las autoridades parecen ser las causas de la inadecuada implementación de las mismas[123]. Esta situación se ve agravada por la impunidad de la que gozan los autores de los crímenes contra comunicadores sociales, hecho que fue mencionado en los párrafos precedentes.

 

513.        Cabe destacar que, hasta el momento, la respuesta de las autoridades a las medidas cautelares, cuando fue positiva, consistió en ofrecer carnets de identificación, patrullajes de domicilio, escolta hacia y desde los lugares de trabajo, y guardia personal durante la noche[124]. Sin embargo, algunos periodistas manifestaron tener un gran temor a la policía por su vinculación con la represión luego del golpe de Estado y con grupos relacionados con el crimen organizado[125]. En la audiencia ante la CIDH realizada en octubre de 2010, representantes de la sociedad civil hondureña señalaron que existe una clara falta de voluntad del Estado de proteger a los comunicadores y comunicadoras sociales en riesgo; que no existen evaluaciones adecuadas del riesgo; que las escoltas son colocadas por el Estado a costo de quien las recibe (aproximadamente 250 dólares semanales); que los patrullajes se centran en las zonas urbanas y no están disponibles en las zonas rurales; que los enlaces telefónicos muchas veces no funcionan y que no hay personal especializado o capacitado para implementar medidas de protección[126]. El Estado de Honduras informó que en marzo de 2010 creó la Unidad de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Seguridad, encargada de consensuar, implementar y dar seguimiento a las medidas cautelares. También informó que se creó la Unidad Investigativa de Derechos Humanos, parte de la Secretaría de Seguridad adscrita a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y que en julio de 2010 el Grupo de Trabajo de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos acordó el nombramiento de “personal permanente”, aunque no informó si esos nombramientos ya se habían efectuado ni dónde se iba a efectivizar el refuerzo de personal. Asimismo, reconoció que “en algunas ocasiones se dificulta consensuar las medidas y su implementación pero no necesariamente por causas imputables al Estado”. Entre ellas, señaló a la “actitud no colaboradora del beneficiario” como la principal causa, así como pedidos por parte de los beneficiarios que “exceden las atribuciones de la policía nacional, tales como que se les proporcione fondos para contratar seguridad privada”[127]. Finalmente, informó que los beneficiarios deben proveer de alimento a sus escoltas ya que “el Estado no puede materialmente hacer llegar alimentación a todos los lugares donde se encuentran los escoltas”. También rechazó que los patrullajes se hagan sólo en zonas urbanas y señaló que no cuenta con fondos para pagar escolta privada[128].

 

514.        La grave situación de inseguridad que viven los comunicadores y las comunicadoras sociales de Honduras, sumada a la impunidad que subsiste sobre los crímenes de periodistas cometidos en 2010 exige respuestas eficientes y efectivas. En este sentido, es imprescindible que el Estado establezca órganos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos especializados de protección que sean eficaces, reforzados y concertados con los propios periodistas. Cabe recordar el principio 9 de la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

 

4. Investigaciones por cierres de medios de comunicación

515.        El 28 de junio de 2009, Canal 36 fue tomado por las FF.AA. y dejó de transmitir hasta el 4 de julio, cuando volvió al aire luego de la intervención de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Asimismo, los transmisores de Radio Globo y Radio La Catracha fueron intervenidos el 28 de junio en la zona del Cerro Cantagallo[129].

 

516.        De acuerdo a la información recabada, el Teniente Coronel del Ejército José Arnulfo Jiménez tomó las instalaciones de Canal 36 el 28 de junio de 2009 en horas de la mañana, mientras que el Teniente del Ejército Darvin Ismael Ardón tomaba el control de los transmisores de Radio Globo y Radio La Catracha[130]. Ambos fueron acusados de los delitos de ‘destrucción o daño del servicio telecomunicaciones’ y ‘abuso de autoridad’. En el proceso, iniciado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, los acusados alegaron tener ordenes de superiores y haber actuado en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que habría ordenado secuestrar los materiales propagandísticos y relacionados con la votación por la llamada “cuarta urna”[131]. Los militares sostuvieron que tenían sospechas de que en los medios de comunicación mencionados había material relacionado con la “cuarta urna”. Tal como reconocieron los propios acusados en la audiencia inicial, dicho material nunca fue encontrado. Sin embargo, la toma del edificio de Canal 36 se extendió durante ocho días. La jueza Marta Murillo resolvió dictar el sobreseimiento definitivo en esta causa, por considerar que los militares habían actuado siguiendo una orden legítima[132]. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos apeló el 13 de enero de 2010[133]. Sin embargo, el 31 de agosto de 2010, la jueza Lilian Maldonado, de los Tribunales Unificados de Francisco Morazán consideró que el Teniente Coronel Jiménez era inocente de los cargos que le imputaba el Ministerio Público y los abogados de las víctimas[134].

 

517.        El 28 de junio también fueron tomados y obligados a suspender sus transmisiones Radio Juticalpa, en el departamento de Olancho, y Radio Progreso, en el departamento de Yoro. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos planteó dos requerimientos fiscales contra los oficiales que dirigieron esas acciones. En el caso del cierre de Radio Juticalpa, si bien en primera instancia se había dictado auto de prisión contra uno de los acusados, la Corte Tercera de Apelaciones revocó esa medida y decretó el sobreseimiento definitivo del imputado[135]. Con respecto a la toma de Radio Progreso, los imputados fueron sobreseídos. La última información oficial recibida sobre este proceso indica que aún no se ha resuelto el recurso de apelación planteado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos[136].

 

518.        El 28 de septiembre de 2009 fueron confiscados los equipos de Canal 36, Radio La Catracha y Radio Globo, impidiendo efectivamente su salida al aire, como consecuencia de un proceso iniciando por CONATEL en base al decreto PCM-M-016-2009, dictado solo dos días antes[137]. El operativo contó con la intervención de diversas fuerzas de seguridad, algunos de ellos encapuchados. En octubre, el Estado informó a la CIDH que se habían regresado los equipos y que los medios estaban transmitiendo normalmente, ya que el decreto en el que se había basado el cierre de esos medios de comunicación había sido derogado[138]. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos realizó un requerimiento fiscal el 15 de diciembre de 2009 contra los miembros de CONATEL que habían dispuesto la confiscación de los equipos de los medios de comunicación. Sin embargo, su pedido no tuvo éxito: la jueza Marta Murillo dictaminó el sobreseimiento de los comisionados de CONATEL que ordenaron este cierre[139]. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos apeló la decisión el 15 de abril de 2010, pero a la fecha de cierre de este informe no habría sido resuelto ese recurso[140].

 

F. Sectores de la población históricamente marginados y en situación de mayor vulnerabilidad

 

519.        La CIDH desea expresar que las violaciones a los derechos humanos afectan de forma especial a aquellos sectores de la población históricamente marginados, discriminados y de mayor vulnerabilidad, como la comunidad LGTB, las niñas y los niños, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.

 

520.        En su informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la CIDH constató un agravamiento de la situación de los garífunas y de los miembros de la comunidad LGTB en el marco del golpe de Estado[141], y documentó graves vulneraciones a los derechos de las mujeres[142].

 

521.        Respecto de la situación de la comunidad LGTB, durante la visita realizada en mayo de 2010, la CIDH recibió información indicando que esa comunidad ha sido especialmente afectada desde el golpe de Estado. En igual sentido, la Comisión fue informada sobre las graves consecuencias sufridas por la comunidad LGTB a raíz del quiebre institucional y democrático, durante la audiencia pública “Crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBT e impunidad en Centroamérica“, realizada el 26 de octubre de 2010[143]. Varios de sus dirigentes han sido asesinados y otros se encuentran en situación constante de riesgo.

 

522.        Adicionalmente, la Comisión tiene conocimiento sobre actos de amenazas, hostigamiento o agresiones cometidos contra integrantes de la comunidad LGTB durante el año 2010. Particularmente, la CIDH fue informada respecto del atentado contra la vida de Nohelia Flores Álvarez[144] -transexual-, ocurrido el 26 de agosto de 2010[145]. De acuerdo a información aportada por el Estado, el 24 de agosto de 2010 se inició el debate oral y público ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa por el delito de asesinato en grado de tentativa finalizando el debate el 8 de septiembre de 2010. El Tribunal dictó sentencia condenatoria en contra de Armando Rodríguez Borjas por tentativa de homicidio en perjuicio de Nohelia Flores Álvarez[146].

 

523.        Al respecto, durante la mencionada audiencia representantes de la población LGTB de Honduras han informado a la Comisión que, a partir del golpe de Estado ocurrido en ese país, ha aumentado la impunidad respecto de los crímenes cometidos en contra de miembros de su comunidad, toda vez que las fuerzas de seguridad alegadamente responsables, confiarían en que ninguna autoridad nacional iniciará procesos o investigaciones en su contra[147].

 

524.        En ese contexto, la CIDH ha otorgado múltiples medidas cautelares para miembros de la Comunidad LGTB. Además, la Comisión hace un llamado especial al Estado a esclarecer a la brevedad el asesinato de Walter Trochez, quién rindió fundamentales testimonios ante la CIDH durante la visita realizada en agosto de 2009.

 

525.        Por otro lado, también durante la audiencia celebrada en octubre de 2010, la CIDH recibió información sobre presuntas retenciones arbitrarias de personas transgénero o travestis, a través de la aplicación de la Ley de Policía y Convivencia Social, Decreto No. 226-2001. Se indica que la referida legislación constituiría un instrumento para atentar contra la población transgénero en Honduras, toda vez que autorizaría a la policía a realizar “retenciones transitorias” -de hasta 24 horas- de personas que atentaren “contra el pudor, la moral o las buenas costumbres”, como así también en función de otras expresiones que permiten una interpretación subjetiva para su aplicación. Según la información recibida, las retenciones serían realizadas sin orden de autoridad competente –no obstante tratarse de una exigencia dispuesta en la referida legislación- y durante el tiempo que permanecen privadas de su libertad, las personas detenidas serían víctimas de actos de violencia sexual, malos tratos y humillaciones en razón de su orientación sexual[148].

 

526.        Con fecha 15 de septiembre de 2010, la Comisión solicitó al Estado información relacionada con presuntos actos de violencia y represión policial dirigidos a niñas, niños y adolescentes que tuvieron lugar dentro del contexto de una serie de manifestaciones entre julio y agosto de 2010. Al respecto, el Estado hondureño señaló que no existía represión policial contra niños, niñas y jóvenes en Honduras, y que los casos que lamentablemente se suscitaron en relación a menores fueron aislados y tratados con urgencia. Sin embargo, preocupa a la Comisión que en el mismo informe presentado por el Estado consta el reconocimiento de una represión policial dirigida a alumnos de una institución educativa[149]. Estos hechos también fueron reportados a la Comisión por la Plataforma de Derechos Humanos de niñez y juventud en Honduras sobre las violaciones más graves a sus derechos provocadas o toleradas por el Estado, las niñas, los niños y adolescentes[150].

 

527.        En relación con la situación de las niñas, niños y adolescentes, la CIDH observa que, de la información recibida durante el año 2010, no es posible concluir que hubiere mejorado respecto al año anterior. En efecto, organizaciones hondureñas denunciaron varios casos de muertes violentas, y/o ejecuciones, secuestros, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, violencia sexual y amenazas contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes[151]. Según se informó, los actos de violencia habrían estado dirigidos a transmitir, indirectamente, un mensaje a los padres de las víctimas –quienes serían líderes o integrantes del movimiento de resistencia-[152].

 

528.        Como se señaló anteriormente, uno de los casos más impactantes registrado en el año fue el de Dara Gudliel, hija del comunicador social Enrique Gudiel[153].

 

529.        Adicionalmente, se cuenta con información que señala que elementos de la Policía Nacional y del Ejército habrían incurrido en actos de represión y de uso indiscriminado de la fuerza contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el contexto de manifestaciones del Frente Nacional de Resistencia. Además, se indicó que se han registrado casos de detenciones arbitrarias en su contra[154].

 

530.        Además, de acuerdo a información entregada por UNICEF y COIPRODEN (Coordinadora de Instituciones Privadas “Pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos”), han visto afectados sus derechos en forma agravada, en razón de su situación de vulnerabilidad. De la información aportada por la Plataforma de Derechos Humanos de niñez y juventud en Honduras sobre las violaciones mas graves a sus derechos provocadas o toleradas por el Estado, se desprende que durante el 2010 no disminuyó la cantidad de muertes violentas y/o ejecuciones[155]. De acuerdo a Casa Alianza, las muertes violentas y/o ejecuciones de niñas, niños y jóvenes son alarmantes:

 

Los registros de Casa Alianza Honduras de las muertes violentas y/o ejecuciones de niños, niñas y jóvenes en el país durante las diferentes administraciones de gobierno, revelan que, desde Enero de 1998 a Febrero 2010, un total de 5265 de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, han sido asesinados, teniendo muchas de estas muertes características y patrones de ejecuciones sistemáticas al margen de la ley.

 

Durante la administración del ex presidente Zelaya Rosales Febrero 2006 a 28 de Junio 2009 y el periodo de 6 meses del régimen Micheletti Bain (29 de Junio 2009 al 27 Enero 2010) el saldo de las estadísticas de muertes violentas y/o ejecuciones fue dramático, se suscitaron un total de 2228 asesinatos de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, cifra que supero en 252 muertes al anterior periodo de gobierno del ex presidente Ricardo Maduro que cerró su administración con un registro de 1976 asesinatos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 23 años.

 

Durante el mes de febrero 2010 bajo la actual administración del Presidente Porfirio Lobo Sosa ocurrieron un total de 42 asesinatos de personas menores de 23 años, de los cuales 16 víctimas (38%) eran menores de 18 años (niños y niñas de acuerdo a nuestra legislación y la CDN)[156].

 

531.        A finales del primer semestre del año 2010, las cifras registradas por Casa Alianza respecto de asesinatos de niños, niñas y jóvenes continuaban revistiendo suma gravedad. Según esa institución, hasta el mes de junio se registraron 383 asesinatos de niños y jóvenes menores de 23 años, siendo 104 de ellos menores de 18 años[157].

 

532.        El Estado de Honduras expresa al respecto que los casos de asesinatos de niños, niñas y jóvenes son investigados en Tegucigalpa por la Unidad contra las Muertes Violentas de Niños y Niñas de la Fiscalía Especial de la Niñez. En San Pedro Sula se creó la Sub-Unidad de Investigación de Muerte de Menores en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida. En el ano 2009 se presentaron en Tegucigalpa 107 denuncias, se judicializaron 14 casos que sumados a los presentados en años anteriores cuyo proceso penal estaba pendiente ascienden a 46 y se obtuvieron 9 sentencias, las que fueron todas condenatorias. Agrega que “en el año 2010 se han presentado 108 denuncias de las cuales 36 son causas activas con imputado habido, hay 20 casos con orden de captura y hay 51 casos en investigación y solo un caso ha sido sobreseído”. Indica que debido al escaso recurso humano y económico solo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba hay fiscales dedicados exclusivamente a conocer casos de niñez y que sigue siendo un reto que hayan jueces y fiscales especializados en materia de niñez a nivel nacional[158].

 

533.        Sobre la situación de las mujeres, en el Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la CIDH tomó en cuenta numerosos testimonios que revelaron que durante la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado, como en las detenciones ilegales, las mujeres fueron objeto de agresiones verbales y de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. A comienzos del 2010, la Comisión observó con especial preocupación que el 9 de febrero de 2010 fue secuestrada junto a cuatro miembros de su familia, una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado. Los secuestradores habrían sido siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas y los obligaron a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente; la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas[159]. Durante la visita realizada en mayo de 2010, el Ministerio Público no entregó información sobre avances en la investigación de estos hechos. Además, la Comisión recibió durante la visita en mayo información que indica que las mujeres perseguidas o detenidas por aparatos de seguridad, continúan recibiendo trato degradante, siendo agredidas verbalmente e incluso sexualmente.

 

534.        Asimismo, es un hecho alarmante para la Comisión que entre enero y agosto de 2010, se hayan registrado presuntamente 223 muertes violentas de mujeres[160].  Es de particular relevancia que de la información recibida, muchos de los cuerpos de las mujeres asesinadas habrían sido dejados al lado de un camino[161], en un barril[162],  abandonadas en una bolsa a orillas del Rìo Blanco[163], violadas y luego ejecutadas[164] o decapitadas[165]. La CIDH recuerda al Gobierno de Honduras que, en función de los compromisos asumidos a través de la Convención Americana y de la Convención Belém do Pará, tiene el deber de  actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia contra las mujeres. La Corte Interamericana y la Comisión han señalado que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención de Belém do Pará. Los órganos del sistema interamericano han establecido que el artículo 7 de este instrumento internacional establece que el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos tiene un contenido especial en caso de violencia contra las mujeres, porque abarca la implementación de medidas integrales para la debida prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y evitar la impunidad[166]. En efecto, la CIDH ha establecido en reiteradas ocasiones que la impunidad que rodea la mayor parte de los actos de violencia basados en el género contribuye a promover su perpetuación[167].

 

535.        Por otra parte, la Comisión fue informada que continúan las agresiones y hostigamientos a las organizaciones de los pueblos indígenas o garífuna que se manifestaron en contra del golpe de Estado.

 

536. Específicamente, recibió información sobre amenazas y agresiones contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Indígenas de Honduras (COPINH)[168]. En tal sentido, se informó a la CIDH que al menos 6 de sus integrantes han sido amenazados de muerte[169], en tanto que otro miembro de la organización, Salvador Zúñiga, además de recibir amenazas de muerte, fue víctima de ataques con disparos de arma de fuego contra su casa en tres oportunidades[170]. Además, se denunció que las casas, oficinas y estaciones de radio de los organizadores de COPINH estarían siendo vigiladas en forma permanente por vehículos militares. 

537.        Extrema gravedad reviste el homicidio de otro de sus integrantes, el señor Olayo Sorto, quien fue asesinado el 18 de mayo de 2010 por sujetos desconocidos que le dispararon con armas de fuego, en las afueras de Llano Grande (Colomoncagua, departamento de Intibucá). De acuerdo a lo informado, el crimen estaría motivado por razones políticas, y vinculado con su labor en el movimiento de resistencia[171]. Adicionalmente, se recibió información respecto de Néstor Ovidio Zúñiga –miembro de COPINH y del Frente Nacional de Resistencia-, hermano del dirigente Salvador Zúñiga, quien falleció el 24 de octubre de 2010, tres días después de haber sido arrollado por una motocicleta[172]. De acuerdo a sus familiares, habría sido un homicidio y no un accidente.

538.        Sobre la situación del Pueblo Garífuna, como se señaló, el 6 de enero de 2010 hubo un atentado contra la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) ubicada en la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz[173].

 

539.        Además, se denunció una militarización extrema en territorios indígenas del sur del país[174].

 

540.        Por otro lado, se informó a la CIDH sobre la adopción de medidas de carácter legislativo que afectarían los derechos ancestrales de los pueblos indígenas hondureños. En tal sentido, se indicó que el Congreso Nacional de Honduras habría otorgado, mediante decreto legislativo, 47 concesiones para la realización de proyectos hidroeléctricos a ser desarrollados –en su mayoría- en territorios ancestrales del pueblo indígena Lenca de Honduras, sin haber consultado previamente a las comunidades afectadas[175].

 

541.         Además, la Comisión observa que la situación de desigualdad social en Honduras afecta principalmente a la población indígena y afrodescendiente. De acuerdo a estudios realizados recientemente en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los niveles de pobreza son notablemente mayores en la población indígena y afrodescendiente que en el resto de la población[176].

 

542.        Al respecto el Estado de Honduras señala que “La situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes no se encuentra más amenazadas por los incidentes de junio de 2009, ni se pretende despojarlos de sus tierras ancestrales”[177].

 

1. Situación del Bajo Aguán

 

543.        Por otra parte, durante su visita de mayo de 2010 la CIDH recibió información sobre la situación del bajo Aguán, donde existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios.

 

544.        A modo de antecedente, la Comisión fue informada de que, a partir del mes de diciembre de 2009, el conflicto experimentó una agudización por la militarización de la zona[178], y que el 14 de abril de 2010, el Gobierno hondureño y las organizaciones campesinas presuntamente afectadas suscribieron un acuerdo, por medio del cual se habría buscado una solución al problema.

 

545.        No obstante, durante su visita de seguimiento, la Comisión fue informada por la sociedad civil respecto de ciertos atropellos que habrían sido cometidos contra las organizaciones campesinas y sus integrantes, antes y después de la suscripción del referido acuerdo, y que se encontrarían ligadas a la militarización realizada en la zona de conflicto. Sin perjuicio de ello, durante las reuniones celebradas con autoridades del Ministerio de Defensa y de Seguridad, de la Policía Nacional, y de la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, los representantes del gobierno manifestaron que la actuación de las fuerzas militares en la referida zona se encontró supeditada al mandato de la autoridad civil –es decir, la Policía Nacional-, y que, además, habrían realizado acciones con fines de asistencia social.

 

546.        Adicionalmente, con posteridad a la referida visita y durante el transcurso del año 2010, la Comisión ha recibido información denunciando la persistente militarización en la zona del conflicto, y la ejecución de atropellos y actos de agresión en perjuicio de los miembros de las comunidades involucradas en el asunto[179].

 

547.        Al respecto, la Comisión estima necesario reiterar su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana[180], en el entendido de que las mismas deben ser ejecutadas a través de las fuerzas civiles de seguridad. En anteriores oportunidades la Comisión ha señalado que “dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”[181]. En similar sentido, puntualizó que “los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados”[182].

 

548.        En ese orden de ideas, la CIDH observa con especial preocupación la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM-014-2010, publicado en La Gaceta oficial el 14 de mayo de 2010, a través del cual se instruye a la Secretaría de Defensa Nacional a cooperar con “el personal y medios estrictamente necesarios de la Fuerzas Armadas y de acuerdo a la evolución de cada situación, a efecto de que la Policía Nacional cumpla de manera eficiente y oportuna las funciones para el reestablecimiento de la paz, la prevención, control y combate del delito”[183]. Al respecto, la Comisión insta a las autoridades de Honduras a revisar el contenido del referido decreto, y a adecuarlo conforme a los estándares internacionales que rigen en la materia.

 

549.        Por otra parte, la Comisión observa que, de acuerdo a la información recibida, 18 campesinos miembros Movimiento Unificado Campesino del Aguán –MUCA- han sido asesinados en el presente año presuntamente como consecuencia de la pugna territorial: i) el 31 de enero, Juan Ramón Mejía[184]; ii) el 4 de febrero, Francisco Montes e Isidro Cano -miembros de la cooperativa Buenos Aires-[185]; iii) el 14 de febrero, Feliciano Santos -miembro de la cooperativa 21 de julio-[186]; iv) el 17 de marzo, José Antonio Cardoza y José Carias -directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR-[187]; v) el 1 de abril, Miguel Ángel Alonso Oliva[188]; vi) el 7 de abril, José Leonel Álvarez Guerra[189]; vii) el 20 de junio, Oscar Geovanny Ramírez, de 17 años de edad y miembro de la EAC del asentamiento de La Aurora[190] ; viii) el 17 de agosto, Víctor Manuel Mata Oliva y Sergio Magdiel Amaya y el niño Rodving Omar Villegas (15 años de edad)[191]; ix) el 10 de septiembre, Francisco Miranda Ortega[192] y; x) el 15 de noviembre, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Siriaco Muños, Raúl Castillo y José Luis Sauceda[193].

 

550.        La Comisión reitera al Estado su obligación de conducir una investigación efectiva y encontrar a los responsables de tales hechos, además de tomar todas las medidas para garantizar la vida e integridad física de los habitantes de ese sector.

 

551.        El Estado de Honduras en sus observaciones informó que la Secretaría  del Estado en el Despacho de Seguridad creó la operación “Asegurando el Estado de Derecho” con el propósito de solucionar el conflicto en el Bajo Aguán, operación que según el Estado se habría ejecutado con estricto respeto a los derechos humanos. Además, entregó una descripción de los incidentes por los que se habría requerido la intervención de la Secretaría de Seguridad así como una cronología de los hechos que dataría desde la década del 90.   Al respecto, expresó que “Lo anterior permite ilustrar a la CIDH sobre la situación en el Bajo Aguan y como concluyeron las actividades del Estado destinadas a restablecer la seguridad de la zona. Los casos de muerte de campesinos y guardias de seguridad son objeto de investigación por el Ministerio Publico”[194].

2. Situación en Zácate Grande

 

552.        De acuerdo a información divulgada por organizaciones de la sociedad civil hondureña, grupos de civiles habrían estado hostigando a grupos campesinos pertenecientes a la comunidad “Puerto Grande”, en la zona de Zácate Grande, al sur de Honduras[195]. Según lo informado, el 22 de agosto miembros de estos grupos civiles habrían golpeado a campesinos de la zona, ante la presencia de la policía nacional y sin que ésta interviniera. A raíz de esto, resultaron  heridos, a lo menos, tres miembros de la comunidad. Además, se han reportado amenazas de muerte a los pobladores[196].

 

553.        De acuerdo a la información recibida, la causa de estos enfrentamientos sería la pugna territorial que existe entre los pobladores beneficiados por un decreto del año 2008 (18-2008[197]), que pretende superar el problema de la tenencia de tierras campesinas en Honduras y un empresario de la zona[198] inconforme con el mencionado decreto.

 

G. Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH

 

554.        En cumplimiento de sus obligaciones de promoción y protección de los derechos humanos desde el mismo 28 de junio, la Comisión en forma continua ha observado y dado seguimiento a la situación de los derechos humanos, y ha utilizado el procedimiento de las medidas cautelares[199] y de solicitud de información para proteger los derechos humanos de miles de personas. La CIDH ha otorgado medidas cautelares para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encontraban y/o se encuentran en situación de riesgo. El procedimiento de medida cautelar 196-09 fue establecido para atender a un conjunto de situaciones que se derivaron como consecuencia del golpe de Estado en Honduras desde el 28 de junio de 2009.

 

555.        Las medidas cautelares son un importante mecanismo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha contribuido a salvar numerosas vidas en todo el Hemisferio. Las medidas cautelares son dictadas en cumplimiento de las funciones de promoción y defensa de los derechos humanos de la CIDH a que se refieren los artículos 106 de la Carta de la OEA,  41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  y 18 del Estatuto de la CIDH. La base jurídica de las medidas cautelares se encuentra en la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos a las personas bajo su jurisdicción, y la  práctica generalizada de cumplirlas por parte de la gran mayoría de los Estados se fundamenta en el entendimiento existente respecto a la obligatoriedad de las mismas[200].

 

556.        Desde la visita in loco de agosto de 2009 la CIDH ha recibido información de todos los sectores afectados, señalando las deficiencias en la respuesta de las autoridades de facto para implementar las medidas cautelares y su consecuente ineficacia para proteger los derechos humanos de las personas afectadas. Durante la visita realizada en mayo de 2010, la CIDH recibió información de los beneficiarios de las medidas cautelares, así como de las instancias gubernamentales encargadas de implementarlas e investigar sus causas y constató que estas deficiencias no han variado sustancialmente. Al respecto, la CIDH recibió información que indica que el mecanismo de coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares es inefectivo.

 

557.        Al igual que durante la visita de 2009[201], la Comisión fue informada que por iniciativa de la Secretaría de Seguridad, el 5 de mayo 2010 –días antes de la visita de la CIDH-, se publicó, en al menos tres diarios de circulación nacional, una convocatoria a las personas beneficiadas con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En la convocatoria expresa:

 

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

CONVOCATORIA

 

Por medio de la presente se convoca a todas las personas beneficiadas con las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a una reunión que tiene como objetivo primordial verificar el cumplimiento de las resoluciones que han sido emitidas por la Comisión antes indicada, así como la revisión del estado situacional y adaptación de las mismas si fuere el caso, […][202].

 

558.        La CIDH pudo constatar que los esfuerzos realizados por el Estado para implementar las medidas cautelares han sido escasos, tardíos, deficientes y en algunos casos, nulos. En relación con el resultado de la convocatoria realizada por la Secretaría de Seguridad antes mencionada, tanto las autoridades del Estado como los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH informaron que la respuesta de las autoridades a las medidas cautelares, cuando ha habido una respuesta, ha consistido en ofrecer carnets de identificación, patrullajes de domicilio, escolta hacia y desde los lugares de trabajo, y guardia personal durante la noche. Por otra parte, la CIDH recibió testimonios sobre el temor de algunos beneficiarios de medidas cautelares de recibir protección por parte de quienes consideran sus victimarios.

 

559.        Durante el 2010 la CIDH decretó 14 medidas cautelares. De estas medidas, siete  son ampliaciones de la MC 196.09 HO asociada a la situación de riesgo de beneficiarios/as que participaron en acciones en contra del golpe de Estado o que son críticos a la actual administración de gobierno[203]. Otras medidas cautelares fueron decretadas para proteger la vida e integridad personal de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas estudiantiles y del Frente de la Resistencia al golpe de Estado y una medida cautelar relacionada con las y los miembros de “Cattrachas”, una organización no gubernamental que trabaja por los derechos de lesbianas, gays, personas bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI)[204].

 

560.        La mayor parte de las situaciones de riesgo denunciadas por los beneficiarios de medidas cautelares del 2009 y 2010 incluyen múltiples amenazas a través del envío de mensajes de texto, llamadas telefónicas, amenazas personales o disparos de armas de fuego efectuados en la puerta de los hogares de las personas intimidadas. Incluso se reportó el caso de una persona que fue abordada en su automóvil por un hombre que la amenazó de muerte por su participación en el Frente Nacional de Resistencia.

 

561.        Otro común denominador en la situación de los beneficiarios de medidas cautelares en Honduras, es la falta de avance de las investigaciones sobre los hechos que motivaron su adopción. En todos los casos, el Estado ha respondido señalando que la mayoría de las investigaciones se encuentran en etapa previa, sin proporcionar más información al respecto. En este contexto, alarma a la Comisión que la falta de implementación efectiva de las medidas cautelares como así de una investigación diligente resulte en pérdidas de vidas o actos de agresión adicionales. Así, resultan especialmente graves hechos tales el asesinato del periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán ocurrido el 14 de marzo de 2010 en la ciudad de Tocoa, y el intento de asesinato de Luis Galdámez Álvarez el pasado 14 de septiembre de 2010[205], considerando que ambos debían gozar de protección especial, en virtud de encontrarse protegidos por medidas cautelares otorgadas por la Comisión el 24 de julio de 2009[206].

 

562.        Al respecto, es fundamental que el Estado provea a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos –encargada de la coordinación interna en la materia- del personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de manera eficiente a las medidas cautelares de la CIDH y a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana.

 

563.        El mecanismo de medidas cautelares otorgadas por la Comisión es, cuando está implementado debidamente, uno de los instrumentos más eficaces para proteger el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como sus derechos en el Sistema Interamericano. Tal y como es el caso con las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, las medidas cautelares cumplen una función “cautelar”, en el sentido de preservar una situación jurídica frente al ejercicio de jurisdicción por parte de la Comisión, y “tutelar” en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales consagrados en las normas del sistema interamericano, evitando daños irreparables a las personas, en situaciones de gravedad y urgencia. En la práctica, las medidas cautelares y provisionales han sido reconocidas por los Estados miembros de la OEA, las personas usuarias del sistema y la comunidad de derechos humanos en su conjunto, como una importante herramienta para la protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano[207].

 

564.        Por lo anterior, la CIDH urge al Estado de Honduras a cumplir en forma efectiva y a la brevedad cada una de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Es deber del Estado proteger a los habitantes del país, en especial a aquellos que, por circunstancias determinadas, se encuentran en una especial situación de riesgo.

 

565.        El Estado en sus observaciones del 18 de febrero de 2011, plantea que la mayoría de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH estarían consensuadas con los beneficiarios y se cumplirían plenamente, en especial las de defensores de derechos humanos, Grupo LGBT y Comunidades Garifunas[208]. Sin perjuicio de lo expresado por el Estado, según la información recibida, las diligencias realizadas para cumplir con las medidas cautelares han sido aisladas e inadecuadas para atender la situación de riesgo de los/las beneficiarias, habiéndose constatado el asesinato de beneficiarios y la continuidad de actos de hostigamiento en perjuicio de otros. En este contexto, como se expresó, la CIDH solicitó medidas provisionales a la Corte por dos beneficiarios. Asimismo, cabe destacar que la respuesta de las autoridades a las medidas cautelares, cuando ha habido, ha consistido en ofrecer carnets de identificación, patrullajes de domicilio, escolta hacia y desde los lugares de trabajo y guardia personal durante la noche. Sin embargo, algunos beneficiarios manifestaron tener temor a la policía por su vinculación con aparatos represivos asociados al golpe de Estado y con grupos relacionados con el crimen organizado.

H. Impunidad

 

566.        La Comisión observa que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos verificadas por la CIDH[209] así como por los informes de los órganos de tratados y los procedimientos especiales de Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU[210].

 

567.        La Corte Interamericana ha definido la impunidad como:

 

la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Para cumplir con dicha obligación, el Estado tiene que combatir ésta por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Asimismo, el Estado tiene que organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos[211].

 

568.        La impunidad constituye un incumplimiento del deber del Estado que lesiona a la víctima, a sus familiares y al conjunto de la sociedad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata y la total indefensión de las víctimas y sus familiares[212]. Para prevenir la impunidad, el Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 1 de la Convención Americana, de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención:

 

El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención[213].

 

569.        En base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado hondureño en 1977, el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Durante el golpe de Estado, las autoridades del gobierno de facto y la Corte Suprema de Justicia negaron sistemáticamente la existencia de las violaciones a los derechos humanos, circunstancia que se tradujo en una situación de inactividad y tolerancia que facilitó la repetición de estos hechos de manera impune.

 

570.        Como se constató durante la visita de mayo de 2010, las violaciones a los derechos humanos han continuado así como la impunidad. De acuerdo a lo observado, esta situación se debería a varios factores, entre ellos, a que las autoridades encargadas de investigar, juzgar y sancionar continuarían negando en forma sistemática la existencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas, lo que se traduce en inactividad, tolerancia e incluso sobreseimiento de quienes ejecutaron el golpe de Estado y las violaciones indicadas.

 

571.        De acuerdo a la información recibida, la impunidad por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada[214] por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que debilitan el estado de Derecho, en asuntos de significada importancia al momento de investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos, en el contexto del golpe de Estado. Al respecto, en especial, se observa el rol de la CSJ durante y después del golpe de Estado, en decisiones como el  sobreseimiento de los militares acusados de participar en el golpe y su rol en el despido de los jueces y magistrados que buscaron evitar el golpe por vías democráticas.

 

572.        Al respecto, el Estado reitera las limitaciones de recursos humanos, económicos y tecnológicos de las autoridades para investigar todas las situaciones denunciadas “que en muchos casos desborda la capacidad de las mismas y no porque se base en una política de negar la comisión de delitos de cualquier índole”[215].

 

1. Sobreseimiento de militares acusados de participar en el golpe de Estado

 

573.        La Comisión observa que se han dictado sobreseimientos definitivos a favor de personas que propiciaron el golpe de Estado o que durante su desarrollo cometieron ilícitos. Al respecto, el 6 de enero de 2010 el Ministerio Público presentó cargos en contra de la Junta de Comandantes integrada en ese entonces por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes. Además, los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar Castillo[216]. El Ministerio Público estimó que hubo delito en la orden de expatriar a Zelaya a Costa Rica tras el golpe de Estado. También se acusó a los militares de no cumplir con la disposición judicial de poner al ex mandatario a la orden de la autoridad competente[217].

 

574.        El 26 de enero de 2010, horas antes de la toma de posesión del nuevo presidente hondureño, Porfirio Lobo, el juez especial y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, sobreseyó a los acusados. En la resolución, se estableció que “en la presente audiencia no se ha acreditado por la parte procesal correspondiente, que los imputados hayan realizado las acciones que se señalan como punibles con evidente intención dolosa, y al faltar éste elemento, no se pueden conceptualizar como delitos las referidas acciones; por lo cual si bien existe el indicio racional y de reconocimiento por parte de los imputados, de ser los responsables de los actos que el Ministerio Público señala como criminosos; ante la falta del dolo, no se ha podido acreditar la plena prueba de la comisión de delitos, arrojando como resultado la imposibilidad de dictar auto de prisión. Además al no poderse conceptualizar ninguna acción como delito, es procedente dictar el Sobreseimiento Definitivo correspondiente”[218]. El 18 de febrero de 2010, el Tribunal de Apelaciones, conformado por tres magistrados de la CSJ, confirmó el sobreseimiento definitivo de la cúpula militar.

 

2. Otras causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado

 

575.        En relación con otras causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado de 2009, durante la visita realizada en mayo de 2010, la Comisión fue informada que una persona estaba privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, 12 habían sido imputadas y que los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los distintos órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. Posteriormente, se recibió información indicando que, al mes de noviembre de 2010, el número de funcionarios militares, policiales y civiles contra los cuales la Fiscalía Especial de Derechos Humanos presentó acusaciones criminales -por delitos tales como homicidios, torturas, violación sexual, detenciones ilegales, abusos de autoridad y delitos contra los medios de comunicación- ascendía a 22[219].

 

576.        Además, la Comisión fue informada que en causas iniciadas a requerimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos[220] en contra de autoridades militares por abuso de autoridad, daños y delitos contra los medios de comunicación cometidos en el contexto del golpe de Estado, en primera instancia los jueces han dictaminado sobreseimiento definitivo, encontrándose pendientes la resolución de las respectivas apelaciones interpuestas por la Fiscalía de Derechos Humanos.

 

577.        De acuerdo a la información recolectada durante la visita de mayo de 2010, tanto de las autoridades del Estado como de la sociedad civil, las acciones emprendidas en materia de investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado han sido insuficientes. La Fiscalía de Derechos Humanos hizo público un documento denominado “Denuncias por violaciones a derechos humanos después de los acontecimientos del 28 de junio del 2009, en las cuales los imputados son elementos del ejército o miembros de la policía preventiva o de la Dirección Nacional de Investigación Criminal” [221]. Consta de dicho documento que se han realizado diversas diligencias; sin embargo, como se señaló, hasta mayo de 2010 sólo una persona había sido privada de libertad por violaciones a los derechos humanos y sólo 12 habían sido imputadas, cifra que, conforme se indicó, ascendió a 22 a finales del año.

 

578.        Al respecto, la Fiscalía de Derechos Humanos planteó a la CIDH la falta de recursos institucionales -lo cual supone un obstáculo para las investigaciones-, así como la ausencia de colaboración por parte de otras autoridades del Estado para una debida investigación de los hechos denunciados.

 

579.        Por otra parte, la Comisión observa que en este contexto de impunidad no existe un procedimiento destinado a garantizar un proceso público y trasparente para la selección y elección de candidatos para los altos cargos del sistema de administración de justicia. Aunque algunos funcionarios del sistema de justicia tengan la intención de investigar en forma debida, ellos no cuentan con los medios necesarios porque la Policía Nacional, encargada de la investigación criminal, no tiene la capacidad ni la preparación requerida, además de estar señalada de tener en sus filas altos niveles de corrupción.

 

580.        Posteriormente a su visita, la Comisión ha sabido de denuncias interpuestas, con el fin de que se investiguen las violaciones a los derechos humanos, en el contexto del golpe de Estado[222].

 

581.        En el caso de los responsables de ejecuciones y muertes violentas a niños, se informa que sigue existiendo un alto porcentaje en los cuales se desconoce quién es el responsable (98.2%)[223].

 

I. Amnistía

 

582.        El Decreto de Amnistía fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras el 26 de enero de 2010 y sancionado por el Presidente Porfirio Lobo el 27 de enero de 2010, acto seguido a su advenimiento a la magistratura presidencial[224]. El decreto se publicó en La Gaceta Oficial el 2 de febrero de 2010 y entró en vigencia el 22 de febrero del mismo año[225].

 

583.        EL 3 de febrero de 2010, la CIDH emitió el comunicado de prensa 14/10[226] donde observó con preocupación que el Decreto de Amnistía aprobado por el Congreso hondureño el 26 de enero de 2010 contiene conceptos confusos o ambiguos.

 

584.        Asimismo, se observó en la oportunidad, la referencia doctrinaria que se hace al delito político, la amnistía para conductas de carácter terrorista y la inclusión de la figura de abuso de autoridad sin indicar su alcance. Aunque el texto contempla ciertas excepciones en cuanto a violaciones a los derechos humanos, el lenguaje es ambiguo, y el decreto no establece criterios precisos o mecanismos concretos para su aplicación.

 

585.        La CIDH reitera su llamado a las autoridades a revisar el referido decreto, teniendo en consideración las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales y, en especial, su obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.

 

586.        Durante la visita realizada en mayo de 2010, la CIDH fue informada que a ese momento, no se estaría aplicando el referido decreto.

 

587.        Como se mencionó, el Estado reitera que el Decreto de Amnistía no es ambiguo[227].

J. Comisión de la Verdad y la Reconciliación

 

588.        El 30 de octubre de 2009, en el contexto del diálogo de Guaymuras para resolver la crisis política en Honduras, representantes del entonces Presidente Zelaya y las autoridades de facto suscribieron el Acuerdo Tegucigalpa/San José[228] para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras. En ese acuerdo se estableció la constitución de una Comisión de la Verdad en el primer semestre del año 2010. El 20 de enero de 2010, en el acuerdo suscrito por Porfirio Lobo y el Presidente de República Dominicana Leonel Fernández[229], se instó a que se hiciera efectiva la cooperación internacional necesaria para asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos al respecto, entre otros, la Comisión de la Verdad.

 

589.        La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) fue creada por decreto ejecutivo PCM-011-2010 de fecha 13 de abril de 2010, y se estableció que tendrá por objetivo “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan”[230].

 

590.        Es importante destacar la importancia que estas instituciones han tenido en numerosos países de la región. Sin embargo, teniendo presente el objetivo establecido en su decreto de creación, la Comisión recuerda que el derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general. El reconocimiento público identificando a las víctimas y los hechos que les afectaron en su vida, su libertad y su seguridad, es un punto de partida necesario para emprender el camino de la reconciliación.

 

591.        La CIDH ha apoyado las Comisiones de la Verdad en los distintos países del hemisferio en que han sido creadas en tanto y en cuanto representen un mecanismo adecuado para asegurar el derecho a la verdad. En este sentido, la CIDH ha afirmado que:

 

Forma parte del derecho a reparación por violaciones a los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad, a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quienes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones[231].

 

592.        La Comisión ha establecido que el derecho a conocer la verdad respecto de los hechos que dieron lugar a violaciones a derechos humanos es una obligación que tiene todo Estado con los familiares de las víctimas y con la sociedad, y que surge fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1.1, 8, 13 y 25 de la Convención Americana[232]. En particular, la CIDH ha declarado que el derecho a la verdad se relaciona con el artículo 25 de la Convención, que establece el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos consagrados en ella. La existencia de impedimentos fácticos o legales (como la ley de amnistía o normas internas sobre acceso a la información), para acceder a información relevante en relación con los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental, constituye una abierta violación al derecho establecido en la mencionada disposición e impide contar con recursos de la jurisdicción interna que permitan la protección judicial de los derechos fundamentales establecidos en la Convención, la Constitución y las leyes[233].

 

593.        La CVR inició sus funciones en Honduras el 4 de mayo de 2010. A lo largo del año, recibió información de diferentes organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones del Estado[234], que en su mayoría apoyaron el golpe de Estado[235]. En especial, recibió información de: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público[236]; Tribunal Supremo Electoral[237]; Fiscalía Especial de Derechos Humanos[238]; Tribunal Superior de Cuentas[239]; Unión Cívica Democrática[240]-; gobernante de facto, Roberto Michelleti[241]; ex Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vázquez Velázquez. Además, la CVR habría visitado 14 de los 18 departamentos de Honduras[242] -entre ellos: Comayagua, Atlántida y Cortés[243]; Santa Bárbara, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Intibucá y Lempira[244]; Olancho[245]; y El Paraíso[246]-. De acuerdo a información publicada en su página oficial, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación publicaría su Informe Final en marzo de 2011[247].

 

594.        Es fundamental que la CVR cuente con recursos, personal e independencia suficiente para realizar su trabajo de manera efectiva. Asimismo, es necesario que en la definición de su reglamento, plan de trabajo y metodología se incorpore como eje central de su trabajo la investigación de las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado. La Comisión considera que, atento al clima de impunidad que actualmente reina en el Estado de Honduras, la labor efectiva que la CVR pueda desplegar a ese respecto reviste fundamental importancia, toda vez que podría funcionar como un catalizador hacia la acción judicial y la obtención de la justicia.

 

595.        Sin perjuicio de las acciones que en definitiva realice la CVR, ellas no eximen al Estado de su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar por vía judicial a los agentes estatales que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

 

596.        Posteriormente a la visita, la Comisión destaca el hecho de que la CVR estaría investigando las actuaciones de los militares, en el contexto del Golpe de Estado[248]. La Comisión dará seguimiento cercano a las actividades de la CVR, en especial las acciones destinadas a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos y a reparar a las víctimas.

 

1. Comisión de la Verdad alternativa: “Comisión de Verdad”

597.        El 28 de junio de 2010 quedó establecida la “Comisión de Verdad”, impulsada por la Plataforma de Derechos Humanos[249]. Esta Comisión cuenta con el apoyo del FNRP[250].

 

598.        La Comisión alternativa se encuentra integrada por 10 Comisionados/as nacionales e internacionales. Sus mandatos son, inter alia, i) investigar y establecer las violaciones de derechos humanos que se produjeron a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y las que se perpetren hasta que finalice su mandato, identificando, de ser posible, a las personas e instituciones responsables; ii) investigar y establecer los patrones de agresión y de persecución a que han estado sometidos los y las defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, identificando a los actores e instituciones responsables; y iii) elaborar un informe a efectos de difundirlo tanto en Honduras como en el ámbito internacional[251]. De acuerdo a información pública,  la “Comisión de Verdad” presentará su informe el segundo semestre de 2011, período durante el cual se desarrollarán sus últimas sesiones[252]. Respecto de la documentación que se recopilará para tales efectos, a través de los medios de prensa se informó que no se establecerá información de carácter reservado, en tanto “difundirá toda la información sobre violaciones ante la Comunidad Nacional e Internacional sin limitación alguna”[253].

 

III. ESTADO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS

 

599.        En el mes de abril de 2010 juramentó como asesora del Presidente de la República en materia de derechos humanos con rango de Ministra la señora Ana Pineda. En el mes de mayo de 2010 la CIDH sostuvo una reunión con la señora Pineda quién afirmó que si bien los niveles de agresividad, entre quienes se opusieron al golpe de Estado y quienes lo apoyaron, habían bajado en relación con el período del gobierno de facto, el país continuaba polarizado. Asimismo, enfatizó que no habían violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero que la gran falencia era el alto índice de impunidad. Al respecto, insistió en la necesidad de que la investigación debe profesionalizarse, y en la medida de lo posible, que el ente investigador (la policía), que depende de la Secretaría de Seguridad, vuelva a depender del Ministerio Público.

 

600.        En este intento de normalización institucional luego de asumir Porfirio Lobo la Presidencia de la República, la CIDH observó con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas en el gobierno de Porfirio Lobo. Así, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex  General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado).

601.        Por otra parte, la Comisión valora la carta enviada el 12 de mayo de 2010 por el Presidente Lobo al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la que extiende formalmente una invitación abierta para que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de sus órganos y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueda efectuar oficialmente, cuando lo consideren pertinente, visitas a Honduras.

 

602.        La Comisión reconoce el esfuerzo reciente del Estado de Honduras en fortalecer su institucionalidad de protección de derechos humanos. En ese sentido, por carta dirigida al Secretario General de la OEA, Sr. José Miguel Insulza, la entonces Ministra asesora en Derechos Humanos Sra. Ana Pineda informó sobre la creación de la Unidad de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Seguridad, además de la creación de la Unidad de Investigaciones de violaciones a los Derechos Humanos dependiente del Ministerio Público[254].

 

603.        La Comisión también ha sido informada de la creación del Estado de Honduras de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos[255] y del nombramiento de la señora Ana Pineda como su titular[256].  Asimismo, durante la visita de mayo de 2010, la CIDH fue informada sobre la creación del “Programa de Derechos Humanos” por la Corte Suprema de Justicia que pretendería “asegurar y verificar que toda persona, en su calidad de ofendido o imputado, relacionada con la historia colectiva suscitada antes, durante y después del 28 de junio de 2009 pueda dirimir sus conflictos jurídicos hasta la conclusión[257]”. Por otra parte, toma nota que en el mes de octubre de 2010, el Congreso Nacional aprobara la reforma de los artículos 28 y 29 de la Ley General de la Administración Pública, permitiéndose así la creación de la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños y Políticas de Igualdad Racial.

 

604.        La Comisión observa que los esfuerzos realizados en este intento de normalización institucional han sido insuficientes. La propia Ministra Pineda reconoce que la gran falencia es el alto índice de impunidad existente en Honduras. Como se observó, esta situación de impunidad no ha variado y continúan sin ser investigados, juzgados y sancionados los responsables de graves violaciones cometidas en el contexto del golpe de Estado de 2009.

 

605.        En sus observaciones, indica el Estado que el Gobierno de Unidad y Reconciliación incluyó la incorporación de miembros de diferentes partidos políticos, procedió a la creación y fortalecimiento de instituciones protectoras de derechos humanos y otras iniciativas como la integración del Comité Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes con el objeto de darle pleno cumplimiento a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y a su Protocolo Facultativo. Adicionalmente señala que el Presidente Porfirio Lobo envío una invitación abierta al Secretario General de la OEA para que el sistema interamericano, especialmente la CIDH, pueda efectuar oficialmente cuando lo estime pertinente visitas a Honduras. Agrega que en el tema de impunidad, el Estado de Honduras hizo la propuesta al sistema internacional para que consideren la creación de una Comisión contra la impunidad en Honduras[258].

 

IV. RECOMENDACIONES

 

606.        De conformidad con el análisis precedente y considerando la visita in loco efectuada en agosto de 2009, el Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la visita realizada en mayo de 2010 y, el especial el seguimiento que la CIDH ha dado a la situación de derechos humanos en el país desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Comisión formula las siguientes recomendaciones al Estado de Honduras:

 

1.              Asegurar que el sistema de administración de justicia brinde un efectivo acceso a la justicia de todas las personas.

 

2.              Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

 

3.              Impedir que los cuerpos ilegales actúen impunemente al margen de la ley. En especial, el Estado tiene el deber de desmantelar a los grupos civiles armados que estarían funcionando al margen de la ley y sancionar las acciones ilícitas que cometan, para prevenir que hechos de violencia se repitan en el futuro.

 

4.              Prevenir los asesinatos, amenazas e intimidaciones en contra de las defensoras y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y líderes sociales para implementar en forma debida y eficiente las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

 

5.              Realizar, de manera urgente, investigaciones a cargo de cuerpos especializados independientes que conduzcan a esclarecer los hechos y determinar si los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, comunicadores sociales y miembros de la Resistencia y, así determinar si están relacionados con el ejercicio de la profesión o el contexto del golpe de Estado. Asimismo, juzgar y condenar a los responsables de tales asesinatos.

 

6.              Reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

7.              Proveer a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de personal idóneo,  recursos suficientes y apoyo para que pueda responder e implementar de manera eficiente a las medidas cautelares de la CIDH.

 

8.              Garantizar las condiciones para que los defensores de derechos humanos y de derechos sindicales realicen libremente sus actividades, y abstenerse de realizar cualquier acción y de adoptar legislación que limite u obstaculice su trabajo.

 

9.              Mejorar la seguridad de la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia militar no participen en actividades de seguridad ciudadana y, cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil.

 

10.            Disponer de las medidas necesarias para que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial y adoptar los mecanismos legales, judiciales y de otra índole necesarios para investigar, sancionar y reparar las denuncias por violencia contra la mujer.

 

11.            Disponer de las medidas necesarias para proteger a los sectores de la población hondureña históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.

 

12.            Garantizar que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación investigue las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado. Asimismo, facilitar a la Comisión de la Verdad alternativa: “Comisión de Verdad” el cumplimiento de su misión.

 

607.        En relación con las recomendaciones de la CIDH, el Estado plantea que algunas deberían variar, porque: 1) Es casi una realidad la creación del Consejo de la Judicatura que mejorará el funcionamiento del Poder Judicial; 2) A pesar del crecimiento de la delincuencia común, se investigan todas las denuncias, estén o no relacionadas con violaciones a derechos humanos. Hay limitaciones de humanas, económicas y tecnológicas por lo que se solicita el apoyo de la comunidad internacional para fortalecer los procesos investigativos; 3) Las medidas cautelares son consensuadas e implementadas de la mejor forma posible con los recursos que otorga el Estado; 4) Los defensores y defensoras de derechos humanos no son objeto de persecución por parte del Estado; 4) Los policías disponibles para la protección ciudadana disminuyen por la dedicación a labores de escolta de beneficiarios de medidas cautelares; 5) Las Fuerzas Armadas, en virtud de la legislación, apoyan en labores de seguridad y orden público interno y actúan siempre bajo el mando de la autoridad civil; 6) La Comisión de la Verdad y la Reconciliación realiza sus funciones de acuerdo a la ley y tiene apoyo pleno de las instituciones del Estado para el logro de sus funciones[259].



[1] Ante la magnitud de las denuncias, la CIDH inició la medida cautelar 196-09 el 28 de junio de 2009 a favor de la Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas y solicitó información sobre otras personas. La medida cautelar 196-09 ha sido ampliada en diversas oportunidades.

[2] Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 41: La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

[3] Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículo XIV: [C]uando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición forzada se dirigirá, por medio de su Secretaría Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno solicitándole que proporcione a la brevedad posible la información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás información que estime pertinente, sin que esta solicitud prejuzgue la admisibilidad de la petición.

[4] Las visitas de la CIDH contaron con las facilidades requeridas para realizar su misión. La CIDH, en su oportunidad,  manifestó su agradecimiento a los representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales por la información y la colaboración proporcionadas.

[5] El Estado de Honduras, en las observaciones al Informe Anual de la CIDH 2010, rechazó la afirmación de la CIDH, en el sentido de “que se han agudizado a partir del ‘golpe de Estado del 2009’, las violaciones a los derechos humanos de sus habitantes por considerar que no es cierta; pues no hace referencias a las políticas, programas, proyectos y medidas tomadas e instituciones creadas por el Estado de Honduras durante el año 2010, para prevenir, promover y proteger los derechos humanos, de cuyo contenido se impuso la comunidad internacional durante el Examen Periódico Universal, realizado en Ginebra, Suiza en el mes de noviembre del ano 2010; esfuerzos que han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, excepto la Organización de los Estados Americanos (OEA), que aun mantienen vigente la resolución de excluir al Estado de Honduras del seno de esa organización regional, no obstante haber avalado lo dispuesto en el Acuerdo Tegucigalpa - San José”. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 2.

[6] El Estado planteó que la Comisión usa el verbo "constatar" en lugar de indicar que recibió denuncias; que el informe tiene una actitud acusatoria que niega el derecho de defensa a Honduras y, que esta actitud afectaría la credibilidad sobre la imparcialidad de la CIDH. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág 1.

[7] CIDH, Comunicado de Prensa 60/09: CIDH Presenta sus Observaciones Preliminares sobre su visita a Honduras, 21 de agosto de 2009.

[8] CIDH, Comunicado de Prensa 5/10: CIDH Publica Informe sobre Honduras, 20 de enero de 2010. Ver Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado.

[9] CIDH, Comunicado de Prensa 54/10: CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras al terminar su visita, de 19 de mayo de 2010. Dado a conocer en una conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa por el Presidente de la CIDH Felipe González y el Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton.

[10] CIDH, Comunicado de Prensa 59/10: CIDH Publica sus Observaciones sobre visita de seguimiento a Honduras, 7 de junio de 2010.

[11] CIDH, Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de Mayo de 2010.

[12] La CID otorgó las siguiente medidas cautelares durante 2010: MC 196/09 – Ampliación, otorgada el 8 de enero a favor de Marvin Emilio Hernández Duarte y su núcleo familiar; MC 196/09 – Ampliación, otorgada el 19 de enero a favor de los familiares de Rasel Antonio Tome; MC 196/09 – Ampliación, otorgada el 22 de enero a favor de Gilberto Vides y su núcleo familiar; MC 18/10, otorgada el 29 de enero a favor de Indyra Mendoza Aguilar, Nohelia Flores Álvarez (Noel Eduardo Flores Álvarez), Fátima Maritza Ulloa Becerra y Ana Lourdes Ordóñez; MC 196/09 – Ampliación, otorgada el 12 de febrero a favor de Anselmo Romero Ulloa y María Brígida Ulloa Hernández; MC 38/10, otorgada el 25 de febrero a favor de Manuel de Jesús Varela Murillo, Ricardo Antonio Rodríguez y sus familias; MC 91/10, otorgada el 19 de marzo a favor de Pedro Brizuela, Mateo Enrique García Castillo y sus respectivos núcleos familiares; MC 95/10, otorgada el 24 de marzo a favor de X -cuya identidad se mantiene en reserva debido a que se trata de una persona menor de edad- así como de su familia; MC 196/09- Ampliación, otorgada el 13 de abril a favor de Rebeca Ethel Becerra Lanza e hijas; MC 196/09 – Ampliación, otorgada el 3 de mayo a favor de Inmer Genaro Chévez y de Lucy Mendoza; MC 196/09 – Ampliación, otorgada el 2 de junio a favor de Karla Patricia Rivas Sánchez, José Pablo Peraza Chávez, Rita Suyapa Santamaría Velásquez, Alfredo Bográn, Lolany Mariela Pérez Parada, Rommel Alexander Gómez, Lesly Castro, José Domingo Miranda, Héctor Hernández, Víctor Emilio Borjas, Leticia Castellanos y Pablo Ordóñez; MC 180/10, otorgada el 21 de junio a favor de Juan Ramón Flores; MC 194/10, otorgada el 2 de julio a favor de Carolina Pineda, José Luis Baquedano y Delvid Ixcel Sánchez Ávila y; MC 221/10, otorgada el 22 de julio a favor de Edwin Róbelo Espinal. Disponibles en “Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2010”.

[13] Las solicitudes de información realizadas al Estado hondureño bajo el artículo 41 de la Convención durante 2010 son las siguientes: 1) 11 de marzo: solicitud de información sobre graves hechos de violencia cometidos contra miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular o sus hijos o hijas –tales como presuntos asesinatos, secuestros, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, agresiones y persecuciones-; 2) 28 de mayo: solicitud de información respecto de la situación de jueces y magistrados sometidos a procesos disciplinarios; 3) 15 de septiembre: solicitud de información respecto de presuntos actos de represión policial contra niños, niñas y jóvenes y; 4) 28 de septiembre: solicitud de información sobre la situación de la Fiscal Especial de Derechos Humanos Sandra Ponce.

[14] En efecto, durante 2010 la CIDH solicitó información en virtud del artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en tres ocasiones: 1) 2 de julio: solicitó información respecto del paradero de Ana Gira Morales, Maribel Morales, Edgardo Cruz Morales, Roberto Orlando Suárez y Uria Josué Fonseca; 2) 6 de octubre: solicitó información sobre el paradero de Javier Emilio Mejía Morazán y; 3) 29 de noviembre: solicitó información respecto de la situación de José Luis Sauceda y Noé Pérez.

[15] CIDH, Comunicados de Prensa durante 2010 sobre Honduras: Comunicado de prensa R2/10 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa su preocupación por atentado contra Radio Comunitaria en Honduras. 11 de enero de 2010; Comunicado de prensa 5/10 - CIDH publica informe sobre Honduras. 20 de enero de 2010; Comunicado de prensa 14/10 - CIDH manifiesta preocupación por decreto de amnistía en Honduras. 3 de febrero de 2010; Comunicado de prensa R24/10 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato de periodista en Honduras. 5 de marzo de 2010; Comunicado de prensa 26/10 - CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras. 8 de marzo de 2010; Comunicado de prensa R29/10 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato de periodista en Honduras. 15 de marzo de 2010; Comunicado de prensa 31/10 - CIDH deplora asesinato de periodista en Honduras. 16 de marzo de 2010; Comunicado de prensa R45/10 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por el nuevo asesinato de un periodista en Honduras. 22 de abril de 2010; Comunicado de prensa 53/10 - CIDH anuncia visita a Honduras. 13 de mayo de 2010; Comunicado de prensa 54/10 - CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras al culminar su visita. 19 de mayo de 2010; Comunicado de prensa 59/10 - CIDH publica observaciones sobre su visita de seguimiento a Honduras. 7 de junio de 2010; Comunicado de prensa R 62/10 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por nuevo asesinato de periodista y situación de indefensión de la prensa en Honduras. 16 de junio de 2010; Comunicado de prensa R85/10 – Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena nuevo asesinato de periodista en Honduras. 26 de agosto de 2010 y; Comunicado de prensa R96/10 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa preocupación por nuevos ataques contra medios y periodistas en Honduras. 20 de septiembre de 2010.

[16] Ver video de audiencia pública sobre “Respuesta del poder judicial frente a los delitos y hechos relacionados con el golpe de Estado en Honduras”, realizada el 23 de marzo de 2010, durante el 138º período ordinario de sesiones de la CIDH.

[17] Ver videos de audiencias públicas sobre “Mecanismo para la implementación de medidas cautelares en Honduras” y  “Situación del derecho a la libertad de expresión en Honduras” realizadas el 25 de octubre de 2010, durante el 140º período ordinario de sesiones de la CIDH.

[18] “El Estado de Honduras reitera con todo respeto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los hechos, las circunstancias y las normas constitucionales, que pusieron fin de inmediato el ejercicio de la Presidencia del Señor Zelaya Rosales en Honduras, no entran en el campo de competencia de la CIDH”. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 2.

[19] CIDH, Comunicado de Prensa 42/09: CIDH condena enérgicamente golpe de Estado en Honduras, 28 de junio de 2009.

[20] La Carta Democrática Interamericana fue aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001, durante su Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones.

[21] El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana establece lo siguiente:

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

[23] OEA, Asamblea General Extraordinaria, Resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) de 4 de julio de 2009, puntos resolutivos 1 y 2.

[24] El Estado de Honduras planteó que no hubo ‘deslegitimación institucional’, pues las instituciones siguieron funcionando plenamente y la declaración del estado de excepción no fue arbitraria, “en la medida en que se realizo conforme al Articulo 187 de la Constitución de la República que es la que rige ese tipo de medidas de emergencia”. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 3.

[25] CIDH, Comunicado de Prensa 60/09: CIDH Presenta sus Observaciones Preliminares sobre su visita a Honduras, 21 de agosto de 2009.

[26] CIDH, Comunicado de Prensa 5/10: CIDH Publica Informe sobre Honduras, 20 de enero de 2010. Ver Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado.

[28] CIDH, Comunicado de Prensa 14/10: CIDH manifiesta preocupación por decreto de amnistía en Honduras, 3 de febrero de 2010.

[29] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 5.

[30] La CIDH recibió el 22 de abril de 2010 una nota suscrita por el Presidente Porfirio Lobo Sosa con fecha 26 de marzo de 2010, manifestando su anuencia para que se realizara la visita. Asimismo, en nota de fecha 7 de mayo de 2010, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia informó a la CIDH sobre la persona que sería el enlace con el gobierno durante la visita.

[31] CIDH, Comunicado de Prensa R39/10: Relatoría Especial condena asesinato de periodistas hondureños, 27 de marzo de 2010.

[33] El 24 de junio de 2009 la Comisión Interamericana ordenó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de la señora Lanza y del señor Galdámez.

[34] Corte IDH. Asunto Gladys Lanza Ochoa respecto Honduras, 2 de septiembre de 2010.

[35] CIDH, Escrito de solicitud de medidas provisionales ante la Corte IDH, de 6 de diciembre de 2010; párrafo 32.

[36] Corte IDH. Asunto Gladys Lanza Ochoa respecto Honduras, 2 de septiembre de 2010.

[37] Corte IDH, Asunto José Luis Galdámez Álvarez y otros, 22 de diciembre de 2010.

[38] Según el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), la “violencia en sus distintas manifestaciones continúa siendo uno de los principales problemas que afectan el desarrollo humano, la convivencia social y la gobernabilidad democrática de Honduras. […] La violencia destruye la esperanza de vida en el país, cuando personas jóvenes en edad productiva entre 15 a 44 años son las más afectadas con el 80.9% de los casos, un total de 588 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por homicidios, mientras 1,974 menores de edad también sufrieron lesiones y fueron evaluados en la Clínica Forense del Ministerio Público”. En presentación de Informe del Observatorio de la Violencia en Honduras, Muertes Violentas y No Intencionales, Boletín No. 17 que recopila la información de Enero a Diciembre del año 2009. Tegucigalpa, Honduras: IUDPAS - UNAH, Abril 2010.

De acuerdo al citado informe, [E]ntre los años 2004 al 2009 ocurrieron en Honduras 20,590 muertes por homicidios, pasando de 2,155 víctimas a 5,265 en el año 2009 lo que representa un incremento de 144.3%. A partir del año 2007 se comienzan a observar aumentos acelerados de la incidencia de crímenes por homicidio, particularmente en la modalidad sicarial que de manera similar tuvo los mayores crecimientos[.] La vulnerabilidad del país refleja que se paso de una tasa de 30.7 a 66.8 homicidios x 100,000 habitantes que significó un aumento de 36.1 puntos. […] Durante el año 2009 se presentaron en Honduras 8,154 muertes violentas, 925 eventos más que los ocurridos en el año 2008, correspondiendo a un incremento de 12.7%. Los homicidios alcanzaron5,265 víctimas lo que refleja una importante alza del 17.7% sobre el 2008; mientras que las muertes violentas relacionadas con eventos de tránsito se mantienen en proporciones casi idénticas al año anterior con 1,200 fallecimientos, significando una leve reducción de - 0.6%.

[39] CIDH, Comunicado de Prensa 26/10: CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras, 8 de marzo de 2010.

[40] Además, el 11 de marzo de 2010, la CIDH solicitó información al Estado sobre estos hechos, en virtud de la facultad establecida en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[41] CIDH, Comunicado de Prensa 26/10: CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras, 8 de marzo de 2010.

[42] El 15 de enero de 2010 la CIDH solicitó al Estado de Honduras información sobre la situación de Francisco Castillo, sin que se recibiera respuesta.

[43] CODEH, “Abogado Marco Tulio muere asesinado”, 22 de julio de 2002.

[44] Diario La Prensa, “Asesinan a presidenta del Sitraihss, Juana Bustillo”, 17 de septiembre de 2010.

[45] CIDH, Comunicado de Prensa 26/10: CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras, 8 de marzo de 2010.

[46] Corte IDH. Asunto Gladys Lanza Ochoa respecto Honduras, 2 de septiembre de 2010; Corte IDH. Asunto José Luis Galdámez Álvarez y otros, 22 de diciembre de 2010.

[47] OMCT, “Amenaza de muerte con la Sra Gladys Lanza”, 22 de julio de 2010.

[48] Información presentada por COFADEH durante la visita.

[49] Según la información presentada por COFADEH, se estarían realizando retenciones ilegales a las aportaciones docentes a las organizaciones magisteriales, se habrían cometido irregularidades en la determinación de las deducciones correspondientes a los salarios de maestros que participaron en las actividades de resistencia por intermedio de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, y que otros educadores habrían sido –a instancias del Ministerio Público y de la CONADEH- sancionados con multas pecuniarias.

[50] El Código Procesal Penal de Honduras en su artículo 270, establece las medidas que “tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba”.

[51] Cédula de notificación de pliego de responsabilidad civil, emitido por el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras de 8 de marzo de 2010, contra la directora del Instituto Marcial Solís Dacosta, Aldea de San Juancito, Distrito Central.

[52] Ver Medida Cautelar MC 221/10 - Edwin Róbelo Espinal, Honduras.

[53] Ver Medida Cautelar MC 194-10 - Carolina Pineda, José Luis Baquedano y Delvid Ixcel Sánchez Ávila, Honduras (Todos miembros de defensa de Derechos Humanos) ; MC 180/10 – Juan Ramón Flores, Honduras (Beneficiario pertenece al Movimiento de Resistencia contra el golpe de Estado) entre otras. Por otra parte, la Medida Provisional de la Corte IDH, Asunto Gladys Lanza Ochoa respecto Honduras, beneficia a una reconocida defensora de derechos humanos.

[55] El Estado de Honduras niega enfáticamente que las muertes, amenazas, y hostigamientos, sean producto de una política de Estado, orientada contra los opositores al gobierno y seguidores del ex Presidente Zelaya. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 6.

[56] CODEH, “Detenido Mario Portillo Abogado de MUCA”, 1 de agosto de 2010; Resistencia Honduras, Pronunciamiento Público (Mario Portillo) 8 de agosto de 2010.

[57] Ver audiencia pública sobreSituación de defensores y defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, realizada el 26 de octubre de 2010, durante el 140º período ordinario de sesiones de la CIDH.

[58] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, “Comunicación de 22 de agosto de 2010. Ver además, Periódico Hondudiario, “Desalojo de maestros provoca caos en la capital”, 20 de agosto de 2010.

[63] Ver audiencia pública sobreSituación de defensoras y defensores del medio ambiente en Mesoamérica, realizada el 25 de octubre de 2010, durante el 140º período ordinario de sesiones de la CIDH.

[64] Ver audiencia pública sobreSituación de defensoras y defensores del medio ambiente en Mesoamérica, realizada el 25 de octubre de 2010, durante el 140º período ordinario de sesiones de la CIDH.

[65] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 5.

[66] Cédula de citación, Poder Judicial, República de Honduras, Sub Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, de fecha 20 de noviembre de 2009.

[67] Cédula de citación, Poder Judicial, República de Honduras, Sub Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, de fecha 20 de noviembre de 2009.

[68] Cédula de citación, Poder Judicial, República de Honduras, Sub Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, de fecha 30 de octubre de 2009.

[69] Cédula de citación, Poder Judicial, República de Honduras, Sub Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, de fecha 11 de noviembre de 2009.

[70] Cédula de citación, Poder Judicial, República de Honduras, Sub Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, de fecha 27 de octubre de 2009.

[71] En escritos presentados por la magistrada y los Jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Alonso Chévez de la Rocha ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el día 13 de abril de 2010, sobre “Se solicita se  arrastre expediente ad efectum vivendi. Que se declare la prescripción de la acción y que se archiven las diligencias. Que se aplique el principio constitucional de irretroactividad de la ley. Que se tomen en consideración las observaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

[72] CIDH, Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de Mayo de 2010, párrs. 76 y ss.

[73] Documento que consta ante la CIDH sobre convocatoria realizada para participar en una marcha a favor del golpe de Estado. Ver además, “Multitudinaria marcha en Tegucigalpa”, Diario La Prensa, 30 de junio de 2009; “Plantón por la paz y la Democracia”, Diario La Tribuna, 30 de junio de 2009; y “Somos siete millones y medio de soldados”, Diario La Tribuna, 30 de junio de 2009.

[74] Por ejemplo, Diario “La Prensa”, lunes 6 de julio de 2009, Apertura 23.

[75] CIDH, Comunicado de Prensa 54/10: CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras, de 19 de mayo de 2010.

[76] El 28 de mayo de 2010, la CIDH reiteró por escrito, en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una solicitud de información sobre la situación de los magistrados y jueces sometidos a procesos disciplinarios.

[77] Diario El Heraldo, “Pleno de la Corte Suprema ratifica despido de Jueces”, 1 de junio de 2010.

[78] Diario El Heraldo, “Pleno de la Corte Suprema ratifica despido de Jueces”, 1 de junio de 2010.

[80] Diario Tiempo, “Impugnan destitución de ex jueces sampedranos”, 30 de junio de 2010; Diario El Heraldo, “Jueces destituidos impugan despido”, de 30 de julio de 2010.

[81] Diario Tiempo, “Admiten impugnación a favor de jueces despedidos”, 19 de julio de 2010. El Estado de Honduras informó que “el procedimiento de impugnación por parte de los afectados se encuentra en tramite ante el Consejo de la Carrera Judicial, de ahí que no se ha violentado su derecho al debido proceso”. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 7.

[82] La elaboración de este aparte del informe fue asignada por la Comisión a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Incluye información recibida hasta el 1 de diciembre de 2010. Sin embargo, es imprescindible tomar en cuenta el crimen contra el periodista Henry Suazo, ocurrido el 28 de diciembre de 2010 en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida. De acuerdo con la información recibida, dos personas dispararon contra el comunicador cuando salía de su casa. Henry Suazo reportaba información general de asuntos locales como corresponsal de la radio HRN y reportero de una televisora local. Pocos días antes del asesinato el comunicador habría denunciado en la radio que haba sido amenazado de muerte mediante un mensaje de texto en su teléfono. Con la muerte de Henry Suazo ascendió a nueve la cantidad de periodistas asesinados en Honduras durante 2010. CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 29 de diciembre de 2010. Comunicado de Prensa R125/10. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato de periodista en Honduras. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=830&lID=2; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). 30 de diciembre de 2010. Reportero hondureño abatido frente a su vivienda. Disponible en: http://cpj.org/es/2010/12/reportero-hondureno-abatido-frente-a-su-vivienda.php; El Heraldo. 28 de diciembre de 2010. Asesinan otro periodista al norte de Honduras. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/12/28/Noticias/Asesinan-otro-periodista-al-norte-de-Honduras.

[83] CIDH. Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 55. 30 diciembre 2009.

[84] CIDH, Comunicado de Prensa No. R24-10: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato de periodista en Honduras. Comité para la Protección de los Periodistas. 5 de marzo de 2010, “Honduras: periodista muerto y otro herido en ataque armado.Second Honduran journalist killed in two weeks. International Press Institute. 15 de marzo de 2010. “

[85] CODEH. 19 de junio de 2010. Entrada sobre Davir Meza Montesinos; Comité para la Protección de los Periodistas. 12 de marzo de 2010. “Periodista asesinado a balazos en Honduras”; Diario La Tribuna. 11 de marzo de 2010. “Matan al periodista David Meza”.

[86] CIDH, Comunicado de Prensa No. 31/10: CIDH deplora asesinato de periodista en Honduras. Comité para la Protección de los Periodistas. Entrada sobre Nahúm Palacios. IFEX. 16 de marzo de 2010. “Periodista de Colón muere acribillado”.

[90] CIDH, Comunicado de Prensa No. R85-10. Relatoría Especial condena nuevo asesinato de periodista en Honduras. Comité para la Protección de los Periodistas. Entrada sobre Israel Zelaya Díaz. La Tribuna. 25 de agosto de 2010. “Matan a periodista Israel Zelaya Díaz”.

[91] CIDH, Comunicado de Prensa No. R125-10. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato de periodista en Honduras. 29 de diciembre de 2010. “Asesinan otro periodista al norte de Honduras”, Diario El Heraldo, 28 de diciembre de 2010.

[92] El informe había sido solicitado por el diputado Augusto Cruz Asensio, ante la escalada de violencia contra periodistas que se registró durante 2010.

[93] Diario La Tribuna. 6 de mayo de 2010. “En secretividad investigación sobre asesinatos de periodistas”.

[94] Diario La Tribuna. 22 de abril de 2010. “Capturan a implicado en la muerte de periodista”.

[95] Información recibida en reunión de CIDH con comunicadores del 16 de mayo de 2010 en Tegucigalpa, Honduras.

[96] Reunión con Fiscalía Especial de Derechos Humanos el 15 de mayo de 2010 en Tegucigalpa, Honduras.

[97] Los representantes del Estado de Honduras indicaron que se encuentra encarcelado el supuesto asesino de Georgino Orellana y que el móvil fue un robo; que hay dos personas encarceladas por el crimen de David Meza Montesinos y que el crimen se relacionó con bandas organizadas y que hubo “avances sustanciales” en la investigación del crimen de Nahúm Palacios. Ver CIDH, audiencia pública sobre “Situación de la Libertad de Expresión en Honduras”, realizada el 25 de octubre de 2010, durante el 140 período ordinario de sesiones de la CIDH.

[98] Ver CIDH, audiencia pública sobre “Situación de la Libertad de Expresión en Honduras, realizada el 25 de octubre de 2010, durante el 140 período ordinario de sesiones de la CIDH.

[99] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011,  pág. 7.

[100] Correo electrónico del 23 de noviembre de 2010 (en archivo en la Relatoría Especial).

[101] Información recibida en la reunión con comunicadores sociales realizada por la CIDH el 16 de mayo de 2010 en Tegucigalpa, Honduras.

[102] Información recibida en la reunión de CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, en Tegucigalpa.

[103] Información recibida en la reunión de CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, en Tegucigalpa.

[104] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 8.

[105] Comité para la Protección de los Periodistas. 1 de abril de 2010. “HONDURAS: periodista sale del país por amenaza y ataque en su contra; Reporteros Sin Fronteras, 2 de abril de 2010. En un mes el país ha caído al peor puesto mundial en materia de seguridad de los periodistas.

[106] Entrevista telefónica con Ricardo Oviedo, realizada el 14 de mayo de 2010. Ver además Comunicado de COPA. 28 de abril de 2010. “Otro periodista amenazado en el Aguán”;Denuncia de amenazas a periodista de Canal 40”. C-Libre/IFEX. “

[107] Información recibida en la reunión de CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, en Tegucigalpa. También se obtuvo información del alerta de IFEX del 29 de abril de 2010. Ver también http://conexihon.com/?q=node/26

[108] Información proporcionada por Clibre, correo electrónico del 22 de noviembre de 2010 (en archivo en la Relatoría Especial).

[109] Entrevista telefónica con Jorge Ott Anderson, realizada el 14 de mayo de 2010. Comité para la Protección de los Periodistas. 4 de mayo de 2010. “Dos periodistas de televisión hondureños amenazados de muerte”.

[110] Revistazo. 22 de abril de 2010.” Miembros de la Compañía de Jesús en Honduras, amenazados a muerte”. Ver además Proceso Digital. 22 de abril de 2010. “Compañía de Jesús denuncia amenazas contra el Padre Melo y periodistas”.

[111] Comunicación telefónica con Gerardo Chévez, del 12 de mayo de 2010. IFEX. 26 de abril de 2010. “Periodista de Radio Progreso recibe amenaza de muerte.

[112] Información recibida en la reunión con comunicadores sociales de la CIDH realizada el 16 de mayo de 2010 en Tegucigalpa, Honduras.

[113] Entrevista telefónica con Jessica Pavón, realizada el 18 de mayo de 2010. IFEX. 17 de mayo de 2010. “Periodista de Canal 6 amenazada de muerte”.

[114] Entrevista telefónica con Arturo Rendón Pineda del 24 de mayo de 2010. IFEX. 20 de mayo de 2010. “Comunicadores de la Radio Voz de Occidente reciben amenazas”.

[115] Entrevista telefónica con Manuel Gavarrete del 24 de mayo de 2010.

[116] La nota en cuestión se titula “Estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, 2009” y fue publicada el 17 de mayo de 2010 en el diario Tiempo, de Honduras.

[118] IFEX. 1 de septiembre de 2010. “Corta energía a Radio Uno para impedir transmisión”.

[119] CIDH, Comunicado de Prensa R96/10: Relatoría Especial expresa su preocupación por nuevos ataques contra medios y periodistas en Honduras, de 20 de septiembre de 2010. IFEX. 16 de septiembre de 2010. “Journalist survives assassination attempt”. Comité para la Protección de los Periodistas. 16 de septiembre de 2010. “Critical Honduran reporter survives shooting attack.

[121] Los periodistas que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2010 son: Marvin Emilio Hernández Duarte y su núcleo familiar (8 de enero de 2010, MC 196/09, ampliación); Gilberto Vides y su núcleo familiar (22 de enero de 2010, MC 196/09, ampliación); Anselmo Romero Ulloa y María Brígida Ulloa Hernández (12 de febrero de 2010, MC 196/09, ampliación); Manuel de Jesús Varela Murillo, Ricardo Antonio Rodríguez y sus familias (25 de febrero de 2010, MC 38/10); Pedro Brizuela, Mateo Enrique García Castillo, y núcleos familiares (19 de marzo de 2010, MC 91/10); X y familia (nombre en reserva porque es menor de edad, 24 de marzo de 2010, MC 95/10); Inmer Genaro Chévez y Lucy Mendoza (3 de mayo de 2010, MC 196/09, ampliación); Karla Patricia Rivas Sánchez;  José Pablo Peraza Chávez; Rita Suyapa Santamaría Velásquez; Alfredo Bográn, Lolany Mariela Pérez Parada; Rommel Alexander Gómez; Lesly Castro; José Domingo Miranda; Héctor Hernández; Víctor Emilio Borjas; Leticia Castellanos y Pablo Ordónez (20 de mayo de 2010, MC 196/09, ampliación a favor de periodistas de Radio Progreso); Juan Ramón Flores (21 de junio de 2010, MC 180/10); Edwin Róbilo Espinal (22 de julio de 2010, MC 221/10).

[122] Ver CIDH, audiencia pública sobre “Situación de la Libertad de Expresión en Honduras, realizada el 25 de octubre de 2010, durante el 140 período ordinario de sesiones de la CIDH.

[123] Entrevistas telefónicas con Jorge Ott Anderson y Ricardo Oviedo del 14 de mayo de 2010.

[124] Información recibida en la reunión de CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, en Tegucigalpa.

[125] Información recibida en la reunión de CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, en Tegucigalpa.

[126] Expresiones de los peticionarios Marcia Aguiluz de CEJIL, Mary Agurcia de COFADEH y Lucy Mendoza, de ERIC, en la audiencia pública sobre “Situación de la Libertad de Expresión en Honduras, realizada el 25 de octubre de 2010, durante el 140 período ordinario de sesiones de la CIDH.

[127] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 8 y 9.

[128] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 20.

[130] Acta de Audiencia Inicial, Expediente No. 0801-2009-48097, ante el juzgado de Marta Marlene Murillo Castillo.

[132] Acta de Audiencia Inicial, Expediente No. 0801-2009-48097, ante el juzgado de Marta Marlene Murillo Castillo.

[133] Informe enviado a la CIDH por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el 26 de mayo de 2010 (email).

[134] Ver C-Libre/IFEX. 1 de septiembre de 2010. “Jueza declara inocente a coronel que cerró varios medios de comunicación”. El Libertador. 3 de septiembre de 2010. “Jueza declara inocente a militar responsable del cierre de Canal 36”.

[135] Informe enviado a la CIDH por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el 26 de mayo de 2010 (email).

[136] Informe enviado a la CIDH por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el 26 de mayo de 2010 (email).

[137] CIDH, Comunicado de Prensa R71/09: La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena el decreto de suspensión de garantías en Honduras y las violaciones a la libertad de expresión, 29 de septiembre de 2009. Dicho decreto suspendió, entre otros, el derecho constitucional a la libertad de expresión, al prohibir todas las publicaciones que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales". El decreto autorizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) interrumpir de inmediato, con el uso de la fuerza pública, la transmisión de cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que a su juicio vulnere las prohibiciones mencionadas.

[138] CIDH, Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado, CIDH, 2009, párr. 421.

[139] Los comisionados cuestionados eran Miguel Ángel Rodas Martínez, Héctor Eduardo Pavón Aguilar, Gustavo Lara López, José Antonio López Sanabria y Germán Enrique Marthel Beltrán.

[140] Información recibida de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en reunión realizada el 15 de mayo de 2010. Ver también El Libertador, “Jueza Martha Murillo falla en contra de la Libertad de Expresión; la sentencia aprueba el saqueo y cierre de Canal 36”.

[142] CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. Capítulo V, Título G.

[143] Ver video de audiencia pública sobre “Crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBT e impunidad en Centroamérica” realizada el 26 de octubre de 2010, durante el 140º período ordinario de sesiones de la CIDH.

[144] Beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde el 29 de enero de 2020.

[146] Oficio No. SP-A-62-2010 del Estado hondureño de fecha 30 de septiembre de 2010.

[147] Ver video de audiencia pública sobre “Crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBT e impunidad en Centroamérica” realizada el 26 de octubre de 2010, durante el 140º período ordinario de sesiones de la CIDH.

[148] Ver video de audiencia pública sobre “Crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBT e impunidad en Centroamérica” realizada el 26 de octubre de 2010, durante el 140º período ordinario de sesiones de la CIDH.

[149] Oficio No. SP-A-71-2010 del Estado hondureño de fecha 14 de octubre de 2010. Agrega al respecto el Estado en su respuesta del 18 de febrero de 2011 que la Fiscalía de derechos Humanos estaría realizando una investigación a fin de determinar si el uso de la fuerza pública fue necesaria o si la manifestación fue pacífica. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 21.

De acuerdo a información recibida por la CIDH, el 16 de julio de 2010, estudiantes del Instituto Central “Vicente Cáceres” que estaban protestando ante la demora en la entrega del Bono Estudiantil por parte del gobierno, habrían sido reprimidos por la Policía Nacional. Según información de público conocimiento, las fuerzas de seguridad habrían empleado gases para dispersar la manifestación y habrían perseguido a los estudiantes, amenazándolos con sus bastones policiales. Algunos estudiantes habrían resultado golpeados y otros detenidos –siendo algunos de ellos menores de 18 años-. Plataforma de Derechos Humanos de la Niñez y la Juventud de Honduras, “CARTA PÚBLICA: A todos los Organismos de Derechos Humanos del mundo y al Pueblo Hondureño en general”, de 7 de septiembre de 2010; Resistencia-Red Morazánica de Información, “Reconciliación a toletazos: Policía ataca a niños y niñas por manifestarse”, de 16 de julio de 2010.

[150]Primer informe de la Plataforma de Derechos Humanos de niñez y juventud en Honduras, sobre las violaciones mas graves a sus derechos provocadas o toleradas por el Estado”, septiembre de 2010. El informe se refiere a la “brutal paliza y posterior detención contra 21 estudiantes, la mayor parte de ellos menores de 18 años de edad, de los Institutos “Jesús Aguilar Paz” y Central “Vicente Cáceres”, ocurrida los días 15 y 16 de julio de 2010” y a “las golpizas y heridas que agentes policiales antimotines propinaron a centenares de jóvenes que se manifestaban pacíficamente el día 2 de agosto 2010 en apoyo a una huelga de hambre de miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNAH, con el saldo de de 3 jóvenes detenidos, diez heridos y otros golpeados por la policía. Asimismo, miles de jóvenes que asistían a clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sufrieron intoxicación por los gases lacrimógenos lanzados indiscriminadamente por la policía al interior del campus universitario”.

[152] Información remitida por COFADEH el 25 de febrero de 2010.

[153] Información remitida por COFADEH el 25 de febrero de 2010.

[154]Primer informe de la Plataforma de Derechos Humanos de niñez y juventud en Honduras, sobre las violaciones mas graves a sus derechos provocadas o toleradas por el Estado”, septiembre de 2010.

Al respecto, la CIDH solicitó información al Estado con base en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2010.

[155]Primer informe de la Plataforma de Derechos Humanos de niñez y juventud en Honduras, sobre las violaciones mas graves a sus derechos provocadas o toleradas por el Estado”, septiembre de 2010. El informe hace referencia a un total de 5,547 personas menores de 23 años ejecutadas arbitrariamente entre 1998 y junio de 2010, incluyendo 383 durante el primer semestre de 2010.

[157] Casa Alianza Honduras, “Informe de Ejecuciones y/o Muertes Violentas de niños/as y jóvenes en Honduras” ediciones de i) Enero y Febrero 2010; ii) Marzo y Abril 2010; y iii) Mayo y Junio 2010.

Las cifras registradas por esa institución durante los años anteriores reflejan un incremento constante en la cantidad de casos de ejecuciones extrajudiciales y/o muertes violentas de niños y jóvenes en Honduras. Así, en el año 2006 se registraron 494 casos -109 en perjuicio de menores de 18 años-; en el año 2007, 504 casos -118 contra niños y niñas-; en el año 2008, 544 casos –128 de ellos contra menores de 18 años-; y en el año 2009 se registraron 686 casos (239 casos previos al golpe de Estado –en 65 de los cuales las víctimas fueron menores de 18 años- y 447 casos registrados con posterioridad al quiebre institucional –109 de ellos contra niños y niñas-). Análisis de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes en Honduras- Enero y Febrero de 2010”, página 27.

[158] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 21.

[159] CIDH, Comunicado de Prensa 26/10: CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras, 8 de marzo de 2010.

[160] Diario La Tribuna, “Crimen organizado sediento de sangre femenina”, 4 de octubre de 2010.

[161] Diario La Prensa, “Encuentran muerta a una mujer en aldea El Carmen”, 6 de septiembre de 2010. Diario Tiempo, “Hallan cadáver de mujer”, 6 de septiembre de 2010.

[162] Diario La Prensa, “Hallan cadáver de una mujer dentro de barril”, 17 de septiembre de 2010. Diario Tiempo, “Hallan cadáver de mujer dentro de un barril en el barrio Medina”, 17 de septiembre de 2010.

[163] Diario La Prensa, “En una bolsa dejan cadáver de mujer”, 20 de septiembre de 2010.

[164] Diario La Prensa, “Hallan Cadáver de mujer al oeste de Tegucigalpa”, 3 de agosto de 2010.

[165] Diario La Tribuna, “Mueren dos mujeres en circunstancias distintas”, 20 de septiembre de 2010; Diario Tiempo, “Hallan mujer semi-decapitada”, 20 de septiembre de 2010.

[166] CIDH, Informe No. 53/01, Fondo, Ana, Beatriz y Celia Gonzáles Pérez, México, 4 de abril de 2001. Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215.

[167] CIDH, Informe No. 53/01, Fondo, Ana, Beatriz y Celia Gonzáles Pérez, México, 4 de abril de 2001.

[168] Comunicación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras –COPINH-, recibida el 2 de diciembre de 2010.

[169] Comunicación de COPINH recibida el 2 de diciembre de 2010.

[170] Información presentada verbalmente por miembros de COPINH a funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 2 de diciembre de 2010.

[171] Comunicación de COPINH recibida el 2 de diciembre de 2010; Honduras en lucha, “Asesinato contra Olayo Soto: otro crimen político en la resistencia popular”, de 25 de mayo de 2010.

[172] Comunicación de COPINH recibida el 2 de diciembre de 2010; COPINH, “Compañero Néstor, hasta la victoria siempre, venceremos”, de 24 de octubre de 2010; Vos el Soberano, “Fallece artista del FNRP, hermano del dirigente indígena Salvador Zúniga, después de embestido por motociclista”, de 25 de octubre de 2010.

[174] Comunicación de COPINH recibida el 2 de diciembre de 2010; Información presentada verbalmente por miembros de COPINH a funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 2 de diciembre de 2010.

[175] Denuncia presentada ante la Fiscal Especial de Etnias y el Patrimonio Especial de la Nación el 12 de octubre de 2010, por Berta Cáceres (en su carácter de Coordinadora General de COPINH); Comunicación de COPINH recibida el 2 de diciembre de 2010.

[176] PNUD, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 ”Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”, en “Honduras es uno de los 15 países mas desiguales del mundo”, 18 de noviembre de 2010.

[177] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 21.

[179] Información remitida por el  Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura y sus familiares, el 1 de diciembre de 2010.

[180] Diario La Prensa, “Honduras: Militares y policías patrullan calles”, de 9 de septiembre de 2010.

[181] CIDH, “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 57, 31 de diciembre de 2009; párrafo 100.

[182] CIDH, “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, citado; párrafo 105.

[183] Decreto Ejecutivo PCM-014-2010, Artículo 1.

[189] Comunicado de FIAN Honduras “Ante el asesinato de José Leonel Álvarez Guerra, de 8 de abril de 2010.

[190] Diario El Libertador, “Militares y policías hondureños asesinan a campesino adolescente y capturan a cinco”, 21 de julio de 2010; MUCA, Comunicado: “Asesinan a campesino del MUCA en el asentamiento La Aurora” de 20 de junio de 2010.

[191] Comité para la defensa de los Derechos Humanos en Honduras, “Atentado contra miembros del MUCA”, de 22 de agosto de 2010.

[192] FIAN Honduras, “Asesinan campesino de la Cooperativa La Aurora”, de 10 de septiembre de 2010. Diario La Prensa, “Asesinan a otro campesino”, 13 de septiembre de 2010; Diario Tiempo, “Asesinan a coordinador de MUCA en Tocoa”, de 15 de septiembre de 2010.

[193] MUCA, Comunicado de 16 de noviembre de 2010.

[194] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 22.

[195] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Comunicación de 22 de agosto de 2010.

[196] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Comunicación de 22 de agosto de 2010.

[197] Decreto 18-2008, publicado el 29 de abril de 2009 en el Diario Oficial La Gaceta.

[198] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Comunicación de 22 de agosto de 2010.

[199] El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Esta norma establece que en casos de gravedad y urgencia, y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la CIDH podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado concernido la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.

[200] CIDH, Resolución 1/05 del 8 de marzo de 2005.

[201] Por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, el sábado 15 de agosto de 2009 –dos días antes de que iniciara la visita oficial de la CIDH- se publicó en los cuatro diarios de circulación nacional, el listado de todos los beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y se indicó a pie de página que dichas personas debían presentarse, personalmente o a través de abogado apoderado, a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de ejecutar y/o recibir información concerniente a la aplicación de tales medidas. En dicha publicación no fueron incluidos los nombres de las personas que resultaron beneficiarias en la comunicación de fecha 24 de julio de 2009.

[202] Convocatoria aparecida en Tiempo, La Tribuna y otro diario de circulación nacional, el día 5 de mayo de 2010.

[203] Siete Ampliaciones de la MC 196.09 HO- El 8 de enero de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196/09, a favor de Marbin Emilio Hernández Duarte y su núcleo familiar. El 19 de enero de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196/09, a favor de los familiares de Rasel Antonio Tome, en Honduras. El 22 de enero de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196/09, a favor de Gilberto Vides y su núcleo familiar. El 12 de febrero de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196/09, a favor de Anselmo Romero Ulloa y María Brígida Ulloa Hernández, en Honduras. El 13 de abril de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196/09, a favor de Rebeca Ethel Becerra Lanza e hijas, en Honduras. El 3 de mayo de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196/09, a favor de Inmer Genaro Chévez y de Lucy Mendoza, en Honduras. El 2 de junio de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196/09, a favor de Karla Patricia Rivas Sánchez, José Pablo Peraza Chávez, Rita Suyapa Santamaría Velásquez, Alfredo Bográn, Iolany Mariela Pérez Parada, Rommel Alexander Gómez, Lesly Castro, José Domingo Miranda, Héctor Hernández, Victor Emilio Borjas, Leticia Castellanos y Pablo Ordónez, Periodistas de Radio Progreso en Honduras.

[204] MC 18.10 el 29 de enero de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Indyra Mendoza Aguilar y otros; MC 221-10 El 22 de julio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Edwin Róbelo Espinal; 2. MC 194-10 El 2 de julio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Carolina Pineda, José Luis Buquedano y Delvid Ixcel Sánchez Ávila; 3.  MC 180/10 El 21 de junio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Juan Ramón Flores; 4. MC 95/10 El 24 de marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X; 5. MC 91/10 El 19 de marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Pedro Brizuela, Mateo Enrique García Castillo y sus respectivos núcleos familiares; 6. MC 38/10 El 25 de febrero de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Manuel de Jesús Varela Murillo, Ricardo Antonio Rodríguez y sus familias.

[205] CIDH, Comunicado de Prensa  R96/10:  Relatoria Especial expresa su preocupación por nuevos ataques contra medios y periodistas, 20 de septiembre de 2010.

[206] El 24 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de Nahúm Palacios y Luis Galdámez Álvarez entre otros.

[208] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 3.

[210] Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, 3 de marzo de 2010. Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos.

[211] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 176.

[212] Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párrafo 170 citando Corte I.D.H., Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrafo 173.

[213] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 176.

[214] Según el Estado de Honduras la CIDH excede sus competencias al atribuir a la Corte Suprema de Justicia funciones de `facilitador' de la impunidad. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 28.

[215] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 27.

[216] El General Carlos Cuéllar Castillo fue juramentado el 25 de febrero de 2010 por el Presidente Porfirio Lobo Sosa como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en sustitución de Romeo Vásquez Velásquez. Diario El Heraldo, “Pepe juramenta al nuevo jefe de las FFAA”, 25 de febrero de 2010.

[217] Según el Estado, a través del Ministerio Publico se realizó requerimiento fiscal contra la Junta de Comandantes por la orden de expatriar al ex Presidente Manuel Zelaya Rosales, dado que la orden emitida por el juez competente consistía en detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad pertinente, sin embargo esto no se realizó así. La acción que fue considerada ilegal por el Ministerio Publico es la expulsión del país del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 28.

[218] Resolución de fecha 26 de enero de 2010, dictada por el Presidente de la Corte de Suprema de Justicia en su calidad de Juez Especial.

[219] Presentación oral del Presidente Lobo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Honduras - Examen Periódico Universal, 4 de noviembre de 2010.

[220] Al respecto, ver resoluciones de expedientes: SEDI 0801-2009-48097; SEDI 0801-2009-48097; SEDI 0801-2010-5200; SEDI 0801-2009-51009.

[221] Disponible en: Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras.

[222] Diario Tiempo, “Piden a Fiscalía investigue a Micheletti y a militares por violación de derechos humanos”, 28 de julio de 2010 (transcripción de la nota periodística de referencia en el portal de “Abogados por los Derechos Humanos”).

[224] Decreto No. 2 del Congreso Nacional de Honduras, de 26 de enero de 2010 - Decreto de Amnistía.

[225] De acuerdo a declaraciones brindadas por el Fiscal General Luís Rubí, a partir de entonces la aplicación de la amnistía opera de la siguiente manera: i) aquellas investigaciones y otras diligencias que, a la fecha de aprobación del decreto, se encontraban en proceso ante las oficinas del Ministerio Público, deben ser objeto de archivo administrativo; ii) en los procesos judiciales abiertos por algún delito político o común conexo, los jueces competentes deben poner fin al procedimiento y emitir los sobreseimientos definitivos; y iii) en los casos de acusaciones posteriores por alguno de los delitos alcanzados por el decreto de amnistía, el acusado debe manifestar ante el juez competente, que la acción o delito de que se le está acusando está incorporado en el referido decreto.

[226] CIDH, Comunicado de Prensa 14/10: CIDH manifiesta preocupación por decreto de amnistía en Honduras, 3 de febrero de 2010.

[227] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 28.

[228] En ese acuerdo, se estableció la conformación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, la explícita renuncia a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o reformar la constitución, el llamado a participación en las próximas elecciones con la participación de misiones electorales, el traspaso de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral, la creación de una Comisión de Verificación -compuesta por dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional y coordinada por la Organización de Estados Americanos- para cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo y la constitución de una Comisión de la Verdad en el primer semestre del año 2010. Acuerdo Tegucigalpa/San José.

[229] Acuerdo para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, de fecha 20 de enero de 2010. El acuerdo fue suscrito por Porfirio Lobo Sosa y el Presidente de República Dominicana Leonel Fernández, actuando como testigos de honor: Elvin Santos, ex candidato Partido Liberal; Cesar Ham, Partido Unificación Democrática; Felicito Ávila, ex candidato partido Demócrata Cristiano; Ricardo Álvarez, Alcalde de Tegucigalpa y Presidente del Partido Nacional y; Mario Canahuate, ex candidato presidencial elecciones primarias Partido Nacional.

[230] Decreto ejecutivo PCM-011-2010, artículo 1.

[231] CIDH, Informe No. 1/99, Caso 10.480, Lucio Parada Cea y otros (El Salvador), 27 de enero de 1999, párr. 154.

[232] CIDH, Informe No. 1/99, Caso 10.480, Lucio Parada Cea y otros (El Salvador), 27 de enero de 1999, párr. 147.

[233] CIDH, Informe No. 1/99, Caso 10.480, Lucio Parada Cea y otros (El Salvador), 27 de enero de 1999, párr. 151.

[234] Adicionalmente, se cuenta con información que señala que la Comisión de la Verdad solicitó información a las Fuerzas Armadas hondureñas, pero se desconoce si existió respuesta por las autoridades requeridas.

[235] Según el Estado, no le compete a la CIDH “referirse a las instituciones del Estado como que "apoyaron el golpe de Estado", sino que por el contrario esas instituciones han aportado toda la información solicitada y sus representantes se han reunido en diferentes etapas del proceso”, sin embargo la CIDH “se abstiene de señalar que los obstáculos a las funciones de la CVR han procedido de las personas que integran la denominada "Resistencia" y particularmente la negativa del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales de recibir a los miembros de la CVR para una entrevista”. En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 28.

[236]Con importantes avances Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluye su tercera jornada de trabajo”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nota de prensa N. 9, 29 de julio de 2010.

[237]Tribunal Supremo Electoral (TSE) entrega segundo informe solicitado por la CVR”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nota de prensa N. 20, 5 de enero de 2011.

[238]Comisión de la Verdad visita Fiscalía de DDHH”, Diario El Heraldo, 8 de julio de 2010.

[239] “Casos de corrupción entrega TSC a Comisión de la Verdad”, Diario La Tribuna, 5 de agosto de 2010; “Tribunal da cuentas del gobierno de Mel Zelaya”, Diario El Heraldo, 4 de agosto de 2010 (ver notas periodísticas en “Comisión de la Verdad y la Reconciliación; CVR en los medios; Cuarta Jornada-Agosto de 2010).

[240] “UCD entrega documentos a Comisión de la Verdad”, Diario El Heraldo, 13 de octubre de 2010.

[241]Michelleti entrega a la Comisión de la Verdad un informe sobre el golpe de Estado”, Informativo Tele Cinco, 22 de noviembre de 2010.

[242]Comisión de la Verdad y la Reconciliación cierra el año visitando Danlí y El Paraíso”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nota de prensa N. 19, diciembre de 2010.

[243]Comisión de la Verdad y la Reconciliación se reune con diferentes sectores en gira regional por el interior del país”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nota de prensa N. 11, 20 de agosto de 2010.

[244]Más de mil quinientos líderes en 13 departamentos conocen los avances y el trabajo de la CVR”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nota de prensa N. 17, 18 de octubre de 2010.

[245]Juticalpa y Catamas dialogan con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nota de prensa N. 18, noviembre de 2010.

[246]Comisión de la Verdad y la Reconciliación cierra el año visitando Danlí y El Paraíso”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nota de prensa N. 19, diciembre de 2010.

[247]Tribunal Supremo Electoral (TSE) entrega segundo informe solicitado por la CVR”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nota de prensa N. 20, 5 de enero de 2011.

[248] Diario Tiempo, “Comisión de la Verdad también le pide informes a los militares”, 27 de julio de 2010; Diario El Heraldo, “Comisión de la Verdad pide informe a FFAA”, 27 de julio de 2010; Disponibles en los archivos de la CVR, Tercera Jornada de Trabajo - Monitoreo de prensa escrita, 22 y 30 de julio de 2010.

[249] La Plataforma de Derechos Humanos fue creada a fines del año 2009 y esta integrada por Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), FIAN Internacional-Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y el Comité para la Defensa de Derechos Humanos de Honduras (CODEH).

[250]Frente Nacional de Resistencia Popular apoya a la Comisión de la Verdad”, Frente Nacional de Resistencia Popular, Comunicado No. 62, de 22 de junio de 2010.

[251] Conforme se indica en el sitio web oficial de la “Comisión de Verdad”.

[252] Conforme se indica en el sitio web oficial de la “Comisión de Verdad”.

[254] Oficio MDH 007/23/07/2010 de 23 de julio de 2010.

[255] Oficio MDH 007/23/07/2010 de 23 de julio de 2010; Diario El Heraldo, “Lobo confirma que Ana Pineda dirigirá Secretaría de Derechos Humanos”, 29 de septiembre de 2010; y Diario La Prensa: “Congreso aprueba Secretaría de DH”, 29 de septiembre de 2010.

[256] Diario La Prensa, “Ana Pineda asume Secretaría DDHH”, 23 de noviembre de 2010; Diario La Prensa “Secretaria de DDHH es petición de la OEA, 22 de septiembre de 2010; Diario La Prensa “Lobo promete a OEA crear secretaria de DDHH”, 23 de septiembre de 2010.

[257] Corte Suprema de Justicia de Honduras, “Programa de Derechos Humanos”, Honduras, C.A., 2010.

[258] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, pág. 29.

[259] En Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de “Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras”, Oficio No. SP-A-13-2011 de 18 de febrero de 2011, págs. 29 y 30.


vos

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